Selene Gonzalez Torres
Expediente 456/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 28/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Isaí Rivas López, En Funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal Y de Ejecución de Todas las Regiones Judiciales del Estado
- SELENE GONZALEZ TORRES y Otros.
- Selene Gonzalez Torres
- Mauricio Martinez Miron
- SOTERO JIMENEZ JIMENEZ y Otros.
- Edgar Arcos Rivera
- MARIO NAVARRO ANDRADE y Otros.
- Jorge Antonio Martinez Miron
- OSCAR ALAN NAVARRO JIMENEZ y Otros.
- JOSE ALVARO O ALVARO NAVARRO FLORES y Otros.
- JOSE ALFREDO SILVA FLORES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintidós. I.FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que a la fecha de este proveído, feneció el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó en el presente controvertido constitucional; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos II.DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 456/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por 1. Selene González Torres, 2. Jorge Antonio Martínez Mirón, 3. José Luis Carrillo Navor, 4. José Alfredo Silva Flores, 5. Alejandro Calixto Rosas Silva, 6. Mauricio Martínez Mirón, 7. Juana Martínez Castillo, 8. Mauricio Jiménez Sánchez, 9. Jesús Jiménez Alcantar, 10. Oscar Alan Navarro Jiménez, 11. Miguel Ángel Jiménez Flores, 12. Sotero Jiménez Jiménez, 15. José Luis Mirón Flores, 16. José Álvaro Navarro Flores o Álvaro Navarro Flores, 17. Mario Navarro Andrade, 18. Sandra Andrade Flores, 19. Modesta Andrade López, 20. Gerardo Ortigoza Márquez, 21. José Brayan Monterrosas Casimiro, 22. Fidelia Monterrosas Munguía, 23. Senen Abel Monterrosas Calderón, 24. Mauricio Valentín Carros Monterrosas, 25. Cristofer Flores Monterrosas, 26. Jacsson Aguilar González, 27. Francisco César González Rivera, 28. Sofía Daniela Flores Flores, 29. Jonatan Rojas López, 30. Leonardo Jesús López Sánchez, 31. Ramiro López García, 32. María Evelin Hernández Trujillo, 33. María Concepción Hernández Ramírez, 34. Fernando Sánchez Trejo, 35. Columba Sánchez Tobías, 36. Germán David Guzmán Sánchez, 37. Germán Zenen Andrade Jiménez, 38. Marisol Jiménez Ávila, 39. Claudia Gabriela Patiño Jiménez, 40. Jorge Rojas Mendoza, 41. Edgar Arcos Rivera, 42. Eduardo Alonso Alcántara, 43. Rubén Ibáñez Rojas, 44. Guadalupe Trujillo Huerta, 45. Camilo Dávila Durán, 46. Jorge Leonel Aldana Cabrera, 47. Dayse Amairani Rodríguez Bello, 48. Monserrat Flores Carrillo, y 49. Yan Carlos Jiménez Ortigoza, por propio derecho. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, mediante buzón judicial y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), 1. Selene González Torres, 2. Jorge Antonio Martínez Mirón, 3. José Luis Carrillo Navor, 4. José Alfredo Silva Flores, 5. Alejandro Calixto Rosas Silva, 6. Mauricio Martínez Mirón, 7. Juana Martínez Castillo, 8. Mauricio Jiménez Sánchez, 9. Jesús Jiménez Alcantar, 10. Oscar Alan Navarro Jiménez, 11. Miguel Ángel Jiménez Flores, 12. Sotero Jiménez Jiménez, 15. José Luis Mirón Flores, 16. José Álvaro Navarro Flores o Álvaro Navarro Flores, 17. Mario Navarro Andrade, 18. Sandra Andrade Flores, 19. Modesta Andrade López, 20. Gerardo Ortigoza Márquez, 21. José Brayan Monterrosas Casimiro, 22. Fidelia Monterrosas Munguía, 23. Senen Abel Monterrosas Calderón, 24. Mauricio Valentín Carros Monterrosas, 25. Cristofer Flores Monterrosas, 26. Jacsson Aguilar González, 27. Francisco César González Rivera, 28. Sofía Daniela Flores Flores, 29. Jonatan Rojas López, 30. Leonardo Jesús López Sánchez, 31. Ramiro López García, 32. María Evelin Hernández Trujillo, 33. María Concepción Hernández Ramírez, 34. Fernando Sánchez Trejo, 35. Columba Sánchez Tobías, 36. Germán David Guzmán Sánchez, 37. Germán Zenen Andrade Jiménez, 38. Marisol Jiménez Ávila, 39. Claudia Gabriela Patiño Jiménez, 40. Jorge Rojas Mendoza, 41. Edgar Arcos Rivera, 42. Eduardo Alonso Alcántara, 43. Rubén Ibáñez Rojas, 44. Guadalupe Trujillo Huerta, 45. Camilo Dávila Durán, 46. Jorge Leonel Aldana Cabrera, 47. Dayse Amairani Rodríguez Bello, 48. Monserrat Flores Carrillo, y 49. Yan Carlos Jiménez Ortigoza, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Isaí Rivas López, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado, y otras autoridades, y otras autoridades. La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento parcial de la demanda, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de tres de mayo de dos mil veintidós, (fojas 13 a 24), se registró la demanda de amparo promovida por los citados quejosos, con el número de juicio de amparo indirecto 456/2022; la cual se desechó por cuanto hace a 13. Carlos Iván Jiménez Navarro y 14. José Alejandro Trinidad Mirón, en virtud que el escrito inicial carece de las firmas autógrafas de las referidas personas; y por otra parte, se admitió a trámite respecto a los restantes promoventes, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 71). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de dos de junio de dos mil veintidós (fojas 141 a 144), previo diferimiento, se señalaron las nueve horas con veintiséis minutos de este día, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, cuya ejecución se atribuye a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que los quejosos, reclaman: 1. Las órdenes de aprehensión y detención dictadas en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." I. Inexistencia actos reclamados. Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1, 3 a 7 1. Isai Rivas López, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado, por sí y en representación de: Los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla: 3. Gerardo Gutiérrez Gayosso, 4. Abelardo Gil Martínez, 5. David Rodríguez González, 6. Gabriel Pérez Rocha; y con sede en Tecamachalco, Puebla: 7. Francisco Javier Martínez Castillo. Niega (Foja 38 y 39) 2 Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Niega (Foja 31 a 33) 8 Delegada de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla, Maestra en Derecho Elizabeth Ibarra Sarlat. Niega (Foja 36) 9 Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla. Niega (Foja 91 y 118) 10 Director General de la Policía Estatal Preventiva. Niega (Foja 89) 11 Fiscal General del Estado de Puebla. Niega (Foja 75) 12 Fiscal de Investigación Regional de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (Foja 44) 13 Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (Foja 48) 14 Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada. Niega (Fojas 46 y 163) 15 Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada. Niega (Fojas 47 y 164) 16 Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados Niega (Foja 74 y 123) 17 Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Regional, con sede en la ciudad de Puebla, Maritza Soriano González Niega (Foja 96) 18 Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega (Foja 42) 19 Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. Niega (Foja 34) 20 Agente del Ministerio Público titular adscrito a la Fiscalía en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, sede Tecamachalco, Puebla. Niega (Foja 37) 21 Agente del Ministerio Público Investigador de Tecamachalco, Puebla, Erika Martínez Martínez Niega (Foja 94 y 140) 22 Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia, Alejandro Mendoza López. Niega (Foja 45) 23 Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Tecamachalco, Puebla. Niega (Foja 43 y 131) 24 Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán, Puebla. Niega (Foja 90) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía a la parte quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho relativo a que la autoridad responsable 1. Isai Rivas López, Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado, por sí y en representación de los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán y Tecamachalco, Puebla, 3. Gerardo Gutiérrez Gayosso, 4. Abelardo Gil Martínez, 5. David Rodríguez González, 6. Gabriel Pérez Rocha y 7. Francisco Javier Martínez Castillo, al rendir el informe justificado respectivo, haya hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que la totalidad de los quejosos cuentan con registro en la carpeta judicial administrativa 99/2021/TECAMACHALCO, en la que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se libró una orden de aprehensión en su contra. Empero, con motivo de las ejecutorias derivadas de los diversos juicios de amparo que se detallan en el informe de ley, promovidos por los quejosos respecto de dicho mandamiento de captura, se negó la orden solicitada en su contra, con excepción de los quejosos Selene González Torres y Jorge Antonio Martínez Mirón; ello, debido a que por lo que a éstos últimos, la citada orden de aprehensión fue ejecutada el uno de octubre de dos mil veintiuno; y posteriormente, el seis de octubre siguiente, en audiencia oral y pública se dictó auto de vinculación a proceso por los hechos con apariencia de delito de ejercicio indebido de funciones públicas y usurpación de funciones públicas. Incluso, en acatamiento a la ejecutoria emitida en el sumario constitucional 1022/2021 promovido por Selene González