Samuel Olvera Mandujano
Expediente 493/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Samuel Olvera Mandujano
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído por el que este Tribunal desechó la demanda de amparo promovida por ********, a nombre de su señor padre ********; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años a partir de esta data en que se ordenó su archivo definitivo, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado vigésimo quinto del Acuerdo Conjunto invocado. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo que promueve ********, a nombre de su señor padre ********, contra actos del Juez de Partido Único Penal de Acámbaro, Guanajuato, y otra autoridad, que los hace consistir en la orden de aprehensión dictada en contra de este y su ejecución, por considerarlos violatorios de los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), fórmese expediente bajo el número 493/2016.-B Ahora, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, si se toma como punto de partida que los manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis de jurisprudencia número I.1o.A. J/4, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, registro 196196, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que Samuel Olvera Mandujano, reclama la orden de aprehensión librada contra su progenitor Salomón Olvera Bermúdez, de quien no se advierte esté privado de su libertad. En principio, conviene precisar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad y que su procedencia se supedita a los diversos principios que lo rigen. Dentro de los postulados básicos del juicio de amparo está el de instancia de parte agraviada y el de la existencia del agravio personal y directo, contenidos en el artículo 6 de la Ley de Amparo, los cuales consisten en que el juicio de amparo solo se puede promover por quien resulte perjudicado con un acto de autoridad, por aquél que resiente el agravio de manera personal y directa. Al respecto, los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada rector del juicio de amparo, previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el cual establece una regla general a seguir para la procedencia del juicio constitucional, relativa a que éste solo se puede promover por aquella persona quien le afecte la norma general o cualquier otro acto de autoridad; sin embargo, también prevé un caso excepcional, pues, dicho principio se considera cumplido si la demanda es promovida por un representante del agraviado o su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal , o bien, por medio de algún pariente, o persona extraña en los casos en que la ley reglamentaria lo permita en forma expresa; es decir, en los casos establecidos en el numeral 15 del mismo ordenamiento, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para hacerlo. Ahora, no pasan desapercibidas las manifestaciones del promovente, las que bajo protesta de decir verdad, refirió que varios individuos que se dijeron ser agentes policiacos, han manifestado la intención de privar de la libertad a su señor padre Salomón Olvera Bermúdez pues en esta semana en varias ocasiones acudieron a su domicilio particular preguntando por él, bajo el argumento de que traían una orden de captura en su contra librada por un juez, que si bien no la han cumplimentado porque su padre no se encuentra en su domicilio, tiene temor fundado de que se practique dicha orden de captura, cuando su padre no ha cometido ningún delito, por lo que se ve precisado a impetrar el amparo y protección e la justicia federal. De lo anterior, se observa que el acto reclamado sufrido en agravio de quien se pretende promover el amparo, no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el numeral 15 de la legislación de amparo, dado que no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, de la persona en cuyo favor se promueve, sino que solo incide en las respectivas facultades jurisdiccionales y administrativas de las autoridades señaladas como responsables. En tal razón, como el acto reclamado en la demanda de amparo no se ubica en los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, es evidente que no se justifica el hecho de que otra persona promueva a su favor la demanda; asimismo, se debe precisar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo no se aprecia que dicha persona se encuentre imposibilitada para promover la demanda por derecho propio, pues, no se alega la incomunicación de este, o algún impedimento físico que se lo impidiera. Luego, si en el caso, el acto reclamado no se ubica en las hipótesis establecidas en el invocado numeral 15 ni se advierte que el directo quejoso se encuentre imposibilitado para promover por sí la demanda de amparo, se debe estimar que no se cumple con el principio de acción por parte agraviada, rector del juicio de amparo, ya que no se está en alguno de los supuestos de excepción para que el promovente Samuel Olvera Mandujano, instara la acción constitucional a su favor. En ese orden de ideas, se debe estimar que en la especie el peticionario no satisface el requisito indispensable para la promoción del juicio de amparo, relativo al agravio personal y directo. En consecuencia, al estar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 y 15, de la misma legislación, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la propia codificación legal. Sustentan la anterior determinación, las tesis de la Segunda Sala y de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 293 y 666-667, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, cuyo respectivo rubro y tenor son: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de amparo, que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación e la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto." "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193 Bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193) de la Ley reformada, que se refiere a la obligatoriedad de observar la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal e igualmente una tesis Jurisprudencial, puesto que la indicada tesis Jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 Bis, de la Ley en cita, constituye la disposición legal a que alude dicha fracción." Los criterios citados, en los que se analizó lo dispuesto en la Ley de Amparo abrogada, se consideran aplicables al caso, pues las figuras jurídicas estudiadas, siguen vigentes conforme a la actual ley de la materia. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, y considerando que el quejoso señala los estrados de este juzgado federal para recibir notificaciones de índole personal, los que propiamente no constituyen un domicilio para ello, con apoyo en lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo
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