Sebastian Vargas Vargas
Expediente 145/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sebastian Vargas Vargas
Actuaciones
- Principal
Agréguense a los autos el oficio que suscribe la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado, sede Salvatierra, base Cortazar, mediante el que acusa recibo del diverso comunicado por virtud del cual le fue devuelta la documental que exhibió con su informe justificado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veinte, que por una parte sobreseyó en el presente juicio de amparo y, por otra, negó el amparo y protección e la justicia federal, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) respectivamente, de la disposición administrativa en cita, tanto el original del incidente de suspensión relativo, como el presente expediente son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia de la unión, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído, así como las determinaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar en el incidente de suspensión respectivo, en su caso, de su violación o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, al resultar innecesario retener la prueba documental que el juez responsable remitió como sustento de su informe justificado, un disco versátil digital (D.V.D), allegado por el juez responsable, se ordena la devolución de esa documental; en el entendido que es innecesario requerir el acuse de recibo respectivo al juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Cortazar.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 145/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado a este juzgado federal en la misma fecha, Sebastián Vargas Vargas, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra los actos y autoridades que a continuación se transcriben: "IV.- ACTO RECLAMADO. De las autoridades mencionadas como Ordenadoras, la ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas." III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORAS: A) C. Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, con residencia en la ciudad de Cortazar, Guanajuato, con domicilio bien conocido en calle Camerina número 300, Colonia Cerrito Colorado, de la ciudad de Cortazar, Guanajuato. B) C. Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, con residencia en la ciudad de Celaya, Guanajuato, con domicilio bien conocido en calle Nochebuena número 301, Colonia Las Flores, Celaya. EJECUTORAS A) Jefe de Célula de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia en la ciudad de Cortazar, Guanajuato. Con domicilio bien conocido en Calle Camerina s/n, Colonia Cerrito Colorado, de la Ciudad de Cortazar, Guanajuato. B) Jefe de Célula Especializada en Investigación de Homicidios de la Dirección General de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado en la Ciudad de Celaya, Guanajuato. Con domicilio bien conocido en calle Heliotropo, Colonia Las Flores, de la Ciudad de Celaya, Guanajuato." En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, el que por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, admitió la demanda; formó el expediente y lo registró bajo el número 145/2020; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En el propio auto de radicación se ordenó al juez responsable respecto del cual fueran ciertos los actos reclamados, practicara los emplazamientos de los terceros interesados. Por tanto, mediante proveído de cinco de junio de la presente anualidad, se tuvo a la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado, Sede Salvatierra, base Cortazar, remitiendo las constancias de emplazamiento del agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal de donde deriva la orden de aprehensión reclamada; de José Arturo Vega Aboytes, así como de María del Pilar Peña Tovar, ambos en calidad de representantes jurídicos de las víctimas (fojas 37 a 41 vuelta). De igual modo, se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse una orden de aprehensión que tiene efectos de ejecución dentro del ámbito territorial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda de amparo y de su escrito ampliatorio, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: i) La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en la causa penal 1P1019-38 del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Salvatierra, base de Cortazar, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto por los artículos 138, 140 con relación al 153, fracción I, párrafo segundo, ello por lo que hace a la ventaja, 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal del estado de Guanajuato, en agravio del menor que en vida respondió al nombre de iniciales C.E.M.P., así como por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto por los artículos 138, 140, con relación al 153, fracción I, párrafo segundo, por lo que hace a la ventaja, 13, 18 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, del código punitivo para esta entidad federativa en agravio del menor de iniciales B.A.M.P.; y, ii) En vía de consecuencia, la inminente ejecución de dicha orden de captura. Actos reclamados a las siguientes autoridades: Ordenadoras 1. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Salvatierra, base Cortazar. 2. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede y base Salvatierra -denominación correcta de la señalada por la parte quejosa como juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Salvatierra, con residencia en Celaya-. Ejecutoras 3. Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con sede en Cortazar, Guanajuato; y 4. Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones Especializado en Investigación de Homicidios, de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados y sobreseimiento. La autoridad responsable juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede y base en Salvatierra, negó la existencia del acto que la parte quejosa le atribuyó. Por tanto, si el quejoso no ofreció prueba alguna para desvirtuar la negativa de la autoridad en cita, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Luego, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable en comento, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, exclusivamente por lo que ve al acto de la autoridad, ambos precisados en este considerando. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Salvatierra, base Cortazar (fojas 42 y vuelta), así como al jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones Especializado en Investigación de Homicidios, de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad (foja 14), pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de la orden de captura reclamada se robustece con la constancia que acompañó el juez responsable a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictó el acto reclamado en forma destacada, y algunos de los archivos digitales con los que cuenta la causa penal de origen; documental a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que es una diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como una prueba documental pública lato sensu. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, la diversa autoridad responsable jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con sede en Cortazar, Guanajuato negó la existencia del acto que le atribuyeron. Sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada, en atención a que esta autoridad fue señalada como responsable ejecutora; luego, como la autoridad judicial ordenadora aceptó la existencia del mandamiento de captura cuestionado, entonces es incuestionable la existencia de los actos atribuidos a las ejecutoras. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación son infundados. En el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal 1P1019-38 del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, sede Salvatierra, base Cortazar, en la que se dictó la orden de aprehensión reclamada. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por el juez responsable se encuentra ajustada a Derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por la parte quejosa, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano de los peticionarios del amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a la parte quejosa, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos de la parte quejosa, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Precisado lo anterior, en sus conceptos de violación la parte quejosa esgrime: I. En el punto "I", del capítulo "conceptos de violación", del escrito inicial de demanda, la parte quejosa, en esencia y en atención a la causa de pedir, expresa que se vulneró el artículo 14 constitucional, pues se le pretende privar de su libertad sin que se hayan respetado las formalidades inmersas en el precepto constitucional en cita -garantía de audiencia o debido proceso-. El planteamiento a trato es infundado. En efecto, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la orden de aprehensión constituye un acto de molestia -no así de privación-, por lo cual no se rige por la prerrogativa reconocida por el artículo 14 constitucional, relativa a la garantía de audiencia. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que las solicitudes, entre otras, de órdenes de aprehensión, se dictarán cuando existe necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que se evada a la acción de la justicia, por tanto, no transgrede el principio citado, pues acorde con el marco legal aludido, es innecesario, que en esos casos, exista audiencia previa. Máxime, que la orden de aprehensión se rige por el artículo 16 constitucional, y no por el diverso 14 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.6o.P.86 P (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia". II. En el punto "II", del capítulo "conceptos de violación", del escrito de demanda, la parte quejosa expresa, sustancialmente, que la orden de aprehensión infringe el artículo 16 constitucional. El anterior planteamiento es infundado. Respecto del mandamiento de captura reclamado, es pertinente precisar que el mismo se encuentra regulado por lo dispuesto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los siguientes términos: "Articulo 16. "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." ". No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". En relación a los requisitos de la orden de aprehensión, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en sus artículos 141, 142 y 143, lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. (.). "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De los artículos mencionados, se desprenden los requisitos que debe observar una