Selene Calderón Sarmiento
Expediente 219/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Selene Calderón Sarmiento
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Causa ejecutoria Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo en el presente juicio, no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, inciso b) y 21 inciso c) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, y el original del cuaderno incidental de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se negó la protección de la justicia federal solicitada y se negó a la parte quejosa la medida cautelar provisional y definitiva, debiéndose conservar la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído que ordena el archivo del asunto como concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA En Celaya, Guanajuato, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 219/2021-I, promovido por ****************** por propio derecho, en contra de actos de la directora Regional de Auditoria Fiscal "C" de la Subdirección General de Auditoria Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 5, 13, 14, 16, 17 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el quince de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado el mismo día, a este órgano jurisdiccional ***********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. Directora Regional de Auditoria Fiscal "C" de la Subdirección General de Auditoria Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en su carácter de autoridad ordenadora. 2. Blas Espinoza Gómez, notificador adscrito a la Dirección Regional de Auditoria Fiscal "C" de la Subdirección General de Auditoria Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, que llevó a cabo la notificación del oficio de fecha 22 de Marzo de 2021, en su carácter de autoridad ejecutora [.]". IV. ACTO RECLAMADO. 1. La indebida fundamentación de la Solicitud de Información y Documentación (Revisión de Gabinete o de Escritorio), contenida en el Número de Oficio: ******************, formada en el Expediente: *******************, suscrita en fecha 22 de Marzo de 2021, por la C. C.P. **********************, en su carácter de supuesta Directora Regional de Auditoria Fiscal "C" de la Dirección Regional Auditoria Fiscal "C" de la Subdirección General de Auditoria Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, mediante la cual solicita a la suscrita diversa información y documentación con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que esta afecta como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre. (sic) Por el periodo fiscal comprendido del 01 de Enero 2019 al 21 de Diciembre de 2019, por el que se hubieren presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones bimestrales. 2. Del C. **********************, notificador adscrito a la Dirección Regional de Auditoria Fiscal "C" de la Subdirección General de Auditoria Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, que llevó a cabo el levantamiento de del (sic) Acta de Notificación de la Solicitud de Información y Documentación (Revisión de Gabinete o de Escritorio), contenida en el Número de Oficio: ******************, formada en el Expediente: **************************, de fecha 22 de Marzo de 2021, se reclama; el levantamiento del Acta de Notificación a través de los Folios 01 al 03, derivado de la orden descrita. [.]". Actos que la parte quejosa consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 5, 13, 14, 16, 17 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; igualmente expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, esta potestad registró la demanda bajo el número 219/2021-I, la admitió a trámite, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento ministerial; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclama un acto de naturaleza administrativa atribuido a una autoridad en esa materia distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en la jurisdicción que corresponde a este juzgado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen que la parte quejosa reclama: a) De la directora Regional de Auditoria Fiscal "C", de la Subdirección General de Auditoria Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato: ? El oficio SATEG-04-05-00-0544/2021 de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por el que se solicitó a la quejosa información y documentación (revisión de gabinete o de escritorio) en el expediente 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. GIF1130005/21, por el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. b) Del notificador adscrito a la Dirección Regional de Auditoria Fiscal "C" de la Subdirección General de Auditoria Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato: ? El acta de notificación del oficio ****************** de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por el que se solicitó a la quejosa información y documentación (revisión de gabinete o de escritorio) en el expediente ************************. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El director de lo Contencioso, adscrito a la Subdirección General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato (SATEG), órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del estado de Guanajuato, en representación de las autoridades responsables Dirección Regional de Auditoría Fiscal "C" de la Subdirección General de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato y del notificador adscrito a dicha Dirección Regional, al rendir su informe con justificación señaló que son ciertos los actos atribuidos a sus representadas, consistentes en el oficio ****************** de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, así como el acta de notificación levantada en la misma fecha por el notificador adscrito; en consecuencia, deben tenerse por ciertos tales actos, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 278, Quinta Época, con registro electrónico 917812, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, tomo VI, materia Común, página 231, que señala: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Existencia que se corrobora con las documentales ofrecidas como prueba por las partes, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las que se advierte que dichas autoridades responsables emitieron el oficio impugnado y el acta de notificación respectivamente. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Materia Común, con número de registro 394182, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar si en el caso se actualiza una causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 1583, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." La autoridad responsable aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX4 de la Ley de Amparo, en razón de que la quejosa no agotó el principio de definitividad respecto del acto reclamado consistente en el oficio **************** de veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Dicha causa es infundada. Contrario a lo argumentado por la autoridad responsable, la orden de revisión puede impugnarse en amparo indirecto, por sí sola, independientemente de que se agote en uno o varios actos. Esto es, la orden de visita domiciliaria o de revisión de gabinete puede reclamarse en amparo indirecto, sin necesidad de esperar a que se dicte la resolución definitiva correspondiente o de agotar algún recurso o medio de defensa legal ordinario. 