Torres y Jorge Antonio Martínez Mirón, contra el citado auto de vinculación a proceso emitido el seis de octubre de dos mil veintiuno, se revocó la determinación combatida y se decretó auto de no vinculación a proceso. Finalmente, en razón a que la autoridad judicial responsable precisó que en la citada carpeta de investigación, no se ha librado diversa orden restrictiva de libertad en contra de los aquí quejosos; de ahí que deba prevalecer el sentido del presente fallo. II. Se actualiza causal improcedencia por lo que se refiere al quejoso José Luis Mirón Flores. En el caso concreto, este Juzgador estima que por cuanto hace a José Luis Mirón Flores, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6°, y 15 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. (.) " De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo: a) Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; b) Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, c) Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6° de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Cobra aplicación la siguiente tesis: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." De lo antes señalado, se advierte que la legitimación en el proceso es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor -si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal-, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde: i) desde luego a la parte directamente afectada; ii) a los representantes legales del quejoso; iii) al defensor -cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal-; y, a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1) Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2) Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Sentado lo anterior, se destaca que la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa no fue firmada por el quejoso José Luis Mirón Flores, sin que se haya advertido que hubiese tenido impedimento material o legal alguno para firmar la demanda de amparo directamente. En tal sentido, resulta inconcuso que si José Luis Mirón Flores no firmó la demanda de amparo, no se satisface el requisito de instancia de parte agraviada, al no expresar su voluntad para para ejercer la acción constitucional. Sin que la deficiencia apuntada fuera susceptible de subsanarse mediante una prevención, por no constituir una irregularidad de las previstas por el numeral 114 de la Ley de Amparo, en cuanto a la omisión de algún requisito de los señalados en su numeral 108, que diera lugar a requerir o prevenir a la parte quejosa para que comparezca a ratificar su escrito de demanda, pues al no contener su firma no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. Máxime, que los actos reclamados no se encuentran dentro de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, único caso en el que se hubiera relevado al promovente de la obligación de signar el escrito inicial de demanda, pues si bien la orden de aprehensión reclamada se trata de una determinación que afecta la libertad personal, lo cierto es, que se emite dentro de procedimiento judicial, aunado a que como se advierte de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, actualmente no existe tal mandato de captura y finalmente, tampoco se demostró alguna razón que imposibilitara al promovente José Luis Mirón Flores para instar la acción constitucional. Ciertamente, el artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, cuando se trate de alguno de los actos previstos en el propio numeral, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo; sin embargo, como ya se dijo, en la especie, no se actualiza tal hipótesis. En esa tesitura, la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, por lo que debe contar con la firma de la parte quejosa o, en su caso, de su representante legal. Por las consideraciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6°, y 15 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirven de apoyo a lo antes expuesto, los siguientes criterios: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA DE, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Si la demanda no fue suscrita, ni se presentó prueba alguna por el representante de la quejosa que acredita su personalidad para promover, no se cumple con lo dispuesto por la fracción I del artículo 116 de la Ley de Amparo; además, la fracción I del artículo 107 constitucional es terminante al disponer que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 4o. de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; por lo que, cuando no se cumple con tales requisitos, procede