autoridad judicial para el dictado de una orden de aprehensión, a saber: a) El mandamiento de aprehensión sea emitido por autoridad judicial competente. b) Debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que sea sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. e) Se acredite la necesidad de cautela. Ahora, quien esto resuelve, estima que los requisitos señalados, para el dictado de una orden de aprehensión, en la especie, se encuentran colmados, como enseguida se verá. En efecto, el primer requisito, se satisface, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por autoridad competente como es la juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, sede Salvatierra, base Cortazar, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, pues los hechos sometidos a su conocimiento, acontecieron en Cortazar, Guanajuato, en donde ejerce jurisdicción. En ese orden, se satisface el segundo de los requisitos necesarios, para que se gire una orden de aprehensión, como lo es, la denuncia de un hecho que la ley señala como delito, presentada tanto por el menor de nombre con iniciales B.A.M.P., como por María del Pilar Peña Tovar, madre de los menores de edad víctimas del delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Tales delitos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 138, 140, con relación al 153, fracción I, párrafo segundo, en relación con los diversos 18, 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, tienen establecido una pena privativa de libertad. Corrobora lo expuesto, la siguiente transcripción: "Artículo 13.- Obra dolosamente quien quiere la realización del hecho legalmente tipificado o lo acepta, previéndolo al menos como posible." "Artículo 18.- Hay tentativa punible cuando con la finalidad de cometer un delito se realizan actos u omisiones idóneos dirigidos inequívocamente a consumarlo, si el resultado no se produce o se interrumpe la conducta por causas ajenas a la voluntad del activo. La punibilidad aplicable será de un medio del mínimo a un medio del máximo de la sanción que correspondería al delito si éste se hubiera consumado. Si el autor desistiere o impidiere voluntariamente la producción del resultado, no se impondrá sanción alguna, a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismos delito." "Artículo 20.- Es autor del delito quien lo realiza por sí, por medio de otro que actúa sin incurrir en delito o con varios en común. Es partícipe quien sea instigador o cómplice. La punibilidad aplicable al autor podrá agravarse hasta un tercio, cuando realice el delito por medio de un menor de dieciséis años o de una persona incapaz." "Artículo 138.- Comete homicidio quien priva de la vida a otro." "Artículo 140.- Al responsable de homicidio calificado se le impondrá de veinticinco a treinta y cinco años de prisión y de doscientos cincuenta a trescientos cincuenta días multa." "Artículo 153.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados cuando: I. Se cometan con premeditación, alevosía, ventaja o traición. Hay premeditación cuando se obra después de haber reflexionado sobre el delito que se va a cometer. Hay ventaja cuando el activo no corre riesgo de ser muerto ni lesionado por el pasivo. Hay alevosía cuando se sorprende al pasivo, anulando su defensa. Hay traición cuando se viola la fe o la seguridad que la víctima debía esperar del activo. (.)" Por lo que si los delitos de referencia tienen previstas sendas penas privativas de libertad, con ello se satisface el tercero de los requisitos que -constitucional y legalmente- se exigen, para que se gire una orden de aprehensión. Asimismo, como datos de prueba -de acuerdo a lo que se advierte del audio y video de la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve-, que demuestran la existencia de sendos hechos que la ley señala como delitos, así como la probabilidad de que el quejoso los cometió, por los que se giró la orden de aprehensión, se advierten los siguientes: 1. Denuncia formulada por el menor de edad de nombre con iniciales B.A.M.P., con asistencia de su madre María del Pilar Peña Tovar, quien expresó que el cuatro de julio de dos mil dieciocho, alrededor de la cero horas con treinta minutos que se encontraba con su padre de nombre Juan Carlos Martínez Rodríguez y su hermano de nombre con iniciales C.E.M.P., en el interior de su domicilio ubicado en calle Nogal número trescientos once, colonia del Valle de Cortazar, Guanajuato sentados en la sala; que se escuchó un ruido fuerte en el portón y entraron varios elementos de la policía municipal de esa localidad y comenzaron a golpearlos con macanas, y posteriormente los trasladaron a barandilla -al denunciante con su hermano en una unidad de policía y a su papá en una diversa unidad-; que ya estando en ese lugar, los encerraron en una celda, los mojaron y golpearon con una tabla en el cuerpo; ahí se percató que su hermano ya estaba mal; que luego los subieron -a su hermano y al declarante- nuevamente a una unidad, y refiere que después de aproximadamente cuarenta y cinco minutos de camino la unidad detuvo su marcha; que ahí los bajaron y los tiraron entre los matorrales y les dijeron que no se movieran; que cuando el menor se percató que ya se había retirado la unidad de policía, revisó a su hermano y se dio cuenta que seguía mal, razón por la que caminó en busca