Selene Urbina Solis

Expediente 807/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
807/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Selene Urbina Solis
  • Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, Unidad Norte de Investigación

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que trascurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. No es obstáculo para lo anterior que a la fecha se encuentre trascurriendo el plazo aludido respecto del particular señalado como autoridad responsable 3. Unión de Grúas Antorchistas, sociedad anónima de capital variable, conocido como "Grúas Unión", en virtud de que dicha parte procesal carece de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos, toda vez que al haber sobreseído en el juicio, no le causa afectación alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (suspensión provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En diverso aspecto, ya que resulta innecesario conservar la documental que remitió la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigaciones Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Gerardo de San Pedro Solano, como justificación de su informe, consistente en copia de diversas constancias que obran en el expediente NUAT 1716/2020/UI NORTE (anexo I), se ordena devolverlo a la referida autoridad. No ha lugar a requerir el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas a la autoridad responsable en cita, toda vez que la destinataria se encuentra en la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo cerciorarse que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Ahora bien, en atención a que la parte quejosa ofreció diversas documentales consistente en: a) Copia de diversas constancias que obran en el expediente NUAT 1716/2020/UINORTE (fojas 9, 37, 63 a 70). b) Copia de la factura VVDAT0000834 relativa al vehículo marca Volkswagen, Jetta Style Tiptronic, modelo 2012, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674 (foja 10). c) Impresión de la consulta realizada en la página electrónica del Sistema Nacional de Seguridad Pública (foja 11). d) Comprobante de consumo de servicio telefónico emitido por Teléfonos de México Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable (foja 12). e) Copia de la credencial para votar con fotografía de la quejosa Selene Urbina Solís (foja 13). f) Impresión del "Reporte de Biología Molecular", prueba de detención de SARS-COV2 (foja 14 y 36). g) Acuse de recibo de la demanda de amparo presentada por la quejosa el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno (fojas 71 a 75 y 121 a 125). Al ser innecesario conservar los referidos documentos, como lo dispone el artículo 18, párrafo segundo del Acuerdo General, hágase saber a la peticionaria de amparo que deberán acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días legalmente computado, para recibir los documentos aludidos, los cuales le serán devueltos, previa identificación y constancia de su entrega; apercibida que de no hacerlo, serán depurados juntos con el expediente. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requieran recoger documentales ofrecidas en este controvertido -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán gestionar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. Finalmente, intégrese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Nefi Gorki Carrera Mejía autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en este juicio de amparo; sin que resulte necesario realizar mayor pronunciamiento en atención a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a la quejosa; vía electrónica al particular señalado como autoridad responsable 3. Unión de Grúas Antorchistas, sociedad anónima de capital variable, conocido como "Grúas Unión"; por oficio al resto de autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por Nefi Gorki Carrera Mejía, autorizado en términos amplios de la quejosa Selene Urbina Solís, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió como prueba dentro de este sumario constitucional. Al respecto, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dígase al ocursante que, por el momento, no ha lugar a la devolución que solicita, toda vez que, si bien el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se pronunció sentencia en este sumario constitucional, lo cierto es que se encuentra transcurriendo el plazo de diez días, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia; por lo que, de conformidad con los numerales 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicha determinación no ha adquirido firmeza. En ese sentido, hágase saber a la quejosa que una vez fenecido el plazo aludido sin que se haya recurrido la sentencia, esta autoridad, de oficio, realizará el pronunciamiento respectivo y se ordenará la devolución de los documentos exhibidos por las partes. Notifíquese por lista a la quejosa.

