SEBERO o CEBERO LOZADA BARRIENTOS

Expediente 1092/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1092/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
09/06/2023

Partes del expediente

  • SEBERO o CEBERO LOZADA BARRIENTOS

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil veintitrés. I. Cambio de denominación. En primer término, hágase saber a las partes que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. II. Archivo definitivo. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de quince de mayo de dos mil veintitrés, la cual sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. III. Destino de expediente principal. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó, no es de relevancia documental, y es destruible y susceptible de ser destruido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción I, del Acuerdo General. IV. Destino de incidente de suspensión (original y duplicado). En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar definitiva, se decreta que es destruible y susceptible de ser destruido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído; ello, en términos del artículo 20, fracción III, del acuerdo general señalado. Por lo que hace al duplicado de dicho incidente, es destruible y susceptible de ser destruido, una vez se cumplan seis meses a partir del dictado de este acuerdo, conforme a lo establecido en el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. V. Integración a expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena glosar el presente acuerdo al expediente impreso, pues se considera de trascendencia para la etapa procesal en la que se encuentra este juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  2. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 1092/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por ***o ***; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el once de octubre de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitido materialmente a este órgano jurisdiccional el día hábil siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, *** o ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías y derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, como los 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. SEGUNDO. Radicación, desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de catorce de octubre de dos mil veintidós (fojas 19 a 33), se registró la demanda promovida por ***o ***, con el número de juicio de amparo indirecto 1092/2022; por una parte se desechó, en relación al acto reclamado consistente en el citatorio dirigido al quejoso, con número de oficio FGE/FIR/ZCATLÁN/1011/22 signado por el Agente del Ministerio Público de Investigación de Zacatlán, Puebla, Fernando Salazar Lucio, de fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, por las razones que del mismo acuerdo se desprenden; y, por otra se admitió a trámite -con incidente de suspensión-, respecto a los actos reclamados restantes; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 67). Tercero. Sobreseimiento el juicio fuera de la audiencia constitucional, recurso de revisión y testimonio de ejecutoria que repuso el procedimiento. Seguido el curso de este asunto, por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós (fojas 61 y 62), se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Inconforme con dicha determinación, el siete de noviembre de dos mil veintidós, el quejoso ***o ***, interpuso recurso de revisión (fojas 74 a 82); el cual, por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del toca en revisión R-284/2022. Luego, el dieciocho de enero pasado, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada el dos de enero de dos mil veintitrés (fojas 114 a 127), en el toca aludido, en la cual se revocó el auto recurrido; y, se ordenó la reposición del procedimiento, para el efecto de que la parte quejosa tuviera la oportunidad de imponerse con la debida anticipación del contenido de los informes justificados, de rendir pruebas y formular alegatos. Cuarto. Cumplimiento de la ejecutoria y cita para audiencia. En cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada, por auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se repuso el procedimiento a partir del auto recurrido, dejándose intocada únicamente la parte de dicho acuerdo en la que se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Investigación de Zacatlán, Puebla, Fernando Salazar Lucio. Quinto. Queja contra auto de trámite, suspensión y reanudación del procedimiento y cita para audiencia. En auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo al quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de nueve de los referidos mes y año, por lo que en dicha data se ordenó suspender el procedimiento, en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo. El citado medio de impugnación, fue turnado para su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien lo radicó con el número de queja 59/2023; y, por ejecutoria de veinte de abril de dos mil veintitrés, declaró infundado el recurso de queja. En atención a lo anterior, por auto de tres de mayo del año en curso, se ordenó levantar la suspensión del procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales judiciales y administrativas, con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que, en el caso particular, el quejoso ***o ***; reclama lo siguiente: Las órdenes de búsqueda, localización, aprehensión y/o detención dictadas en su contra; así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número de orden. Autoridades Responsables. Sentido del informe.11. Coordinador General de Asuntos Jurídicos (José González Zepeda), en representación del Fiscal General del Estado de Puebla. Niega(foja 43)22. Agente del Ministerio Público de Investigación de Zacatlán, Puebla, (Fernando Salazar Lucio).Acepta parcialmente(fojas 55 y 56)3 3. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla (Salvador Hernández Martínez).Niega(fojas 46)4. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (Fernando Fierro Aldana). Niega(foja 36)5. Agente Investigador encargado de la Unidad de Apoyo Policial con sede en Zacatlán, Puebla (Lenin Jiménez García).Niega(foja 37) Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, con excepción del 2. Agente del Ministerio Público de Investigación de Zacatlán, Puebla, (Fernando Salazar Lucio), al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia del acto que se les atribuye, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. Por su parte, el 2. Agente del Ministerio Público de Investigación de Zacatlán, Puebla, (Fernando Salazar Lucio), al rendir su informe justificado manifestó que son parcialmente ciertos los actos reclamados, pues aseguró que el treinta de septiembre de dos mil veintidós, giró citatorio al aquí quejoso mediante oficio FGE/FIR/ZACATLAN/1011/22, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/ZACATLAN-1/007249/2022, de su índice, a fin de que aportara datos de prueba que sirvan al esclarecimiento de los hechos denunciados con apariencia de delito de daño en propiedad ajena, cometido en agravio Román Bravo Malpica; sin embargo, tal aseveración debe desvirtuarse y tenerse por inexistentes los actos reclamados que le fueron atribuidos, pues como se advierte del auto de catorce de octubre del año pasado, se desechó la demanda de amparo en relación con el acto reclamado consistente en el aludido citatorio. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuyen. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice:"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, que el 3. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla (Salvador Hernández Martínez), al rendir su informe de ley, comunicara que en el juzgado a su cargo se encuentra radicada la causa penal 149/2020/ZACATLÁN, instruida en contra del quejoso y otros, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de daño en propiedad ajena, cometido en agravio de Clemente Vázquez Vázquez, misma que culminó a través de un acuerdo reparatorio, por lo que se sobreseyó y decreto el archivo como asunto totalmente concluido. Sin embargo, tal precisión no desvirtúa su negativa de actos reclamados, pues como se advierte, fue claro al referir que no existe orden de captura pendiente de ejecutar en contra del peticionario de amparo. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. QUINTO. Integración de la presente sentencia en el expediente impreso. En términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar el presente fallo al expediente impreso, por tratarse de la resolución más relevante de este juicio. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por ***o ***, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el diverso tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  3. Principal