de ayuda hasta que localizó a una ambulancia en la que trasladaron a su hermano y a él mismo; sin embargo, su hermano murió en el Hospital Comunitario del municipio por las lesiones que sufrió. El menor también precisó que tiene una tía de nombre María Guadalupe, hermana de su papá; que dicha tía y su papá tenían problemas de diferentes tipos; que su tía comenzó una relación con un policía de Cortazar de nombre Héctor Hugo Ramírez Peña alias "El Satán", y que este había ido en varias ocasiones al domicilio del declarante, donde hablaba con él y con su hermano. Agregó que "El Satán" se hacía acompañar de otro sujeto de nombre Jesús Trejo Gómez, alías "El Trejo". Que el día de los hechos, cuando entraron al domicilio, traían la cara tapada y el denunciante reconoció las voces de "El Satan" y de "El Trejo"; que este último le dijo a su hermano "te voy a matar escuincle" y comenzó a golpearlo con una pistola que llevaba en la mano y con macanas en las costillas. 2. Denuncia de María del Pilar Peña Tovar, madre de los menores víctimas de los delitos, quien refirió desconocer la mecánica de los hechos por no haber estado presente pero identificó como su hijo al menor de nombre con iniciales C.E.M.P. 3. Entrevistas de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cortazar, Guanajuato Alberto Miranda García y Samuel Aguilar Puente, quienes manifestaron que eran elementos adscritos a dicha corporación; que en las primeras horas del cuatro de julio de dos mil dieciocho, recibieron un reporte de un conflicto en una calle cercana -en la ciudad de Cortazar-; que al llegar a la calle Nogal, en la mencionada ciudad, advirtieron la presencia de varias patrullas de la policía, razón por la que ya no se acercaron pues pensaron que el reporte ya había sido atendido por esos compañeros policiacos. Que más tarde, alrededor de las cuatro treinta de la madrugada, regresaron a barandilla en virtud de que Samuel necesitaba ir al baño y que por tal motivo se percataron que en el área de celdas estaban dos menores de edad encerrados. 4. Informe de necropsia número 1053/2018 suscrito por el perito médico David Briseño Pagua, practicado al menor que en vida respondió al nombre con iniciales C.E.M.P. a las trece horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil dieciocho, en el que refirió que encontró dieciséis lesiones, y concluyó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico, determinando como hora y fecha de la muerte entre las ocho y las diez de la mañana del cuatro de julio de dos mil dieciocho. 5. Informe de lesiones número 3161/2018, suscrito por el perito médico Javier Servín Martínez, quien refirió que el menor de nombre con iniciales B.A.M.P. presentó cuatro lesiones, realizadas con objetos contusos, que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar hasta quince días. 6. Informe criminalístico número 13838/2018, suscrito por el perito Francisco Javier García Guzmán, quien se apersonó en el domicilio ubicado en calle Nogal número trescientos once, colonia Valle de Cortazar, en Cortazar, Guanajuato, donde realizó fijación de cinco indicios, que fueron los siguientes: Par de huellas de fricción de neumáticos; Daños al portón de acceso con incrustaciones de hule color negro; Desplazamiento del mazo del portón de la casa; Fragmentos de micas plásticas color rojo, así como moldura plástica negra y fragmentos de partes automotrices; Daños en la puerta de acceso a la sala-comedor; Una silla encontrada en posición "anormal". 7. Informa de fijación de indicios en la carretera a la Gavia-Arreguín de Arriba, municipio de Cortazar, Guanajuato. 8. Informe criminalístico número 13917/2018, suscrito por José Antonio Martínez Torres, quien fijó la obtención de dieciséis indicios en la celda de barandilla en Cortazar, Guanajuato, todas consistentes en manchas rojas localizadas en muro interior de la celda y baño. 9. Informe número 82863/2019, suscrito por el perito Luciano Brazo Olivo el dos de julio de dos mil diecinueve, quien se constituyó en los patios de la dirección de Seguridad Pública Municipal de Cortazar, Guanajuato, donde tuvo a la vista varias unidades de policía, con las que realizó estudios comparativos de partes automotrices y concluyó que la unidad 321 presentó plena correspondencia con las fracturas de piezas de mica plástica color rojo localizadas en el domicilio mencionado, relativas a las micas de unidades de luz posterior derecha e izquierda; por tanto, de forma concluyente afirmó que las piezas remitidas como indicio "3" por el perito Francisco Javier García Guzmán pertenecen a las micas de la unidad 321, dado que no puede repetirse el mismo patrón de fractura. 