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 807/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Selene Urbina Solís, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veintiuno (fojas 2 a 8), mediante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, recibido en este juzgado el mismo día, Selene Urbina Solís, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de las autoridades y actos que precisó en su demanda. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, prevención, desahogo, admisión y trámite del juicio. En acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno (fojas 15 a 21), se radicó la demanda de garantías con el número de juicio de amparo indirecto 807/2021 de este índice, y se previno a la quejosa para que precisara i) la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado; ii) los actos que reclama de cada autoridad señalada como responsable. Por escrito recibido en este juzgado el veinticinco de agosto del presente año (foja 28), la quejosa pretendió desahogar la prevención, pero como no atendió cabalmente lo requerido, en auto de veintiséis siguiente (fojas 30 y 31), se conminó a la quejosa para que atendiera la prevención formulada. Así, por escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintiuno (fojas 34 y 35), la quejosa desahogó la prevención, por lo que, previa ratificación de firma de dicho ocurso (foja 45), en auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 49 a 51), se admitió a trámite la demanda, con incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se concedió la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 84). TERCERO. Cita para sentencia. En auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (foja 247 vuelta), la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos), se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que Selene Urbina Solís, reclama lo siguiente: -De la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigaciones Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Gerardo de San Pedro Solano: a) Retardo excesivo en la orden de entrega del vehículo marca Volkswagen, Jetta Style Tiptronic, modelo 2012, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674, dentro del expediente NUAT 1716/2020/UINORTE. -De la autoridad responsable 2. Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla: b) La orden de remitir el vehículo marca Volkswagen, Jetta Style Tiptronic, modelo 2012, color gris, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674, al depósito vehicular perteneciente a "Grúas Unión", sin su consentimiento. -De la autoridad responsable 3. Unión de Grúas Antorchistas, sociedad anónima de capital variable, conocido como "Grúas Unión": c) El cobro excesivo por la cantidad de veintiséis mil novecientos pesos, cero centavos, moneda nacional, por concepto de arrastre y resguardo (corralón), respecto del vehículo marca Volkswagen, Jetta Style Tiptronic, modelo 2012, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674. TERCERO. Inexistencia y existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados destacados a las autoridades responsables siguientes: Orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 1. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigaciones Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Gerardo de San Pedro Solano, Aceptó 56 y 57 2 2. Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla Negó 85 y 86 3 3. Unión de Grúas Antorchistas, sociedad anónima de capital variable, conocido como "Grúas Unión" Negó 128 y 129 En este punto, es menester precisar que, en la demanda de amparo y escritos aclaratorios, la quejosa señaló como autoridades responsables a la Unidad de Investigación Norte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como a Nancy Rodríguez Romero, o a quien estuviera a cargo del expediente NUAT 1716/2020/UINORTE, por lo que cabe aclarar que, de los informes justificados rendidos y constancias remitidas en su apoyo, se advierte que se trata de la misma autoridad, esto es, el 1. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigaciones Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Gerardo de San Pedro Solano, es quien actualmente se encuentra a cargo de conducir la investigación en el citado expediente, por lo que solo éste tiene el carácter de autoridad responsable respecto del retardo en la orden de entrega del vehículo que constituye uno de los actos reclamados. I. Inexistencia del acto reclamado. En relación con el acto reclamado identificado con el inciso c), consistente en: c) El cobro excesivo por la cantidad de veintiséis mil novecientos pesos, cero centavos, moneda nacional, por concepto de arrastre y resguardo (corralón), respecto del vehículo marca Volkswagen, Jetta Style Tiptronic, modelo 2012, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674. El particular señalado como autoridad responsable a quien se atribuye, 3. Unión de Grúas Antorchistas, sociedad anónima de capital variable, conocido como "Grúas Unión", negó categóricamente el acto que se le reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar esa negativa, a pesar de que en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 245 a 248), se le dio vista con el referido informe. A mayor abundamiento, como con acierto afirmó el particular señalado como autoridad responsable, la quejosa omitió, incluso, señalar la fecha y hora en que se exigió el pago excesivo reclamado; al respecto, la parte quejosa fue omisa en