Samuel Rivera Rivera

Expediente 962/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
962/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Samuel Rivera Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintitrés.********************CAUSA ESTADO AUTO********************Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de garantías promovida por ********************, apoderado jurídico de ******************** en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido.********************CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.****************************************Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado bajo el número IX-962/2023. SE RECONOCE PERSONALIDAD En términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con base en el instrumento notarial que se acompaña, se reconoce a ********************, el carácter de apoderado del quejoso ********************, con el que comparece a gestionar en la presente instancia constitucional. En consecuencia se procede a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo: DESECHAMIENTO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que el promovente ********************, por propio derecho, señaló como autoridades responsables las siguientes: La Presidenta e integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; La Presidenta e integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; La Presidenta e integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; El H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; La Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; La Primera Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; La Segunda Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; La Tercera Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. De las anteriores autoridades, a las señaladas del inciso a) al c), les reclama: La Iniciativa con carácter de Dictamen que contiene el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de data treinta de mayo de dos mil veintitrés, publicado en la Gaceta Parlamentaria el primero de junio de dos mil veintitrés; turnado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación, y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su análisis, discusión y aprobación. A las autoridades responsables señaladas del inciso d) al i), les reclama: La discusión, votación y aprobación del decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en data primero de junio de dos mil veintitrés, así como los artículos 20, fracción XV y XVI, 206, 223, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 259, fracción II y último párrafo, 261, 297 y 298 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo. En tanto que al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, les reclama: La expedición, promulgación y publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, el primero de junio de dos mil veintitrés, derivada del precitado decreto número cuatrocientos cinco; y, publicada el dos de junio de dos mil veintitrés, el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Consecuentemente, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese tenor, se estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que preveen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. [...]" De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo puede, en atención a lo reclamado, instarse en distintos plazos legales; en el caso concreto, el quejoso impugna una ley con motivo de su entrada en vigor, por lo que el plazo de treinta días hábiles para la promoción del juicio se cuenta a partir de su entrada en vigor. Ello pues la parte quejosa reclama: "La Iniciativa con carácter de Dictamen que contiene el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de data treinta de mayo de dos mil veintitrés, publicado en la Gaceta Parlamentaria el primero de junio de dos mil veintitrés; turnado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación, y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su análisis, discusión y aprobación; la discusión, votación y aprobación del decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en data primero de junio de dos mil veintitrés, así como los artículos 20, fracción XV y XVI, 206, 223; la expedición y promulgación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, el primero de junio de dos mil veintitrés, derivada del precitado decreto número cuatrocientos cinco; y, publicada el dos de junio de dos mil veintitrés, el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo." (El énfasis es propio) Al respecto, debe decirse que como bien lo expone el quejoso, el decreto por el que se expide la ley que reclama se publicó el dos de junio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, y entró en vigor al día siguiente de su publicación, como se desprende del primer artículo transitorio, cuyo contenido es el siguiente: "PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo." Consecuentemente, la presentación de la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, resulta extemporánea, puesto que ya había transcurrido el plazo que la parte quejosa tenía para tal efecto. Al respecto, resulta necesario precisar que una ley autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes momentos, esto es, dentro de los treinta días a partir de su entrada en vigor, y dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos, sin que puedan coexistir simultáneamente, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Así, en el caso concreto, el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor (autoaplicativa), pues considera que con ello se ubica en riesgo inminente de que el Estado, través de los órganos competentes, pueda ejercer acciones que invadirán su esfera jurídica; asimismo, no puede considerarse como heteroaplicativa pues no se ha actualizado en su contra la ley que reclama, según lo expuesto bajo protesta de decir verdad por el quejoso. En tales condiciones, el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de treinta días hábiles, empero la demanda se presentó fuera del referido plazo, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace a la ley. En consecuencia, a la fecha de presentación en línea de la demanda de garantías, a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación-como se advierte de la boleta de turno correspondiente, expedida por la Ofician de Correspondencia Común-, fue presentada el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, de ahí que resulte extemporánea. Dicho de otra forma, la impugnación de inconstitucionalidad del Decreto que expide la ley en mención, que realiza la parte quejosa con motivo de su entrada en vigor, debió hacerse dentro de los treinta días hábiles contados a partir del que entró en vigor el decreto. Partiendo de la anterior premisa si el Decreto por el que se expidió la ley cuya inconstitucionalidad se reclama, se publicó el viernes dos de junio de dos mil veintitrés, entró en vigor el tres del mes y año en cita (día siguiente al de su publicación); de ahí que el término con el que contaba el quejoso para la presentación de la demanda, con descuento de los días inhábiles (sábado y domingo) previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, inició el lunes cinco de junio y feneció el catorce de julio, ambos del año en curso. En consecuencia, al hacer la impugnación de la constitucionalidad del Decreto que nos ocupa en los términos que precisa el quejoso en su demanda, y haber presentada su escrito de demanda en línea hasta el diecisiete de julio de dos mil veintitrés -un día hábil después de haber vencido los treinta días, los cuales concluyeron el catorce de julio-, es incuestionable que su impugnación es extemporánea, lo que conlleva a desechar la demanda de amparo, con fundamento en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo. Apoyan lo anterior, las jurisprudencias que se citan a continuación: "Registro digital: 196391 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 26/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo VII, Mayo de 1998, página 461 Tipo: Jurisprudencia LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR.La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación "Registro digital: 328325 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Tomo LXVIII, página 3212 Tipo: Aislada AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte". DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA De conformidad con la certificación de cuenta se tiene como autorizado a ********************, con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, y a las demás personas descritas en el libelo constitucional solo para oír y recibir notificaciones, al no advertirse del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que tenga registro de las cédulas profesionales que los acredite para ejercer la profesión de licenciado en derecho. SE AUTORIZA CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Atento a lo que solicita la parte quejosa, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario ********************; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera electrónica a la parte quejosa, a través de los usuarios precisados en el párrafo que antecede; ello, con la finalidad de privilegiar el uso de la tramitación del juicio en línea; además, por así haberlo solicitado el promovente de manera expresa. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO." y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

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