Sandra Elizarraras Nieto

Expediente 650/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
650/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Sandra Elizarraras Nieto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto donde se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto, no fue recurrido en el plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Archivo y clasificación del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que trascurran tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia. Devolución de tomo a la autoridad responsable. Toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, devuélvase a la autoridad responsable los tomos de pruebas que allegó con su informe de ley.

  2. Principal

    Agréguese sin mayor proveído el oficio signado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por el cual remite las constancias de emplazamiento de las terceras interesadas; lo anterior, en virtud de que el veintiuno de los actuales, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que el veintiuno de los corrientes se recibió el informe justificado de la autoridad responsable, al que adjuntó dos tomos de prueba. Ahora bien, a fin de facilitar el manejo de las constancias adjuntas, fórmese el mismo número de tomos de prueba en el presente cuaderno de amparo.

  4. Principal

    Visto el oficio que suscribe el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, al que anexa copia certificada de todo lo actuado en el juicio ordinario laboral ********************del índice de dicho órgano colegiado. Ahora bien, acorde con la misiva de cuenta y con las documentales que adjuntó, así como con el estado de los autos, se advierte que se actualiza de forma notoria e indudable una causal de improcedencia; se explica: La quejosa compareció a esta instancia constitucional, argumentando vulneración a su derecho fundamental a que se imparta justicia pronta y expedita, garantizado en el artículo 17 constitucional. Concretamente, reclamó: "a) La omisión y dilación en el proceso por no respetarse las formalidades en el procedimiento, en específico los artículos 735, 838 y 945 de la Ley Federal del Trabajo, por no acordarse los escritos presentados con fecha 9 de agosto de 2021, con los cuales se solicita la ejecución del laudo de fecha 5 de noviembre de 2020. El incumplimiento de ejecutar el laudo de fecha 5 de noviembre de 2020 por parte del presidente ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Gto. en un plazo razonable, a pesar de ser cosa juzgada." La quejosa,********************es actora en el sumario mencionado, en el que el cinco de noviembre de dos mil veinte se dictó laudo condenatorio en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo ********************del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimosexto Circuito. El uno de julio del presente año se declaró cumplido el fallo constitucional. En ejecución del laudo, el mandatario de la quejosa presentó sendos escritos el nueve de agosto de dos mil veintiuno. En el primero solicitó que se dictará auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada, por el monto de la condena que expuso ahí en forma líquida. En el segundo solicitó que se ordenara a la patronal, la reinstalación de la trabajadora, entre otras prestaciones. Ante la falta de actuaciones en la ejecución del laudo, la quejosa compareció a esta instancia constitucional el dos de septiembre de dos mil veintiuno. El nueve de septiembre, la autoridad responsable emitió sendos proveídos. En el primero, se requirió a la promovente para que exhibiera copias de su escrito, a fin de dar trámite al incidente de liquidación a que se refiere el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo. En el segundo señaló fecha y hora para que se verificara la diligencia de reinstalación laboral. Con los antecedentes narrados, emerge que se actualiza de forma clara y absoluta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que ha cesado en sus efectos la conducta reclamada. Lo anterior, dado que la autoridad responsable inició el trámite de ejecución del laudo, ejerciendo diversos mandatos en respuesta a la solicitud de la trabajadora. Por ende, se concluye que el juicio deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Es aplicable a lo anterior la tesis: 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala, visible a fojas 38, tomo IX, junio de 1999, novena época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Sin que sea óbice la jurisprudencia emitida por la Primera Sala 1ª./J 136/2011 (9ª), de rubro: " INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA." Dicho criterio genera la obligación de formular una prevención, en caso de que la violación que se reclame sea al derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional; sin embargo, como ya se hizo ver, la quejosa dirigió su queja a la pasividad de la autoridad responsable en relación con la ejecución del laudo, en concordancia con el artículo 17 constitucional; inclusive, pretendió sustentar su inconformidad en la tesis aislada I.16º T 26 K, de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE PROVEER LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO, FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO PARA PROMOVERLO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2ª/J 33/2019 10ª)" que, a su vez, remite a la emitida por el máximo tribunal que se refiere a las dilaciones procesales de rubro "AMPARO INDIRECTO, PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEIDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS DESDE LA FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Así, no solo la forma en que se planteó la demanda, sino la naturaleza de los derechos fundamentales es, de tal forma, distinta, que su regulación en correlación con la Ley de Amparo es distinta. Así se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 478, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Así como la diversa 1a./J. 7/2015 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, tomo I, página 480, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para verificarse el veintinueve de los corrientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este Órgano Jurisdiccional

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