acreditar las manifestaciones que realizó en su demanda, pues si bien expresó lo antecedentes bajo protesta de decir verdad, tal expresión constituye un requisito contemplado por el artículo 108 de la Ley de Amparo, que debe contener la demanda de garantías, que tiene como finalidad crear un nexo u obligatoriedad en relación con los hechos que se aducen en la demanda, pero manera alguna implica ni constituye una prueba fehaciente de su veracidad. En ese sentido, si la autoridad responsable niega categóricamente el acto reclamado, corresponde al quejoso la carga procesal para demostrar su existencia, lo que en la especie no aconteció, en virtud de que si bien la peticionaria de amparo ofreció pruebas, las cuales se aprecian al tenor de los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; lo cierto es que ninguna de ellas se encuentra encaminada a demostrar la existencia del cobro excesivo reclamado por la quejosa. Además, de las constancias que obran en autos, tampoco se aprecia indicio alguno de que la quejosa haya presentado, al menos, el oficio relativo a la entrega del vehículo ante el particular señalado como responsable, mucho menos existe evidencia de que se le haya exigido cobro de la cantidad que señala ni de alguna otra distinta para la entrega del automotor. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado identificado con el inciso c), con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo indirecto. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." II. Existencia de los actos reclamados. Por cuanto hace al acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en: a) Retardo excesivo en la orden de entrega del vehículo marca Volkswagen, Jetta Style Tiptronic, modelo 2012, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674, dentro del expediente NUAT 1716/2020/UINORTE. La autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigaciones Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Gerardo de San Pedro Solano, omitió realizar pronunciamiento expreso en relación con la existencia del retardo que se le reclama; sin embargo, argumentó que la dilación no depende del Ministerio Público y que fue subsanada en diverso juicio de amparo, de lo que se desprende una aceptación tácita de dicho acto, por lo que se establece la certeza de éste. No obstante, no resulta procedente realizar mayor pronunciamiento en relación con la certeza de ese acto, pues ello implicaría realizar un estudio, aun superficial, de éste, lo que no es procedente, como se explicará en el considerando siguiente. Ahora, en relación con el acto reclamado señalado con el inciso b), consistente en: b) La orden de remitir el vehículo marca Volkswagen, Jetta Style Tiptronic, modelo 2012, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674, al depósito vehicular perteneciente a "Grúas Unión", sin su consentimiento, la autoridad responsable 2. Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, negó categóricamente el acto reclamado. Sin embargo, de las constancias que obran en autos, específicamente de las remitidas por el 1. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigaciones Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Gerardo de San Pedro Solano, consistente en copia cotejada del expediente NUAT 1716/2020/UINORTE (anexo I), a la que se concede pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierte, entre otras cosas, el dictamen pericial en vialidad terrestre 030/2021 (fojas 50 a 52 del anexo I), signado por la perito Alondra Guadalupe Amador Pérez, del que se desprende, en lo que interesa, que dicha experta se trasladó al depósito vehicular "Grúas Unión" ubicado en Circuito Juan Pablo II, sin número y Avenida Libertad ex Barrio Santa Catarina, de la ciudad de Puebla, lugar donde pudo observar, entre otras cosas, el vehículo marca Volkswagen, Jetta Style Tiptronic, modelo 2012, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674. De lo que se colige que, tal y como expresó la quejosa, su vehículo fue llevado a ese depósito vehicular, por lo que se establece la certeza del acto reclamado. Cabe señalar que de las constancias que obran en autos, no se aprecia información alguna sobre qué autoridad emitió esa orden para remitir el vehículo; sin embargo, se sabe, al menos, que quienes la materializaron fueron los elementos de la Policía Municipal de Puebla, perteneciente a la autoridad responsable 2. Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, pues fueron quienes realizaron la detención y puesta a disposición de los vehículos ante la autoridad ministerial; lo que se advierte del acta aviso al Ministerio Público de nueve de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 14 y 15 del anexo I). CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que esta autoridad de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, en relación con el acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en: a) Retardo excesivo en la orden de entrega del vehículo marca Volkswagen, Jetta Style Tiptronic, modelo 2012, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674, dentro del expediente NUAT 1716/2020/UINORTE. Al rendir informe justificado, la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigaciones Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Gerardo de San Pedro Solano, de quien se reclamó, adujo que el retardo reclamado fue objeto de un diverso juicio constitucional. Tal aseveración resulta fundada. En efecto, esta autoridad advierte que, respecto