Sandra Rocio Varela Cortés
Expediente 1325/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 40 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1325/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sandra Rocio Varela Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. PRETENDE DAR CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Juez Cuarto en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en funciones de Juez de Instrucción, mediante el cual remite copia certificada del proveído de quince de noviembre en curso, dictado dentro del expediente ordinario oral familiar 157/2022, en el que aduce se dio cumplimiento a la suspensión concedida a la quejosa Sandra Rocío Varela Cortés. Sin embargo, como de autos se advierte que el diecisiete del mes y año en cita se dictó sentencia en el presente juicio, en la que otorgó la protección constitucional a la referida quejosa; resérvese proveer lo conducente respecto a la constancia remitida por la oficiante, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución dictada en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número IX-1325/2022, promovido por Sandra Rocío Varela Cortés, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en funciones de Juez de Instrucción, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y remitido en esa fecha por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Sandra Rocío Varela Cortés promovió demanda de amparo contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en funciones de Juez de Instrucción, y otra autoridad. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por auto de treinta de noviembre de dos mil veintitrés, este juzgado formuló prevención a la quejosa a fin de que aclarara su escrito inicial de demanda, bajo apercibimiento que de no hacerlo se entendería que únicamente es su deseo reclamar los actos omisivos precisados en el capítulo correspondiente y se proveería sobre su demanda en los términos planteados. Dado que la parte quejosa no desahogó el requerimiento formulado, en auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se admitió a trámite la demanda de garantías registrada con el número IX-1325/2022; se solicitó las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Ello por tratarse de una demanda de amparo en materia familiar, promovida contra actos omisivos de autoridad con residencia en el territorio en que ejerce jurisdicción mixta este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese tenor, tenemos que el juzgador de amparo tiene la facultad de poder interpretar la demanda y así fijar de forma precisa los actos de los que se duele la quejosa en su demanda de amparo, por lo tanto se advierte que los actos reclamados consisten en: De la Jueza Interina del Juzgado Noveno Familiar de la Ciudad de México, la omisión de remitir al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, el cuadernillo relativo al exhorto mediante el cual encomendó a su similar con residencia en esta ciudad, verificar la diligencia de emplazamiento de la aquí quejosa. De la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, la omisión de proveer lo relativo a la medida cautelar solicitada por la quejosa, así como respecto de la contestación de demanda y la acción reconvencional planteada por la quejosa. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por la Jueza Interina Noveno Familiar de la Ciudad de México (foja 158 a 161), se advierte que niega la existencia del acto reclamado, toda vez que refiere que fue remitido el cuaderno correspondiente al Presidente del Poder Judicial de Morelia, Michoacán, mediante correo certificado, lo que acreditó con el formato de depósito de correspondencia de veintiséis de abril de dos mil veintidós. Asimismo, señaló que el once de mayo de dos mil veintidós fueron enviadas las demás constancias al Presidente del Poder Judicial de Morelia, Michoacán, mediante correo certificado, lo que se corrobora del formato de depósito de correspondencia, que al efecto acompaña su informe respectivo. Negativa de actos que no fue desvirtuada por la aquí quejosa, por lo que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. De ahí que sea innecesario abordar los conceptos de violación relativos. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, se advierte que acepta la existencia de los actos reclamados. Además, lo anterior se corrobora con las constancias relativas al expediente 157/2022, que remitió la autoridad jurisdiccional como justificación de su informe, las cuales obran en cuaderno de pruebas por separado; a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, se advierte que en relación con el acto reclamado a la juez responsable, consistente en la omisión de proveer lo relativo a la medida cautelar solicitada por la aquí quejosa, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo texto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se estima actualizada dicha causal en atención a que del contenido del proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés (foja 221 a 226 del tomo de pruebas), se advierte que la jueza responsable decretó orden de restricción en contra del tercero interesado Felipe Hernández Solís, a favor de la quejosa Sandra Rocío Varela Cortés, prohibiéndole realizar cualquier acto de violencia en