Sandra Edith Vega Serrano

Expediente 383/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 25 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
383/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Sandra Edith Vega Serrano
  • SANDRA EDITH VEGA SERRANO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Ejecutoria Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara firme para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el artículo décimo octavo del Acuerdo General citado en el acápite que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada, debiendo conservarse la demanda de amparo, la resolución que puso fin al asunto, así como la determinación relativa a la medida cautelar decretada y el presente proveído. Agréguese oficio y anexos. En otro tenor, agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia legal el oficio que suscribe el apoderado de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por el cual informa que el menor de iniciales O.J.G.V. sí se presentó en la fecha programada para la vacunación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 y anexa la constancia para acreditarlo. Lo anterior, en atención a que en párrafos anteriores causó estado el proveído que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Precisión respecto de oficio de cuenta. Se destaca que la misiva fue recibida al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBIE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO".

  2. Principal

    Glósese al sumario sin mayor pronunciamiento el oficio que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, a través del cual informa la fecha y lugar para que acuda la directa quejosa menor de edad de identidad reservada, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, en virtud de que mediante proveído de quince de agosto actual, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto.

  3. Principal

    Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en veintisiete de julio de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si el menor de edad quejoso (con nueve años de edad, al día de hoy) fue inmunizado en las jornadas de vacunación COVID-19 relativas al grupo etario en que se encuentra. La anterior prevención se formuló por lo siguiente: En auto de cinco de abril de dos mil veintidós, el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato (ISAPEG), informó que el menor de edad quejoso de iniciales ***********, debía acudir en la hora, fecha y lugar indicados a efecto de ser valorado medicamente y determinar lo conducente a la aplicación del biológico contra el SARS CoV2 COVID-19. Dicho acuerdo se notificó a la quejosa personalmente, el seis de abril siguiente. Mediante proveído de diez de junio de la presente anualidad, se tuvo al apoderado legal de referencia, informando que el menor de edad quejoso no se presentó a la cita programada para el treinta de mayo de dos mil veintidós, por tal motivo, se requirió a la parte quejosa para que corroborara dicha información, o bien, manifestara lo que a su interés conviniera, con el apercibimiento de que, de no hacer manifestación alguna, se entendería que el menor de edad quejoso no acudió a la cita en mención, así como que hay desinterés para que el infante sea inoculado por la institución pública en mención y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Dicho auto se notificó a la parte promovente personalmente, el trece de junio de la anualidad que transcurre. El catorce de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la representante legal el menor quejoso cumpliendo con el requerimiento que le fue formulado en auto de diez de junio del año actual, y en tal sentido informó que por causas ajenas a su voluntad no asistió a la cita de valoración médica del citado infante; atento a ello se requirió a la autoridad responsable, Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, para que señalara nueva fecha para realizar la valoración médica del infante de referencia, en el entendido que, una vez señalada dicha fecha, la parte quejosa quedaría constreñida a acudir ante dicha autoridad. Luego, en acuerdo de quince de junio de la anualidad en curso, el apoderado legal en cita, informó que el menor de edad quejoso, de iniciales: ***********debería acudir a las quince horas del veinte de julio de dos mil veintidós, a las instalaciones del Hospital General de esta ciudad, a efecto de ser valorado medicamente y determinar lo conducente a la aplicación del biológico en cuestión. En ese tenor, se indicó a la parte quejosa que quedaba constreñida a acudir ante la autoridad responsable de mérito a efecto de que el menor fuera valorado. Este proveído fue notificado personalmente a la parte quejosa el dieciséis de junio del año que transcurre. Mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se trajo a cuenta como hecho notorio que en la conferencia matutina del ejecutivo federal, concretamente la efectuada el catorce de los corrientes, el subsecretario de salud Hugo López-Gatell anunció que se adquirió un determinado número de dosis pediátricas del fármaco, a fin de comenzar con el proceso de vacunación para el sector poblacional de infantes de entre 5 y 11 años cumplidos y que el registro habitual en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/ comenzó el jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós. Por consiguiente, se requirió a la representante legal del menor de edad quejoso, para que a partir del plazo establecido para el debido registro y, en su caso, vacunación de aquél, cumpla con los requisitos que le sean pedidos y lo hago del inmediato conocimiento de este juzgado. El auto en cuestión se notificó a la parte quejosa por lista de uno de julio de la presente anualidad, dado que no atendió el citatorio que se dejó en su domicilio procesal el veintiocho de julio de dos mil veintidós. Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se informó a la parte quejosa que debería acudir a las dieciséis horas del treinta de junio de dos mil veintidós, a las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, para la primera inoculación del menor de edad quejoso, en atención a lo informado por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e ISAPEG. Dicho auto fue notificado en su fecha, vía Whatsapp, al número telefónico proporcionado por la parte promovente en su escrito inicial, así como personalmente, el veintinueve de junio siguiente. De ahí que el veintisiete de julio pasado, se dictó un auto en los siguientes términos: "[.] Visto el estado de los autos, se advierte que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, la cual tuvo como efecto que las autoridades responsables, en sus respectivas atribuciones, realizaran las gestiones necesarias para lograr la eficaz inoculación del menor quejoso de nueve años de edad con la vacuna Pfizer (aprobada por COFEPRIS), respecto del virus SARS-Covid19, a lo que ya obran diversas actuaciones de las autoridades tendientes a cumplir con la medida. Ahora, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se trae a cuenta como hecho notorio que en diversos medios de comunicación y en la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/, se informó que el cinco y seis de julio del año en curso, en este municipio y en diversas ciudades del estado de Guanajuato, se aplicarían a los menores que se encuentran entre el rango de edad de entre cinco y once años, la vacuna de referencia. En tal virtud, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si el menor de edad quejoso ya fue inoculado en las fechas indicadas, es decir, treinta de junio, cinco y seis de julio, todas las datas de la presente anualidad. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular al infante, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para que sea vacunado y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. Lo que precede revela la posible actualización de una causal de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. [.]" Sin embargo, no obstante encontrarse notificada la parte quejosa de lo anterior (según constancia actuarial de dos de agosto del año en curso), ha sido omisa en atender el requerimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y se entiende que hay desinterés para que el menor quejoso directo sea vacunado y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del quejoso, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado: La existencia del acto o ley reclamados Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar por qué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a), relativo a la existencia de la omisión reclamada, debe decirse que se actualiza en la especie, pues al menos a la fecha de la presentación de la demanda (veinticinco de marzo de dos mil veintidós), el grupo etario de entre cinco y once años al que pertenece el menor de edad aquí quejoso (nacido el diecisiete de mayo de dos mil trece -nueve años al día de hoy-) no era considerado en la política nacional de vacunación como susceptible de ser inoculado. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda, el acto reclamado consistente en la omisión de aplicar el esquema completo al menor quejoso de identidad reservada, de iniciales: ***********, de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el esquema completo del menor quejoso de identidad reservada de iniciales O.J.G.V., de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenece el menor quejoso no era considerado como susceptible de ser vacunado. Y aun cuando a la presente fecha ese grupo etario ya fue incluido en el documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos al aquí quejoso, ya le fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de veintisiete de julio pasado, se entiende que hay desinterés para que el infante quejoso directo sea vacunado y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que al infante directo quejoso no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, la cual tuvo como efecto que las autoridades responsables, en sus respectivas atribuciones, realizaran las gestiones necesarias para lograr la eficaz inoculación del menor quejoso de nueve años de edad con la vacuna Pfizer (aprobada por COFEPRIS), respecto del virus SARS-Covid19, a lo que ya obran diversas actuaciones de las autoridades tendientes a cumplir con la medida. Ahora, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se trae a cuenta como hecho notorio que en diversos medios de comunicación y en la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/, se informó que el cinco y seis de julio del año en curso, en este municipio y en diversas ciudades del estado de Guanajuato, se aplicarían a los menores que se encuentran entre el rango de edad de entre cinco y once años, la vacuna de referencia. En tal virtud, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si el menor de edad quejoso ya fue inoculado en las fechas indicadas, es decir, treinta de junio, cinco y seis de julio, todas las datas de la presente anualidad. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular al infante, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para que sea vacunado y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. Lo que precede revela la posible actualización de una causal de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan para su verificativo las doce horas con diez minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós.

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