    *(PUBLICACIÓN AVISO)* SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA: San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil veintitrés. Se recibe oficio de tribunal de alzada Intégrese a los autos el oficio III-282/2023 signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual informa que, a partir del veintiocho de abril pasado, se encuentra disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y vinculado al expediente electrónico, la ejecutoria dictada el veinte de abril de dos mil veintitrés, en el toca Q-59/2023, relativo al recurso de queja interpuesto por el quejoso *** o ***, a través de su autorizado José Jaime Lacarriere Serrano, contra el auto dictado el nueve de febrero del actual año. En ese sentido, una vez que este órgano de control constitucional se ha impuesto de la ejecutoria de mérito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se ordena hacer del conocimiento de las partes los términos en que fue resuelta, a saber: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano colegiado oficiante, glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Reanudación del procedimiento. En ese tenor, se ordena levantar la suspensión del procedimiento en el presente juicio y se señalan las diez horas con dos minutos del quince de mayo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, por impulsar el procedimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio al Tribunal de Alzada y, por lista a las demás partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el oficio II.1523/2023 proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual comunica que por auto dictado por el Magistrado Presidente de dicho órgano colegiado el veintidós de marzo del año actual, se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, en contra del auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, quedando registrado bajo el toca ********************; de lo que toma conocimiento el suscrito, para los efectos legales a que haya lugar.********************Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, no ha lugar a integrar el presente auto ni la promoción de cuenta, al expediente impreso, dado que esta última se recibió electrónicamente y este proveído no se considera de trascendencia para la etapa procesal en la que se encuentra este juicio.********************Notifíquese por lista a las partes.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano