Sandra Elena Mejía Pulido
Expediente 938/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 938/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sandra Elena Mejía Pulido
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintitrés. ACUSE DE RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del diverso 12892, haciendo del conocimiento que en proveído de treinta y uno de julio del año en curso, ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda que dio origen al presente asunto. ARCHIVO. Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al ARCHIVO el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En consideración a lo anterior y que el presente cuaderno no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la federación y que entró en vigor al día siguiente; se estima que el presente asunto, encuadra en la hipótesis contenida en artículo 19 fracción I, inciso b), del aludido acuerdo, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo I-254/2023, promovido por Arturo Ortega Álvarez, en su carácter de defensor público federal de los imputados Eusebio Alejandro Acevedo Miramontes o Eusebio Alejandro Aceves Miramontes, ******************** contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado electrónicamente el uno de marzo de dos mil veintitrés, remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Arturo Ortega Álvarez, en su carácter de defensor público federal de los imputados Eusebio Alejandro Acevedo Miramontes o Eusebio Alejandro Aceves Miramontes, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad. El promovente del juicio narró los antecedentes del acto reclamado y estimó vulnerados en perjuicio de sus representados los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 18 y 20 de la Constitución Federal, además de diversas convenciones internacionales. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previas aclaraciones del escrito inicial de demanda, por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se desechó por extemporánea la demanda de garantías únicamente en lo que respecta al acto reclamado consistente en la resolución de seis de febrero de dos mil veintitrés, en la que se calificó de legal la detención de los quejosos. Asimismo, se admitió la demanda de garantías promovida por Arturo Ortega Álvarez, en su carácter de defensor público federal de los imputados Eusebio Alejandro Acevedo Miramontes o Eusebio Alejandro Aceves Miramontes, ******************** contra el diverso acto consistente en el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, registrándola bajo el número I-254/2023; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridad en materia penal residente en donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, por el cual se admitió, consiste en: El auto de vinculación a proceso dictado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en la causa penal 57/2023, que se instruye en contra de los quejosos Eusebio Alejandro Acevedo Miramontes o Eusebio Alejandro Aceves Miramontes, ******************** por su probable participación en el hecho con apariencia del delito de posesión ilícita de hidrocarburo, así como por el distinto hecho contra la salud, en su modalidad de transporte del estupefaciente denominado cocaína en su forma de clorhidrato. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las documentales que adjuntó como su complemento la autoridad jurisdiccional, consistentes en un disco versátil digital (DVD) que contiene la videograbación de la audiencia respectiva, así como de la versión escrita respectivamente. Los cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se puede consultar en la foja 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en función a que este juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Antes de efectuar el análisis correspondiente, es preciso señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad. Ello de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones, así como hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. En ese contexto, respecto al artículo 19 constitucional, se cambió el nombre tradicional de auto de formal prisión para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso, lo cual de acuerdo con lo expuesto en el proceso legislativo del decreto aludido, obedeció a que lo primero denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos. En cambio, la vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para el efecto que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación, y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental. De modo que con ello se activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede, desde el momento de la vinculación a proceso, empezar a planear su estrategia defensiva, siendo además la vinculación una garantía porque fija la materia de la investigación y del eventual juicio. Asimismo, se modificó de fondo la noción de "cuerpo de delito", a que alude el texto constitucional en los artículos 16 y 19, ya que según lo señalado en la exposición de motivos de la citada reforma, entre otras cuestiones, la noción de cuerpo de delito constituye una exigencia probatoria demasiado alta para el Ministerio Público, sobre todo si se considera que los requerimientos para acreditar su existencia se plantean en fases demasiado tempranas de la investigación de los delitos, y que ha sido justamente este estándar el que impide una investigación ministerial ágil, en la que las medidas cautelares adoptadas para la salvaguarda de la materia del proceso sean decretadas con la información suficiente y sin requerir a la autoridad investigadora un cúmulo de pruebas, ciertamente excesivas. Además, se añadió que ese excesivo estándar probatorio que hasta ahora se ha utilizado, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria, lo cual debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación. Por todo lo anterior, se modificó el estándar de prueba para el libramiento de un auto de vinculación a proceso, a fin de establecer un nivel de prueba más razonable, que corresponda al contexto de un sistema procesal penal acusatorio, de corte garantista, en donde se limita el empleo de la prisión preventiva, y se construyen mecanismos que reducen significativamente los alcances de la investigación (antes averiguación previa). Dicho sistema se caracteriza porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en esa fase de averiguación previa, y es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por ellas con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, pero ya no en la fase preliminar de investigación. De modo que se estimó adecuado racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el Ministerio Público, para plantear los hechos ante el juez y solicitar la vinculación a proceso del imputado. De manera que para el libramiento del auto de vinculación a proceso baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan que se ha cometido el hecho, que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Elementos que, se dijo, resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea vinculado a proceso penal por el delito que se le imputa, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio como el que se plantea. Bajo ese nuevo esquema, no es necesario mantener un nivel probatorio tan alto como se exigía para solicitar la vinculación a proceso, porque el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que, en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y, particularmente, el