sobreseer el juicio de garantías, con fundamento en los preceptos mencionados, y en las fracciones XVIII del artículo 73 y III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo". "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó la quejosa en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por los quejosos 1. Selene González Torres, 2. Jorge Antonio Martínez Mirón, 3. José Luis Carrillo Navor, 4. José Alfredo Silva Flores, 5. Alejandro Calixto Rosas Silva, 6. Mauricio Martínez Mirón, 7. Juana Martínez Castillo, 8. Mauricio Jiménez Sánchez, 9. Jesús Jiménez Alcantar, 10. Oscar Alan Navarro Jiménez, 11. Miguel Ángel Jiménez Flores, 12. Sotero Jiménez Jiménez, 15. José Luis Mirón Flores, 16. José Álvaro Navarro Flores o Álvaro Navarro Flores, 17. Mario Navarro Andrade, 18. Sandra Andrade Flores, 19. Modesta Andrade López, 20. Gerardo Ortigoza Márquez, 21. José Brayan Monterrosas Casimiro, 22. Fidelia Monterrosas Munguía, 23. Senen Abel Monterrosas Calderón, 24. Mauricio Valentín Carros Monterrosas, 25. Cristofer Flores Monterrosas, 26. Jacsson Aguilar González, 27. Francisco César González Rivera, 28. Sofía Daniela Flores Flores, 29. Jonatan Rojas López, 30. Leonardo Jesús López Sánchez, 31. Ramiro López García, 32. María Evelin Hernández Trujillo, 33. María Concepción Hernández Ramírez, 34. Fernando Sánchez Trejo, 35. Columba Sánchez Tobías, 36. Germán David Guzmán Sánchez, 37. Germán Zenen Andrade Jiménez, 38. Marisol Jiménez Ávila, 39. Claudia Gabriela Patiño Jiménez, 40. Jorge Rojas Mendoza, 41. Edgar Arcos Rivera, 42. Eduardo Alonso Alcántara, 43. Rubén Ibáñez Rojas, 44. Guadalupe Trujillo Huerta, 45. Camilo Dávila Durán, 46. Jorge Leonel Aldana Cabrera, 47. Dayse Amairani Rodríguez Bello, 48. Monserrat Flores Carrillo, y 49. Yan Carlos Jiménez Ortigoza, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el secretario Zeus Islas González, quien autoriza y da fe. Doy Fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) En la propia fecha se giraron los oficios correspondientes al tenor de la minuta que se anexa y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) El suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) El suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, hago constar y certifico que en la misma fecha en que se engrosó la sentencia que antecede se elaboró la versión electrónica de carácter público en la que se suprimieron los datos personales de las partes, en términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con veintiséis minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 456/2022, promovido por 1. Selene González Torres, 2. Jorge Antonio Martínez Mirón, 3. José Luis Carrillo Navor, 4. José Alfredo Silva Flores, 5. Alejandro Calixto Rosas Silva, 6. Mauricio Martínez Mirón, 7. Juana Martínez Castillo, 8. Mauricio Jiménez Sánchez, 9. Jesús Jiménez Alcantar, 10. Oscar Alan Navarro Jiménez, 11. Miguel Ángel Jiménez Flores, 12. Sotero Jiménez Jiménez, 15. José Luis Mirón Flores, 16. José Álvaro Navarro Flores o Álvaro Navarro Flores, 17. Mario Navarro Andrade, 18. Sandra Andrade Flores, 19. Modesta Andrade López, 20. Gerardo Ortigoza Márquez, 21. José Brayan Monterrosas Casimiro, 22. Fidelia Monterrosas Munguía, 23. Senen Abel Monterrosas Calderón, 24. Mauricio Valentín Carros Monterrosas, 25. Cristofer Flores Monterrosas, 26. Jacsson Aguilar González, 27. Francisco César González Rivera, 28. Sofía Daniela Flores Flores, 29. Jonatan Rojas López, 30. Leonardo Jesús López Sánchez, 31. Ramiro López García, 32. María Evelin Hernández Trujillo, 33. María Concepción Hernández Ramírez, 34. Fernando Sánchez Trejo, 35. Columba Sánchez Tobías, 36. Germán David Guzmán Sánchez, 37. Germán Zenen Andrade Jiménez, 38. Marisol Jiménez Ávila, 39. Claudia Gabriela Patiño Jiménez, 40. Jorge Rojas Mendoza, 41. Edgar Arcos Rivera, 42. Eduardo Alonso Alcántara, 43. Rubén Ibáñez Rojas, 44. Guadalupe Trujillo Huerta, 45. Camilo Dávila Durán, 46. Jorge Leonel Aldana Cabrera, 47. Dayse Amairani Rodríguez Bello, 48. Monserrat Flores Carrillo, y 49. Yan Carlos Jiménez Ortigoza, por propio derecho; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Zeus Islas González, secretario que autoriza y da fe, procede a su celebración, sin la asistencia de las partes. A continuación, el secretario relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan el escrito de demanda presentado por 1. Selene González Torres y otros (fojas 2 a 12); auto por el que se desechó parcialmente la demanda de amparo por lo que se refiere a Carlos Iván Jiménez Navarro y José Alejandro Trinidad Mirón y, se admitió