Sandra Mireya Ledesma Castañeda

Expediente 825/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
825/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • SANDRA MIREYA LEDESMA CASTAÑEDA y Otros.
  • Sandra Mireya Ledesma Castañeda
  • Geovanny Emmanuel Torres Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Geovanny Emmanuel Torres Gutiérrez hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es a la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE DISCOS Hágase devolución a Ana Lilia García Cardona, Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, el disco compacto que contiene la resolución de la audiencia inicial dictada dentro de la causa penal 754/2022; y, a Fernando Sánchez Martínez, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, el diverso que contiene que contiene la videograbación desahogada en el proceso penal 769/2022; mismos que en su momento adjuntaron a sus respectivos informes justificados. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Siguiendo con la vista del estado que guardan los presentes autos, se advierte que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar, y que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que en el presente juicio de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción III del capítulo quinto, último párrafo del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, sin soslayar que mediante resolución dictada por este Juzgado se haya SOBRESEÍDO en el juicio en que se actúa, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, debiendo conservarse el escrito de demanda y el auto por el que se concedió la medida suspensiva. Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial, que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. SE DEJAN DOCUMENTOS ORIGINALES A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA Finalmente, como de la certificación de cuenta se desprende que en el presente juicio de amparo obran documentos originales; con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del acuerdo antes mencionado, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con el término legal de noventa días hábiles para que comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho lapso, correrá la suerte del juicio principal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Geovanny Emmanuel Torres Gutiérrez hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es a la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE DISCOS Hágase devolución a Ana Lilia García Cardona, Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, el disco compacto que contiene la resolución de la audiencia inicial dictada dentro de la causa penal 754/2022; y, a Fernando Sánchez Martínez, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, el diverso que contiene que contiene la videograbación desahogada en el proceso penal 769/2022; mismos que en su momento adjuntaron a sus respectivos informes justificados. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Siguiendo con la vista del estado que guardan los presentes autos, se advierte que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar, y que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que en el presente juicio de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción III del capítulo quinto, último párrafo del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, sin soslayar que mediante resolución dictada por este Juzgado se haya SOBRESEÍDO en el juicio en que se actúa, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, debiendo conservarse el escrito de demanda y el auto por el que se concedió la medida suspensiva. Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial, que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. SE DEJAN DOCUMENTOS ORIGINALES A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA Finalmente, como de la certificación de cuenta se desprende que en el presente juicio de amparo obran documentos originales; con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del acuerdo antes mencionado, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con el término legal de noventa días hábiles para que comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho lapso, correrá la suerte del juicio principal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-

