Sergio Adrian Alvarez Navarrete

Expediente 330/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
330/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Sergio Adrian Alvarez Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 330/2023-IX. Puebla, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el referido proveído de treinta y uno de marzo del presente año, se desechó la demanda de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Sin devolución de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de documentos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Caratula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede realizarlo por tener acceso a la consulta electrónica del expediente por así haberlo solicitado. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 330/2023-III. Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda amparo, signada por * por derecho propio, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente reclama: Del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla ".El no vigilo y seguimiento de acceso a la salud toda vez que el suscrito padece la enfermedad crónico degenerativa denominada DIABETES MELLITUS TIPO 2, Y NEUROPATÍA DIABÉTICA, pues desde la privación de mi libertad hasta el momento no he recibido ningún medicamento y/o tratamiento para tratar mi enfermedad que al no ser vigilada pone en riesgo latente mi vida." Del Director del Centro de Reinserción Social "San Miguel" en esta ciudad de Puebla ".El acceso a la salud toda vez que a pesar de haberle indicado al personal médico la enfermedad crónico degenerativa que padece el suscrito, las cuales son DIABETES MELLITUS TIPO 2, Y NEUROPATÍA DIABÉTICA, pues desde la privación de la libertad hasta el momento no he recibido ningún medicamento y/o tratamiento para tratar dichas enfermedades crónico degenerativa pues es vital para mi acceso a la salud siga un tratamiento clínico, violentando así mis garantías individuales." Ahora, si bien del escrito de demanda se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable al Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, lo cierto es que el acto reclamado que a él le atribuye no se encuentra relacionado con actos sobre los cuales tenga facultades, pues los mismos se encuentran versan en las condiciones de internamiento a que es objeto el quejoso, al interior del centro penitenciario en el que se encuentra recluido actualmente. Al grado que en ambos actos, reclama que hasta el momento no ha recibido ningún medicamente o tratamiento para tratar su libertad, esto es, en el lugar donde se encuentra recluido, no ha recibido la atención médica por su padecimiento. Derivado de ello, puede afirmarse que los actos que reclama son propios del centro penitenciario en el cual se encuentra recluido actualmente, pues, en su caso, solo el Director del Centro de Reinserción Social "San Miguel" en esta ciudad de Puebla es aquél directamente relacionado con la atención médica que se le brinda al interior del centro penitenciario, al ser la máxima autoridad en este. De ahí que los actos reclamados se analizarán bajo el tamiz de la única autoridad responsable encargada, en su caso, de brindar la atención médica al quejoso: La Directora del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla. Bajo ese contexto, resulta notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, el promovente se duele de las condiciones de internamiento, en las que se encuentra ante la omisión de que se le proporcione atención médica en relación a la enfermedad crónico degenerativa que padece (diabetes mellitus tipo 2, y neuropatía diabética). Sin embargo, de acuerdo a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, como en este caso la falta de atención médica. Al respecto, el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito ha señalado que a pesar de que la falta de atención pueda estimarse urgente o no, ésta debe ser impugnada a través del recurso respectivo. Ese criterio quedó plasmado en la jurisprudencia de rubro: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO."3 Es así porque, dicho Pleno de Circuito estableció, en primera instancia, que la Ley de Ejecución Penal prevé varios regímenes con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, entre las cuáles destacó que el régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de reclusión (entre ellos la atención médica) deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la legislación especial citada. De esa forma se consideró que la atención médica forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tanto es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, artículos 30 y 34. Para salvaguardar lo anterior, la legislación especial en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil) pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellas la atención médica adecuada, en términos de lo que se establece en el título cuarto, capítulo III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a su salud; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. Además la legislación citada establece de manera específica cómo deben efectuarse los escritos y la forma en que deben sustanciarse las peticiones, lo cual pone de manifiesto la existencia de un procedimiento administrativo de peticiones, destinado a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, como lo es la atención médica adecuada, el cual se estima ágil y eficaz para que el interno pueda ver satisfechas sus necesidades, entre ellas, la falta o negativa de atención médica, incluso, de carácter urgente. Además, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues en su artículo 114 dispone que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste puede formular controversia ante el Juez de Ejecución, dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución, o bien, en cualquier momento si los efectos del acto son continuos o