Santos Sarbia Cruz.

Expediente 31/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
31/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/02/2021

Partes del expediente

  • Santos Sarbia Cruz.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/51/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción de quien suscribe a este órgano jurisdiccional con efectos a partir del dieciséis de febrero del mismo año. En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/20101 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." En otro contexto, visto el estado que guardan los presentes autos, y del contenido de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese; personalmente al Secretario encargado del archivo definitivo.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de febrero de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, mediante el cual los promoventes ********************, refieren que, en atención a lo solicitado en proveído de veintiocho de enero del presente año, bajo protesta de decir verdad manifiestan: Que el nombre correcto de los quejosos ********************es********************. Exhiben escrito en el que designan como defensor particular al licenciado Magdaleno Ochoa Sarabia y el acuerdo dictado el ocho de diciembre de dos mil veinte, por el Juez de Control, en los autos de la causa penal 0******************** en el que tiene a los antes mencionados designando como defensor particular al citado profesionista. Asimismo, refieren que se les dictó auto de vinculación a proceso el veintiuno de julio de dos mil veinte, y que fueron notificado de esa determinación el mismo día. En cuanto a la etapa en que se encuentra su proceso refieren que el juicio se encuentra en la etapa intermedia, fase escrita, que la fecha para la celebración de la audiencia intermedia es el diez de febrero de dos mil veintiuno. En ese contexto, del análisis del escrito inicial de demanda y de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en el escrito de cuenta, se advierte un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, en virtud que la demanda constitucional fue promovida, respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, fuera del plazo de quince días hábiles comprendido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos transcritos, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, con número de registro 210751, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En ese sentido, debe destacarse que la causal de improcedencia en estudio, se refiere a los actos que se consienten de manera tácita y se actualiza cuando se presenta la demanda de amparo de forma extemporánea. La integración de las formas del consentimiento del acto reclamado en el juicio de amparo, conduce a formular estas proposiciones: 1. Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2. También hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe consentimiento; y 3. Hay consentimiento tácito del acto reclamado, cuando el juicio de amparo deje de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 17 y 18, de ley reglamentaria. Así, la improcedencia del juicio de amparo, contra actos consentidos tácitamente se actualiza cuando éstos no son reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo. Respecto de la causa de improcedencia que se invoca, es de citar la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del Tomo IX, Junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.". La jurisprudencia que precede, y que se invoca con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto por el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por considerarse afín a la misma, -al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador- pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y, e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de los indispensables para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por esa medida; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad el consentimiento del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. Por su parte, los supuestos enumerados en los incisos d) y e), consistentes en el establecimiento en la ley de un plazo perentorio y el transcurso de ese plazo sin haber presentado demanda, se actualizan, pues la Ley de Amparo establece un término para promover la demanda de amparo, el cual se encuentra regulado en los artículos 17 y 18, antes citados. Desechamiento. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: "II. DEL JUEZ DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA, SE RECLAMA "EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO POR EL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA AGRAVADO POR PANDILLERISMO.". [.]" Asimismo, se advierte que en su hecho numero 1) de su demanda, el quejoso manifestó: "1.- que el día 24 de julio de 2018 los quejosos fueron vinculados a proceso por el C. JUEZ de control del poder judicial del estado por el delito de "ROBO CON VIOLENCIA AGRAVADO POR PANDILLERISMO, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL art. 198, 200, 201 fracc. III, 203 y 204 del código penal para el estado de baja california". En el escrito de cuenta, refieren que se les dictó auto de vinculación a proceso el veintiuno de julio de dos mil veinte, y que fueron notificados de esa determinación el mismo día. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18, y 19, todos de la Ley de Amparo, por ser un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; dichos numerales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". Lo anterior es así, ya que dicho acto no se encuentra dentro de las excepciones planteadas por el artículo 17, de la Ley de Amparo, en virtud de que: ( No se está reclamando una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición (fracción I del artículo 17, de la Ley de Amparo); ( Tampoco se está combatiendo una sentencia definitiva condenatoria que hubiese impuesto pena de prisión al quejoso (fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo); ( Menos aún se trata de un acto que tenga relación con la materia agraria, mediante el cual se prive a la parte quejosa total o parcialmente, ya sea de forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos de esa índole (fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo); y, ( Por último, el acto reclamado no implica para la parte quejosa peligro de privación de su vida o un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación o destierro, su desaparición forzada, alguno de los actos prohibidos por el numeral 22 de la constitución o la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales (fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo). En ese sentido, la Ley de Amparo, dispone que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo que se ubique en cualquiera de los casos de excepción antes señalados, lo cual en el caso concreto no sucede, porque se reitera que el acto reclamado no se encuentra dentro de dichos supuestos. Por tanto, se estima procedente para realizar el cómputo respectivo, atender a lo dispuesto por el artículo 18, de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los plazos a que se refiere el invocado numeral 17, de la propia legislación, se computarán de la siguiente forma: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclamen. b) A partir del día siguiente de aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. c) Se exceptúa de los anteriores supuestos, el caso en que se reclame una norma general autoaplicativa, donde el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. En el caso, se considera aplicable la hipótesis referida en el inciso a), ya que, bajo protesta de decir verdad, los quejosos manifestaron en que se les dictó auto de vinculación a proceso el veintiuno de julio de dos mil veinte, en los autos de la causa penal ******************** por el delito de robo con violencia agravado por pandillerismo, previsto y sancionado por los artículos 198, 200, 201 fracción III, 203 y 204 del código penal para el estado de baja california, quedando notificado de dicha determinación en la misma fecha. Por tanto, dicha afirmación se considera una confesión expresa del quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, que hace prueba plena, pues concurren las circunstancias previstas en el ordinal 199, del Código Federal de referencia, el cual establece lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En tales condiciones, resulta evidente e indudable, que el aquí quejoso tuvo pleno conocimiento del acto reclamado desde el mismo veintiuno de julio de dos mil veinte, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en el escrito mediante el cual dan contestación a la prevención que en tal sentido se les formuló. Luego, para estar en aptitud de computar el plazo de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, es necesario partir de la forma en la que los quejosos se impusieron del acto reclamado, en virtud de que existen tres supuestos para computar el referido plazo, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; y 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Así, en el primero de los supuestos, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad señalada como responsable haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo reclamado, pues únicamente de esa manera el cómputo empezará a correr a partir del día siguiente al en que surta efectos la referida notificación; lo que no sucede en los últimos dos supuestos, en los que el término se computa a partir del día siguiente en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos que reclama, ya que no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto. En el caso concreto, como ya se dijo, el promovente bajo protesta de decir verdad, manifestó en su escrito de demanda que tuvo conocimiento del acto reclamado, el veintiuno de julio de dos mil veinte; esto es, en la misma fecha en que se les dictó el auto de vinculación a proceso en la causa penal ******************** actualizándose con ello la hipótesis identificada con el número 1), en consecuencia, según las reglas descritas en el párrafo que antecede, el término de quince días hábiles previsto por los artículos 17 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa estuviera en aptitud de promover su demanda, se computa a partir del día siguiente hábil en que tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo que transcurrió en exceso dicho término, ya que transcurrió del veintidós al treinta de julio de dos mil veinte, los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil veinte, (sin contar los días inhábiles de los meses citados), así como del cuatro al veintidós de enero de dos mil veintiuno (sin contar los días uno, dos, tres, nueve y diez, dieciséis y diecisiete, veintitrés y veinticuatro, por ser inhábiles), por ser inhábiles acorde a lo establecido por el artículo 19 de la Ley de Amparo. En ese tenor, si la demanda de amparo fue presentada hasta el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción de la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, que obra en la parte superior de la demanda de amparo, dicha presentación resulta extemporánea, por lo que es un motivo manifiesto e indudable la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a foja 1931, novena época, Tomo XXXI, Enero 2010, materia común, con número de registro 165582, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Asimismo, se cita la Tesis de Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito1, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga entro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." Por tanto, al no haber impugnado en forma oportuna los actos que se reclaman, éstos deben considerarse como consentidos tácitamente; se cita la tesis jurisprudencial pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (El énfasis es propio de este órgano jurisdiccional). En apoyo a lo anterior, cabe citar por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito3, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.- Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En consecuencia, por ser motivo manifiesto e indudable de improcedencia en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18, y 19, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 113, de la norma en cita. Con respecto al acto reclamado, que los impetrantes de amparo hace consistir en: "LA ACUSACIÓN, PENALIDAD, REPARACIÓN DEL DAÑO Y DESCUBRIMIENTO PROBATORIO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020". Acto que reclaman a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Robos Zona Mariano Matamoros, con residencia en esta ciudad. Asimismo, en el escrito de cuenta señalaron que actualmente el juicio seguido en su contra se encuentra en la etapa intermedia fase escrita, en donde el Agente del Ministerio Público formuló su acusación y consideran que las pruebas ofrecidas por dicha representación causan perjuicio a los impetrantes de amparo. Contra tales actos, el juicio de amparo es improcedente, ya que no son susceptibles de producir una ejecución de imposible reparación, esto es, no afectan materialmente derechos sustantivos de los quejosos. En términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción III, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto tiene el carácter de excepcional, debido a que tratándose de actos dentro de juicio, sólo procede contra aquellos que sean susceptibles de producir una ejecución de imposible reparación, esto es, cuando afecten materialmente derechos sustantivos, categoría bajo la cual no se ubican las determinaciones del Juez de Control, consistentes en la aceptación de medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes en el acuerdo de apertura a juicio oral; de ahí que por regla general, no procede el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque una de las principales funciones del Juez de Control durante la etapa intermedia consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral; por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que este haga valer sus inconformidades. No obstante esta posibilidad, las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión. Sin embargo, al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; de ahí que estos últimos puedan ser valorados en la sentencia y propiciar una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales. Esto es, que frente al acto de admisión de la prueba emitido por el Juez de Control en el acuerdo de apertura a juicio oral, no existe base para considerar que pueda trastocar derechos sustantivos; por tanto, no se traduce en un acto de imposible reparación. Se aprecia que la etapa intermedia en el procedimiento penal acusatorio, se realiza ante el Juez de Control, inicia con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público y tiene como una de sus finalidades principales la depuración de los medios de prueba que serán materia del juicio oral. Una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral; por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. Por ende, al dictar el auto de apertura a juicio, el Juez debe verificar esta situación y excluir cualquier medio de prueba obtenido a partir de una violación a derechos fundamentales, cometidas en etapas previas al juicio oral. Ahora bien, los actos relacionados con la admisión de pruebas -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar- constituyen actos de naturaleza intraprocesal que, por regla general, no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto, excepto cuando afecten materialmente derechos sustantivos. En el caso de excepción, sólo podrán ser combatidos en amparo indirecto, aquellos actos cuyas consecuencias sean de tal manera graves que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho de carácter sustantivo; lo que excluye a los de naturaleza adjetiva o formal, en los que la afectación depende de la trascendencia que pudieran tener en el desenlace del juicio o procedimiento, momento en que podrían causar perjuicio efectivo a los derechos de los gobernados. Es decir, los actos susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, cuyos efectos deban ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, o sea, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas; lo que no acontece en el caso, ya que los impetrantes de amparo se refieren al valor probatorio que debe otorgarse a las pruebas que sustentan la acusación del Agente del Ministerio Público, la pena que propone y la reparación del daño. Por tanto, los actos relacionados con los acuerdos dictados por el Juez de Control en la audiencia intermedia, consistentes en la aceptación de medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes, por regla general, dan lugar a violaciones procesales que no pueden ser reclamadas en el juicio de amparo indirecto, toda vez que con esas actuaciones no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión. La excepción a la regla en principio puede estar condicionada a que las partes lleven