  3. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 825/2022 promovido por GEOVANNY EMMANUEL TORRES GUTIÉRREZ contra actos del Jueces del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. Director de Carpetas de Investigación de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado. Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado. Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable precisada en el inciso a), adjuntó como sustento de su informe un disco compacto el cual contiene la resolución de la audiencia inicial dictada dentro de la causa penal 754/2022, instruida en contra del aquí quejoso directo Geovanny Emmanuel Torres Gutiérrez; medio de convicción que se tuvo por admitida y desahogada en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, formuló los alegatos que a su parte corresponden. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos tales alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 825/2022-IX, promovido por Geovanny Emmanuel Torres Gutiérrez, por propio derecho, contra actos que reclama de los Jueces del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil veintidós, ante este juzgado, Sandra Mireya Ledesma Castañeda, promovió demanda de amparo en representación del aquí quejoso por reclamarse actos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber: "IV. ACTO RECLAMADO: Consistente en el ataque a la libertad del padre de mis hijos fuera de todo procedimiento, incomunicación y peligro de la vida, ya que bajo protesta de decir verdad el día de hoy fue detenido de manera inmediata y abrupta al salir del centro penitenciario derivado de que el Juez de Control que tuvo conocimiento de la causa penal número 769/2022 que se le instruía al ahora quejoso, se le decretó la inmediata libertad ya que se le dio (sic) una violación flagrante del artículo 16 constitucional, traslado (sic) aparentemente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, por lo que al llegar a la Fiscalía pregunté primeramente en el área de internación, secuestros, homicidios y unidad de investigación y persecución al narcomenudeo y no está puesto a disposición en ninguna de estas áreas." En ese ocurso, la promovente narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Suspensión de plano y trámite del juicio de amparo. Por ende este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán mediante acuerdo de esa misma fecha tuvo por presentada la demanda en su calidad de urgente, la registró bajo el número de expediente 825/2022-IX, decretó la suspensión de plano y ordenó la localización del quejoso a efecto de que se le requiera para ratificar su demanda. Una vez hecho lo anterior, en proveído de dos de agosto siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo y se programó la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diversos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en la medida en que se reclaman actos privativos de la libertad del quejoso atribuidos a una autoridad jurisdiccional que tiene su residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, lugar en el que ejerce jurisdicción mixta este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye la orden de privar al aquí quejoso Geovanny Emmanuel Torres Gutiérrez, de su libertad, la cual se ejecutó el treinta y uno de julio de dos mil veintidós, la cual consiste en la orden de aprehensión dictada el veintiocho de julio de este año en contra del peticionario del amparo dentro de la causa penal 754/2022, seguida en contra del mismo por el delito de secuestro agraviado en perjuicio de Luis Ángel Arroyo Ortiz. La precisión apuntada obedece a que si bien en la demanda de amparo se reclamó de manera genérica la orden privativa de libertad girada en contra del quejoso y ejecutada el treinta y uno de julio de este año, de los informes justificados que obran en autos, en específico, del rendido por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Pena Acusatorio y Oral, Región Morelia, el dos de agosto de dos mil veintidós, se obtiene que la detención respecto a la cual inicialmente se dolió el quejoso -a través de tercera persona- se originó en el dictado de la referida orden de aprehensión en su contra. Sin que en el presente expediente obre diverso escrito del que se desprenda la voluntad del quejoso de reclamar diversos actos a los inicialmente impugnados. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Pena Acusatorio y Oral, Región Morelia, al rendir su informe relativo a la suspensión de plano decretada en autos aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director de Carpetas de Investigación de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales y Coordinador General de la Policía de Investigación, todos de la Fiscalía General del Estado, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que el quejoso les atribuyó. Por lo anterior, se tienen como inexistentes los actos reclamados en la presente instancia constitucional. En ese sentido, el solicitante del amparo no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de las autoridades responsables. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia con registro digital 227634, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia con registro digital 214593, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". QUINTO. Sobreseimiento en el juicio de amparo. Es innecesario analizar los conceptos de violación formulados por la persona moral quejosa, dado que este juzgador -de oficio- advierte, que debe sobreseerse en el juicio de amparo porque actualmente la orden privativa de la libertad del quejoso, ejecutada el treinta y uno de julio de dos mil veintidós ya no le causa perjuicio al peticionario del amparo, pues la misma quedó sustituida procesalmente por una diversa actuación dictada después de la presentación de la demanda de amparo. Motivo por el cual se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En torno a la figura de la cesación de efectos, se materializan dos hipótesis distintas que pueden actualizarse, a saber: 1) Por revocación, cuando los efectos desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. 2) Por sustitución, se actualiza al producirse un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del que se reclamó, cuya firmeza se da por la posterior actuación que la sustituyó, es decir, por la que constituye el objeto de análisis del juicio constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 165870, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "Registro digital: 165870 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: I.3o.C.92 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491 Tipo: Aislada "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Con esas bases, se estima que en el caso se actualiza la segunda hipótesis de la cesación, relativa a la sustitución del acto reclamado, pues en la especie, aconteció una circunstancia que superó la orden de aprehensión dictada en veintiocho de julio de dos mil veintidós en la causa penal de origen. En efecto, en el asunto que nos ocupa, la quejosa pretende reclamar la constitucionalidad de la orden de aprehensión apuntada, la cual originó que el día treinta y uno de julio de dos mil veintidós este fuera privado de su libertad. Sin embargo, debe precisarse que no obstante la presentación del presente medio de control constitucional y la suspensión de plano decretada en autos, se continuó por sus cauces legales la causa penal 754/2022, seguida en contra del mismo por el delito de secuestro agraviado en perjuicio de Luis Ángel Arroyo Ortiz, y el uno de agosto del mismo año, se celebró la audiencia inicial en dicho procedimiento, con motivo de la detención del quejoso efectuada el treinta y uno de julio pasado. En dicha audiencia se vinculó al peticionario del amparo a proceso y se decretó en su contra una medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa, atendiendo a la naturaleza del delito que se le imputaba. Lo anterior se obtiene del contenido del disco compacto relativo a la causa penal 754/2022, que la jueza responsable hizo llegar al juicio de amparo. Medios de convicción que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resultan aplicables las tesis que se reproducen en seguida: Registro digital: 2015127 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 34/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I. Página 125 Tipo: Jurisprudencia "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con esas bases, queda de manifiesto que la orden de aprehensión inicialmente reclamada en el presente juicio de amparo ya no rige la situación jurídica del peticionario del amparo, por lo que ve a su libertad personal, en la medida en que con motivo de la medida cautelar dictada en la audiencia inicial de uno de agosto de dos mil veintidós, dicha disposición se sustituyó procesalmente con la prisión preventiva oficiosa dictada en su contra, medida que es la que permite que actualmente el peticionario del amparo se encuentre recluido en un centro penitenciario. Sin que en el caso sea adecuado tener como acto reclamado el dictado de la prisión preventiva oficiosa que sustituyó procesalmente la orden de aprehensión, en la medida en que la misma se dictó durante la celebración de la audiencia inicial de uno de agosto de este año, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que aquí nos ocupa, sin que en el caso, el promovente haya ampliado su libelo constitucional en contra de dicha nueva actuación. Consecuentemente, con motivo de la sustitución procesal descrita debe concluirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, respecto del acto reclamado, motivo por el cual procede sobreseer en el juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la propia ley de la materia. En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación, hechos valer por el peticionario del amparo, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 220705 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: V.2o. J/15 Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Tomo IX, Enero de 1992, página 115 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". SEXTO. TRANSPARENCIA. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Finalmente, no pasan por alto las manifestaciones que en vía de alegatos formula la asesora pública federal, como representante especial de la menor; y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; sin embargo, éstos no forman parte de la litis y debido a ello, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados en el escrito correspondiente; menos cuando como en la especie, no propone alguna diversa causa de improcedencia que estime se actualice en este sumario constitucional. Apoya esta consideración, la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del Número 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 205449, de título y contenido que disponen: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Geovanny Emmanuel Torres Gutiérrez, en relación con el acto precisado en el considerando cuarto y quinto de este fallo y por las razones ahí referidas. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Luna Sánchez, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy tres de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. INFORMES JUSTIFICADOS Con vista a las partes, agréguense a los presentes autos los oficio de cuenta, con los que las autoridades que los suscriben Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales y Coordinador General de la Policía de Investigación, ambos de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, rinden informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; de los que se ordena hacer relación en el audiencia constitucional correspondiente. DELEGADOS Se tiene a las autoridades oficiantes designando como delegados de su parte, a las personas que refieren en los oficios de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-

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