10. Informe 1696/2018, suscrito por Pedro Ángel Pérez Camacho, encargado del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Cortazar, Guanajuato, que contiene copia del control operativo relativo al turno que corrió del tres al cuatro de julio de dos mil dieciocho, en un horario de veinticuatro horas, (de 8:00 am a 8:00 am), en el que se advierte que la patrulla número 321 o M-3, estuvo a cargo de los elementos Sebastián Vargas Vargas -aquí quejoso- y Luis Alberto Ortega López. Lo que implica, que tales datos de prueba, evidencian la existencia de sendos hechos que la ley señala como delito homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa y que existe la probabilidad de que el hoy quejoso participó en su comisión, y con ello, se satisface, el cuarto de los requisitos indispensables para que se gire una orden de aprehensión. Lo anterior es así, puesto que, como bien lo señaló el juez responsable, de tales datos de prueba se obtiene que los sujetos activos realizaron actos idóneos en contra de los menores de edad con identidad reservada e iniciales C.E.M.P y B.A.M.P., dirigidos inequívocamente a privarlos de la vida, estos actos consistieron en utilización de objetos contusos para golpear a los pasivos en sus cuerpos; golpes de los cuales no cabe duda que estaban destinados a causarles la muerte, pues algunos de estos fueron en la cabeza del pasivo occiso, lo que incluso le provocaron un traumatismo craneoencefálico, lo que generó su muerte. Dichos actos son idóneos e inequívocamente dirigidos a consumar el delito de homicidio, pues tienen la capacidad de producir la muerte de una persona; sin que en uno de los pasivos se haya consumado el resultado de privarlo de la vida, lo que da origen a un delito de tentativa, tal como lo estimó la juez del conocimiento primario. En ese orden, como correctamente lo consideró la juez de control, los actos atribuidos fueron cometidos de manera dolosa, pues no se advierte otro tipo de actuación, sino con intención de verificar la conducta, y carácter de coautores materiales. Asimismo, que hasta esta etapa procesal, no se actualiza alguna causa de exclusión del delito o extinción de la acción (artículo 33 del Código Penal para el Estado de Guanajuato y 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente). Además, el juez de control precisó que la necesidad de cautela que establece el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer comparecer a los inculpados -entre ellos el hoy quejoso-, a través de una orden de aprehensión, para que les sea formulada la imputación; lo que se encuentra justificado, en virtud de una circunstancia esencial: La pena de prisión que en su caso tiene que soportar el aquí agraviado, en el supuesto de ser sentenciado (que en su máxima punibilidad corresponde a treinta y cinco años de prisión). En ese orden de ideas, el juez estimó que a raíz de esas circunstancias, es muy probable que el quejoso no se presente de manera voluntaria a enfrentar los cargos imputados. De ahí que se cumpla el quinto y último los requisitos señalados. En ese contexto, se evidencia que en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera jurídicamente correcto, que se girara la orden de aprehensión en contra del imputado hoy quejoso, por la probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto por los artículos 138, 140 con relación al 153, fracción I, párrafo segundo, ello por lo que hace a la ventaja, 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal del estado de Guanajuato, en agravio del menor que en vida respondió al nombre de iniciales C.E.M.P., así como por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto por los artículos 138, 140, con relación al 153, fracción I, párrafo segundo, por lo que hace a la ventaja, 13, 18 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, del código punitivo para esta entidad federativa en agravio del menor de iniciales B.A.M.P. Máxime que respecto de la orden de aprehensión, de una correcta y sana crítica de los datos de prueba anteriormente relacionados, observando las reglas de la lógica y la valoración de aquellos elementos (en lo individual y global), que han servido de basamento, y que llevan a establecer, que son suficientes para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito, e incluso, la probable comisión por parte del aquí quejoso. Lo que denota que el juez de control responsable sí fundó y motivó debidamente la resolución reclamada que dictó el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la subyacente causa penal 1P1019-38. Así, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª/J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los siguientes términos: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.". En esa tesitura, se estima apegada a derecho la resolución materia del acto reclamado, puesto que, al menos por ahora, existen datos de prueba que evidencian la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio, respectivamente, de los menores de edad de iniciales C.E.M.P. y B.A.M.P., lo cual es jurídicamente suficiente, para sustentar la orden de aprehensión, toda vez que, en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, solo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. En otro aspecto, cabe destacar que -respecto a la valoración de los datos de prueba-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010 (de donde derivó la invocada jurisprudencia1ª./J. 64/201), determinó que los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión conforme al sistema procesal penal de corte acusatorio, no son los mismos que se exigían anteriormente (sistema tradicional o mixto). El Alto Tribunal del País (Primera Sala) consideró que desde la reforma constitucional de dos mil ocho, se determinó la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose solo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió. También sostuvo que se impide a los jueces del proceso oral revisar las actuaciones realizadas en la indagatoria para