o someter a debate cualquier cuestión relacionada con la prueba ilícita, en cada una de las etapas correspondientes del procedimiento acusatorio, cuya impugnación también debe efectuarse en éstas, con la finalidad de que los problemas de ilicitud probatoria sean atendidos sin comprometer la operatividad del sistema de justicia penal y sus principios fundamentales; en el entendido de que sólo se excluye la prueba hasta la etapa intermedia. Asimismo, en el juicio oral se presenta una condición particular, porque el debate sobre la probable prueba ilícita sólo puede influir en la valoración de su alcance probatorio, ya no en la exclusión, se reitera, previo debate. Es decir, cuando la violación se materialice durante el desarrollo del juicio oral, la defensa puede controvertir el desahogo y valoración de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violación a derechos fundamentales, lo que el Juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta al momento de emitir la sentencia, considerando, en su caso, lo dispuesto en la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional, que establece que las pruebas obtenidas con violación a derechos fundamentales son nulas. Al tema, se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 907/2016, en la sesión correspondiente al veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, al considerar en lo que interesa lo siguiente: "En ese orden de ideas, la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. Cabe destacar que si bien el Juez o tribunal oral conservaran en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o Juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia". En ese sentido, el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. Por tanto, en contra de los actos que reclaman los quejosos, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el numeral 107, fracción V, (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, en razón de que la admisión de los medios de prueba que consideran causa agravio a los impetrantes de amparo, no generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. Lo mismo acontece respecto de la admisión de los medios de prueba que considera ilegales, puesto que no se advierte que por la admisión se genere una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato. En efecto, las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto. Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales. Al tema se localiza la jurisprudencia PC.XVII. J/29 P (10a.), correspondiente a Plenos de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 1154, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable". Por ser motivo manifiesto e indudable de improcedencia el acto reclamado inicialmente, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18, y 19, todos de la Ley de Amparo; y ante la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el numeral 107, fracción V, (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, respecto del segundo acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 113, de la norma en cita; sin soslayar que los quejos reclaman al Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, el acto relativo a su detención en ese centro, sin embargo, por ser una consecuencia del acto de vinculación a proceso y desecharse la demanda por tal acto, debe prevalece tal criterio en cuanto a este diverso acto. Señalamientos de domicilio y autorizados. En atención a lo dispuesto en términos del artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de los promoventes el que indicaron en su escrito inicial de demanda y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de amparo a ********************dado que sí cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Notifíquese y personalmente a los quejosos en el lugar en que se encuentran internos.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve ********************, quien se ostenta como defensor particular de los imputados ******************** contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Robos Zona Mariano Matamoros, con domicilio en esta ciudad; y de otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico respectivos, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 31/2021-D. Ahora, previo acordar sobre la admisión de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandar prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, otorgándole la oportunidad para que pueda desahogarlas en tiempo, se impone precisar lo que prevén los artículos 108, fracción IV y V , así como el diverso 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.] Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; . [.]. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y [.]" De una lectura minuciosa efectuada al escrito de demanda se desprende que la parte promovente incumplió con los extremos contemplados en las fracciones I, III y IV, del artículo 114, en relación con el 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, por tanto, se requiere al promovente ********************, quien dice ser defensor particular de los directamente quejosos ******************** para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, subsane su demanda en lo siguiente: Primero. Exhiba constancia alguna con la cual acredite el carácter de defensor particular de los imputados ******************** en los autos de la causa penal 1772/2018. Segundo. Señale con precisión la fecha en que los directamente quejosos ******************** tuvieron conocimiento del auto de vinculación a proceso dictado en su contra. Segundo. El promovente de amparo deberá señalar la etapa en que se encuentra el juicio instaurado en contra de los