perjuicio de esta, así como para acudir al domicilio que ella habita o bien donde se encuentre; además de la prohibición para acercarse a ella a una distancia menor de trecientos metros, a menos de que lo hiciera en presencia de una autoridad y sin peligro para ella, en su entorno social y familiar, inclusive por cualquier medio telefónico, electrónico o redes sociales. De ahí que quien resuelve estima que con dicha determinación de la jueza responsable se colma la pretensión de la quejosa a fin de obtener la medida cautelar. Con vista a lo anterior, es claro que la omisión reclamada cesó esencialmente en sus efectos, dado que con la determinación adoptada el cinco de enero de dos mil veintitrés, se atendió el fin pretendido por la quejosa. Por lo que tal circunstancia conlleva a la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De donde se sigue que sobreviene la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, en virtud de que conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de la materia, el efecto y finalidad del juicio de amparo, es conseguir la restitución en el goce de la garantía violada a favor de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado que guardan antes de la violación constitucional. Por lo que si, en la especie, la materia sobre la cual recayó el acto reclamado dejó de surtir efectos, es indudable que no podrá restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada, al haber dejado de producir consecuencias legales, de forma que el amparo es improcedente, actualizándose de esta manera la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Ello es así, pues los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y se repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia señalada, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, respecto del acto precisado en párrafos que anteceden. Al no actualizarse alguna diversa, procede el análisis del fondo material controvertido. SEXTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en función a que este juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 58/2010 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, aunque para tales efectos deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. En los conceptos de violación, en esencia, se reclama de la jueza responsable el violentar el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones para obtener administración de justicia pronta, particularmente al omitir proveer lo relativo a la contestación de demanda y demanda reconvencional hecha valer por la quejosa, hasta en tanto obren en autos sus constancias de emplazamiento; actos que vulneran en su perjuicio los derechos humanos contenidos en el artículo 17 Constitucional. En efecto, de las constancias que integran el expediente familiar 157/2022, se desprende que el aquí tercero interesado presentó demanda de divorcio sin expresión de causa, frente a la quejosa, de la que correspondió conocer a la Jueza Interina Noveno Familiar de la Ciudad de México, por lo que se giró exhorto a fin de emplazar a dicho controvertido a la promovente del amparo. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, la quejosa dio contestación a la demanda entablada en su contra, además de formular demanda reconvencional (foja 156 a 168 del tomo de pruebas). Mediante auto de esa misma fecha, la jueza de Ciudad de México, reservó de proveer lo conducente hasta en tanto obraran en autos las constancias del exhorto en el que se había ordenado el emplazamiento de la quejosa (foja 169 del tomo de pruebas). Mientras tanto, la quejosa promovió incidente de incompetencia ante la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial; por lo que en auto de diez de marzo de dos mil veintidós, se solicitó a la jueza con residencia en Ciudad de México que dejara de conocer del juicio de divorcio tramitado bajo el expediente 124/2022 y remitiera los autos relativos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, ya que sería quien conocería del juicio en cuestión (foja 172 a 173 del tomo de pruebas). En mérito de ello, por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, se remitieron los autos relativos al juicio de divorcio (foja 178 del tomo de pruebas); y mediante oficio 1729/2022, se tuvieron por recibidos (foja 180 del tomo de pruebas), ordenándose notificar personalmente a las partes la llegada de los autos (foja 181 del tomo de pruebas). Posteriormente por oficio 4087, se remitieron a la Oficialía de Partes del Poder Judicial de esta ciudad, un cuadernillo constante de diez fojas útiles a fin de que se hicieran llegar al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial (foja 189). En mérito de ello, el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el expedientillo relativo y se determinó que no había lugar a admitir el recurso de apelación interpuesto por el aquí tercero interesado (foja 204). Posteriormente, por oficio 3195, se remitió diverso expedientillo constante de cuatro fojas útiles (foja 205), a lo que la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, acordó que no había lugar a tener al actor señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones personales en la Ciudad de México, en razón de que se encontraba fuera de su jurisdicción; asimismo, hizo una relatoría de lo actuado en dicho juicio y ordenó girar oficio a la Jueza Noveno Familiar de la Ciudad de México, para que remitiera el cuadernillo que se hubiera formado con motivo del exhorto enviado al juez competente y en turno en esta ciudad, para emplazar a la demandada, aquí quejosa, ello a fin de estar en condiciones de dar cuenta con el escrito de contestación de demanda (foja 214 a 215). Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, la demandada, aquí quejosa solicitó a la juez responsable se pronunciara respecto de la contestación de demanda y reconvención formulada (foja 217 a 218 del tomo de pruebas), a cuyo efecto recayó el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el que la jueza responsable determinó que una vez que contara con las constancias relativas al exhorto por el que se encomendó su emplazamiento estaría en aptitud de proveer lo conducente; asimismo, hizo de su conocimiento que mediante oficio 2735/2022, se habían solicitado las constancias relativas (foja 220 del tomo de pruebas). Virtud a la suspensión provisional concedida con motivo de la tramitación del presente juicio, por auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, la jueza responsable proveyó lo relativo a la medida cautelar solicitada por la quejosa (foja 221 a 226 del tomo de pruebas). Posteriormente, el quince de mayo de dos mil veintitrés, se giró oficio recordatorio a la Jueza de Ciudad de México para que remitiera las constancias relativas al emplazamiento de la aquí quejosa; y, por auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, nuevamente se giró dicho comunicado para tal efecto (foja 265 de autos), sin que se advierta que haya obtenido resultado favorable. En mérito de ello, por auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, nuevamente se giró comunicación oficial. Ante la falta de respuesta, por auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, se requirió al actor para que exhibiera la minuta o exhorto diligenciado que le había sido entregado el veintiocho de enero de dos mil veintitrés, por el juzgado Familiar de la Ciudad de México; siendo así que por escrito presentado el veinte de octubre pasado, la apoderada del actor, aquí tercero interesado, informó que no contaba con la documentación requerida. En atención a dichas manifestaciones, por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, la jueza responsable ordenó girar oficio nuevamente a la Jueza de Ciudad de México, para que informe si cuenta con el cuaderno de exhorto y de ser así se lo remita; y, para que en caso de no contar con dicho cuaderno informe la fecha en que lo devolvió, debiendo remitir copia del oficio y de la factura correspondientes. De la anterior narración se advierte que pese a que la autoridad ha insistido en recabar las constancias relativas al emplazamiento de la demandada, aquí quejosa, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la contestación de demanda y reconvención formulada por esta, a la fecha no ha sido posible allegarse de dichos documentos; y, en consecuencia, continúa sin proveer lo respectivo. Ahora, el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..." El precepto constitucional citado establece en favor de los gobernados la garantía individual de acceso a la jurisdicción, mediante la cual el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por la promovente del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. La interpretación directa del artículo 17 constitucional, en relación con el tema a examen, tiene apoyo en la doctrina jurisprudencial, pues el Tribunal en Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, sostuvieron las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 604, Tomo XXII, y 1013, Tomo XLVIII, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia."; y, "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXPEDICION DE LA. El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos tácita o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada." En conclusión, el artículo 17 constitucional, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. Acotado lo anterior, en la especie se tiene, que la parte quejosa reclama en esencia de la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, la omisión de proveer lo relativo a la contestación de demanda y reconvención formulada por la aquí quejosa, por no contar con las constancias de su emplazamiento, lo cual aduce constituye la violación en su perjuicio de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Tal argumento, como se dijo de inicio, es fundado, toda vez que de las constancias contenidas en autos, las cuales fueron previamente valoradas, se advierte que entre la fecha en que la autoridad responsable recibió los autos (cinco de mayo de dos mil veintidós) y el primer requerimiento de las constancias de emplazamiento (treinta de junio de dos mil veintidós), transcurrió más de un mes. Y volvió a girar oficio recordatorio hasta el quince de mayo de dos mil veintitrés, esto es, casi un año después de que había formulado la solicitud a la Jueza de Ciudad de México, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, lo que de inicio ha generado una violación en perjuicio del gobernado, ya que se ha generado el retraso en la impartición de justicia en términos del citado