a trámite (fojas 13 a 29) por el resto de los peticionarios de amparo; informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 31 a 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 74, 75, 89, 90, 91, 94, 96, 118, 123, 130, 131, 140, 163 y 164) y proveídos en que se recibieron (fojas 49 a 51, 80 a 82, 92, 93, 97, 98, 119 a 122, 124, 125, 132, 133, 141 a 144, 165 y 166). Asimismo, el secretario certifica: - Que transcurrió el plazo de ocho días concedido a las partes para que se impusieran de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por realizada la relación de constancias, así como la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, abierto el período probatorio, el secretario certifica que ninguna de las partes ofreció pruebas. Acto continuo, el Juez acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede y por perdido el derecho de las partes a ofrecer pruebas. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, realizó diversas manifestaciones en vía de alegatos mediante pedimento 131/2022 presentado el diez de mayo del año en curso (fojas 76 a 79); y, que las demás partes no los formularon. El Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por precluido el derecho del resto de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, el suscrito Juez procede a dictar: S E N T E N C I A
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil veintidós. Intégrense a los autos para que obren como correspondan, los oficios FGR/FEMDO/DGAJCMDO/5278/2022 y FGR/FEMDO/DGAJCMDO/5277/2022, suscritos por la autoridad responsable 14. Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, por sí y en representación del 15. Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, a través de los cuales, en cumplimiento a lo ordenado en auto de dos de junio de dos mil veintidós, rinde los informes justificados aclaratorios, en el sentido de pronunciarse respecto de la totalidad de los nombres completos y correctos de todos los quejosos que intervienen en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos dichos informes, con los que se ordena dar vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil veintidós. Intégrense a los autos para que obren como correspondan, los oficios FGR/FEMDO/DGAJCMDO/5223/2022 y FGR/FEMDO/DGAJCMDO/5223/2022, suscritos por la autoridad responsable 14. Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, por sí y en representación del 15. Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, a través de los cuales, en cumplimiento a lo ordenado en auto de dos de junio de dos mil veintidós, rinde su informe justificado aclaratorio, en el sentido de pronunciarse por la totalidad de los quejosos. Sin embargo, de la revisión a los informes justificados en cuestión, se aprecia que la autoridad responsable, al asentar los nombres de los peticionarios de amparo, negó los actos reclamados por cuanto hace al quejoso, que describió como "José Alejandro Silva Flores", no obstante, el nombre correcto del citado agraviado directo es: "José Alfredo Silva Flores", y no como lo expuso la autoridad oficiante en los informes de ley aclaratorios recibidos en esta data. Atento a lo anterior, requiérase nuevamente a las autoridades responsables 14. Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada y 15. Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, vía correo electrónico, para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente auto, aclaren sus informes justificados, en el sentido de pronunciarse por la totalidad de los quejosos indicando el nombre completo y correcto de cada uno de ellos. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento con el que se conminó a las citadas autoridades en auto de dos de junio del año en curso, hasta en tanto den cabal cumplimiento a lo ordenado por este juzgador. Con la finalidad de agilizar la integración del presente expediente, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 28, fracción III, de la Ley de la materia, se ordena que el envío de los correos electrónicos que contengan los oficios dirigidos a las autoridades mencionadas en supralíneas, se realice por conducto del actuario judicial que corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a este proveído; asimismo, en el mismo plazo, deberá asentar la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar y agregarla al expediente físico y electrónico del presente juicio. Notifíquese por oficio vía correo electrónico, a las autoridades responsables indicadas en este proveído; y, por lista a las demás partes.
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