juicio. Igualmente, se consideró procedente mitigar el cúmulo probatorio actual que el juez debe recibir del Ministerio Público, para emitir un auto de vinculación a proceso, de manera que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal como delito y la probable participación -en amplio sentido- del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde. En tal virtud, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 19 Constitucional, pues como se ha mencionado, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y que fueron ponderadas por el juez responsable al dictar el auto de vinculación a proceso el ocho de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 57/2023, por su probable participación en el hecho con apariencia del delito de posesión ilícita de hidrocarburo, así como por el distinto hecho contra la salud, en su modalidad de transporte del estupefaciente denominado cocaína en su forma de clorhidrato. Ello atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, controvertir o confrontar los medios de prueba; es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y desvirtuar pruebas para restar credibilidad a las ofrecidas por la contraria o para acreditar una versión alternativa. Por lo que, con base en el principio de contradicción, no se otorgan privilegios a alguna de las partes, ni existe, por regla general, suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de las partes, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de Garantías o, en su caso, tribunal de apelación, las discuten en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten. Superado el debate el juez o magistrado resuelve conforme a derecho con los elementos que le suministraron los contendientes y de acuerdo con las tesis propuestas por ellos. Ahora bien, en su concepto de violación la parte quejosa esencialmente, señala: Que no se justificaron los requisitos de la detención en flagrancia de los quejosos, porque no se evidencia alguna conducta evasiva; no se precisó cuántos bultos negros se arrojaron al mar; no se localizó a bordo de la lancha alguno de ellos. Que existe contradicción entre lo reseñado en el informe de actividades de guardia costera con los datos de prueba, en atención a que la embarcación menor en que se transportaban los imputados fue detenida a través de diversos disparos por proyectil de arma de fuego realizados desde el helicóptero, impactando los dos motores fuera de borda, lo cual quedó acreditado con los dictámenes de balística forense, criminalística de campo y bitácora del helicóptero, los cuales provocaron que los motores ya no encendieran. Además que resulta inverosímil el hecho de que en una primera visualización a mayor distancia los elementos hayan advertido que los imputados arrojaban los bultos de color negro y estando más cerca, no hayan podido ver y advertir cuántos bultos fueron lanzados; además de que los primeros respondientes los hubieran asegurado o resguardado hasta llegar la ayuda. El primer motivo de disenso, así como todo lo relativo a la ilegalidad de la detención, resulta inatendible en atención a que en él se hace alusión a que no se justificó la detención en flagrancia, circunstancia que fue calificada de legal por el juez responsable en la resolución de control de la detención de seis de febrero de dos mil veintitrés, acto por el cual se desechó por extemporánea la demanda de garantías, sin que dicha determinación haya sido recurrida por las partes; de ahí que adquirió firmeza y quien suscribe está legalmente imposibilitado para realizar el análisis de constitucionalidad respecto del control de la detención. Por todo ello los motivos de disenso dirigidos a cuestionar la legalidad de la detención, son ineficaces. De ahí que, tampoco pueden ser benéficas las tesis que invocaron los quejosos en su demanda sobre la legalidad de la detención, pues no logran superar la ineficacia referida. Por otro lado, los restantes conceptos de violación resultan infundados, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Al respecto cabe precisar que las alegaciones vertidas vía concepto de violación fueron expuestas por la defensa ante el juez responsable, incluso a fin de demostrar su dicho, la defensa solicitó en la audiencia de seis de febrero de dos mil veintitrés (a las 2 horas 59 minutos del primer video), que se realizaran diversos actos de investigación, tales como la inspección de la embarcación en su totalidad a fin de verificar si contaba con impactos por proyectil de arma de fuego y cuál era su trayecto, para lo cual solicitó la intervención de perito en balística; asimismo, solicitó se allegara la bitácora de despegue del dos de febrero de dos mil veintitrés, entre las nueve y diecisiete horas, relativa al helicóptero que se transportaba en el buque donde estaban los primeros respondientes. De tal modo que en la diversa audiencia de ocho de febrero de dos mil veintitrés (1 hora 27 minutos del segundo video), el juez responsable primeramente justificó su competencia virtud al fuero, territorio y materia. Posteriormente estableció los requisitos para el dictado de la vinculación a proceso de conformidad con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, a las veinte horas con cincuenta y dos minutos de ese día formalizó la detención de vinculación a proceso de los imputados. Para luego reiterar la aclaración hecha con relación a la cantidad de hidrocarburo y determinar que la conducta reprochada es dolosa y que los imputados tienen la calidad de coautores materiales en términos de los artículos 9 y 13, fracción III, del Código Penal Federal. Para luego dar contestación a las citadas alegaciones vertidas por la defensa. De ahí que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, quien suscribe estima que son correctas las apreciaciones del juez responsable, ya que si bien la pretensión de la defensa, tal como lo estableció la autoridad responsable, era desvirtuar la mecánica de hechos narrada en el informe de actividades de guardia costera; probar la falta de inmediatez para la localización de los bultos que contenían el estupefaciente; además de incorporar como datos de prueba a fin de acreditar que se realizaron disparos hacia la embarcación con trayectoria de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro; asimismo, que la bitácora de uso del helicóptero coincidía con dos momentos, la detención de los quejosos y el aseguramiento de los bultos; además de justificar que el combustible en su posesión era el necesario para navegar y retornar, todo ello a fin de desvirtuar la teoría del caso planteada por la fiscalía. Los señalamientos atienden a una teoría alternativa que solo encuentra sustento en la declaración aislada de uno de los coimputados (Fermín Francisco García Sánchez) y en cuanto al narcótico, no así respecto de la posesión del hidrocarburo. Ello es así, ya que como bien lo señaló el juez responsable, su narrativa tiene coincidencia con los datos de prueba verificados por los expertos en cuanto que la embarcación en la que se trasladaban los imputados presenta tres orificios; sin embargo, estos pudieron generarse en otro momento y en diversas circunstancias. Además, como bien lo destacó el juez responsable, se trata de una versión aislada que no fue robustecida, caso contrario de lo narrado por los elementos captores, quienes fueron entrevistados por separado y cuyo dicho es coincidente y no mencionan el uso de armas durante la detención de los quejosos. Siendo que tales narraciones, además