Sebastian Parga Laguna

Expediente 425/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
425/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
24/08/2018

Partes del expediente

  • Sebastian Parga Laguna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el término de tres días concedido a la quejosa y a la autoridad tercera interesada para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, sin que se pronunciaran al respecto; por tanto, en atención a los elementos que obran en el expediente, de oficio, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida. Mediante sentencia de veintiuno de junio de dos mil dieciocho (fojas 18 a 28), se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, para el efecto de que la autoridad responsable Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en esta ciudad: Dejara insubsistente la resolución dictada el veinte de abril de dos mil dieciocho, en el expediente subyacente ***de su índice y, en su lugar, dictara otra en la que, con libertad de jurisdicción, analizara de manera congruente y exhaustiva los conceptos de agravio expuestos en el escrito de queja respectivo. Por acuerdo de diez de julio del año en curso (foja 33), causó ejecutoria la determinación en comento y se requirió a la responsable su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio registrado con el número 8375 (fojas 39 a 47) la magistrada presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió copia certificada de la resolución dictada el trece de julio de dos mil dieciocho, en el expediente ****. De la citada documental -que merece eficacia probatoria plena acorde a lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º- se desprende que la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la interlocutoria de veinte de abril de dos mil dieciocho. 2. Enunció los conceptos de agravio expuestos en el escrito de queja por defecto presentado por *******, al respecto dijo: "TERCERO.- En estricto acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta, esta Sala Regional del Centro III procede al estudio de los agravios planteados por la parte actora en su escrito de queja, los cuales medularmente señalan lo siguiente: La autoridad demandada únicamente aplicó los porcentajes de incrementos al sueldo básico de los trabajadores en activo, dejando de considerar el índice Nacional de Precios al Consumidor, para comparar cuál resultó más alta Aun cuando se le ordenó que señalara el procedimiento utilizado y los documentos y demás elementos para cuantificar la pensión, únicamente consideró el que denominó "constancia de evolución salarial", el cual es elaborado unilateralmente por la demandada. Los únicos documentos legalmente aptos para determinar fehacientemente los porcentajes de los aumentos salariales, son los tabuladores regionales que autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales están al alcance de la autoridad, pues se publican en Diario Oficial de la Federación. La demandada dejó de tomar las ligas electrónicas que precisó el actor en su recurso, en las que constan las cantidades y porcentajes de aumento para los trabajadores en activo. En el pretendido cumplimiento se efectúan diversas operaciones que resultan discordantes, pues de inicio, consideró el sueldo con el que inició la pensión, lo dividió entre treinta y obtuvo el sueldo diario, pero que la cantidad pagada no coincide con lo que la supuestamente se le pagó, por lo que si el primer cálculo es erróneo, todo lo demás seguirá la misma suerte. En la sentencia de fondo se determinó el pago de una gratificación anual, en igual número de días que los trabajadores en activo, por lo que si la cuota diaria se integró incorrectamente, también el citado concepto. Si bien su pensión inició el 1 de enero de 1999, se debió aumentar el porcentaje correspondiente del año anterior de su aplicación. 3. Al analizar los mencionados agravios, la Sala responsable adujo: "A juicio de los suscritos Magistrados que integran esta Sala Regional del Centro III, los argumentos en estudio resultan infundados, atento a las siguientes consideraciones. Mediante sentencia de 20 de febrero de 2017, se declaró la nulidad de la resolución impugnada, para que dentro del plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quedara firme, la autoridad emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que:  Se calcularán los incrementos de la pensión de manera general de acuerdo con los porcentajes del sueldo básico de los trabajadores en activo. Ahora bien, la autoridad demandada a efecto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva, emitió el oficio DPSH/2966/2017 de 19 de diciembre de 2017 (consultable en autos a fojas 265 a 296), en el cual desglosa el incremento y pago de las cuotas de pensiones otorgadas al actor, desde el 1° de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2017; de tales consideraciones, esta Juzgadora arriba a la conclusión de que es infundada la queja interpuesta por el demandante, pues de la resolución en comento, se advierte que la autoridad realizó nuevamente el cálculo de la pensión del ahora quejoso, señalando a detalle el procedimiento y elementos empleados para ello, circunstancia que se encuentra debidamente acreditada en autos. Sin que obste a lo anterior los señalamientos relativos a que la autoridad realiza su cuantificación y determinación aplicando únicamente los porcentajes de incremento al sueldo básico de los trabajadores en activo (inciso a) del resumen de agravios), dejando de considerar el porcentaje de los incrementos de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor para determinar cuál de los dos valores fue más alto y entonces aplicarlo para el incremento correspondiente, pues en la sentencia de mérito se declaró la nulidad para el efecto de que se calcularan los incrementos de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado vigente hasta el 4 de enero de 1993, esto es, en la misma proporción que incrementaran los salarios de los trabajadores en activo. Por otro lado, resulta infundado el señalamiento en contra de la constancia de evolución salarial utilizada por la autoridad (incisos b) y c) del resumen de agravios), en relación a que los únicos documentos legalmente aptos para poder determinar fehacientemente los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores en activo lo constituyen los tabuladores regionales. Lo anterior resulta así, porque en la resolución emitida en cumplimiento, se advierte que la autoridad demandada a efecto de conocer los porcentajes de los incrementos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo en la plaza en que laboró el actor, utiliza los reportados por la Secretaría de Educación de Guanajuato, dependencia en la cual laboró el ahora actor; de tal manera que si el actor manifiesta que no fue realizado un cálculo correcto, sin aportar los medios de prueba que lo demuestren, se trata de una simple afirmación sin sustento, máxime que de los links electrónicos que señala el actor en su escrito de queja y que manifiesta se debieron tomar en consideración (inciso d) del escrito del resumen de agravios), no se desprende la información que menciona relativo a las cantidades y porcentajes que se debieron aplicar. Ahora bien, por lo que hace al argumento del actor en el cual señala que sus derechos pensionarios nacieron a partir del momento en que obtuvo la misma e incluso, los relativos al año anterior (inciso g) del resumen de agravios), debiéndose pagar incremento el mismo año en que se otorgó la pensión, el mismo resulta infundado, pues no existe precepto legal que apoye su argumento, de ahí que resulte correcto que se compute el aumento a partir del año posterior al del otorgamiento de la misma, por así desprenderse del numeral 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, vigente en la época que se pensionó. En otro orden de ideas, por cuanto hace a los argumentos tendientes a controvertir el cálculo de la cuota diaria y la gratificación anual, los mismos resultan infundados, pues de la revisión al cumplimiento de la sentencia realizado por la autoridad se advierte que ello si se tomó en consideración (incisos e) y f) del resumen de agravios); de igual forma, en torno al señalamiento sobre la prescripción que realiza en la primera hoja de su escrito de queja, constituye cosa juzgada pues fue analizado en la sentencia y no se advierte que la autoridad desatendiera lo resuelto en el fallo, aunado al hecho de que la determinación de la cuota diaria no fue controvertida en la demanda inicial ni ampliación, por lo que ésta se encuentra consentida. Finalmente del análisis a la resolución que provocó la queja, se advierte que las operaciones realizadas por la autoridad se encuentran realizadas correctamente, pues conforme a la formula señalada en la resolución y tomando en consideración las cantidades y porcentajes aplicados, se advierte que los montos que obtuvo la autoridad concuerdan con las operaciones realizadas; asimismo por lo que respecta al señalamiento relativo al pago de las diferencias, tal como se desprende de la resolución, la autoridad demandada ha pagado correctamente la pensión, pues lo ha realizado con los aumentos correspondientes, sin que existan diferencias a pagar en favor de la parte quejosa; finalmente, si tal como lo señala el actor consideraba que los cálculos no fueron determinados correctamente, le correspondía la carga de la prueba, sin que obre en autos prueba idónea con la cual el actor acredite su dicho, por tanto, sus argumentos en estudio no constituyen más que meras afirmaciones carentes de sustento legal. Sin que escape a esta Juzgadora, el señalamiento del actor en torno a que se realice un peritaje por esta Sala, pues si en el caso ni de manera indiciaria la parte quejosa acredita que exista un error en el cálculo de la autoridad, la facultad del Magistrado Instructor de poder allegarse de pruebas no entraña una obligación, siendo deber de las partes acreditar sus afirmaciones. En tales consideraciones, al resultar infundada la queja, es evidente que no resulta procedente instruirla como nuevo juicio, pues no se actualiza el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, en el presente caso la parte quejosa no introduce elementos novedosos al asunto que nos ocupa, para que en su caso, se prevenga al accionante para el efecto de presentar su demanda reuniendo los requisitos de ley, dado que la presente instancia no fue resuelta como improcedente, sino que la misma ha resultado infundada. 4. En el considerando cuarto de la resolución de veinte de junio actual, determinó, en lo que interesa: I.- Se deja sin efectos la resolución interlocutoria dictada por esta Sala el 20 de abril de 2018. II.- Ha resultado INFUNDADA la Queja interpuesta por ********. En esas condiciones, si la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de veinte de abril del año en curso, emitió otra en la que analizó de manera congruente y exhaustiva los conceptos de agravio expuestos en el escrito de queja por defecto presentado por Sebastián Parga Laguna, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado, por lo que en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, debido a que en el presente juicio se concedió el amparo, y no se tramitó incidente de suspensión; en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales por no haber sido presentados por las partes.