3 Quinta Época, del Apéndice de 1985, Parte VIII, página 262. 4 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; En efecto, respecto de las revisiones de gabinete, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que se trata de un acto de molestia susceptible de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular su persona, papeles y posesiones; de manera que puede impugnarse en amparo indirecto, por sí sola, dentro de los plazos legales correspondientes, independientemente de que se agote en uno o varios actos, pues, de lo contrario, se obligaría al gobernado a soportar hasta la conclusión del procedimiento respectivo las consecuencias de un acto que de no cumpliera con los requisitos exigidos por ese precepto fundamental. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 63/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 708, del tomo XXVII, correspondiente al mes de abril de dos mil ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, con número de registro 169804, de rubro y texto: "REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN PARA PRACTICARLA PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO. El procedimiento de revisión de escritorio o gabinete previsto en los artículos 42, fracción II y 48 del Código Fiscal de la Federación, inicia con la notificación de la orden respectiva y concluye con la resolución que determina las contribuciones o aprovechamientos omitidos, o con el oficio que da por concluida la revisión por falta de observaciones, por lo que la citada orden forma parte del procedimiento de fiscalización, pues con apoyo en ella las autoridades fiscales, en ejercicio de sus facultades de comprobación, pueden exigir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, informes, datos, documentos y la presentación de su contabilidad, traduciéndose en un acto de molestia susceptible de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular su persona, papeles y posesiones. En esa virtud, la orden de revisión puede impugnarse en amparo indirecto, por sí sola, dentro de los plazos legales correspondientes, independientemente de que se agote en uno o varios actos, pues de lo contrario se obligaría al gobernado a soportar hasta la conclusión del procedimiento respectivo las consecuencias de un acto que de no cumplir con los requisitos exigidos por ese precepto fundamental, esto es, constar en mandamiento escrito proveniente de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, no debió producir efecto alguno." Criterio que continúa teniendo aplicación, en términos del artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece) dado que no se opone a dicha normativa. De ahí que sea infundada la causa de improcedencia en estudio. Al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes o que este juzgado federal advierta otra de oficio, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada en esta instancia. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación son infundados en una parte e inoperantes en otra. En los conceptos de violación, en esencia, se aduce lo siguiente: 1. La orden de revisión de gabinete reclamada carece de debida fundamentación y motivación, pues la responsable violó lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, así como el numeral 38, fracción IV y V, del Código Fiscal de la Federación, ya que la Dirección de Auditoria Fiscal no tiene conferida la atribución en el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, para llevar a cabo la revisión de los datos y documentos en sus oficinas. 2. La autoridad responsable omitió citar los artículos 19 y 24, fracción II, incisos b) y c) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, que previene las facultades específicas como autoridad fiscal al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, como órgano desconcentrado con el que cuenta la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración. 3. La responsable omitió señalar los preceptos legales que de manera específica le otorgan la facultad para revisar el impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, correspondientes al periodo fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, aduce la quejosa, porque para respetar el principio de seguridad jurídica, es necesario que la autoridad precise su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorguen la atribución ejercida, ya que tal aspecto es un requisito esencial de todo acto de autoridad. 4. En el acto reclamado no se fundó debidamente el objeto de la orden de visita domiciliaria reclamada, ya que se omitió precisar el fundamento de los tributos a revisar, esto es, no se citó ningún numeral de las legislaciones que prevén las contribuciones federales del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta que se revisará. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación previamente sintetizados. A fin de evidenciar lo infundado e inoperante de los argumentos precisados, es importante destacar que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de seguridad jurídica, previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, en la medida en que tutela el derecho del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en estado de indefensión. La esencia del derecho a la seguridad jurídica versa sobre la premisa relativa a "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad, y, respecto de los actos legislativos, exige el establecimiento de normas que otorguen certeza a los gobernados. No obstante, a pesar que el artículo 16 constitucional contenga la tutela de la seguridad jurídica de la situación del gobernado frente a la regulación existente y la conducta del Estado, no debe entenderse en la dimensión que el ordenamiento jurídico (y en específico las porciones normativas), deben señalar de manera especial el procedimiento que regula las relaciones entre los particulares y las autoridades, sino únicamente constriñe a que la ley de que se trate contenga los elementos mínimos y necesarios para hacer valer el derecho del interesado y evitar así, que se generen actitudes arbitrarias por parte del poder público. Sirve de apoyo la tesis número 2a. LXXV/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 321, del tomo I, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, con número de registro 921172, de rubro y texto siguiente: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, QUÉ SE ENTIENDE POR. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que fácilmente explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad, sencillez o irrelevancia, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercitar el derecho correlativo. Lo anterior corrobora la ociosidad de que en todos los supuestos la ley deba detallar en extremo un procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla y suficiente para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular y las facultades y obligaciones que le corresponde a la autoridad". Desde esa perspectiva, el principio constitucional de seguridad jurídica se erige como uno de los ejes rectores que regulan la interacción entre el Estado y los gobernados, debido a que, en tanto los dispositivos legales se revistan de certeza, posibilitarán a los particulares conocer las facultades y aptitudes que se le permitieron a la autoridad, ello con la finalidad de evitar la actualización de conductas arbitrarias o desproporcionadas y excesivas y, en el supuesto de suscitarse, los ciudadanos tengan la certeza de hacer valer sus derechos. Por otra parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que a toda persona a la que se le pretenda causar una molestia en su esfera jurídica, por parte de los órganos del estado, se le deberá entregar por escrito el acto de autoridad debidamente fundado y motivado; encontrándose las autoridades obligadas además a fundar su competencia. Al respecto, cabe precisar que por acto de molestia debemos entender aquella actuación de la autoridad que provoca una mera perturbación en la esfera jurídica del gobernado, y que tal acto no constituye el fin último, ya que la afectación no es de manera definitiva o permanente, sino que es de carácter provisorio o transitorio. En este orden de ideas, el citado precepto permite a cualquier autoridad emitir actos de molestia contra los gobernados, sin embargo, la emisión de ellos debe cumplir con ciertos requisitos, a saber: a) Que provenga de autoridad competente; b) Que se encuentre fundado y motivado, y c) Que conste por escrito. Luego un acto de molestia emitido por autoridad competente se encuentra fundado cuando en él se citan con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y para considerar que se encuentra motivado la autoridad debe exponer todas aquellas circunstancias o hechos que consideró al momento de emitir el acto reclamado, siendo necesario, además, que los hechos aducidos por la autoridad encuadren en la hipótesis normativa citada, si por el contrario, la autoridad no cumple con dichos requisitos, daría cabida entonces a declarar la inconstitucionalidad del acto. Sirve de apoyo la tesis 674, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 1995, Octava Época, tomo III, Parte TCC, página 493, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL." Cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que el derecho humano de fundamentación reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para estimar satisfecho el derecho humano de debida fundamentación que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia, es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Ahora bien, cabe recordar que en el caso particular la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar el oficio SATEG-04-05-00-0544/2021 de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por el que se solicitó a la quejosa información y documentación (revisión de gabinete o de escritorio) en el expediente GIF1130005/21, por el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, que en lo que interesa es del texto siguiente: "Esta Dirección Regional de Auditoría Fiscal "C" de la Subdirección General de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, se dirige a ese contribuyente, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta; y a efecto de ejercer las facultades previstas en los artículos 42 párrafos primero, fracción II, y segundo; y 48 primer párrafo, fracciones I, II y III, y último del Código Fiscal de la Federación, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I II y VII; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero, y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II, y Clausula TERCERA transitoria del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guanajuato, con fecha 02 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de julio de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 122, tercera parte, el 31 de julio de 2015; Cláusula PRIMERA y SEGUNDA fracción III del Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guanajuato, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de abril de 2014, vigente a partir del 16 de abril de 2014, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 66, Cuarta Parte, de fecha 25 de abril de 2014; modificado mediante Acuerdo celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guanajuato, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 2020, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 96, segunda parte, el 13 de mayo de 2020; artículos 2, fracciones VII, XI y XII, 3, primer párrafo, fracción V y segundo párrafo, 9, primero, segundo y tercer párrafo, del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato vigente; artículos 1, 2, 4, 6, fracciones V, XVII y XLI y 7, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato vigente, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 260, Novena Parte, de fecha 30 de diciembre de 2019; artículos 1, 19, fracción IV, inciso e), 21, 23, 24, fracciones VI, XV, XX y XXI, 39, fracción V, 48, en relación al artículo 40, primer párrafo, fracciones II, V, VI, VII, VIII y XII, y segundo párrafo y 50 fracción III, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 175, Tercera Parte, de fecha 1 de septiembre de 2020, en vigor; se dirige a ese (a) contribuyente para solicitarle la información y documentación que a continuación se señala: La información y documentación que se deberá proporcionar es la siguiente: 1.- Original (es) con carácter devolutivo y copias legibles de los Pagos bimestrales del Impuesto al Valor Agregado, que para dicho impuesto esté obligado, y en su caso de la o de las complementarias que Usted (es) haya (n) presentado, por el periodo sujeto a revisión. 2.- Original (es) con carácter devolutivo y copias legibles de los Pagos bimestrales del Impuesto Sobre la Renta y en su caso de la o de las complementarias que Usted (es) haya (n) presentado, por el periodo sujeto a revisión. 3.- Copia legible del aviso de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como de los diferentes avisos de modificaciones al mismo. 4.- Impresión del registro de los ingresos, egresos, inversiones y deducciones, por el periodo sujeto a revisión. 5.- Documentación comprobatoria de Ingresos y Deducciones por el ejercicio sujeto a revisión. 6.- Copia y Original para su cotejo de Estados de Cuenta Bancarios por el periodo sujeto a revisión, señalando número de cuenta e institución bancaria. 7.- Papeles de trabajo bimestrales, que sirvieron de base para la determinación de los impuestos requeridos. Y proporcionarles todos los datos e informes que el mencionado personal requiera durante la diligencia y que tengan relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de la revisión. Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, con el objeto o propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales en relación con las contribuciones mencionadas. La revisión abarcará el periodo fiscal comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, por el que se hubieren presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones bimestrales. La documentación e información deberá presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, anexando copia de una identificación oficial de ese contribuyente o de su representante legal en el que conste la firma, en el caso del representante legal, anexar copia del documento legal que le otorgue dicha representación, haciendo referencia al número de este oficio, en esta Dirección Regional de Auditoría Fiscal "C" de la Subdirección General de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; con domicilio en Prolongación Miguel Hidalgo No. 1119 Colonia Las Fuentes C.P. 3804 en la ciudad de Celaya, Guanajuato, dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 53, inciso c), del mencionado Código Fiscal de la Federación. Se hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobación de conformidad con lo establecido en el artículo 48 primer párrafo, fracciones II y III del Código Fiscal de la Federación, dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción en los términos del artículo 85, fracción I, del Código citado, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, fracción I, del propio ordenamiento, asimismo se le informa que en caso de impedimento en el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación, esta autoridad podrá aplicar las medidas de apremio contenidas en el artículo 40 del referido Código. Finalmente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se le informa del derecho que tiene para corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la presente revisión y que los beneficios de ejercer el derecho citado se encuentran señalados en la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, la cual se entrega junto con la presente orden de revisión, de acuerdo con lo previsto en la fracción XII del artículo 2 de la Ley mencionada.(.)" Como se ve, en el oficio reclamado la autoridad responsable determinó ejercer sus facultades de comprobación para revisar documentación de la quejosa, por lo que debe tenerse presente el contenido de los artículos 42, primer párrafo, fracción II, y segundo párrafo, así como el 48, párrafo primero, fracciones I, II y III, y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que disponen: "Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para: (.) II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión. (.) Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente." "Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente: I. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento. II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los informes o documentos. III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante. (...) Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente." Como se ve, conforme al artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, en su primer párrafo, se regula lo relativo a la revisión de escritorio o gabinete al establecer el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la autoridad, excluyendo a las visitas domiciliarias. Además, que las autoridades fiscales están facultadas para llevar a cabo las revisiones de gabinete que se efectúan en las oficinas de la autoridad hacendaria, lo que se encuentra previsto en el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. De manera que tanto las revisiones de gabinete como las visitas domiciliarias, que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pertenecen a los actos de molestia, en términos del artículo 16 constitucional, por lo que deben estar fundadas y motivadas, a efecto de dar seguridad jurídica al gobernado. En relación con este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que la revisión de escritorio o de gabinete se rige por el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la emisión de una orden de tal naturaleza debe cumplir con lo previsto en dicho precepto de la ley suprema, que en materia tributaria se traduce en que debe estar contenida en un mandamiento escrito de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, lo cual implica que no sólo exprese la documentación que requiere, sino también la categoría que atribuye al gobernado a quien se dirige, cuál es la facultad que ejerce, la denominación de las contribuciones y el periodo a revisar, con el objeto de dar plena seguridad y certeza al causante y evitar el ejercicio indebido o excesivo de la atribución de revisión, en perjuicio de los particulares. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 68/2000, de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 261, del tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191343, de rubro y texto: "REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN RELATIVA, QUE SE RIGE POR EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, CONSTITUCIONAL, DEBE SEÑALAR NO SÓLO LA DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE, SINO TAMBIÉN LA CATEGORÍA DEL SUJETO (CONTRIBUYENTE, SOLIDARIO O TERCERO), LA CAUSA DEL REQUERIMIENTO Y, EN SU CASO, LOS TRIBUTOS A VERIFICAR. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que la orden de revisión de escritorio o de gabinete tiene su fundamento en el párrafo primero del artículo 16 constitucional; de ahí que la emisión de una orden de tal naturaleza debe cumplir con lo previsto en dicho precepto de la Ley Suprema, que en materia tributaria pormenoriza el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, esto es, que debe acatar el principio de fundamentación y motivación, conceptos que la anterior integración de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia 260, visible en la página 175, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro 'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.', definió en cuanto al primero, como la expresión del precepto legal o reglamentario aplicable al caso, y por lo segundo, el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, si conforme al artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la facultad de revisión de escritorio puede referirse a tres tipos de sujetos, que son el causante directo, el responsable solidario y el tercero relacionado con aquéllos, y su ejercicio puede derivar de distintos motivos, a saber: I. Verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales; II. Determinar tributos omitidos; III. Determinar créditos fiscales; IV. Comprobar la comisión de delitos fiscales; y, V. Proporcionar información a autoridades hacendarias diversas; ha de concluirse que la orden de revisión que al respecto se emita debe estar contenida en un mandamiento escrito de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, lo cual implica que no sólo exprese la documentación que requiere, sino también la categoría que atribuye al gobernado a quien se dirige, cuál es la facultad que ejerce, la denominación de las contribuciones y el periodo a revisar, con el objeto de dar plena seguridad y certeza al causante y evitar el ejercicio indebido o excesivo de la atribución de revisión, en perjuicio de los particulares." Sobre tales premisas, si la revisión de gabinete tiene como objeto que las autoridades fiscales comprueben que los contribuyentes, responsables solidarios, o terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso determinen las contribuciones omitidas o los créditos fiscales correspondientes; es indispensable que para su legalidad se colmen los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional, en relación con los preceptos 42, fracción II y 48, fracciones I, II y III y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Es decir, la orden de revisión de la autoridad fiscal deberá estar contenida en un mandamiento escrito de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, lo cual implica que no sólo exprese la documentación que requiere, sino también la categoría que atribuye al gobernado a quien se dirige, cuál es la facultad que ejerce, la denominación de las contribuciones y el periodo a revisar. En este punto, es importante destacar que en el tercer concepto de violación la parte quejosa señala que la responsable omitió señalar los preceptos legales que de manera específica le otorgan la facultad para revisar el impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta y no precisó su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorguen la atribución ejercida. Sin embargo, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, la autoridad responsable sí citó debidamente los fundamentos que la facultan para iniciar las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. En efecto, como se advierte de la transcripción realizada en párrafos que anteceden, la autoridad responsable citó, entre otros artículos, el 1°, 19, fracción IV, inciso e), 21, 23, 24, fracciones VI, XV, XX y XXI, 39, fracción V, 48, en relación al artículo 40, primer párrafo, fracciones II, V, VI, VII, VIII y XII, y segundo párrafo y 50 fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, que establecen: "Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular las facultades, la estructura y funcionamiento del órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración denominado Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. Artículo 19. El SATEG, para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus facultades contará con la siguiente estructura administrativa: (.) IV. Subdirección General de Auditoría Fiscal: (.) e) Dirección Regional de Auditoría Fiscal «C»: e.1 Coordinación Regional de Auditoria Fiscal «C». Artículo 21. Al frente de cada una de las Subdirecciones Generales habrá una persona titular, quien se encargará del estudio, tramitación y resolución de los asuntos que se señalan en el Reglamento Interior, quienes podrán auxiliarse de las personas servidoras públicas que requieran las necesidades del servicio y permita el presupuesto, tales como: direcciones regionales y de área, coordinaciones, jefaturas de oficina autorizadas, visitadoras, auditoras, inspectoras, notificadoras, verificadoras, actuarias fiscales, ministras ejecutoras y demás personas servidoras públicas que establezca el Reglamento Interior, así como los manuales de organización y funcionamiento del SATEG. Artículo 23. Al frente de cada una de las Direcciones de Área y de las Direcciones Regionales habrá una persona titular, quien se encargará del estudio, tramitación y resolución de los asuntos que se señalan en el Reglamento Interior, quienes podrán auxiliarse de las personas servidoras públicas que requieran las necesidades del servicio y permita el presupuesto, tales como: coordinaciones, jefaturas de oficina autorizadas, visitadoras, auditoras, inspectoras, notificadoras, verificadoras, actuarias fiscales, ministras ejecutoras y demás personas servidoras públicas que señala el Reglamento Interior, así como los manuales que emita el SATEG. Artículo 24. Las Direcciones de Área y Direcciones Regionales tienen las siguientes facultades genéricas: (.) VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquéllos que les sean señalados por delegación o que les corresponda por suplencia; (.) XV. Dar cumplimiento a las obligaciones, derivadas del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal o Municipal, que correspondan a su competencia; (.) XX. Designar y cambiar de adscripción o radicación, comisionar, reasignar o trasladar y demás acciones previstas en los ordenamientos aplicables, y conforme a los mismos, a las personas servidoras públicas a su cargo. Así como, facultar a las personas titulares de las coordinaciones, jefaturas de oficinas autorizadas, ministras ejecutoras, visitadoras, auditoras, inspectoras, notificadoras, verificadoras y actuarias fiscales; así como a las demás personas servidoras públicas necesarias para la práctica de los actos de su competencia; y XXI. Las demás que les confieran las disposiciones legales, reglamentarias, la Dirección General o la Subdirección General a la que estén adscritas, en ejercicio de sus facultades. Artículo 39. La Subdirección General de Auditoría Fiscal debe apoyar, coordinar y supervisar el trabajo de las siguientes Unidades Administrativas: (.) V. Dirección Regional de Auditoría Fiscal «C»: a) Coordinación Regional de Auditoria Fiscal «C». Artículo 48. Las Direcciones Regionales de Auditoría Fiscal «A», «B» y «C», además de las facultades genéricas, tienen las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XVIII, XXIX, XXXI, XXXV, XXXVI, XLII, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LVII, LVIII, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI y LXVII del artículo 40 del Reglamento Interior. Artículo 40. La Subdirección General de Auditoría Fiscal, además de las facultades genéricas, tiene las siguientes: (.) II. Ordenar y practicar en el domicilio fiscal o establecimientos de las personas contribuyentes, de las responsables solidarias y de las terceras con ellas relacionadas, así como en las oficinas de la autoridad fiscal, visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones y registro del valor de los actos o actividades que realicen con las personas en general en máquinas registradoras de comprobación fiscal o en los equipos electrónicos de registro fiscal autorizados, reponer dichos procedimientos y los demás actos que establezcan las disposiciones fiscales estatales y en su caso federales, cuando actúe como coordinada en materia fiscal federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos federales coordinados y contribuciones estatales; (.) V. Designar a las personas visitadoras, auditoras, inspectoras, notificadoras, verificadoras y actuarias fiscales; así como a las demás personas servidoras públicas del SATEG necesarias para la práctica de los actos de su competencia; VI. Requerir a las personas contribuyentes los avisos, manifestaciones y demás documentación que deban presentarse ante las autoridades fiscales, conforme a las disposiciones fiscales estatales y en su caso federales cuando actúe como coordinada en materia fiscal federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; VII. Requerir a las personas contribuyentes, responsables solidarias o terceras con ellas relacionadas, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades fiscales, su contabilidad, declaraciones y avisos, a efecto de llevar a cabo su revisión, conforme a las disposiciones fiscales estatales y en su caso federales cuando actúe como coordinada en materia fiscal federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; VIII. Requerir a las personas contribuyentes, responsables solidarias o terceras con ellas relacionadas, para que proporcionen los datos, documentos e informes, a fin de comprobar si han cumplido con las disposiciones fiscales a las que se encuentran afectos, en materia de impuestos federales coordinados y de contribuciones estatales; (.) XII. Notificar los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de comprobación y los actos en que se dejen sin efectos las órdenes de visitas domiciliarias, revisiones fiscales que se lleven en el domicilio de la autoridad fiscal, auditorías, inspecciones y demás actos de fiscalización, respecto de personas contribuyentes que se encuentren domiciliadas en la jurisdicción del Estado, de conformidad con las disposiciones fiscales estatales y en su caso federales cuando actúe como coordinada en materia fiscal federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; (.) Las facultades previstas en este artículo, relativas a las disposiciones estipuladas en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos, estarán referidas a los impuestos federales coordinados, con excepción de las contribuciones y aprovechamientos que deriven de la introducción al territorio nacional de mercancías y vehículos de procedencia extranjera. Artículo 50. La Subdirección General de Auditoría Fiscal, así como la Dirección de Procedimientos Legales de Fiscalización y la Dirección de Planeación de la Fiscalización adscritas a ésta, tendrán su sede en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, y ejercerán sus facultades en todo el territorio del Estado. Las Direcciones Regionales de Auditoría Fiscal «A», «B» y «C», ejercerán sus facultades dentro de la circunscripción territorial que se indica a continuación: (.) III. La Dirección Regional de Auditoría Fiscal «C», tendrá su sede en el municipio de Celaya y ejercerá sus facultades dentro de la circunscripción territorial que comprende los municipios de Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Doctor Mora, Jerécuaro, Salvatierra, San José lturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Victoria y Xichú." De los artículos transcritos se desprende que la directora regional de Auditoria Fiscal "C" de la Subdirección General de Auditoria Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, cuenta con competencia territorial y material para emitir la orden de revisión de gabinete reclamada, en tanto que se le faculta para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban la contabilidad y proporcionen la documentación, datos e informes que sean necesarios para el ejercicio de la facultad de comprobación. De aquí que, si la autoridad responsable fundó debidamente su competencia para emitir el acto reclamado, es válido afirmar que resultan infundados los planteamientos de la parte quejosa en ese sentido. No pasa inadvertido que la justiciable en su segundo concepto de violación sostenga que la autoridad responsable se encontraba obligada a fundar su actuar también en los artículos 19 y 24, fracción II, incisos b) y c) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, que previenen las facultades específicas como autoridad fiscal al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, como órgano desconcentrado con el que cuenta la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración, ya que para no dejar en estado de indefensión a los gobernados, es suficiente que todo acto de autoridad se emita por quien esté facultado para ello, expresando el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación, lo que, como se dijo, quedó evidenciado con los preceptos que para tal efecto señaló la responsable. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 10/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, mayo de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 205463, de rubro y texto: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria." En otro aspecto, en el concepto de violación cuarto, la parte quejosa sostiene, esencialmente, que en el acto reclamado no se fundó debidamente el objeto de la orden de visita domiciliaria reclamada, ya que se omitió precisar el fundamento de los tributos a revisar, esto es, no se citó ningún numeral de las legislaciones que prevén las contribuciones federales del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta que se revisará. Es infundado el argumento sintetizado. A fin de evidenciar lo anterior, debe decirse nuevamente que el derecho humano de fundamentación reconocido en el artículo 16, párrafo primero, constitucional, exige que en los actos de molestia la autoridad funde la causa legal del procedimiento. El alto tribunal ha sido prolijo en definir que el alcance de dicho derecho impone a la autoridad el deber expresar, como parte medular del acto de molestia, los fundamentos legales que sean su base jurídica. Así, el derecho humano de fundamentación tiene como presupuesto el que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permita; de suerte que, desde esta perspectiva, lo que la norma fundamental exige es citar las disposiciones que sean la fuente normativa indispensable para justificarlo, es decir, aquellos sin los cuales no podría asumirse que la acción gubernamental está autorizada por el derecho. Conforme a lo expuesto, el deber constitucional de fundar los actos de autoridad no exige la cita de todos los preceptos que de manera directa o indirecta, pudieran estarles relacionados, sino sólo de los que sustancialmente autoricen su emisión. Lo que a su vez permitirá al particular el ejercicio de una defensa adecuada en caso de que