Secundino Cano Morales
Expediente 272/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 272/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
- Secundino Cano Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Autoridad acusa recibo. Agréguese el oficio que firma la Jueza Menor Mixto de Cortazar, Guanajuato, a través del cual acusa recibo del propio 6437/2022, con el que se le devolvió el original del expediente M628/2020 de su estadística.
- Principal
Firme desechamiento
- Principal
Cumple prevención Agréguense a los autos los escritos que firma el quejoso *********; en atención a su contenido, se le tiene en los términos de tales ocursos cumpliendo la prevención decretada mediante proveído de dos de marzo de dos mil veintidós. Desechamiento de la demanda Ahora, del análisis integral de la demanda, los documentos anexos, así como de los escritos de cumplimiento a la prevención formulada, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda de amparo y ocursos de cuenta, con fundamento en los artículos 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 5°, fracción II y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En efecto, de los antecedentes de los actos reclamados expuestos bajo protesta de decir verdad por la parte agraviada, tanto en la demanda de amparo, como en los escritos de cumplimiento a la prevención formulada; manifestaciones que merecen eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, se advierte que el juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos reclamados se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Así de la narrativa de los antecedentes expuestos por el quejoso en su demandada de amparo, bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: Que ante el Juzgado Único Menor Mixto de Cortazar, Guanajuato, se tramitó el juicio ejecutivo mercantil número M628/2020, sobre pago de pesos, en el cual el aquí quejoso es parte demandada. Seguidas las etapas del juicio, se dictó sentencia en la cual se condenó al peticionario del amparo a pagar la suerte principal e intereses moratorios, por un saldo de $46,206.46 (cuarenta y seis mil doscientos seis pesos 46/100 moneda nacional). Que la parte quejosa promovió ante la autoridad responsable incidente de oposición a la ejecución de la sentencia, a fin de que se conceda la compensación entre las obligaciones económicas de las partes, en virtud de que en el Juzgado de Primera Instancia Civil de Cortazar, Guanajuato, se tramita otro juicio (M34/2020), en el que el peticionario de amparo tiene a su favor el pago de gastos y costas que no se han liquidado y se encuentran pendientes de cuantificar, donde son perdidosos los actores en el juicio natural del que emanan los actos aquí reclamados. Mediante resolución interlocutoria de once de enero de dos mil veintidós, pronunciada por la juez Menor Mixto con residencia en Cortazar, Guanajuato, en el expediente M628/2020, declaró improcedente el incidente de oposición a la ejecución de convenio sobre cumplimiento de ejecutoria. (Acto reclamado) Expuesto lo anterior, tenemos que respecto del acto reclamado consistente en la resolución de once de enero de dos mil veintidós, por el que la responsable declaró improcedente el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia, promovido por el aquí quejoso, se actualiza de manera manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Para explicar lo anterior, cabe traer a colación el contenido de los artículos mencionados. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". Como se observa, la fracción XXIII transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que esta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados después de concluido el juicio, a saber: a) Tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso; y b) En el procedimiento de remate, solo procede el amparo en contra de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Cabe mencionar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 74/2015, interpretó el citado numeral y sostuvo que el juzgador de amparo debe analizar dicho arábigo en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de la última resolución del remate, la cual la constituye la que indistintamente y en forma definitiva ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado; es decir, que basta que se emita una sola de las citadas determinaciones para considerar actualizada la última resolución del remate y, por ende, procedente el juicio de amparo biinstancial. De la anterior contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) publicada en la página 1066 del libro 29, de abril de 2016, tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Asimismo, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo, en jurisprudencia obligatoria, que de la interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. Tal criterio lo sostuvo en la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 , visible a página 110, libro 70, septiembre de 2019, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." En conclusión debe precisarse que de conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, en contra de la última resolución dictada, entendida esta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación en forma voluntaria y/o la entrega de los bienes rematados, pues de forma indistinta ambas órdenes -escrituración y/o entrega del bien inmueble-, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, en tanto que el requisito establecido en la citada fracción y párrafo tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Sentado lo anterior, cabe recordar que el quejoso comparece a instar el presente juicio constitucional en contra de la resolución interlocutoria de once de enero de dos mil veintidós, en la que la jueza responsable declaró improcedente el incidente de oposición a la ejecución de convenio sobre cumplimiento de ejecutoria, promovido por el aquí quejoso, por virtud de la cual no se concedió la compensación entre las obligaciones económicas de las partes en diversos juicios y juzgados. En tal sentido, en contra de tal determinación reclamada (resolución incidental de once de enero de dos mil veintidós) no es procedente el presente juicio de amparo, pues no constituye la última resolución a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo [aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento], en contra de la que procede el juicio de amparo, y que permita analizar también las violaciones que la parte quejosa estima se cometieron durante el procedimiento respectivo. En esas condiciones, se actualiza la causa manifiesta de improcedencia analizada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia de manera manifiesta analizada en relación al acto reclamado y sus consecuencias legales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Con fundamento, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Así como, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Domicilio Finalmente, téngase al quejoso señalando los estrados para recibir notificaciones, es decir, no precisa domicilio para tal efecto hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley Reglamentaria y 306 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por la jueza Menor Mixto de Cortázar, Guanajuato, por el que devuelve diligenciado el despacho local 79/2022-1, y remite las constancias de la notificación practicada al aquí quejoso Secundino Cano Morales, respecto de la prevención contenida en el proveído de dos de marzo actual, misma que le fue realizada el ocho del presente mes y año. En tal virtud, una vez que transcurra el plazo concedido al amparista en auto de dos del mes y año en curso, se proveerá lo conducente con relación a la prevención formulada. Téngase a la citada autoridad cumpliendo lo solicitado, dese de baja la comunicación que se recibe, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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