permanentes. Es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal también prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, la parte promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Por otra parte, es menester precisar que, por sí misma, la falta de atención médica que refiere el quejoso al indicar que no ha recibido ningún medicamento o tratamiento por su padecimiento, no constituye, en automático, un acto prohibido por el artículo 22, de la constitución, ya que no se puede establecer que esa falta de atención médica sea, en todos los casos, un acto que implique una pena de muerte, ni una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie, desde luego, salvo que en algún caso muy particular, se ponga en evidencia una situación de esa naturaleza, supuesto en el cual, la procedencia del amparo no sería, en sí, por la falta o negativa de atención médica, sino porque se actualiza alguna de las hipótesis prohibidas por el artículo 22 constitucional. Ahora, en la especie, los actos reclamados por el promovente no corresponden a un acto de los prohibidos por el artículo 22, de la constitución, ni los referidos en el artículo 15, de la Ley de Amparo; y, por otro lado, deberán ser objeto de estudio en la "petición administrativa" que prevé el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por consiguiente, al reclamarse una cuestión relacionada con las cuestiones cualitativas del internamiento (omisión de proporcionar atención médica al quejoso para el tratamiento de una enfermedad), cuya ruta ordinaria de impugnación se encuentra prevista en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite visualizar la improcedencia del presente juicio a partir de la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Y, en virtud de lo anterior, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues, se insiste, se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 61, fracción XX. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro establece: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" 4 Además, es menester precisar que en caso de que la decisión de la "petición administrativa" sea desfavorable a sus intereses, puede acudir en vía de amparo indirecto a impugnar dicha decisión -la definitiva-. Notificaciones, y autorizados del quejoso. Ahora, del escrito de tutela, se hace notar que el quejoso señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle veinticinco norte, número doscientos dos, local tres, Barrio San Miguelito, de ahí que al ubicarse en la ciudad de Puebla se autoriza la práctica de notificaciones en el mismo. Sin perjuicio que de considerarlo necesario se podría ordenar que la notificación se practique en su lugar de internamiento. En relación al medio de contacto no procesal (correo electrónico) que indica en su demanda, solo será considerado por los actuarios judiciales, cuando la situación lo amerite para tener contacto con el quejoso. En otro orden de ideas, queda autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a, lo anterior es así, ya que no cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Luego, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal al quejoso en el domicilio que señaló para tales efectos, así como en su lugar de internamiento y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE TREINTA Y UNO MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS.- JUICIO DE AMPARO 330/2023-III. Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda amparo, signada por * por derecho propio, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente reclama: Del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla ".El no vigilo y seguimiento de acceso a la salud toda vez que el suscrito padece la enfermedad crónico degenerativa denominada DIABETES MELLITUS TIPO 2, Y NEUROPATÍA DIABÉTICA, pues desde la privación de mi libertad hasta el momento no he recibido ningún medicamento y/o tratamiento para tratar mi enfermedad que al no ser vigilada pone en riesgo latente mi vida." Del Director del Centro de Reinserción Social "San Miguel" en esta ciudad de Puebla ".El acceso a la salud toda vez que a pesar de haberle indicado al personal médico la enfermedad crónico degenerativa que padece el suscrito, las cuales son DIABETES MELLITUS TIPO 2, Y NEUROPATÍA DIABÉTICA, pues desde la privación de la libertad hasta el momento no he recibido ningún medicamento y/o tratamiento para tratar dichas enfermedades crónico degenerativa pues es vital para mi acceso a la salud siga un tratamiento clínico, violentando así mis garantías individuales." Ahora, si bien del escrito de demanda se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable al Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, lo cierto es que el acto reclamado que a él le atribuye no se encuentra relacionado con actos sobre los cuales tenga facultades, pues los mismos se encuentran versan en las condiciones de internamiento a que es objeto el quejoso, al interior del centro penitenciario en el que se encuentra recluido actualmente. Al grado que en ambos actos, reclama que hasta el momento no ha recibido ningún medicamente o tratamiento para tratar su libertad, esto es, en el lugar donde se encuentra recluido, no ha recibido la atención médica por su padecimiento. Derivado de ello, puede afirmarse que los actos que reclama son propios del centro penitenciario en el cual se encuentra recluido actualmente, pues, en su caso, solo el Director del Centro de Reinserción Social "San Miguel" en esta ciudad de Puebla es aquél directamente relacionado con la atención médica que se le brinda al interior del centro penitenciario, al ser la máxima autoridad en este. De ahí que los actos reclamados se analizarán bajo el tamiz de la única autoridad responsable encargada, en su caso, de brindar la atención médica al quejoso: La Directora del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla. Bajo ese contexto, resulta notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, el promovente se duele de las condiciones de internamiento, en las que se encuentra ante la omisión de que se le proporcione atención médica en relación a la enfermedad crónico degenerativa que padece (diabetes mellitus tipo 2, y neuropatía diabética). Sin embargo, de acuerdo a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, como en este caso la falta de atención médica. Al respecto, el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito ha señalado que a pesar de que la falta de atención pueda estimarse urgente o no, ésta debe ser impugnada a través del recurso respectivo. Ese criterio quedó plasmado en la jurisprudencia de rubro: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO."3 Es así porque, dicho Pleno de Circuito estableció, en primera instancia, que la Ley de Ejecución Penal prevé varios regímenes con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, entre las cuáles destacó que el régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de reclusión (entre ellos la atención médica) deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la legislación especial citada. De esa forma se consideró que la atención médica forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tanto es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, artículos 30 y 34. Para salvaguardar lo anterior, la legislación especial en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil) pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellas la atención médica adecuada, en términos de lo que se establece en el título cuarto, capítulo III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a su salud; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. Además la legislación citada establece de manera específica cómo deben efectuarse los escritos y la forma en que deben sustanciarse las peticiones, lo cual pone de manifiesto la existencia de un procedimiento administrativo de peticiones, destinado a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, como lo es la atención médica adecuada, el cual se estima ágil y eficaz para que el interno pueda ver satisfechas sus necesidades, entre ellas, la falta o negativa de atención médica, incluso, de carácter urgente. Además, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues en su artículo 114 dispone que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste puede formular controversia ante el Juez de Ejecución, dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución, o bien, en cualquier momento si los efectos del acto son continuos o permanentes. Es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal también prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, la parte promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Por otra parte, es menester precisar que, por sí misma, la falta de atención médica que refiere el quejoso al indicar que no ha recibido ningún medicamento o tratamiento por su padecimiento, no constituye, en automático, un acto prohibido por el artículo 22, de la constitución, ya que no se puede establecer que esa falta de atención médica sea, en todos los casos, un acto que implique una pena de muerte, ni una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie, desde luego, salvo que en algún caso muy particular, se ponga en evidencia una situación de esa naturaleza, supuesto en el cual, la procedencia del amparo no sería, en sí, por la falta o negativa de atención médica, sino porque se actualiza alguna de las hipótesis prohibidas por el artículo 22 constitucional. Ahora, en la especie, los actos reclamados por el promovente no corresponden a un acto de los prohibidos por el artículo 22, de la constitución, ni los referidos en el artículo 15, de la Ley de Amparo; y, por otro lado, deberán ser objeto de estudio en la "petición administrativa" que prevé el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por consiguiente, al reclamarse una cuestión relacionada con las cuestiones cualitativas del internamiento (omisión de proporcionar atención médica al quejoso para el tratamiento de una enfermedad), cuya ruta ordinaria de impugnación se encuentra prevista en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite visualizar la improcedencia del presente juicio a partir de la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Y, en virtud de lo anterior, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues, se insiste, se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 61, fracción XX. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro establece: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" 4 Además, es menester precisar que en caso de que la decisión de la "petición administrativa" sea desfavorable a sus intereses, puede acudir en vía de amparo indirecto a impugnar dicha decisión -la definitiva-. Notificaciones, y autorizados del quejoso. Ahora, del escrito de tutela, se hace notar que el quejoso señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle veinticinco norte, número doscientos dos, local tres, Barrio San Miguelito, de ahí que al ubicarse en la ciudad de Puebla se autoriza la práctica de notificaciones en el mismo. Sin perjuicio que de considerarlo necesario se podría ordenar que la notificación se practique en su lugar de internamiento. En relación al medio de contacto no procesal (correo electrónico) que indica en su demanda, solo será considerado por los actuarios judiciales, cuando la situación lo amerite para tener contacto con el quejoso. En otro orden de ideas, queda autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a, lo anterior es así, ya que no cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Luego, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal al quejoso en el domicilio que señaló para tales efectos, así como en su lugar de internamiento y cúmplase.

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