Sandra Alicia Serrano Patiño

Expediente 2/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Sandra Alicia Serrano Patiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Por recibido el oficio del secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en el que obra inserta la determinación dictada el veinticinco agosto del año en curso, en el juicio de amparo 271/2021 promovido ************, de la que se advierte, entre otras cosas, que se archivó dicho expediente por encontrarse concluido; de lo que se toma nota.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la jueza Novena de Distrito en el estado de Guanajuato, a través del cual acusa recibo de la misiva enviada por este juzgado federal, por el cual le fue remitido el juicio de amparo ***** y al efecto manifiesta que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda presentada por *****. Por tanto, de autos se advierte que en el presente cuaderno no existe acuerdo pendiente de pronunciar ni constancia que recabar; en tal virtud, previas las anotaciones en el libro respectivo así como en el sistema correspondiente, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso j), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data; el cual deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  3. Principal

    Recepción de escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado por la quejosa **********, con el que se le tiene dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado en auto de cuatro de enero actual, y al efecto manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que es su deseo señalar como autoridad responsable ejecutora al director del CERESO 1000 en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. Incompetencia. Del análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que los actos que se reclaman son: la orden de detención, comparecencia, presentación o aprehensión dictada en contra de la quejosa, así como la ejecución de dicho mandato. Establecido lo anterior, es que este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. La competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Es aplicable a lo anterior, el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 679, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. De ahí, que la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, ya que si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde se presente la demanda de amparo, o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." En el caso, los actos reclamados consisten en la orden de detención, comparecencia, presentación o aprehensión dictada en contra de la quejosa, así como la ejecución de dicho mandato; luego, debe tomarse en consideración de manera preponderante, que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que se encuentra interna en el centro de readaptación social de Valle de Santiago, Guanajuato, conocido como CERESO 1000, y que señaló como autoridad responsable ejecutora al director de dicho centro de reclusión. En ese sentido, se considera que el juez de Distrito legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, es el que ejerce jurisdicción en el referido municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, dado que de existir el mandato de captura reclamado, necesariamente será ejecutado en el lugar de reclusión de la quejosa. Apoyo a lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia 1ª./J. 52/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 383, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En tal virtud, si el acto reclamado consistente en la orden de detención, comparecencia, presentación o aprehensión dictada en contra de la quejosa, así como la ejecución de dicho mandato, cumplimiento que forzosamente se tendrá que materializar en el lugar de reclusión de la quejosa, esto es, el Centro de Readaptación Social CERESO 1000, ubicado en Valle de Santiago, Guanajuato, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues dicho acto reclamado será ejecutado, en su caso, en la referida ciudad que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal y, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, corresponde conocer del asunto al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido y sus copias de traslado al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Irapuato, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle que informe si acepta o no el conocimiento del asunto. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado por la quejosa **********, mediante el cual pretende desahogar la prevención que le fue realizada en proveído de cuatro de enero actual. No ha lugar a tenerle por desahogada tal prevención, atento a que en el referido auto fue requerida para que bajo protesta de decir verdad manifieste si desea señalar como responsable alguna autoridad residente en Valle de Santiago, Guanajuato; y, en su caso, la denominación de dicha autoridad; sin embargo, fue omisa en asentar dicha protesta en el escrito que se provee. Por lo expuesto, subsisten tanto el requerimiento como el apercibimiento contenidos en el citado proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, de noviembre de dos mil tres, página ciento treinta y tres, de rubro: "AMPARO, ACLARACIÓN DE DEMANDA, SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Hágase del conocimiento del accionante, que atento a que el ocurso que se provee fue presentado antes de que empezara a trascurrir el término de cinco días concedido en el multicitado acuerdo de prevención, este comenzará a correr a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal que se le haga de este proveído, esto en acatamiento a la jurisprudencia 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 411/2011, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, aprobada en sesión de veintinueve de febrero de dos mil doce, cuyo rubro es el siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO, EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."

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