Sarah Saavedra Martins Lopes y Otros.
Expediente 459/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/05/2023
Partes del expediente
- Sarah Saavedra Martins Lopes y Otros.
- Alex Rodrigues Paulo
- Sarah Saavedra Martins Lopes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México, por sí y en representación del Director General de Control y Verificación Migratoria, ambos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Ciudad de México; mediante el cual atiende el requerimiento efectuado en auto dictado el veintiocho de abril de este año, en relación a los directos quejosos Sarah Saavedra Martins Lopes y Alex Rodrigues Paulo, sin que sea el caso emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en diez de mayo del año en curso, se sobreseyó en este juicio. No obstante lo anterior, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción II de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de las citadas autoridades a las personas que mencionan y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indican. En ese sentido, se le tiene proporcionando dirección de correo electrónico a fin de establecer comunicación no procesal con este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual remite la comunicación oficial 112/2023-1, con número de orden 148/2023-1, de su índice y la razón actuarial de veintiséis de abril del año en curso. Ahora bien, de la constancia actuarial que remite el homólogo, se desprende que el promovente Librado Heriberto Trujillo Hernández ante fedatario judicial refiere desistirse del presente juicio de garantías y se reservó el derecho de firmar. En tal virtud, tomando en consideración la manifestación del promovente Librado Heriberto Trujillo González, confirmada ante fedatario judicial que da certeza de su intención para realizar dicha actuación procesal, lo que da certeza a ésta juzgadora para considerar que no se suplantó al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad; por tanto, ante la voluntad expresa del promovente, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a/J. 31/2021 (11ª), de la Undécima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 8, diciembre 2021, tomo II, visible a página 1533, cuyo rubro se cita: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL." Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 (10a.)1, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Asimismo, con apoyo en la tesis jurisprudencial 2a/J.33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página ciento cuarenta y siete, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto de los quejosos Sarah Saavedra Martins Lopes y Alex Rodrigues Paulo; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y vía electrónica al promovente.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese al presente expediente el oficio que remite la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, por sí y en representación de la diversa autoridad responsable de ese Instituto, por lo que atento a su contenido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido el informe en relación a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, en el que refiere acatar la misma y comunica que los directos agraviados no se encuentran alojados y no se cuenta con algún procedimiento administrativo migratorio iniciado en las instalaciones de la estancia provisional de esta ciudad. Asimismo, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción para notificar el auto de veintisiete de abril de la presente anualidad a los directos quejosos, en virtud de que al constituirse a las instalaciones de la estación migratoria de esta ciudad, le fue informado que éstos no se encuentran y nunca estuvieron alojados en dicho lugar; asimismo previa consulta del registro de ingresos y egresos realizada en su sistema por el personal que lo atiende, se corrobora que los quejosos ********************, no están alojados en la referida estancia, así como que éstos no han ingresado o egresado a la multicitada estación. En consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a los directamente agraviados ********************, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente ********************, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, informe si a la fecha tiene comunicación con los familiares de los directos agraviados en cuyo caso proporcione el número o domicilio de éstos; o bien, si conoce el lugar en el que puedan ser localizados los directos quejosos lo informe a este Juzgado o en su caso los presente ante este órgano jurisdiccional para que ratifiquen o no la demanda promovida a su favor Apercibido que de no cumplir a lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad de $******************** (******************** 00/100 moneda nacional) equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta, de conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción II, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Además, se apercibe al directo promovente que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/20171 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." No obstante lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales requiérase vía correo electrónico institucional, al Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, así como al Director y/o Titular de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, ambos con sede en Ciudad de México, en específico en el Área de archivo de esta Dirección, a fin de que dentro del término de cuarenta y ocho horas, legalmente computadas, informen vía ordinaria o incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, respecto a los directos quejosos, lo siguiente: ( Si cuenta con registro de ingreso de los quejosos ********************, en alguna estación migratoria dentro del país, debiendo indicar fecha de ingreso, así como condición migratoria por la cual permanecen detenidos; ( Si cuenta con registro de egreso de los quejosos de alguna estación migratoria en el país, debiendo indicar con precisión fecha y motivo de salida. En el entendido, que deberán remitir copia certificada de las constancias con las que acrediten su dicho; o bien, informar la imposibilidad jurídica que tengan para ello, (para lo cual se remite copia de la demanda de amparo y el auto en el que se decretó la suspensión de plano otorgada a los directos quejosos). Apercibidos que de no dar cumplimiento a lo anterior, se impondrá al omiso una multa por la cantidad de $******************** (******************** 00/100 moneda nacional) equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta, de conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción II, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; y vía electrónica al promovente.
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