de ser coincidentes entre sí, también lo son con las entrevistas realizadas a otros dos elementos de la policía federal ministerial quienes se encontraban en la embarcación (Andrés Paul Casillo Rubio y Hugo César Everardo Evangelista). Además de que existen datos objetivos en cuanto al avistamiento de los imputados de estar tirando los bultos que después fueron encontrados en altamar con las mismas características descritas. De tal modo que las cinco exposiciones de los elementos resultan suficientes para crear convicción respecto de los hechos acontecidos, tomando en consideración que el estándar de prueba exigido para el dictado del auto de vinculación a proceso. Máxime que, como bien lo destacó el juez responsable, la defensa interrogó al imputado Fermín Francisco García Sánchez, quien manifestó durante dicho interrogatorio que la embarcación no estaba en movimiento cuando se aproximó el helicóptero, dado que ya se había detenido, lo cual coindice con lo narrado con los elementos quienes señalaron que ya estaba detenida cuando ellos arribaron. Por otro lado, si bien, el citado imputado indicó que los bidones eran para usarlos durante la navegación, lo cual resultaría lógico; sin embargo, como bien lo determinó el juez responsable, esa circunstancia requiere una justificación legal al tratarse de una cantidad considerable, esto es, 969.84 litros. Pues si bien, para recorrer esas distancias se requiere de combustible suficiente, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos en su artículo 5º, refiere que quienes tienen hidrocarburos deben acreditar su propiedad o legítima posesión a través del original de la factura electrónica, comprobante fiscal, escritura pública o inscripción en el Registro Público, ya sea por ser asignatarios o permisionarios; o bien, acreditar con pruebas suficientes el motivo por el cual los tienen consigo, ya que la propia ley presume que la propiedad de los hidrocarburos pertenece a la Federación. De tal modo que, como bien lo señaló el juez responsable, los imputados no acreditaron la legítima posesión o propiedad del hidrocarburo al no ofrecer medio de prueba tendente a ello. Por el contrario, el artículo 9 del citado ordenamiento establece que las conductas relacionadas son sancionables con independencia de la cantidad de hidrocarburo que se posea, ya que no existe cantidad mínima en atención a que la ley no hace distinción. Por otro lado, en atención a la temporalidad para el rescate y aseguramiento de los bultos arrojados al mar y localizados en puntos diversos a la detención de los imputados, es correcta la determinación del juez responsable al señalar que ello no puede tener la trascendencia que se pretende acorde a la mecánica de los hechos. Al respecto destaca el hecho de que el avistamiento de la embarcación y los imputados arrojando los bultos se hizo desde el buque de la marina, por lo que los elementos se trasladaron hasta la ubicación de la embarcación en una menor, de tal modo que se enfocaron en aproximarse a los imputados. Siendo prioridad en un principio el acercamiento, luego al constatar que la embarcación de los imputados no funcionaba, se procedió a su remolque para lograr su aseguramiento junto con los bidones de hidrocarburo que estaban a bordo y, posterior a ello, retomaron la búsqueda de los bultos negros. Resultando razonable, como lo señaló el juez, que durante ese lapso los bultos se alejaran de las inmediaciones del lugar donde aconteció la detención por encontrarse en altamar, virtud a que es un hecho notorio que las corrientes y el oleaje provocan que los objetos flotantes se muevan y cambien de posición. Por tanto, es inconcuso que resulta trascendental el hecho de que los elementos avistaron a los imputados arrojando los bultos, señalamiento que fue puntual y que se robustece al haberse asegurado esos bultos negros, pues como bien lo señala el juez responsable, es un hecho notorio que puede ser difícil su localización virtud a su movilidad y por la inmensidad del mar, pese a que se cuente con instrumentos tecnológicos para visualizarlos, pues al darse prioridad a la detención de los imputados y al aseguramiento de la embarcación y de los bidones de hidrocarburo se perdieron de vista los bultos de estupefaciente. Tanto es así que en lo que se realizaba dicho aseguramiento y el remolque de la embarcación de los imputados, transcurrió un tiempo considerable, lo que provocó que se llevaran varias horas para localizar los ocho bultos de estupefaciente. Ello es así ya que el arresto se formalizó a las 11:30 horas y a las 11:35 horas los marinos salieron a buscar los bultos, siendo que hasta las 15:35 horas localizaron los tres primeros, a las 15:45 horas otros dos bultos y a las 16:10 horas los últimos tres. De ahí que, como bien lo estimó el juez responsable, atendiendo a las circunstancias destacadas, el tiempo transcurrido para la localización, rescate y aseguramiento de los ocho bultos de estupefaciente fue razonable, de tal modo que no hay una pérdida de trazabilidad del indicio, pues como se señaló, no es común ni habitual que en el mar se encuentren bultos de esa naturaleza. Incluso, no existe medio de prueba que desvirtúe lo narrado por los elementos a fin de probar que dichos bultos no correspondían a aquellos que fueron visualizados por los elementos captores y que eran arrojados al mar por los imputados. Por tanto, resulta correcta la determinación del juez al determinar que los alegatos de la defensa no desestiman la teoría del caso planteada por la fiscalía. De ahí que sean infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Por otro lado, aunque los quejosos no hacen valer diverso concepto de violación, quien suscribe estima que se colmaron los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso de que se trata y se emprende su estudio de manera oficiosa. Al respecto, se estima correcta la decisión de la Juez de Distrito responsable, ya que efectivamente para el dictado del auto de vinculación a proceso se cumplieron los requisitos de forma y fondo previstos en la Constitución y la norma secundaria. En efecto, para el dictado del auto de vinculación a proceso deben reunirse requisitos de fondo y forma, los que se desprenden del contenido del artículo 19 constitucional y de lo previsto en numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los requisitos de forma se circunscriben a que: a) debe existir formulación de la imputación; b) se dicte únicamente por hechos que fueron motivo de dicha formulación; y, c) que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. El primero se colmó porque del análisis del disco que contiene la audiencia respectiva, se obtiene que la representación social formuló imputación a los aquí quejosos por un hecho que la ley señala como delito de posesión ilícita de hidrocarburo, previsto y sancionado en el artículo 9, primer párrafo, fracción II, en relación con el segundo párrafo, inciso b), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, así como el distinto hecho contra la salud, en su modalidad de transporte del estupefaciente denominado cocaína en su forma de clorhidrato, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el 193, ambos del Código penal federal, y 234 de la Ley General de Salud. El segundo se cumplió en la medida de que el Juez de Distrito emitió el auto de vinculación de que se trata, con base en el hecho expuesto por la agente del ministerio público, en el sentido de que los delitos atribuidos a los imputados, obedecieron a