de ese acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)". En relación con ese tópico, resulta pertinente citar el contenido de la Jurisprudencia 1a./J. 161/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra". El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que para que se actualice la causa de improcedencia de cosa juzgada deben concurrir los supuestos siguientes: a) Se hayan promovido diversos juicios de garantías (dos o más). b) En uno de ellos exista resolución ejecutoriada, respecto del mismo acto que se reclama en el otro u otros. c) Que tales juicios hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. Ahora, constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en este órgano de control constitucional se tramitó y resolvió el juicio de amparo 541/2021, promovido por Selene Urbina Solís, contra actos de la 1. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigaciones Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, dentro del expediente NUAT 1716/2020/UINORTE, lo cual se advierte de una consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En dicho sumario constitucional se reclamó lo siguiente: La denegación de justicia pronta, consistente en la omisión de materializar el acuerdo emitido el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dentro del expediente NUAT 1716/2020/UI NORTE, en el que ordenó la devolución del vehículo marca Jetta modelo 2012, color gris platino metálico. En sentencia pronunciada en ese controvertido, se concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo a Selene Urbina Solís, para el efecto de que la 1. Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad de Investigaciones Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Nancy Rodríguez Romero, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera el cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se conceda, realice lo siguiente en el expediente NUAT 1716/2020/UI NORTE: a) Emita el oficio dirigido al depósito vehicular en el que se encuentre resguardado el vehículo propiedad de Selene Urbina Solís, ordenado en acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el que autorizó la entrega de un vehículo. b) Entregue de inmediato el oficio referido a Selene Urbina Solís, así como lo notifique al encargado del depósito vehicular donde se encuentre el automotor, con finalidad de que la quejosa esté en aptitud de realizar los trámites administrativos correspondientes. Y la razón principal que motivó la protección constitucional fue que, si bien la representación social responsable emitió un acuerdo en el que ordenó la devolución del vehículo propiedad de Selene Urbina Solís, omitió emitir y entregar el oficio respectivo para materializar esa orden, es decir, dicho acto se traduce en el retardo en la orden de entrega del vehículo, que constituye el acto reclamado en esta instancia, precisado en el inciso a). Esa sentencia causó ejecutoria el veinte de julio de dos mil veintiuno, y se declaró cumplida en auto de once de agosto de la presente anualidad, dentro de aquel expediente. Ahora, no pasa inadvertido para quien esto resuelve, que en el juicio de amparo 541/2021 de este índice, la autoridad señalada como responsable fue la agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Unidad de Investigaciones Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Nancy Rodríguez Romero, es decir, la misma indicada como responsable en la demanda que dio origen al presente juicio de garantías. No obstante, el informe justificado fue rendido en este sumario, respecto del retardo en la orden de entrega del vehículo por el 1. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigaciones Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Gerardo de San Pedro Solano; sin embargo, ello obedece a que éste último es el agente del Ministerio Público que actualmente se ocupa de conducir la investigación que se sigue en el expediente NUAT 1716/2020/UINORTE, en ausencia de la mencionada en primer lugar, pero evidentemente se trata de la misma autoridad. Atento a lo anterior, es incuestionable que en ambos juicios de amparo existe identidad respecto de la quejosa (Selene Urbina Solís), autoridad responsable acto reclamado, el cual emana del mismo expediente NUAT 1716/2020/UINORTE. Por ende, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues el acto reclamado constituye cosa juzgada, cuya firmeza impide que en el presente juicio sea nuevamente analizado el retardo en la orden de entrega, ya que dicha omisión fue reparada mediante el cumplimiento de la sentencia pronunciada en el diverso juicio de amparo 541/2021 de este índice, por lo que, lo ahí analizado ya no puede ser materia de control constitucional. En tales circunstancias, en la especie se actualiza la causa de improcedencia de cosa juzgada, prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio respecto del acto reclamado identificado con el inciso a). Finalmente, respecto del acto reclamado identificado con el inciso b), consistente en: b) La orden de remitir el vehículo marca Volkswagen, Jetta Style Tiptronic, modelo 2012, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674, al depósito vehicular perteneciente a "Grúas Unión", sin su consentimiento. Esta autoridad advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general auto aplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia. Plazo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, en este caso debe computarse, respecto del acto identificado con el inciso b), a partir de que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado. Es así, porque la quejosa reclama, entre otras cosas, la orden de remitir el vehículo marca Volkswagen, Jetta Style Tiptronic, modelo 2012, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674, al depósito vehicular perteneciente a "Grúas Unión", sin su consentimiento; de las constancias que obran en autos, no se aprecia información alguna sobre qué autoridad emitió esa orden; sin embargo, se sabe, al menos, que quienes la materializaron fueron los elementos de la Policía Municipal de Puebla, perteneciente a la autoridad responsable 2. Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, ya que fueron quienes realizaron la detención y puesta a disposición de los vehículos ante la autoridad ministerial; lo que se advierte del acta aviso al Ministerio Público de nueve de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 14 y 15 del anexo I); en el mismo sentido, no existe constancia de que tal circunstancia haya sido notificada a Selene Urbina Solís. No obstante, sí existe información que permite saber con certeza la fecha en que la quejosa ya era sabedora de esa situación. Se afirma lo anterior, porque mediante escrito presentado ante esta autoridad el trece de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 59 a 61), la quejosa Selene Urbina Solís, realizó diversas manifestaciones en relación con los actos reclamados y exhibió como prueba, entre otras, la documental privada consistente en el acuse de recibo de la demanda de amparo indirecto presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla (fojas 71 a 75). Documental privada que hace prueba plena en contra de su oferente, en términos de los artículos 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de la que se advierte que, en los antecedentes de esa demanda de garantías, narrados bajo protesta de decir verdad, expresó lo siguiente: ". 1. Manifiesto bajo protesta y verdad que soy dueña del bien inmueble (sic) hecho que acredité fehacientemente en la mesa investigadora dentro de sus autos de la carpeta de marras que soy dueña de este bien inmueble (sic) con sus características siguientes: Jetta modelo dos mil doce color gris platino metálico de procedencia nacional con clave vehicular 0056502, código de factura VDAT0000834. Entonces tenemos que bajo protesta de decir verdad que: Con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte siendo aproximadamente la una de la madrugada en el boulevard del Niño Poblano esquina con el Boulevard Atlixco mi hija de nombre Paloma Fernández Urbina iba acompañada de una conocida quien conducía, de nombre Mariana Rojas se impacta con una camioneta () (sic) no pude acudir ante la autoridad toda vez que me encontraba en una situación de covid-19, por lo que tuve que respetar cuarentena sin poder salir de mi domicilio respetando las indicaciones de salubridad, mi vehículo se encuentra detenido y en ese momento se le ofreció reparar o pagar el daño ya que nos presumimos responsables por saber que tanto la conductora carecían de licencia. 2.- El C. Gabriel Meza Morales, en ese momento exigió en forma amenazante un pago en efectivo e inmediato por la cantidad de treinta y dos mil pesos, con la amenaza de consignar los autos dinero con el que no cuento debido a la situación por la que pasé respecto a covid-19. 3.- Encuentra a su disposición en el depósito vehicular cito en Grúas Unión ubicado en Circuito Juan Pablo Segundo sin número avenida Libertad ex Barrio Santa Catarina los cuales cobran por su resguardo cantidad superior a los $70.00 setenta pesos diarios causándome un daño patrimonial día a día." Como se observa, de lo transcrito se aprecia con claridad que, al menos, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno (fecha en que presentó la diversa demanda de amparo), la quejosa Selene Urbina Solís, ya sabía que su vehículo había sido remitido a las instalaciones del depósito vehicular denominado "Grúas Unión", por lo que se considera que a partir del día siguiente a esa data, empezó a computarse el plazo para presentar la demanda de garantías en contra de la orden de llevar el vehículo a ese depósito sin su consentimiento. Por ello, se estima que el plazo para promover el juicio de garantías contra ese acto transcurrió del treinta de marzo al veintidós de abril de dos mil veintiuno, previo descuento de los sábados y domingos que mediaron en ese lapso, así como treinta y uno de marzo, uno y dos de abril del mismo año, por haber sido declarados no laborables por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En ese tenor, como la demanda de amparo que dio lugar a este expediente, se presentó el veinte de agosto de la presente anualidad, es evidente que se presentó fuera del plazo. Por tanto, es incuestionable que la promoción de la demanda respecto del acto reclamado consistente en la orden de remitir el vehículo multi citado al depósito vehicular denominado "Grúas Unión" fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo; de ahí que su presentación extemporánea trae la consecuencia de que el acto mencionado sean considerado consentido tácitamente por la quejosa. Por ello, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; y, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se sobresee en el presente juicio de garantías, respecto del acto reclamado identificado con el inciso b). Esta autoridad