artículo. No pasa inadvertido para el que suscribe el hecho de que posteriormente la jueza responsable haya dictado diversas medidas tendentes a allegarse de las constancias respectivas; sin embargo, es evidente que no han sido efectivas para el fin pretendido. Siendo evidente que a foja 48 de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la demandada, aquí quejosa, al promover el incidente de incompetencia, exhibió el instructivo relativo a lo que dijo era su emplazamiento (desconociéndose si fue exhibido en original o copia). De tal modo que, la autoridad responsable indebidamente inadvirtió que tenía a su alcance mayores elementos para corroborar la fecha en que la quejosa fue emplazada, máxime que en caso de estimarlo necesario estaba en aptitud de corroborar su veracidad a través de la autoridad que verificó diligencia de emplazamiento, con lo que dilató el procedimiento en perjuicio de la quejosa. En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo en vigor, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Sandra Rocío Varela Cortés, para el efecto de que: La Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial verifique en los autos originales del juicio oral familiar 157/2022, si el instructivo relativo al emplazamiento de la quejosa obra en original, copia simple o certificada. Para el caso de que obre en original o copia certificada, determine que ello es suficiente para tener por acreditado el emplazamiento de la quejosa en aquella fecha y, en consecuencia, dicte un auto en el que provea lo que en derecho proceda en relación con la contestación de la demanda y reconvención hecha valer por la aquí quejosa. Para el caso de que dicho instructivo obre en copia simple, deberá requerir a la quejosa para que exhiba el tanto del instructivo que fue entregado al efecto; y, de no contar con él, habrá de valorar la copia simple como un indicio y, en consecuencia, ante la aceptación expresa de la quejosa en el sentido de haber sido debidamente notificada en aquella fecha, bajo el principio de buena fe procesal, deberá emitir un auto en el que provea lo que en derecho proceda en relación con la contestación de la demanda y reconvención hecha valer por la aquí quejosa. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Sandra Rocío Varela Cortés, en contra de los actos reclamados y autoridades que precisadas quedaron en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sandra Rocío Varela Cortés, en contra del acto reclamado a la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo IX-1325/2022 promovido por Sandra Rocío Varela Cortés contra actos del Juez Cuarto Oral Familiar del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesado Felipe Hernández Solís, de quien obra constancia de emplazamiento. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. De igual manera, CERTIFICO: Que el término de tres días concedido a la quejosa en proveído de once de octubre del año en curso, a fin de exhibiera las constancias originales relativas a su emplazamiento dentro del juicio de origen, le empezó a correr el treinta de octubre y le concluyó el seis de noviembre de la presente anualidad, sin que lo hubiera hecho, lo que se asienta para constancia y efectos legales a que haya lugar. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; en torno a la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de tres días concedido a la quejosa Sandro Rocío Varela Cortés, en proveído de once de octubre del año en curso, a fin de exhibiera las constancias originales relativas a su emplazamiento dentro del juicio de origen, ha fenecido, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el citado proveído y se continúa con la presente audiencia. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: a) Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia b) Jueza Noveno Familiar de la Ciudad de México. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en el sumario las documentales que la parte quejosa allegó a su libelo constitucional, así como las que la autoridad responsable Juez Noveno Familiar de la Ciudad de México, adjuntó como sustento de su informe. Asimismo, la diversa autoridad responsable Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, acompañó a su informe la documental consistente en copia certificada del juicio familiar oral número ********************, con la que se ordenó formar tomo de pruebas por separado. Documentales que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. JOSÉ SIERRA ORTIZCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. INFORMA GESTIONES Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Juez Cuarto Oral Familiar de este Distrito Judicial, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite copias certificadas de la promoción y documentos adjuntos presentada por la licenciada Maileth Isidro Mendoza, mandataria judicial de Felipe Hernández Solís, así como del auto dictado el veinticinco de octubre de esta anualidad, a efecto de acreditar las gestiones que se encuentra realizando para emitir pronunciamiento en torno a la demanda planteada por la aquí quejosa Sandra Rocío Varela Cortés, en vía de reconvención, dentro del juicio familiar de origen. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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