Sara Bertha Díaz Zamora
Expediente 29/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/02/2022
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
- Sara Bertha Díaz Zamora
Actuaciones
- Principal
Que feneció el término para interponer recurso de queja en contra del auto de dos de febrero de dos mil veintidós, ya que se notificó personalmente a la parte quejosa el ocho de febrero del mismo año, notificación que surtió efectos al día hábil siguiente en que fue hecha; por lo que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez al dieciséis de febrero del año que transcurre con exclusión de los correspondientes días inhábiles. Doy fe.Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes, en Tijuana, Baja California, diecisiete de febrero de dos mil veintidós María Elizabeth Reyes Moreno Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en TijuanaEl diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de dos de febrero de dos mil veintidós; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que el uno de febrero de dos mil veintidós, la quejosa Sara Bertha Díaz Zamora, compareció ante la presencia judicial a efecto de ratificar el contenido y firma del escrito por el cual desahogó la prevención hecha en proveído de tres del mes y año en curso. Desechamiento. Ahora bien, previamente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Asentado lo anterior, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: Con relación a la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, con lo expresado, cobra aplicación en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia: De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente: Como punto de partida es necesario tener presente el texto del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, por ser el que prevé la causal de improcedencia que opera en el caso concreto. Dicho precepto legal, en lo que interesa, es del tenor siguiente Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Como puede verse, en la reproducida fracción se establece la posibilidad de que se actualice la improcedencia del juicio de amparo, por una causa distinta a las descritas en las veintidós fracciones precedentes, como es la que puede derivar de alguna disposición de la carta magna o de la propia ley de la materia. Desde luego, esto implica que los supuestos legales previstos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos que dan pie a la improcedencia en el juicio de amparo, pues ante lo previsto en la última fracción del precepto legal de que se trata, sin duda existe la posibilidad de que la vía constitucional sea improcedente por la aplicación de alguna norma constitucional o de la ley de la materia. En esas condiciones, es claro que ese numeral no contiene, en sí, una hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, por ser una norma de eficacia operativa dependiente del contenido de otra de nuestra carta magna o de la ley de la materia. Nada más. De ahí, pues, que la configuración abierta de tal disposición permite identificar cualquier otro supuesto constitucional o legal que, dada su naturaleza jurídica, imposibilite la procedencia de la acción de amparo. Sin duda, esta configuración abierta del supuesto normativo que dé lugar a la improcedencia del juicio, dado que el legislador solamente previó la consecuencia improcedencia de la acción debe interpretarse en función del principio de seguridad jurídica, de ahí la necesidad imperiosa de relacionarlo con presupuestos de los previstos exclusivamente en el Pacto Fundamental y en la Ley de Amparo. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta la estructura de la norma legal como supuesto y consecuencia, conforme con la cual la improcedencia abierta del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, califica como una consecuencia y no como un supuesto jurídico, pues este último es precisamente el motivo expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Nada más. Luego, si la carta magna o la ley de la materia contienen una consecuencia específica para un supuesto normativo, no es dable atribuirle la consecuencia de improcedencia, de ahí que, se insiste, para la actualización de la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es necesario la existencia de un motivo legal que no tenga una consecuencia expresa diversa a la improcedencia del juicio en sí. Por tanto, no cabe duda de que la improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, debe derivar necesariamente de cualquier disposición de nuestra carta magna o de la Ley de Amparo, lo que, sin duda, implica que las veintidós primeras fracciones de ese numeral sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del propio juicio, los cuales, desde luego, no son los únicos en que la vía constitucional resulta improcedente, pues existen otras hipótesis que originan la improcedencia de que se trata, como son aquellas que pueden derivar tanto de la Constitución General de la República como de la ley de la materia. Bajo la óptica de este juzgador, la improcedencia del juicio deriva de la aplicación de una disposición contenida en la propia Ley de Amparo, en particular, la de su artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, por carecer el acto reclamado de una ejecución irreparable para efecto de la presente vía. Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107 fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del País interpretó qué debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo, determinó que la tesis de jurisprudencia de rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis de jurisprudencia de rubro Sobre esa base, se evidencia que existen actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que el amparo indirecto en su contra de modo inmediato es improcedente, ya que deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva que se pronuncie en el juicio, a través del amparo directo, como violación procesal. Ahora bien, como se dijo, el acto reclamado se hace consistir en la sentencia interlocutoria de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio sumario civil 505/2019, del índice del Juzgado Quinto Civil de esta ciudad, en la que se negó a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación y suspensión del procedimiento. Por lo anterior, se advierte que ésta no queda comprendida dentro de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no tratarse de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, por lo que no afecta de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que si bien dicha determinación guarda relación directa con la posible continuación del proceso, y esta no afecta el resultado del juicio sumario 505/2021 del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de esta ciudad,en razón que no trasgrede su esfera jurídica, lo que únicamente produce efectos intraprocesales, cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica con el simple hecho de que el Juez responsable -en su caso-, emita sentencia favorable a los intereses de la parte promovente y de resultarle adversa puede repararse mediante la vía de amparo directo, tal como lo dispone el artículo 172 de la ley de la materia, en el que puede alegar como violación procesal la resolución que aquí reclama, por haber trascendido al resultado del fallo. Por tanto, se tiene que el juicio de amparo promovido en contra del acto reclamado en esta vía constitucional, deviene improcedente al no considerarse tal circunstancia como una violación que cause perjuicios irreparables a la parte quejosa, entendida como aquélla que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que se trata de cuestiones relativas a la resolución en la que la responsable negó a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación y suspensión del procedimiento, lo que en su caso, produce efectos formales o intraprocesales, que bien pueden ser retrotraídos en caso de que la parte quejosa obtenga sentencia favorable en segunda instancia a través del recurso de apelación interpuesto, con lo que quedarían reparadas las violaciones procesales y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con el acto que tilda de inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que de rubro, texto y datos de identificación son los siguientes: Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, la demanda instada en esta vía por la parte quejosa resulta improcedente en forma manifiesta e indudable y, por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la misma. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado en apariencia por Sara Bertha Díaz Zamora, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que le fue decretada en acuerdo de trece de enero de esta anualidad; sin embargo, se advierte que la firma que obra estampada en el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la plasmada en el escrito inicial de demanda, lo que se aprecia en la siguiente gráfica: Firma contenida en la demanda de amparo. Firma del ocurso que se atiende. Por tanto, requiérase a la quejosa para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días hábiles, legalmente computado, se presente a este órgano jurisdiccional debidamente identificada, y manifieste si reconoce como suya la firma plasmada en el escrito que se agrega. Ello es así, ya que la firma es el signo gráfico mediante el cual las personas manifiestan su voluntad en los actos que realizan en forma escrita; por lo que resulta ser relevante su identidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 385, enero a junio de 1989, tomo III, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Apercibida que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta y en consecuencia de ello, por no presentada la demanda de amparo. Finalmente, dígase a la promovente que deberá generar la cita respectiva a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ" para el trámite correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve ***, de propio derecho, contra actos del Juez Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, con residencia en esta ciudad, por lo tanto, fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 29/2022-C. Ahora, previo acordar sobre la admisión de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandar prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, otorgándole la oportunidad para que pueda desahogarlas en tiempo, se impone precisar lo que prevén los artículos 108, fracción IV y V , así como el diverso 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.] Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; . [.]. [.]. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y [.]" De una lectura minuciosa efectuada al escrito de demanda se desprende que la promovente incumplió con los extremos contemplados en las fracciones I y IV, del artículo 114, por tanto, se requiere a la quejosa, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, subsane su demanda en lo siguiente: Primero. Precise con claridad el acto reclamado a la autoridad resposable, lo anterio tomando en consideración que señala en su capítulo de acto reclamado lo siguiente: ".Acto reclamado. Lo constituye la interlocutoria de fecha misma que niega la fijación de fecha de audiencia de conciliación y suspensión del procedimiento para los efectos de buscar conciliación, hecho que constituye una violación de imposible reparación en interlocutoria." Asimismo, en su capítulo de antecedente narra: ".Sin embargo, a mi solicitud fue desestimada, a lo que presente recurso de revocación, esto por medio de mi letrado pronunciándose al respecto con la interlocutoria de la cual me duelo en este acto y que fue emitida el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, publicándose el día treinta de noviembre." Por tanto, deberá precisar con claridad la resolución que reclama y la fecha en que fue emitida ésta; así como el juicio de origen y el carácter que ostenta en el mismo. Lo anterior, es necesario para que este órgano jurisdiccional pueda determinar lo relativo a la demanda que se provee, asimismo, el desahogo deberá formularlo en términos de lo previsto en el artículo 108, de la ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII. 1º. 3 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Tomo III, Noviembre de 2018, página dos mil doscientos once, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguiente: ''DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO PUEDE PREVENIR AL QUEJOSO POR LOS MOTIVOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 114, EN RELACIÓN CON EL 108, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO PUES, DE LO CONTRARIO, VIOLENTA LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece la facultad del Juez para mandar aclarar la demanda de amparo, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deben corregirse, y precisa las hipótesis en que ello procede. En tanto que el artículo 108 de la propia ley señala los requisitos que debe contener la demanda. Por tanto, si el juzgador previene al quejoso por un motivo no previsto en los preceptos citados, violenta las formalidades del procedimiento, por ejemplo, cuando para proveer sobre la admisión de la demanda, requiere a la autoridad responsable para que informe o remita los autos o constancias, incluso del acto reclamado, para acordar lo procedente, lo que en todo caso sería materia del informe justificado; a más de que con ese proceder, se presume que la pretensión es evitar la admisión de la demanda, indagando sobre una causa de improcedencia, lo cual contraviene el derecho humano a una tutela judicial efectiva, pues solamente en aquellos casos en que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable, procede el desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 113 de la ley invocada, sin que la ley autorice esa investigación, antes de admitirse la demanda." Apercibimiento. Se advierte al ocursante que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En el entendido que lo anterior deberá de ser subsanado por la parte quejosa por ser un acto personalísimo, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Autorizados Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Israel Quezada Herrera y Juan Pablo Martín Ornelas, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a quienes menciona. Acceso y notificaciones vía electrónica De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36, 37, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, así como las notificaciones por este mismo medio, las cuales están sujetas a lo que se indica en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, por lo que el usuario a quien se autoriza está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. En el entendido de que, con la finalidad de evitar duplicidad procesal, las notificaciones se realizarán únicamente por dicha vía y no en el domicilio procesal que se señaló en el escrito inicial de demanda, lo anterior hágase del conocimiento de la parte promovente para el caso de que considere que las notificaciones deban realizarse en el domicilio procesal, dentro del término de tres días legalmente computado lo haga del conocimiento de este Juzgado a fin de acordar lo conducente, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto se le tendrá por conforme con dicha determinación. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "licjpmo", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente a la quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes
- Santiago Guadalupe Sánchez Martínez397/2021
- Santiago Guadalupe Sánchez Martínez427/2021
- Santiago Guadalupe Sánchez Martínez952/2022
- Santiago Orozco Santos1383/2023
- Santo Rafael Tevene Arias727/2023
- Santos Sarbia Cruz.31/2021
- Sara María Vega Salas (Promovente)1567/2023
- Sara María Vega Salas (Promovente)1573/2023
- Sara María Vega Salas (Promovente)1677/2023
- Sara Trinidad Guadalupe Sandoval Vazquez416/2020
- Sarah Saavedra Martins Lopes y Otros.459/2023
- Sarahi Jacinto Santiago856/2021