no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados, así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. Así, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se desprende que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, en todo caso, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Por ello, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia que sea oportuno. Por tanto, aun cuando el peticionario de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Atento a lo anterior, esta autoridad se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, por cuanto hace a tales actos de autoridad, no obstante ser existentes, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. No es obstáculo para lo anterior que no se haya llamado a juicio a persona alguna con el carácter de tercero interesado, pues considerando el sentido del presente fallo (sobreseimiento), no le irroga perjuicio a persona alguna. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." QUINTO. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, en los términos indicados en los considerandos Tercero, apartado I, y Cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la quejosa; vía electrónica al particular señalado como autoridad responsable 3. Unión de Grúas Antorchistas, sociedad anónima de capital variable, conocido como "Grúas Unión"; por oficio al resto de autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil veintiuno. AUDIENCIA INCIDENTAL. En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con veinticinco minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 807/2021, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido del secretario Rafael Torres Campos, con quien actúa, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes ni legítimo representante de ellas, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Selene Urbina Solís, auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno (suspensión provisional), informes previos de las autoridades responsables y acuerdos que los tuvieron por rendidos. Asimismo, se da cuenta con el estado procesal que guardan los autos. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que a la fecha en que se actúa no obra en autos el informe previo de la autoridad responsable 4. Deposito Vehicular "Grúas Unión"-por conducto de quien legalmente lo represente-; además, se hace constar que en el cuaderno principal derivado del presente juicio de amparo, obra el informe justificado rendido por la citada autoridad responsable. En tal virtud, a efecto de evitar mayores dilaciones en la tramitación del presente juicio de amparo y en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que es un hecho notorio que en autos del juicio de amparo del que deriva la presente incidencia, obra el informe justificado de la citada autoridad responsable identificada con el número 4, por lo que, se ordena traerlo a la vista, para que surta sus efectos en este incidente de suspensión derivado de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, agregando fotocopia certificada de éste para que obre como corresponda. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la secretaria da cuenta con las documentales que en copia certificada ofreció la parte quejosa, consistentes en: 1. La documental consistente en copia simple el oficio 001794/2021 signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Norte (Nancy Rodríguez Romero), por medio del cual solicita a la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla la salida del vehículo automotor con placas de circulación DRN4945 del Estado de Chiapas, Marca Volkswagen, Tipo Jetta, Modelo 2012, color Gris Platino Metálico, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674; 2. La documental consistente en copia simple de la factura del vehículo automotor con placas de circulación DRN4945 del Estado de Chiapas, Marca Volkswagen, Tipo Jetta, Modelo 2012, color Gris Platino Metálico, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674; 3. La documental consistente en la consulta ciudadana del citado vehículo en la página www.gob.mx/segob; 4. La documental consistente en un recibo emitido por la compañía "TELMEX" Teléfonos de México S.A.B. de C.V., referente al mes de marzo, a nombre de Jorge Alberto Rodríguez Fernández; 5. La documental consistente en copia simple de la credencial para votar de la quejosa; y, 6. La documental consistente en el reporte de Biología Molecular de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, realizada a la quejosa, de la que se desprende un resultado positivo para coronavirus 2 del síndrome respiratorio severo (SARS-CoV-2) (COVID 19). Asimismo, el secretario certifica que las demás partes no ofrecieron elementos probatorios; y, el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las documentales relacionadas por el Secretario, y por precluido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas. Se cierra el periodo. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho y, se da por concluido este período. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Se cierra esta etapa. Por tanto, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 807/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Selene Urbina Solís; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno (suspensión provisional), en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión promovido por Selene Urbina Solís, contra actos del 1. Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, Unidad Norte de Investigación y otras autoridades, se requirió informe previo a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se celebró en sus dos primeras etapas, que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables y al contenido integral de la demanda, los actos reclamados en el presente asunto por Selene Urbina Solís, son: a) La omisión de ordenar la entrega del vehículo con placas de circulación DRN4945 del Estado de Chiapas, Marca Volkswagen, Tipo Jetta, Modelo 2012, color Gris Platino Metálico, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674. b) El cobro de $26,900.00 (veintiséis mil novecientos pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de depósito del vehículo con placas de circulación DRN4945 del Estado de Chiapas, Marca Volkswagen, Tipo Jetta, Modelo 2012, color Gris Platino Metálico, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674; lo que se traduce en la negativa de devolver a la quejosa el citado automotor. TECERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: Autoridades responsables Sentido del informe y 2. Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, Unidad Norte de Investigación y Nancy Rodríguez Romero, Agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación NUAT/1716/2020/NORTE, ambas por conducto del Agente del Ministerio Público Investigador en funciones del Titular adscrito a la Unidad de Investigación Norte. Negó- Se desvirtúa Secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla. Negó- Se desvirtúa Deposito Vehicular "Grúas Unión"-por conducto de quien legalmente lo represente-. Negó- Se desvirtúa Como se advierte de la tabla que obra en el considerando tercero de la presente resolución, las autoridades responsables 1 y 2. Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, Unidad Norte de Investigación y Nancy Rodríguez Romero, Agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación NUAT/1716/2020/NORTE, ambas por conducto del Agente del Ministerio Público Investigador en funciones del Titular adscrito a la Unidad de Investigación Norte, 3. Secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla y 4. Deposito Vehicular "Grúas Unión"-por conducto de quien legalmente lo represente-., negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en: a) La omisión de ordenar la entrega del vehículo con placas de circulación DRN4945 del Estado de Chiapas, Marca Volkswagen, Tipo Jetta, Modelo 2012, color Gris Platino Metálico, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674. b) El cobro de $26,900.00 (veintiséis mil novecientos pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de depósito del vehículo con placas de circulación DRN4945 del Estado de Chiapas, Marca Volkswagen, Tipo Jetta, Modelo 2012, color Gris Platino Metálico, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674; lo que se traduce en la negativa de devolver a la quejosa el citado automotor. Sin embargo, de los informes previos rendidos por las citadas responsables, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa al momento en el que se resuelve la presente incidencia -negativa y omisión-, subsisten, toda vez que no se ha ordenado y por ende devuelto el vehículo automotor a la parte quejosa. Lo anterior, se corrobora con el oficio 001794/2021 signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Norte (Nancy Rodríguez Romero), por medio del cual solicita a la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla la salida del vehículo automotor con placas de circulación DRN4945 del Estado de Chiapas, Marca Volkswagen, Tipo Jetta, Modelo 2012, color Gris Platino Metálico, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674, sin que al momento se haya dado cumplimiento a tal solicitud, por lo que los actos reclamados en la presente incidencia se tienen por ciertos, únicamente para los efectos de la presente incidencia. CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Respecto de los actos reclamados precisados en párrafos precedentes, debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante la omisión y negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como ocurre con los actos reclamados, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que los actos sean suspendibles, lo que no ocurre en el caso, pues los actos reclamados por la parte quejosa son actos omisivos y negativos, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". En este orden de idea, no ha lugar a conceder la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, para efectos de que se otorgue al quejoso la posesión del vehículo con placas de circulación DRN4945 del Estado de Chiapas, Marca Volkswagen, Tipo Jetta, Modelo 2012, color Gris Platino Metálico, número de serie 3VW2W1AJ9CM455674, lo anterior porque la presente suspensión no tiene efectos restitutorios sino que únicamente lo tiene la sentencia definitiva que se dicte en el expediente principal del que deriva este incidente. En efecto, no se puede dar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, porque aquí no se analiza la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, lo que es materia del juicio principal; es decir, si es correcto o no que se le cobre para la devolución material del vehículo que defiende, y dada la naturaleza de los actos reclamados (actos omisivos y negativos) no se puede conceder la suspensión. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Selene Urbina Solís, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

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