Sandra Isela Cárdenas López y Otros.
Expediente 612/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sandra Isela Cárdenas López y Otros.
- Sandra Isela Cárdenas López
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de abril de dos mil veintiuno. TRIBUNAL DE ALZADA ACUSA RECIBO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que derivado a la incompetencia planteada por este juzgado, se avoca al conocimiento del asunto, mismo que se registró con el número ********************. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE LO SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veinte. CUMPLE PREVENCION Visto el escrito de cuenta signado por J. Ángel Maldonado Villegas, en cuanto apoderado jurídico de los quejosos, carácter que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, en atención al instrumento notarial que acompaña, a través del cual cumple con los puntos de prevención que se le hizo mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA. Ahora, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por los artículos 47, 170 fracción I y 171, de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. Los numerales de mérito son del tenor siguiente. "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del contenido de los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando el amparo se promueva contra sentencias definitivas o laudos que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la propia sentencia o contra resoluciones que pongan fin al juicio y la demanda de amparo se presente ante un juez de Distrito, contra alguno de los actos antes mencionados, se declarará incompetente de plano y mandará remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En la especie, los peticionarios del amparo reclaman de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la resolución de once de septiembre de dos mil veinte, dictada dentro del toca III-10/2020, relativa al recurso de queja interpuesto contra el auto de veinticinco de agosto del año en curso dictado en el juicio sucesorio intestamentario 438/2020; con lo cual queda colmados los supuestos para considerarlo como un acto definitivo, al haberse agotado el medio de defensa ordinario en su contra. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la Tesis 3a./J. 30/90, localizable en la Página 188, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." Así, la sentencia dictada dentro del toca III-10/2020, es una determinación que pone fin al juicio; mejor dicho, finaliza la instancia en ese procedimiento, en tales condiciones, este juzgado considera que la competencia para conocer de la demanda de garantías de que se trata, se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, salvo su mejor opinión; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda, por lo cual se ordena remitir el original de la misma y sus copias, al Tribunal Colegiado de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del líbelo, se deje en este juzgado, solicitando a la superioridad el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veinte. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número X-612/2020. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, presentada en línea, con apoyo en el artículo 114 en relación con el diverso 108, fracciones I, IV y V, ambos de la ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito, aclare su demanda sobre lo siguiente: 1.- Para que el promovente J. Ángel Maldonado Villegas, quien se ostenta apoderado jurídico de Sandra Isela y Rocío Adriana, ambas de apellidos Cárdenas López, acredite con documento fehaciente la representación con la que comparece a gestionar ante este órgano jurisdiccional federal. Lo anterior se hace necesario, toda vez que la personería constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, que de estar plenamente acreditada, para que el juzgador esté en aptitud de admitir el libelo y, de no estarlo, se considera una irregularidad de la demanda que da lugar a prevenir al promovente. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Tesis: 2a./J. 1/96 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 200657 Segunda Sala Tomo III, Enero de 1996 Página 47 Jurisprudencia (Común) PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Epoca) números 19 a 21, con los títulos de ´PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL´ y ´PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER´, para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 1069/95. Xerox Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable. 13 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. Amparo en revisión 27/95. Arrendadora Alka, Sociedad Anónima de Capital Variable y otro. 25 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. Amparo en revisión 1550/95. Bap Bufete de Asesores Profesionales, Sociedad Civil. 17 de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Amparo en revisión 1531/95. Corporación Mexitur, Sociedad Anónima de Capital Variable. 24 de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro S. González Bernabé. Amparo en revisión 849/95. Almacenadora Serfín, Sociedad Anónima de Capital Variable, Organización Auxiliar de Crédito, Grupo Financiero Serfín. 8 de diciembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández." 2. Solventado lo anterior, de ser posible, la parte promovente deberá exhibir copia simple, o en su defecto, bajo protesta de decir verdad transcribir el contenido de lo siguiente: a) De la resolución reclamada de once de septiembre pasado, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca III-10/2020; y, b) Del acuerdo dictado por la encargada del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 438/2020, a través del cual se negó la admisión del juicio sucesorio a bienes de Juan Cárdenas Arreola. 3.-.Asimismo, toda vez que el promovente del amparo señala en su apartado de antecedes, que el treinta y uno de agosto del año en curso, presentó recurso de queja, en virtud de que en dos ocasiones no le pudieron prestar el expediente registrado con el número 438/2020 y que en la computadora se percató que no se había admitido el juicio sucesorio a bienes de Juan Cárdenas Arreola, mismo que se remitió al Consejo del Poder Judicial local y a su vez turnado a la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal. En mérito de lo anterior, se le solicita que aclare y narre de manera sucinta y detallada los antecedentes que dieron origen al acto que reclama; asimismo, deberá especificar bajo el índice de que juzgado se encuentra registrado el expediente 438/2020, cuál fue el motivo de turno del expediente antes referido a la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. De igual manera deberá especificar qué acto en concreto reclama del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. 4.- Para que, de su escrito aclaratorio, acompañe la copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración, que se requiere una para cada autoridad responsable y otra más para la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Se apercibe a la parte promovente del amparo, que para el caso de no cumplir con lo requerido en los puntos uno a cuatro del presente acuerdo, dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Resulta pertinente reiterar a la parte quejosa que, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda y aclaratorio afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, como el dato que se le solicita con antelación, esa conducta se encuentra tipificada como delito por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual refiere lo siguiente: "Capítulo III Delitos Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: [.] II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. [.]" DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a J. Ángel Maldonado Villegas, como autorizado de la parte quejosa, con las amplias facultades que otorga el artículo 12 de la ley de la materia, en virtud que su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos a José Ángel Maldonado Rojas. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. SE EXHORTA A LAS PARTES En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 22,1 se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet.2 HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms
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