estime que los actos de autoridad no se apegan a las disposiciones en que se fundan. Sirve de apoyo la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 163-168, Tercera Parte, página 9, con número de registro 237523, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE MOLESTIA. DEBEN SER EFECTUADOS POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE LOS FUNDE Y MOTIVE. La interpretación correcta de la garantía individual de legalidad que consagra el artículo 16 de la Constitución General de la República, respecto de los actos de molestia, es de que, como requisitos imprescindibles, sean efectuados por autoridad competente y que ésta funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe expresar, como parte medular, los fundamentos legales que le den base jurídica al acto, pues de lo contrario adolece de incorrecta fundamentación al no invocarse el precepto normativo debido, que faculte a la autoridad para realizarlo". Ahora bien, como se ha dicho, la revisión de gabinete, para que cumpla con el artículo 16 Constitucional y los numerales 42, fracción II y 48, fracciones I, II y III y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, debe estar contenida en un mandamiento escrito de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, lo cual implica que no sólo exprese la documentación que requiere, sino también la categoría que atribuye al gobernado a quien se dirige, cuál es la facultad que ejerce, la denominación de las contribuciones y el periodo a revisar. En la especie, en la reclamada orden de revisión de gabinete (transcrita en supralíneas) se advierte que: i) consta por escrito, ii) fue emitido por la Directora Regional de Auditoría Fiscal "C" de la Subdirección General de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; iii) citó los artículos 42, párrafos primero fracción II y segundo; y 48, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la Federación; iv) se precisó que la diversa documentación e información que solicitaba, la parte quejosa la debía presentar ante la propia autoridad en el domicilio ahí mencionado; v) indicó que la documentación e información solicitada se consideraba necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la quejosa como sujeto directo y como retenedor, en materia de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado; vi) señaló que la revisión abarcaría el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; y, vii) al calce del documento obra la firma de la autoridad emisora. De lo expuesto se advierte que, a consideración del suscrito juzgador, el oficio reclamado cumple con los requisitos previstos en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación5; asimismo, que la responsable en cumplimiento al principio de legalidad en su vertiente de fundamentación y motivación, citó los artículos que la facultan para llevar a cabo la revisión de gabinete, manifestó expresamente el objeto material y temporal de la misma, de igual forma, firmó el oficio en cuestión. Por otra parte, cabe recordar que el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación dispone que las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones 5 "Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos: I. Constar por escrito en documento impreso o digital. Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente o por medio del buzón tributario, deberán transmitirse codificados a los destinatarios. II. Señalar la autoridad que lo emite. III. Señalar lugar y fecha de emisión. IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. V. Ostentar la firma del funcionario competente. En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. VI. Señalar el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. Para la emisión y regulación de la firma electrónica avanzada de los funcionarios pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria, serán aplicables las disposiciones previstas en el Capítulo Segundo, del Título I denominado "De los Medios Electrónicos" de este ordenamiento. En caso de resoluciones administrativas que consten en documentos impresos, el funcionario competente podrá expresar su voluntad para emitir la resolución plasmando en el documento impreso un sello expresado en caracteres, generado mediante el uso de su firma electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución. Para dichos efectos, la impresión de caracteres consistente en el sello resultado del acto de firmar con la firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, que se encuentre contenida en el documento impreso, producirá los mismos efectos que las Leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. Asimismo, la integridad y autoría del documento impreso que contenga la impresión del sello resultado de la firma electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, será verificable mediante el método de remisión al documento original con la clave pública del autor. El Servicio de Administración Tributaria establecerá los medios a través de los cuales se podrá comprobar la integridad y autoría del documento señalado en el párrafo anterior. Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad. Adicionalmente, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, podrán utilizar su firma electrónica avanzada en cualquier documento que emitan en ejercicio de sus atribuciones, además de las resoluciones administrativas que se deban notificar, siendo aplicable para tal efecto lo dispuesto en los párrafos segundo a sexto del presente artículo." fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión. El mismo artículo 42 señala que en el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo la revisión de gabinete y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales, se acrediten o compensen saldos a favor o pago de lo indebido o se apliquen estímulos o subsidios fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria con la que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de dichos conceptos, según se trate, independientemente del ejercicio en que se hayan originado aquéllos, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación. Por otro lado, el artículo 48 del código tributario prevé que cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a que los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante (fracción III). Asimismo, el citado precepto 48 refiere que para los efectos del primer párrafo del propio artículo, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente. En este orden de ideas, es válido afirmar que en la revisión de gabinete la autoridad fiscalizadora, además de la contabilidad, se encuentra facultada para requerir al contribuyente informes, datos u otros documentos, siendo estos últimos aquellos que sin formar parte de la contabilidad, sirven o pueden servir para demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Es importante señalar que, no cualquier informe, dato u otro