Sandra Guadalupe Villa Cortés

Expediente 921/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
921/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Sandra Guadalupe Villa Cortés

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra del auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia por haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la abrogada Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído para todos los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. Por otro lado, como de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta capital, mediante el cual rinde el informe justificado que le fue requerido, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene desahogada la documental que acompaña como sustento de su informe, consistente en copia certificada de las principales constancias relativas al juicio laboral 400/2019. Sobresee fuera de audiencia. En el informe que se recibe se obtiene que la Presidenta responsable niega la existencia de la omisión que la quejosa le atribuye, consistente en la falta de notificación de la aclaración de demanda a los codemandados, así como correr traslado con tal demanda. Al efecto, refiere que el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en que se tuvo aclarada la demanda, fue notificado por instructivo el quince de febrero del año en curso, a las codemandadas Casa Cuna Luz, Amor y Esperanza de Morelia, Michoacán, así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; lo cual se corrobora con las constancias que remite como sustento. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. En la inteligencia de que la diversa demandada Gobierno del Estado y/o Poder Ejecutivo del Estado, estuvo presente, por conducto de su representante, en la audiencia de conciliación de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, respecto de la cual se duele la quejosa de su falta de notificación. En ese sentido, se tiene que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintitrés de agosto de dos mil veintidós), se notificó a las codemandadas la aclaración de demanda respectiva; por tanto, se tiene como inexistente la omisión reclamada al Tribunal responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.3o.A. J/21 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de identificación 226432, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, Página 660, de contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". Así como la tesis IV.3o.72 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de identificación 213793, Tomo XIII, Enero de 1994, página 254, que se lee: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio de amparo promovido por Sandra Guadalupe Villa Cortés, a través de su apoderado, ante la inexistencia de la omisión reclamada y, en consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintisiete de septiembre próximo. Apoya la determinación adoptada la tesis XIII.1o.P.T.4 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, registro digital 2020347, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta capital, mediante el cual rinde el informe justificado que le fue requerido, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene desahogada la documental que acompaña como sustento de su informe, consistente en copia certificada de las principales constancias relativas al juicio laboral 400/2019. Sobresee fuera de audiencia. En el informe que se recibe se obtiene que la Presidenta responsable niega la existencia de la omisión que la quejosa le atribuye, consistente en la falta de notificación de la aclaración de demanda a los codemandados, así como correr traslado con tal demanda. Al efecto, refiere que el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en que se tuvo aclarada la demanda, fue notificado por instructivo el quince de febrero del año en curso, a las codemandadas Casa Cuna Luz, Amor y Esperanza de Morelia, Michoacán, así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; lo cual se corrobora con las constancias que remite como sustento. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. En la inteligencia de que la diversa demandada Gobierno del Estado y/o Poder Ejecutivo del Estado, estuvo presente, por conducto de su representante, en la audiencia de conciliación de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, respecto de la cual se duele la quejosa de su falta de notificación. En ese sentido, se tiene que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintitrés de agosto de dos mil veintidós), se notificó a las codemandadas la aclaración de demanda respectiva; por tanto, se tiene como inexistente la omisión reclamada al Tribunal responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.3o.A. J/21 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de identificación 226432, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, Página 660, de contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". Así como la tesis IV.3o.72 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de identificación 213793, Tomo XIII, Enero de 1994, página 254, que se lee: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio de amparo promovido por Sandra Guadalupe Villa Cortés, a través de su apoderado, ante la inexistencia de la omisión reclamada y, en consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintisiete de septiembre próximo. Apoya la determinación adoptada la tesis XIII.1o.P.T.4 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, registro digital 2020347, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Auto de radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta, signado por Juan Carlos Durán Arreguín, quien se ostenta representante de la quejosa Sandra Guadalupe Villa Cortés; regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Se reconoce personalidad. En términos del artículo 10 de la ley de la materia, se le reconoce al ocursante el carácter de representante del quejoso, con base en el la documental que se acompaña. Se exhorta a las partes Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, transiten con la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. Admisión de la demanda. Admítase la demanda de amparo, promovida contra actos de los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. Fecha de la audiencia constitucional. Con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Solicitud de informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, con apoyo en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicite. En el caso la promovente se duele de la dilación procesal dentro del juicio laboral 400/2019, específicamente, la falta de notificación de notificar a los codemandados y correr traslado con la aclaración de demanda; por tanto, en caso de ser cierta dicha dilación y de no existir impedimento para ello, la Junta responsable deberá realizar dicha diligencia y acompañar a su informe justificado las constancias con las que lo acredite. Con independencia de lo anterior, deberá acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia. Se autoriza el envío del informe solicitado al correo electrónico 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se emita vía tradicional. Requiérase a la autoridad responsable para que informe si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado dentro del expediente de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Intervención al agente del ministerio público de la federación adscrito. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se autoriza la consulta vía electrónica. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al fiscal adscrito la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario que corresponda; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias. Tercero interesado. Sin que haya lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, toda vez que no encuadra en ninguno de los supuestos que refiere el artículo 5°, fracción III de la ley de la materia, tomando en consideración que de la lectura íntegra de la demanda no se obtiene que tengan un interés contrario al de la parte quejosa; aunado a que su llamamiento a juicio sólo retardaría el procedimiento, sin pasar por alto que el acto reclamado en la presente instancia constitucional es de carácter omisivo. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión por duplicado y cuerda separada, por no haberse solicitado. Requerimiento a las partes. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta; asimismo, se tiene como su autorizadas a las personas que refiere, en términos del segundo párrafo, del artículo 24 de la ley de la materia. Autorización a los actuarios adscritos. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. Medidas de prevención ante contingencia sanitaria. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que, de conformidad con el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberán notificar las determinaciones de carácter personal en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Además, cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Horario para notificaciones en el local de este juzgado y generación de citas para consulta de expediente. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se indica a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia actual. Notificaciones a la responsable. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medidas sobre publicación de datos personales. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

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