  2. Principal

    Con fundamento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite la presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Celaya, Guanajuato, con el que dice dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, y al efecto anexa copia certificada de la resolución pronunciada el trece de julio pasado en el expediente ******, de su índice. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida. En el entendido que a la parte quejosa deberá corrérsele traslado con copia cotejada de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria.

  3. Principal

    Vista la impresión que se obtuvo del sitio oficial de internet http://www.tfjfa.gob.mx/servicios/dinh2018/, perteneciente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que la Sala Regional del Centro III del citado organismo, disfruta de su periodo vacacional, mismo que inició el dieciséis de julio de dos mil dieciocho y concluye el treinta del mismo mes y año, por lo que se interrumpió el plazo de tres días otorgado para que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, el cual se reanudará el treinta y uno de los corrientes, en ese sentido, estese en espera de que la citada responsable informe dicho cumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio de que una vez que haya transcurrido dicho plazo este órgano jurisdiccional emita los requerimientos correspondientes.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente juicio que concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de Gobierno correspondiente. Por ende, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la magistrada presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en esta ciudad, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo en la siguiente forma: Deje insubsistente la resolución reclamada. En su lugar, dicte otra en la que, con libertad de jurisdicción, analice de manera congruente y exhaustiva los conceptos de agravio expuestos en el escrito de queja respectivo. Lo que deberá realizar en el término de tres días, en el entendido que deberá allegar a esta instancia las constancias con que lo acredite; apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. Finalmente devuélvase a la autoridad responsable el expediente original *** en un tomo, que adjuntó a su informe justificado; esto con el propósito de que esté en aptitud de cumplir con la ejecutoria. Solicítese el acuse de recibo correspondiente.

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