documento, se encuentra comprendido en lo que permiten los artículos 42 y 48 del Código Fiscal de la Federación, para el ejercicio de la revisión de gabinete, sino sólo entran en esas categorías, la documentación y/o información que tiene una relación directa con el cumplimiento de las obligaciones fiscales; es decir, queda fuera lo que no sea útil para ese fin, como un título profesional del contribuyente o el acta de nacimiento, etcétera. Sentado lo anterior, a consideración de este órgano jurisdiccional, la orden de revisión de gabinete reclamada cumple con los requisitos de legalidad, en virtud de que la autoridad dejó claro a la quejosa que se trataba de una revisión de gabinete, así como la categoría que se atribuía, la denominación de las contribuciones y el periodo a revisar. Además, la autoridad responsable señaló la documentación que requería necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como lo es la relacionada con ingresos, egresos, inversiones, deducciones, entre otros. Por ende, contrario a lo que argumenta la quejosa, la autoridad detalló de manera específica la información solicitada en relación con el periodo a revisar y no de modo genérico. Aunado a que la forma y condiciones en que aquello sea exhibido no constituye un requisito vinculado con la debida fundamentación y motivación de la orden de revisión de gabinete, puesto que, de acuerdo con el artículo 16 Constitucional y los numerales 42 y 48 del Código Fiscal de la Federación, en la expresión de la documentación y/ o información que se requiera en la orden de revisión, no hay mayor limitante que ello tenga relación directa con el cumplimiento de las obligaciones fiscales a revisar. En razón de que, pretender limitar o constreñir a la autoridad en el modo en que debe solicitar la información y/o documentación señalada en la orden de revisión de gabinete -que se consideró relacionada directamente con el cumplimiento de las obligaciones fiscales-, se traduciría en llegar al extremo de menoscabar su libre apreciación de los hechos, siendo que en dicho acto inicial de molestia la situación fiscal del contribuyente se encuentra en una etapa preliminar, en tanto que el motivo del ejercicio de la facultad de comprobación, es conocer la verdadera situación particular de aquél, para que a partir de lo que se conozca se determine si se actualiza o no el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Es por ello, que guarda congruencia que el legislador facultó a la autoridad a requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su facultad de comprobación, sin condicionar a una determinada forma en que deberá solicitar la presentación o exhibición de la documentación y/o información que requiera. De manera que, en caso de estimar el contribuyente que no tiene el deber jurídico de presentar o exhibir la documentación y/o información en los términos requeridos en la orden de revisión de gabinete, así lo podrá informar a la autoridad fiscalizadora, para que determine lo que en derecho corresponda. De igual forma, cabe precisar que si bien la autoridad responsable está facultada para solicitar diversa documentación a los contribuyentes relacionada a diversos ejercicios fiscales, lo cierto es que dicha solicitud no implica dejarlos en estado de indefensión por requerirle información de difícil obtención, pues en términos del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes están obligados a conservar su información durante un plazo de cinco años. Aunado a que si bien la autoridad fiscalizadora está en aptitud de solicitar nuevamente información al contribuyente que ya obra en su poder, debe tenerse presente que la finalidad del ejercicio de la facultad de comprobación es, precisamente, que la autoridad se allegue de la información y/o documentación a fin de poder analizar la situación específica del contribuyente, para que de ser el caso a partir de aquélla que conozca emita el oficio de observaciones correspondiente, en el cual hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente. Lo cual, podrá desvirtuar la parte quejosa presentando los documentos, libros o registros conducentes para ello; y, de dictarse una resolución contraria a sus intereses, podrá controvertir la legalidad de esa determinación a través del medio de impugnación procedente. Ahora, por lo que hace a los argumentos relacionados con su primer concepto de violación, respecto a que la orden de revisión de gabinete reclamada carece de debida fundamentación y motivación, pues la responsable violó lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, así como el numeral 38, fracción IV y V, del Código Fiscal de la Federación, ya que la Dirección de Auditoria Fiscal no tiene conferida la atribución en el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, para llevar a cabo la revisión de los datos y documentos en sus oficinas, resulta inoperante. Lo anterior es así, ya que la quejosa parte de una premisa errónea ya que la autoridad responsable no debe tener conferida la atribución en el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, ya que su competencia radica en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 175, Tercera Parte, de fecha 1 de septiembre de 2020, en vigor, como bien lo señaló la autoridad responsable. En consecuencia, al ser infundados e inoperantes los conceptos de violación expresados por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***************** en contra de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la subdirectora General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato (SATEG), órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del estado de Guanajuato, en representación de la autoridad responsable Dirección Regional de Auditoría Fiscal "C", de la Subdirección General de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato; por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de veintiuno de julio del año en curso, proporciona la información solicitada y señala que remite copia certificada de las constancias relativas al expediente ********. En consecuencia, acorde con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo; se tienen por ofrecidas, exhibidas y se admiten las pruebas documentales que remite la autoridad oficiante; con ellas, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y relaciónense en la audiencia constitucional.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que se está en espera de que la autoridad responsable directora Regional de Auditoria Fiscal "C" de la Subdirección General de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, remita a este órgano jurisdiccional el informe y constancias que le fueron requeridas. Atento a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y se señalan las trece horas con diez minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, para su desahogo.
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