Sandra Arévalo Uribe

Expediente 255/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
255/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Sandra Arévalo Uribe
  • Sandra Arévalo Uribe y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de revisión en contra de la determinación en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, sin que se haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los dispuesto en punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General citado en el acápite que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de ocho de julio de dos mil veintidós se requirió a la parte quejosa para que manifestara si la infante M.J.P.A. (de 10 años), fue inmunizada en las jornadas de vacunación COVID-19 relativas a los grupos etarios en que se encuentra. Desde auto de veinte de junio pasado, se trajo a cuenta como hecho notorio que las autoridades correspondientes informaron el catorce de ese mismo mes, sobre la adquisición del fármaco a fin de comenzar con el proceso de vacunación para el sector poblacional de infantes entre 5 y 11 años de edad y que el registro habitual en la página comenzó el jueves dieciséis siguiente. Al efecto, se requirió a la parte quejosa para que a partir del plazo establecido para el debido registro y, en su caso, vacunación, cumpliera con los requisitos pedidos y lo hicieran del conocimiento de esta potestad. La anterior prevención se reiteró en proveído de uno de julio del año en curso (foja 197). Además, en auto de ocho de julio pasado, se tuvo por recibido el oficio registrado con el número 10530, con el que se tuvo al apoderado de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato (ISAPEG) informando que la menor debía ser presentada el treinta del mismo mes y año a las instalaciones respectivas para efecto de lograr su primera inoculación. Lo anterior se ordenó hacer del conocimiento de la parte quejosa, lo que así se hizo por medio de notificación electrónica (fojas 235 y 236) que se realizó el dos de agosto actual. Asimismo, en auto de ocho de julio de dos mil veintidós se trajo a cuenta como hecho notorio y se acordó que: ".en diversos medios de comunicación y en la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/, se informó que el cinco y seis de julio del año en curso, en este municipio y en diversas ciudades del estado de Guanajuato, se aplicarían a los menores que se encuentran entre el rango de edad de entre cinco y once años, la vacuna de referencia. En tal virtud, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si el menor de edad quejoso ya fue inoculado en alguna de las fechas indicadas. En el entendido que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que hay desinterés para que el menor de edad quejoso sea inoculado por la institución pública respectiva y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. ." En esas circunstancias, es decir, ante la falta de actuación y justificación por la parte quejosa, se hace efectivo el apercibimiento hecho el ocho de julio de dos mil veintidós y se le tiene por desinteresada en que la infante sea inoculada por una institución pública y consintiendo la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento de la promovente, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado: La existencia del acto o ley reclamados Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a), relativo a la existencia de la omisión reclamada, debe decirse que se actualiza en la especie, pues al menos a la fecha de la presentación de la demanda (dieciocho de febrero pasado), el grupo etario de entre cinco y once años al que pertenece el menor de edad aquí quejoso (nacido el cinco de abril de dos mil doce -diez años al día de hoy-) no era considerado en la política nacional de vacunación como susceptible de ser inoculada. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el esquema completo de la menor quejosa de identidad reservada de iniciales M.J.P.A., de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenece la menor quejosa no era considerada como susceptible de ser vacunado. Y aun cuando a la presente fecha ese grupo etario ya fue incluido en el documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos al aquí quejoso, ya le fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de veintiuno de los actuales, se entiende que hay desinterés para que la infante quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. En consecuencia, de los medios de prueba en relación con la omisión de inocular a la menor, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech, circunstancia que demuestra su consentimiento frente al acto que combate. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de ocho de julio del año en curso, a fin de que manifieste si el menor de edad quejoso de iniciales M.J.P.A ya fue inoculado, el cual fue notificado el dos de agosto del año en curso; por tanto, la audiencia constitucional se difiere y en su lugar se señalan las diez horas con treinta minutos del treinta de agosto del año en curso, para su celebración.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que el ocho de los corrientes se emitió un auto en el que se requirió a la parte promovente, que proporcionara información respecto de la inoculación de la menor quejosa y se ordenó hacerlo de su conocimiento mediante notificación personal, sin que obre constancia física ni electrónica de que se haya practicado por parte de la Actuaría en el usuario electrónico que para tal efecto se señaló. En esa medida, se encomienda a los actuarios de la adscripción para que, de inmediato, subsanen la omisión enunciada; hecho lo anterior, expidan la constancia que de ahí resulte para que sea glosada al presente cuaderno. En cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que precede, se notifica a la parte quejosa, el proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, que a la letra dice: " A sus autos el oficio signado por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por siglas "ISAPEG", por el cual en atención al requerimiento formulado mediante acuerdo de uno de julio actual, previo a informar la fecha para la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech al menor quejoso de iniciales M.J.P.A., solicita se requiera a la parte quejosa a fin de que manifieste si el infante en cita fue presentado a la campaña abierta de vacunación. Ahora, en términos del artículo 208 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se trae a cuenta como hecho notorio que en diversos juicios de amparo que se tramitan en el este juzgado, por los mismos actos reclamados y en contra de las mismas autoridades responsables, se indicó que los menores de edad quejosos que se encuentren entre el rango de entre cinco y once años de edad cumplidos, deberían acudir a las trece horas del treinta de junio de dos mil veintidós, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, ubicado en vialidad interior, Malvas 367, colonia Revolución de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Asimismo, que en diversos medios de comunicación y en la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/, se informó que el cinco y seis de julio actuales, en este municipio y en diversas ciudades del estado de Guanajuato, se aplicarían a los menores que se encuentran entre el rango de edad indicado, la vacuna de referencia. En tal virtud, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si el menor de edad quejoso ya fue inoculado en alguna de las fechas indicadas. En el entendido que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que hay desinterés para que el menor de edad quejoso sea inoculado por la institución pública respectiva y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Finalmente, se destaca que fue recibida en el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL".

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