que el dos de febrero de dos mil veintitrés, aproximadamente a las 10:40 horas, a 195 millas náuticas al sureste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante el uso de binoculares, se avistó una embarcación menor de color blanco con gris, a una distancia de 7 millas náuticas que se movía en sentido contrario, con rumbo al norte. Y, estando a 5 millas náuticas de distancia, observaron que dentro de esa embarcación menor en movimiento estaban cinco personas arrojando bultos, además de advertir que dicho vehículo carecía de elementos de identificación, como matrícula y nombre visibles, lo cual era motivo suficiente para su detención por constituir una violación a las reglas de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Por lo que los elementos captores bajaron del buque a bordo de una embarcación menor a fin de acercarse a la embarcación civil y al estar a media milla advierten que se encuentra "al pairo", que significa que ya no cuenta con propulsión, corroborando que estaban a bordo cinco persona del sexo masculino y que la embarcación contaba con dos motores. Al acercarse los elementos apreciaron que la embarcación no contaba con artes de pesca, además de que a esa distancia de separación de la costa no es un lugar habitual para realizarla. Una vez que abordaron la embarcación, se identificaron como elementos de la Armada de México, manifestando que realizarían una inspección física, revisarían la documentación para acreditar la introducción legal en el mar, indicándoles a los tripulantes que se concentraran en la popa. Y al cuestionarlos por su registro y pedirles que avalaran su estancia en ese lugar y la actividad pesquera, deportiva o una diversa actividad náutica lícita que estuvieran realizando, respondieron que no contaban con registro ni denominación de la embarcación y tampoco con documento que acreditara la propiedad de la embarcación, ni para identificarse. Acto seguido advierten la existencia de los treinta y tres bidones de plástico traslúcido de capacidad aproximada de 50 litros y que contenían una sustancia con características similares al hidrocarburo, de los cuales veinte estaban llenos, dos a la mitad y once vacíos. De tal modo que les vuelven a pedir documento que acredite su legal estancia en el lugar, así como de la posesión del hidrocarburo, manifestando que no contaban con documento alguno, ni mostraron sus identificaciones, limitándose únicamente a proporcionar sus nombres y nacionalidades. Virtud a ello, les indican su detención, además de leerles sus derechos. Al cuestionarlos sobre el contenido de los bultos de color negro que habían arrojado al mar momentos antes, no dieron contestación. Luego, al percatarse que los motores de la embarcación civil no dieron marcha se comunicaron al buque para que la embarcación menor los pudiera remolcar hacia el buque, al cual arribaron a las 11:25 horas. Posteriormente, abordan la embarcación menor a fin de realizar la búsqueda, rescate y aseguramiento de los bultos negros arrojados al mar. Siendo así que hasta las 15:35 horas localizaron los primeros tres bultos negros; a las 15:45 en diversa posición rescataron dos más; y, a las 16:10 horas recuperaron otros tres bultos negros, siendo en total ocho bultos asegurados, los cuales contenían cada uno 318 paquetes en forma de tabique conteniendo un polvo blanco que resultó ser clorhidrato de cocaína. Por lo que procedieron a darle alcance al buque para resguardarlos e ir rumbo a Lázaro Cárdenas, Michoacán, guardando con ello la cadena de custodia del estupefaciente. Posteriormente, se percatan que sus compañeros realizaron una diversa detención de una embarcación menor, por lo que tendrían que remolcar ambas embarcaciones, lo cual implicó que realizaran diversas maniobras, aunado a ello que la navegación fue lenta virtud al fuerte oleaje a fin de evitar el riesgo de voltearse; durante el transcurso, el buque se detuvo para revisar unas trincas del amarre del helicóptero que llevaban a bordo y, posteriormente, para realizar diversas maniobras de remolque a fin de llevar una navegación segura de las embarcaciones menores, por lo que arribaron al área de fondeadero del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta las 6:10 horas del cuatro de febrero de dos mil veintitrés, donde recibirían apoyo, por lo que arribaron al puerto e iniciaron las maniobras de atraque a las 8:20 horas del cuatro de febrero de dos mil veintitrés y logrando desembarcar a las 8:45 horas, constituyéndose ante el Ministerio Público de la Federación, ese mismo día, a las 9:10 horas. El tercero de los requisitos se colmó en atención a que el juez responsable otorgó a los imputados la oportunidad para emitir su declaración respecto de los hechos imputados, siendo que se reservaron su derecho a declarar y posteriormente el único que manifestó su deseo de hacerlo e, incluso, respondió preguntas de su defensa y manifestó su deseo de no ser interrogado por la fiscalía, fue el coimputado Fermín Francisco García Sánchez. Ahora, los requisitos de fondo que contienen los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consisten en: I) Que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito; II) Que el imputado puede haberlo cometido o participado en su ejecución; y, III) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En este punto, es conveniente destacar que el análisis sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso debe efectuarse sólo con base en las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que se tome en consideración la carpeta de investigación, ya que el juez de control, por regla general, no puede revisar su contenido. Esto es, el dictado del auto referido se rige por el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho ilícito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, ello en la medida de que tales datos no constituyen prueba como tal, sino una mera referencia a las diligencias practicadas por el Ministerio Público en el ejercicio de su función persecutora del delito, las que en la postura asumida por la propia fiscalía, resulten idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento del imputado a un plazo mayor, siempre razonable, de investigación supervisada por la autoridad judicial. Igualmente, el juez no está obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delito. Así, también es importante destacar que cuando el auto de vinculación a proceso o la resolución que la confirmó es materia de escrutinio en el juicio de amparo, el Juez de Distrito, por regla general, sólo debe constatar la legalidad y constitucionalidad de su emisión, partiendo de la valoración de los datos de prueba llevado a cabo por el Juez o Magistrado responsable, determinando en su caso si dicho auto se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. En el caso, la determinación del Juez de Distrito responsable con relación al cumplimiento de los requisitos de fondo se estima correcta, pues la valoración que respecto de los datos de prueba realizó se estima adecuada atendiendo a lo siguiente. Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho. Basta imponerse de la reproducción de la audiencia para advertir que el Agente del Ministerio Público expuso medularmente, como hecho delictivo, lo siguiente: Que el dos de febrero de dos mil veintitrés, aproximadamente a las 10:40 horas, a 195 millas náuticas al sureste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante el uso de binoculares, se avistó una embarcación menor de color blanco con gris, a una distancia de 7 millas náuticas que se movía en sentido contrario, con rumbo al norte. Y estando a 5 millas náuticas de distancia observaron que dentro de esa embarcación menor en movimiento estaban cinco personas arrojando bultos, además de advertir que dicho vehículo carecía de elementos de identificación, como matrícula y nombre visibles, lo cual era motivo suficiente para su detención por constituir una violación a las reglas de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Por lo que los elementos captores bajaron del buque a bordo de una embarcación menor a fin de acercarse a la embarcación civil y al estar a media milla advierten que se encuentra "al pairo", que significa que ya no cuenta con propulsión, corroborando que estaban a bordo cinco persona del sexo masculino y que la embarcación contaba con dos motores. Al acercarse los elementos apreciaron que la embarcación no contaba con artes de pesca, además de que a esa distancia de separación de la costa no es un lugar habitual para realizarla. Una vez que abordaron la embarcación, se identificaron como elementos de la Armada de México, manifestando que realizarían una inspección física, revisarían la documentación para acreditar la introducción legal en el mar, indicándoles a los tripulantes que se concentraran en la popa. Y al cuestionarlos por su registro y pedirles que avalaran su estancia en ese lugar y la actividad pesquera, deportiva o una diversa actividad náutica lícita que estuvieran realizando, respondieron que no contaban con registro ni denominación de la embarcación y tampoco con documento que acreditara la propiedad de la embarcación, ni para identificarse. Acto seguido advierten la existencia de los treinta y tres bidones de plástico traslúcido de capacidad aproximada de 50 litros y que contenían una sustancia con características similares al hidrocarburo, de los cuales veinte estaban llenos, dos a la mitad y once vacíos. De tal modo que les vuelven a pedir documento que acredite su legal estancia en el lugar, así como de la posesión del hidrocarburo, manifestando que no contaban con documento alguno ni mostraron sus identificaciones, limitándose únicamente a proporcionar sus nombres y nacionalidades. Virtud a ello, les indican su detención, además de leerles sus derechos. Al cuestionarlos sobre el contenido de los bultos de color negro que habían arrojado al mar momentos antes, no dieron contestación. Luego, al percatarse que los motores de la embarcación civil no dieron marcha se comunicaron al buque para que la embarcación menor los pudiera remolcar hacia el buque, al cual arribaron a las 11:25 horas. Posteriormente, abordan la embarcación menor a fin de realizar la búsqueda, rescate y aseguramiento de los bultos negros arrojados al mar. Siendo así que hasta las 15:35 horas localizaron los primeros tres bultos negros; a las 15:45 en diversa posición rescataron dos más; y, a las 16:10 horas recuperaron otros tres bultos negros, siendo en total ocho bultos asegurados, los cuales contenían cada uno 318 paquetes en forma de tabique conteniendo un polvo blanco que resultó ser clorhidrato de cocaína. Por lo que procedieron a darle alcance al buque para resguardarlos e ir rumbo a Lázaro Cárdenas, Michoacán, guardando con ello la cadena de custodia del estupefaciente. Datos de prueba. La representación social expuso como antecedentes de la investigación, diversos datos respecto de los cuales dio a conocer la información que de cada uno de ellos derivaba, entre los que destacan: Informe de actividades de guardia costera de cuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el que además de narrarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la detención, se narra cómo se avista la embarcación, a las personas que estaban a bordo, las conductas que realizaban, cómo los abordaron, los inspeccionaron y qué encontraron en su radio de acción inmediata, incluida la recolección en altamar de los bultos negros; cómo los detuvieron y hacia dónde los llevaron, adjuntándose al efecto el mapa del lugar de la detención y las fotografías relativas al aseguramiento de los bultos. Entrevistas realizadas el cuatro de febrero de dos mil veintitrés, a los tres primeros respondientes, quienes fueron entrevistados por separado, siendo coincidentes en la mecánica de la detención, el aseguramiento de la embarcación, los bidones y los bultos. Evidencia material con cadena de custodia de treinta y tres bidones de plástico (veinte llenos de hidrocarburo, dos a la mitad de su capacidad y los once restantes vacíos, dando un total de 969.84 litros; cantidad corregida en la audiencia respectiva); ocho bultos de los cuales siete con cuarenta paquetes y uno con treinta y ocho paquetes, siendo un total de 318 paquetes con sustancia que resultó ser clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 315.050 kilogramos; embarcación tipo lancha color gris y blanco con dos motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza, con bancada blanca con 9.36 metros de eslora 3.04 metros de manga y 1.60 metros de puntas, con los dos motores fuera de bordo. Inspección de la evidencia material que describe pormenorizadamente la evidencia material, los bidones, los ocho bultos, los paquetes de cocaína que tenía cada bulto y la embarcación, adjuntándose fotos que prueban su existencia. Dictamen químico forense relativo a las muestras y volumen del hidrocarburo. Dictamen químico forense relativo al análisis de la sustancia contenida en los bidones y que corresponde a hidrocarburo. Dictamen químico forense relativo al peso de los ocho bultos que contienen 318 paquetes que asciende a 315.050 kilogramos. Dictamen en materia de química con folio 1056 relativo a la sustancia asegurada y que contenida en los bultos que corresponde a clorhidrato de cocaína. Dictamen en Ingeniería Civil y arquitectura al que se anexa plano de la costa michoacana a la altura de Lázaro Cárdenas, concluyéndose que el lugar de detención está aproximadamente a 361 kilómetros al sur de la costa de Michoacán y dentro de la zona económica exclusiva de México. Entrevista al testigo Andrés Paul Castillo Rubio. Entrevista al testigo Hugo César Everardo Evangelista. Dictámenes de medicina forense de integridad física de los detenidos. Dictamen de medicina forense en toxicomanía realizado a los imputados, donde se precisó que sólo un diverso coimputado era farmacodependiente. Querella presentada por la parte ofendida Petróleos de México, quien solicitó se siguiera la investigación en atención a que los imputados no tienen permiso para poseer hidrocarburos. Oficio 336/2023, mediante el cual se informó que la embarcación asegurada no cuenta con registro y que el lugar de la detención está dentro de las 200 millas náuticas donde el gobierno mexicano ejerce, además de que tomaría con una velocidad de 6 nudos, 32 horas con 30 minutos en línea recta y sin percances llegar del lugar de la detención al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Oficio 338/2023 en el que se informó que 195 millas náuticas equivalen a 361.14 kilómetros. Oficio 235/2023 mediante el cual se informa que la aeronave que se encontraba en el buque no contaba con combustible suficiente para realizar un vuelo para partir del lugar de la detención al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, además de que no cuenta con capacidad para transportar a más personas que al personal de la tripulación. Hecho que la ley señala como delito. En concordancia con lo anterior, respecto