San Juana Martínez Lobato

Expediente 369/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
369/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
09/05/2017

Partes del expediente

  • San Juana Martínez Lobato

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de dieciocho de abril del presente año, en el que sobreseyó fuera de audiencia el juicio promovido por ***********, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio. Finalmente, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original anexos a su escrito inicial de demanda, con apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de dieciocho de abril del presente año, en el que sobreseyó fuera de audiencia el juicio promovido por San Juana Martínez Lobato, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio. Finalmente, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original anexos a su escrito inicial de demanda, con apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Delegado Estatal en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y por la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal de dicha dependencia, mediante el cual rinde su informe justificado; asimismo, informa que dio contestación mediante oficio SP/DPSH/864/2017 de cinco de los corrientes, a la petición de la parte quejosa, mismo que fue notificado el siete de abril de dos mil diecisiete; en atención a lo anterior y al estado procesal que guardan los presentes autos se provee: En el caso, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo legal citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.).". Del precepto antes transcrito, se desprende la posibilidad de que, cuando el acto combatido haya desaparecido, el objeto del amparo carezca de finalidad, ya sea cuando se revoque el acto reclamado o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio origen al juicio de amparo y que atento a tal situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho humano violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 731 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS.". Así como la diversa tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2443 del Tomo XCIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del epígrafe siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS.". Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión en que incurrió, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Lo que en la especie se actualiza, ya que en el presente asunto del estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama la omisión de emitir y notificar respuesta a la petición presentada el día veinte de diciembre pasado, y la autoridad oficiante informó que elaboró y entregó dicha petición mediante oficio SP/DPSH/864/2017 el cinco de los corrientes, notificándolo el siete de abril del presente año; remitiendo las constancias respectivas para acreditar su dicho. Por lo que, al tenor de dichas constancias en comento, resulta inconcuso que, en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que todos los efectos y consecuencias del acto reclamado quedaron totalmente destruidos por lo que no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer pruebas para demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, por qué la causal de improcedencia subsistiría al ser manifiesto e indudable; además la presente determinación no provoca indefensión en el gobernado, de tener en cuenta que aún puede hacer valer el recurso legal contemplado en el artículo 81, fracción I inciso d) de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. En esas condiciones, en evidente que se actualiza plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63 fracción V, de la propia ley de la materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". En las relatadas condiciones, se dejan sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veinte de abril de dos mil diecisiete, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como prueba la presuncional legal y humana la cual se tiene por desahogada dada su naturaleza, así mismo téngasele señalando como domicilio, el que indica y como delegados en términos del artículo 9 de la ley de Amparo, a las personas que menciona. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo formulada por ***, contra actos de la Delegación del ISSSTE (Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado) con residencia en esta localidad; fórmese expediente físico y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 369/2017. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite. Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Pídase a la responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días, y para que remita copia certificada de las constancias que tomó en cuenta para dictar el acto que se le reclama, en la inteligencia que de no hacerlo se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en términos de lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 260, fracción II de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. No se tramite el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veinte de abril del dos mil diecisiete, para llevar a cabo la audiencia constitucional. De igual manera, se requiere a las partes, para que conforme a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de la materia, informen a este Juzgado de Distrito, si en el presente juicio de amparo se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento, así como si tienen conocimiento de diversos juicios de amparo promovido por la misma parte quejosa; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización decretada por el ejecutivo federal, incrementada treinta días, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 251 del ordenamiento legal invocado. Téngase a la quejosa ofreciendo como pruebas las documentales que anexa, las que de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública, ********* toda vez que si acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, al proporcionar los datos correspondientes que permitan verificar que cuentan con cédula profesional inscrita en el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las diversas personas que refiere se le tienen por autorizadas en términos restringidos por así solicitarlo expresamente, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado *** , de esta Ciudad. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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