que no prejuzguen, en atención al principio de igualdad y contradicción. De manera que la base resulta ser la razonabilidad de los argumentos del Ministerio Público. En concordancia con lo anterior, cabe reiterar que en el Código Nacional de Procedimientos Penales ha sido establecido que la orden de aprehensión se debe dictar conforme a datos y la solicitud en la relación de hechos sustentados en los registros correspondientes. Así, para el dictado de una orden de aprehensión basta que el Ministerio Público mencione los datos de la carpeta de investigación y relacione los hechos con los registros correspondientes, lo que se garantiza con el principio de lealtad procesal que rige su actuación, conforme al artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del mismo modo, se establecieron como características de la carpeta de investigación, las siguientes: 1. Que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permiten fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del juez. 2. Por ello, el valor probatorio de los datos contenidos en la carpeta de investigación no se impone por la ley, pues corresponderá al juzgador en la etapa correspondiente, otorgárselo o negárselo, frente a cualquier otro dato que se ofrezca por el imputado con el fin de contradecir aquellos. También se precisó que la función del juez de control es verificar o controlar la investigación que se realiza previamente al juicio, velando por la protección o ejercicio de los derechos de todas las partes e intervinientes, a fin de evitar la afectación de un derecho fundamental y resolver con objetividad todos los conflictos que se presentan entre estos en dicha etapa y para tal efecto presidirá y presenciará en su integridad el desarrollo de las audiencias, sin que pueda delegar sus funciones. De lo que se obtiene que se flexibilizaron los requisitos y se disminuyó la exigencia probatoria para conceder una orden de aprehensión. Sin embargo, se debe destacar, que ello no implica que el órgano de control al emitir su determinación incurra en vaguedad, pues el objeto de la motivación en las resoluciones judiciales es permitir al ciudadano conocer las razones de la afectación que se le impone y garantizar su control a través de las instancias de impugnación correspondientes. De manera que no obstante que el juez de origen no cuente con la carpeta de investigación, sino solo con el relato realizado por el Ministerio Público al solicitar la emisión de orden de aprehensión, ello no es motivo para que la autoridad judicial soslaye señalar cuáles son los hechos que se le atribuyen al inculpado y que están señalados como delito por la ley. De tal manera que a fin de cumplir con la debida motivación de la orden de aprehensión que se reclama, el juzgador debe señalar en la resolución correspondiente cuáles son los hechos que se atribuyen al implicado y que la ley considera como delitos sancionados con pena privativa de libertad y la posibilidad de su participación en la comisión de los mismos. Máxime que de conformidad con la parte final del tercer párrafo del artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control no concederá la orden de aprehensión cuando los hechos que señale el Ministerio Público no resulten constitutivos de delito, lo que de suyo implica el mandato para que la autoridad judicial analice los hechos expuestos por la autoridad investigadora de conformidad con los datos de prueba a fin de que pueda establecerse la comisión de ese hecho y la probable intervención del aquí quejoso en el mismo. Exigencias que este órgano federal estima satisfechas, pues con base en los datos de prueba relacionados por el representante social, el juez consideró que aquellos establecen razonablemente que se cometieron los hechos considerados por la ley como delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, y la probabilidad que el imputado lo cometió o participaron en su comisión; tal como se precisó en párrafos que anteceden. De ahí lo infundado del motivo de inconformidad en examen. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, en contra de la resolución reclamada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por xxxxxxxx, en contra del acto reclamado al juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede y base en Salvatierra; por lo expuesto en el tercer considerando de este fallo. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxxxx, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, indicados en considerando segundo -con excepción del juez mencionado en el resolutivo que antecede-; por las razones que expuestas en el último considerando de este fallo.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de nueve de noviembre de dos mil veinte, cuyos resolutivos son: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por xxxxxxxx, en contra del acto reclamado al juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede y base en Salvatierra; por lo expuesto en el tercer considerando de este fallo. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxxxx, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, indicados en considerando segundo -con excepción del juez mencionado en el resolutivo que antecede-; por las razones que expuestas en el último considerando de este fallo."
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