de los quejosos Eusebio Alejandro Acevedo Miramontes o Eusebio Alejandro Aceves Miramontes, ******************** el juez responsable determinó la existencia de un hecho con apariencia de delito, el cual objetivamente quizá pudo ser ejecutado por las personas a quienes se les atribuyó. Ello porque en forma acertada la responsable señaló que los quejosos, entre otros, fueron detenidos mientras transportaban y posesión el hidrocarburo y el narcótico respectivo, cuya existencia está comprobada con los dictámenes de los peritos expertos. Además de que el hidrocarburo se encontraba en su radio de acción y de manera simultánea transportaban el narcótico. Ello en atención a que el dos de febrero de dos mil veintitrés entre las 10:40 horas y las 11:13 horas a 195 millas náuticas del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se avistó una embarcación menor que transportaba el narcótico que fue arrojado al mar. A cuyo efecto, legalmente el juez responsable precisó que para que se actualice el transporte del narcótico es necesario que se movilice y, que en el caso concreto, al ubicarse en el mar navegando cuando arrojaron los bultos se actualizó la premisa señalada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con la vía general de comunicación para acreditar tal extremo. Ello en el sentido de que no se requieren mayores exigencias en cuento al punto de partida y el de destino, pues basta el hecho de que hayan sido detenidos en una vía general de comunicación por agua (zona económica exclusiva de México) establecida en la ley para que, como bien lo señaló el juez responsable, sea aplicable por analogía y en lo conducente la jurisprudencia 49/2015, con registro 2018145 que dice: Registro digital: 2018145 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 49/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 670 Tipo: Jurisprudencia DELITO CONTRA LA SALUD, EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTE DE NARCÓTICOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. PARA SU ACTUALIZACIÓN ES INNECESARIO ACREDITAR LOS PUNTOS GEOGRÁFICOS DE ORIGEN Y DESTINO DEL ESTUPEFACIENTE CUANDO EL TRASLADO ES EN UN VEHÍCULO DE CARGA SOBRE UNA CARRETERA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término "transportación" en el delito contra la salud, debe entenderse como la realización de movimientos que implican el desplazamiento del narcótico a un lugar distinto de aquel en que se encontraba, con independencia de la distancia que exista, es decir, para su configuración no se requiere que dicho desplazamiento se realice hasta el lugar que se tenía previsto como destino final, sino que basta su traslado del lugar donde se obtuvo a otro. Así, para la actualización del delito contra la salud en su modalidad de transporte de narcóticos, previsto en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, es innecesario acreditar los puntos geográficos de origen y destino del estupefaciente cuando el traslado es en un vehículo de carga sobre una carretera, ya que sólo se requiere como elemento esencial que éste desplace el narcótico de un medio geográfico a uno diverso, pues la conducta se actualiza de momento a momento mientras esté en curso el traslado del estupefaciente. Además, el hecho de que elementos de seguridad detengan el vehículo de carga en el que el sujeto activo desplaza el narcótico en una vía de comunicación, es un aspecto que revela, por sí solo, que ha tenido lugar su traslado, porque la acción abarcó lugares distintos que implicaron dicho transporte para efectos de la fracción I del artículo citado; esto es, cuando se detiene al activo a bordo del vehículo de carga que circulaba en una carretera, en el que se encontró el narcótico, se configura la modalidad de transporte, al margen de que se demuestre o no por el órgano acusador el lugar en el que comenzó el desplazamiento del estupefaciente, en virtud de que, dadas las circunstancias en que fue encontrado en el vehículo que circulaba en una carretera, hace patente su traslado de un punto geográfico a otro, ya que la acción comprendió lugares distintos e implicó un desplazamiento real." Además de estar actualizada la falta de autorización legal, de tal modo que ocurrió sin derecho y consentimiento de quien podía disponer del hidrocarburo, el cual se presume legalmente como propiedad de las empresas productivas del Estado, lo que incluso se corrobora acertadamente de la querella respectiva. En cuanto al narcótico, el juez señaló acertadamente que tampoco se acreditó que los imputados tuvieran autorización de la Secretaría de Salud que justificara su facultad para trasladarlo. Por tanto, los datos de prueba concatenados entre sí resultan aptos e idóneos al tratarse de medios lícitos, pues no se advierte información irregular y en su integridad resulta utilizable. Máxime que, los imputados, aquí quejosos, tuvieron la oportunidad de declarar y contestar la imputación. Por tanto, el juez responsable correctamente estableció que los anteriores datos corroboran de manera razonable que, efectivamente, los imputados, en cuanto coautores materiales, transportaban el estupefaciente descrito mientras estaban en posesión del hidrocarburo respectivo, ello sin contar con autorización ni calidad que lo justificara. Aunado a ello que la defensa no realizó manifestación alguna que minara la credibilidad de las pruebas reseñadas. Asimismo, cabe reiterar que el juez responsable dio contestación a los argumentos de la defensa y que también fueron expresados vía concepto de violación en el presente juicio de amparo, cuyo estudio fue emprendido en párrafos que anteceden. De tal modo que, válidamente, el juez responsable concluyó que no hay material que desvirtúe la versión de la fiscalía, ya que la defensa no justificó su versión y las reglas del procedimiento son las mismas para ambas partes, ya que la contradicción es un principio que rige el sistema penal acusatorio. Luego, sí existen datos de prueba suficientes para tener evidenciada la existencia de un hecho con apariencia de delito, para efectos del dictado del auto de vinculación a proceso. Probable participación. Respecto de la probable participación de los quejosos en el hecho que la ley señala como delito, el juez responsable estableció que presuntivamente los imputados lo desplegaron en cuanto coautores materiales en atención a que son las personas que el día de los hechos fueron sorprendidas en flagrancia mientras arrojaban los bultos con el estupefaciente al mar y en posesión del hidrocarburo, sin contar con la autorización respectiva. De modo que, correctamente, el juez responsable consideró que tales elementos, en concordancia como pluralidad de indicios, eran suficientes para acreditar la probable participación de los imputados, aquí quejosos, en cuanto coautores materiales, en la comisión de los hechos; y, que al no controvertirse son suficientes hasta este momento, para acreditar su calidad. Además de establecer de manera correcta que los hechos se realizaron de forma dolosa, para lo cual se atiende a la instrucción, edad, ocupación y lugar de residencia de los quejosos, por lo que sabían que la conducta desplegada era constitutiva de delito, así como señalar que el desconocimiento de la ley no los eximía de su cumplimiento, de conformidad con el artículo 9, párrafo primero, del Código Penal Federal. De ahí que el que suscribe comparte el criterio del Juez de Distrito responsable, en el sentido de que los hechos narrados son constitutivos del que la ley