directamente quejosos ********************. Al advertir del escrito de demanda, que el promovente señala se dictó el auto de vinculación a proceso en contra de los imputados ********************; el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, sin especificar la fecha en que los directamente quejosos tuvieron conocimiento de ese auto. Por otra parte, reclama a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Robos Zona Mariano Matamoros, en esta ciudad, los actos consistentes en "la acusación, penalidad, reparación del daño y descubrimiento probatorio de fecha quince de septiembre de dos mil veinte". En ese sentido, es necesario que el promovente señale con precisión la etapa en que se encuentra el juicio que se sigue en contra de los imputados ******************** al tomar en consideración que proceso penal acusatorio se divide en tres etapas, las cuales son: inicial, intermedia y juicio, cada una es conclusiva y persiguen fines distintos. En cuanto a la etapa intermedia, el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que se compone de dos fases; una escrita y otra oral, la fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; la segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. La finalidad de la etapa intermedia es que la fiscalía presente su acusación y fije el hecho que será materia de demostración en el juicio; asimismo, que las partes ofrezcan las pruebas que pretenden desahogar para acreditar sus respectivas teorías del caso o desvirtuar las de su contraria. Por su parte, la etapa de juicio es diversa y tiene como finalidad que el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento resuelva si con los medios de prueba desahogados en esa etapa se acredita o no el delito y la responsabilidad del enjuiciado. Por tanto, si el promovente señala como actos reclamados la acusación, penalidad, reparación del daño y descubrimiento probatorio, es indispensable que especifique la etapa en que actualmente se encuentra el juicio oral que se instaura en contra de los directamente quejosos ********************. Lo anterior, es necesario para que este órgano jurisdiccional pueda determinar lo relativo a la demanda que se provee, asimismo, el desahogo deberá formularlo en términos de lo previsto en el artículo 108, de la ley de amparo. De igual forma, deberá exhibir copias suficientes para correr traslado a las autoridades responsables, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado Federal, del escrito por el que desahogue lo anterior, toda vez que resultan necesarias para ser distribuidas entre las partes y para tramitar el incidente de suspensión solicitado; lo anterior, en términos del artículo 110, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII. 1º. 3 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Tomo III, Noviembre de 2018, página dos mil doscientos once, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguiente: ''DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO PUEDE PREVENIR AL QUEJOSO POR LOS MOTIVOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 114, EN RELACIÓN CON EL 108, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO PUES, DE LO CONTRARIO, VIOLENTA LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece la facultad del Juez para mandar aclarar la demanda de amparo, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deben corregirse, y precisa las hipótesis en que ello procede. En tanto que el artículo 108 de la propia ley señala los requisitos que debe contener la demanda. Por tanto, si el juzgador previene al quejoso por un motivo no previsto en los preceptos citados, violenta las formalidades del procedimiento, por ejemplo, cuando para proveer sobre la admisión de la demanda, requiere a la autoridad responsable para que informe o remita los autos o constancias, incluso del acto reclamado, para acordar lo procedente, lo que en todo caso sería materia del informe justificado; a más de que con ese proceder, se presume que la pretensión es evitar la admisión de la demanda, indagando sobre una causa de improcedencia, lo cual contraviene el derecho humano a una tutela judicial efectiva, pues solamente en aquellos casos en que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable, procede el desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 113 de la ley invocada, sin que la ley autorice esa investigación, antes de admitirse la demanda." Apercibimiento. Se advierte al ocursante que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En el entendido que lo anterior deberá de ser subsanado por la parte quejosa por ser un acto personalísimo, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Señalamientos de autorizados y domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que se indica en el escrito de demanda; asimismo, como autorizado en término del artículo 12 de la Ley de Amparo, al promovente ********************. A efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar las diligencias encomendadas, deberá de cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de la cual ya tiene conocimiento, cuando se trate de un caso que por sus características, implique un peligro de contagio por el virus SARSCo2 (COVID-19), en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma por la respectiva persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentre. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que a partir del diez de agosto de dos mil veinte podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Notifíquese personalmente al promovente y a los directamente quejosos ******************** en el Centro de Reinserción Social Tijuana.

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