Santiago Guadalupe Sánchez Martínez

Expediente 786/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
786/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Santiago Guadalupe Sánchez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General. Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de sobreseimiento que establece la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.]" 25/06/24 19:09:22 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 GERARDO CASTILLO RIEDEL Ello, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional, se hizo consistir en la omisión atribuida a la autoridad responsable, Juez Tercero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, de dar seguimiento a la petición formulada por el quejoso, mediante escrito presentado en la causa penal 162/2012, de su índice, en el sentido de que se le informara el seguimiento dado a dicho procedimiento. De manera que, quien esto resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede 25/06/24 19:09:22 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 GERARDO CASTILLO RIEDEL ??A???????????? afirmar que para efecto de que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: 25/06/24 19:09:22 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 GERARDO CASTILLO RIEDEL "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal, con sede en esta ciudad, se advierte que dio respuesta a lo peticionado por el impetrante del amparo, mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre del año en curso, ya que en auto dictado en catorce de octubre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 162/2012, de su índice, entre otras cuestiones, tuvo por recibido el citado ocurso y emitió pronunciamiento respecto a su contenido, auto que fue notificado al quejoso el diecisiete de octubre siguiente. Por lo que, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo - veintiocho de septiembre de dos mil veintidós-, el acto reclamado subsistía, también lo es que con posterioridad, es decir, el catorce de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió pronunciamiento respecto al ocurso presentado por el aquí quejoso, lo que se le notificó el diecisiete de octubre del mismo año. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda 25/06/24 19:09:22 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 GERARDO CASTILLO RIEDEL ??A???????????? Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del 25/06/24 19:09:22 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 GERARDO CASTILLO RIEDEL Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubrediciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa consiste en la omisión atribuida a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal, con sede en esta ciudad, de dar seguimiento a la petición de información formulada por el quejoso, dentro de la causa penal ********************, de su índice, misma que del informe justificado que rindió la citada autoridad, se advierte que por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dio respuesta a lo peticionado por el citado impetrante, lo cual se le notificó personalmente el cuatro de octubre siguiente, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda -veintiocho de septiembre de dos mil veintidós-. En consecuencia, a fin de salvaguardar sus intereses, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, désele vista por el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto a los datos que se desprenden de las constancias que obran en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 149/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 174107, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 334, Novena Época, con rubro y texto siguientes: Apercibido que de no hacer manifestación alguna respecto, se seguirá el trámite del presente juicio de amparo en los términos inicialmente planteados. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas del once de enero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Por otra parte, ya que el quejoso, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el propósito de priorizar el expediente electrónico de conformidad con el artículo con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al actuario de este órgano jurisdiccional para que realice la notificación personalmente del presente proveído al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido; asimismo, deberá hacerle llegar copia del auto e informe que se le notifican para lo cual deberá levantar constancia de ello. Notifíquese; y personalmente al quejoso y a su asesor jurídico.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obre como legalmente corresponda, los oficios que remite el Coordinador Penal de la Defensoría Pública Estatal, Zona Costa, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, informa que nombró a Ana Elizabeth Montaño Dueñas y Mirna Alicia Briseño Gómez, como asesoras jurídicas del quejoso, en la tramitación del presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. En atención a lo expuesto, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones, que conforman el presente juicio de amparo, a las asesoras jurídicas antes mencionadas, para que, vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Por consiguiente, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios adscritos, a fin de que se sirva notificar el contenido del presente proveído y del auto admisorio, a las defensoras adscritas a la Coordinación Penal Zona Costa de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, respecto de quienes, el remitente señala como domicilio para notificarlos el sitio ubicado en Plaza Mundo Divertido, Vía Rápida Poniente, José Fimbres Moreno, locales 41-43, fraccionamiento San José, código postal 22226, de esta ciudad; asimismo, se le tiene designando como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. Notifíquese personalmente al quejoso interno y a sus asesores jurídicos.

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