señala como delito de posesión ilícita de hidrocarburo, previsto y sancionado en el artículo 9, primer párrafo, fracción II, en relación con el segundo párrafo, inciso b) de la Ley Federal para Prevenir y sancionar los delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, así como el distinto hecho contra la salud, en su modalidad de transporte del estupefaciente denominado cocaína en su forma de clorhidrato, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el 193, ambos del Código Penal Federal y 234 de la Ley General de Salud, y la posible intervención de los imputados, aquí quejosos, en su comisión, al haber sido sorprendidos en flagrancia. Asimismo, no pasa inadvertido que el juez destacó el motivo por el cual los demás datos de prueba no resultaban útiles al no tratarse de la materia de la vinculación, además de que nada abonaban al respecto, circunstancia que no fue rebatida por la defensa y, dicho sea de paso, se estima legal. En ese sentido, también resulta acertada la determinación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por así establecerlo el artículo 119 Constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 4º, párrafo tercero de la Ley Federal para Prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, por el tipo de delito. Al respecto, cobra especial relevancia el hecho de que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para el dictado del auto de vinculación a proceso, solo se exige la comprobación de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, "sólo la probabilidad"; pues será en la etapa de juicio donde tendrá la oportunidad de probar las contradicciones que deriven de los hechos que se le imputan. Esto es, debe evitarse formalizar pruebas o exponer razonamientos sobre su valoración, que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. De tal forma que la valoración que realiza el juez de Distrito se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos. Por ello, en relación con el estándar de prueba que es necesario para emitir la vinculación a proceso, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público cumplen esas características y, que en conjunto, resultan suficientes para presumir que los imputados participaron en su comisión para justificar el auto de vinculación. Asimismo, cabe señalar que el juez responsable atendió oportunamente los argumentos de la defensa e, incluso, en la audiencia de seis de febrero de dos mil veintitrés, aclaró y precisó los nombres de los imputados y sus nacionalidades, de tal modo que al ser dos de los aquí quejosos de nacionalidad ecuatoriana verificó el hecho de que se hubiera dado aviso a la oficina consular respectiva, a cuyo efecto el defensor señaló que ya había dado aviso al consulado el cuatro de febrero de dos mil veintitrés. No obstante, el Juez de Distrito responsable cuestionó a los imputados si era su deseo que él también lo hiciera y ante su respuesta positiva ordenó dar nuevamente aviso al consulado de Ecuador en México para reiterar que los quejosos Pablo Junior Marín Espinales y Jhony Mero Valencia querían asistencia consular durante el procedimiento. Sirve de apoyo la tesis que a continuación se transcribe: Registro digital: 2011940 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CLXXXVII/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, página 683 Tipo: Aislada ASISTENCIA CONSULAR. ETAPAS PROCEDIMENTALES PARA HACER EL RECLAMO DE RESPETO A LA ASISTENCIA CONSULAR POR PARTE DE LA PERSONA EXTRANJERA DETENIDA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la violación al derecho humano a recibir la información, notificación, contacto y asistencia consular o diplomática de las personas extranjeras detenidas, se puede dar en diferentes etapas procedimentales. La primera etapa debe darse por el agente que en representación del Estado ejecuta materialmente la detención del extranjero; lo cual debe replicarse por la autoridad ministerial que recibe al detenido. Esta etapa puede identificarse como averiguación previa. Respecto al sistema procesal penal acusatorio y oral, corresponde a la etapa de detención y retención primaria, previa a la presentación del detenido ante el juez de control o de garantías para formalizar la detención y dar pauta al inicio de la etapa de investigación formalizada y sometida a control judicial; o en aquellos casos en que no existe detención previa, pero sí derivada de una orden de aprehensión. Las siguientes etapas procedimentales se desarrollan en sede judicial; etapas en las cuales puede prolongarse la violación al derecho humano en comento ya actualizada en la fase previa o presentarse otra vertiente o modalidad de violación del mismo derecho. Otra hipótesis sería aquella en la que a pesar de haberse comunicado al extranjero de su derecho consular de recabar su voluntad para solicitar la asistencia en cualquiera de las etapas procedimentales, no se comunique al representante diplomático del gobierno extranjero del que es nacional el detenido, para el efecto de asegurar la asistencia. A partir de lo anterior, se puede patentizar el reclamo de violación al derecho humano, particularmente, porque ello depende del momento en que el extranjero tenga conocimiento de la existencia de dicha violación, lo que significa que el reclamo no puede ser sometido a condicionantes de preclusión. Por tanto, ese carácter prorrogable de la oportunidad para reclamar el derecho humano a la notificación, contacto y asistencia consular o diplomática de las personas extranjeras sometidas a un procedimiento penal, tiene una base fundamental: el conocimiento que tiene la autoridad de que el inculpado tiene la calidad de extranjero o, por lo menos, al advertir características particulares que hacen presumir fundadamente que tiene esa condición. Es por ello que en cualquiera de las hipótesis, una vez que se actualizan, se activa el deber de las autoridades de informar al extranjero sobre la existencia del derecho, toda vez que es la calidad de extranjero la que de inmediato da lugar a la activación de la protección del derecho humano de asistencia consular o diplomática, por lo que debe ser informado que tiene ese derecho y constatar que es su voluntad recibir dicha asistencia. Por tal motivo, el reclamo de la violación al derecho analizado es posible realizarlo en cualquier etapa procedimental penal o en las vías extraordinarias de impugnación que permiten el juicio de amparo indirecto o directo. Razón por la cual es importante que las autoridades que estén directamente vinculadas con la detención de un extranjero que es sometido a un procedimiento penal realicen todas las acciones necesarias para observar que no se viole el derecho de asistencia consular, cuyo acatamiento es inexcusable en términos del imperativo que se desprende del párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De tal modo que, es de resaltarse que en todo momento el Juez de Distrito responsable respetó y garantizó los derechos de los imputados, ya que previa consulta con su defensor los imputados, aquí quejosos, manifestaron que era su deseo reservarse de declarar, se dio oportunidad de argumentar a la defensa atendiendo oportunamente todas sus manifestaciones e, incluso, se concedió su solicitud para la realización de diversos datos de investigación previo al dictado del auto de vinculación a proceso. Finalmente se atendió la solicitud realizada por la defensa a la fiscalía de formular una propuesta para optar por el procedimiento abreviado, señalándose fecha de audiencia una vez que se cerrara la investigación complementaria, sin que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo se tenga noticia sobre la autorización del procedimiento abreviado. De modo que en el caso de que se trata y en atención al cúmulo de consideraciones expuestas, es inconcuso que el juez responsable tuteló en todo momento a favor de los quejosos el principio de presunción de inocencia, al constatar que los datos de prueba que aportó el Ministerio Público, valorados en el estado procesal en que actuó, resultaban suficientes para demostrar que se ha cometido un hecho con apariencia de delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron. Máxime que, como ya se dijo, en la etapa procesal en que se dictó el acto reclamado, estos no han sido desvirtuados por otros medios de convicción; de ahí que su eficacia demostrativa subsiste para los efectos indicados. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez responsable, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar. Apoya lo anterior, la tesis II.2o.P.80 P (10a.), publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, registro 2019450, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EN ESTA RESOLUCIÓN EL ALCANCE DE UN ESTADO PROBATORIO CONTRADICTORIO ES EXCLUSIVAMENTE DE NATURALEZA PRELIMINAR. Cuando se dicta un auto de vinculación a proceso dentro de la ampliación del término constitucional, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, que si bien ya eran así en el sistema tradicional, ahora son todavía más formales y meramente preliminares, por lo cual, el alcance de un estado probatorio contradictorio a nivel de auto de término constitucional en este nuevo sistema acusatorio adversarial, es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración, máxime que en el auto señalado el Juez no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad, pues ello implicaría, en su caso, que no hubiera ni siquiera un estado de contradicción, sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar." En ese estado de cosas, el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados, tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos. Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado. Esto es, que se den a conocer, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad, lo cual en este caso, a criterio de quien aquí resuelve, se encuentra cumplido cabalmente. Cabe señalar que tal derecho de legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad; circunstancia que se traduce en darle a conocer, en detalle, la esencia y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurídico de decisión, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado, poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En ese orden de ideas, se advierte que en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del auto de vinculación a proceso. También se justipreciaron los datos de prueba que aportó el agente del Ministerio Público y los cuales, fueron considerados por el juez responsable como idóneos, pertinentes y suficientes; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado; además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, debe concluirse que los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello porque como se precisó en párrafos precedentes, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación de los imputados, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Por todo lo anteriormente reseñado, quien suscribe estima que el juez responsable fundó y motivó su determinación. Se sostiene lo anterior porque -como se estableció en párrafos anteriores- el auto de vinculación a proceso no implica de manera alguna que se encuentre acreditada plenamente la responsabilidad de los quejosos en los hechos que se les imputaron, sino sólo tiene como consecuencia hacer del conocimiento de los imputados los motivos por los que se sigue la investigación en su contra, y sujetarlos al procedimiento, aunado a que durante el plazo concedido para la investigación la defensa podrá presentar pruebas que desvirtúen los hechos que se les atribuyeron. Además, como también se estableció en párrafos que preceden, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la sola existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; extremos que quedan corroborados en la especie, de manera suficiente, al tenor de los datos de prueba referidos anteriormente. De igual forma, se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que en este caso, la acusación ministerial quedó acreditada con los datos de prueba que se allegaron a la carpeta de investigación. Además, como quedó establecido en esta resolución, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento al garantizarse el derecho de la parte quejosa a tener una adecuada defensa y, respecto de los datos de prueba aportados, se respetaron los principios procesales que rigen su incorporación al proceso y valoración legal; además de que se obtuvieron de manera lícita, y resultaron suficientes y conducentes para fundar el auto de vinculación a proceso que dictó el Juez responsable y constituye el acto reclamado. En ese tenor, al menos hasta este estadio procesal, se estableció que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que los imputados, aquí quejosos, lo cometieron, pues los datos probatorios de descargo no tuvieron eficacia demostrativa suficiente ni fueron, en este momento, eficaces para desvirtuar los datos incriminatorios, las cuales resultaron suficientes para que el Juez responsable tuviera por acreditados los delitos que se les imputan. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por todo ello el resto de los criterios jurisprudenciales expuestos no es benéfico a los quejosos; a más de que el acto reclamado no es contrario a ellos. Por otro lado, es innecesario que este juzgado se pronuncie sobre los alegatos vertidos por el Ministerio Público Federal, máxime que no hace valer alguna causa de improcedencia. No pasa inadvertido para quien resuelve que al inicio de la audiencia de ocho de febrero de dos mil veintitrés, el juez responsable precisó que el hecho con apariencia del delito de posesión ilícita de hidrocarburo, estaba previsto y sancionado en el artículo 9, primer párrafo, fracción II, en relación con el segundo párrafo, inciso c) de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, siendo el correcto el inciso b), circunstancia que no incide en el fondo de la determinación en razón de que durante la propia audiencia el juez precisó cuál era la cantidad correcta de hidrocarburo y, al decretar el auto de vinculación reclamado, hizo mención de que se actualizaba el supuesto previsto en el inciso b), esto es, el correcto. Incluso, dicha circunstancia la destacó al momento de rendir su respectivo informe justificado, en el que cita de manera correcta el inciso b). Finalmente, a efecto de respetar los derechos humanos de los quejosos ******************** de nacionalidad ecuatoriana, quien suscribe estima necesario comunicar al Consulado de Ecuador en México, el sentido de la presente sentencia, en atención a que durante el proceso los citados promoventes han hecho patente su deseo de recibir asistencia consular. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eusebio Alejandro Acevedo Miramontes o Eusebio Alejandro Aceves Miramontes, ******************** contra el acto reclamado al Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
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