Samuel Duran Hernández
Expediente 1060/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1060/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Samuel Duran Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído por el que este Tribunal tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida en favor de **************; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años a partir de esta data en que se ordenó su archivo definitivo, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado vigésimo quinto del Acuerdo Conjunto invocado.
- Principal
Vista la constancia actuarial generada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso *************, el proveído de diez de los actuales, toda vez que no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; consecuentemente, se ordena la notificación del auto de referencia y los subsecuentes acuerdos, aún los de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Por este conducto se notifica al quejoso el autos de diez de los actuales, mismo que señala: Vistas diligencias actuariales generadas por el licenciado ***************, fedatario judicial de la adscripción, de la que se advierte que notificó de manera personal al quejoso directo ************, con el contenido del proveído de nueve de los actuales, quien manifestó que no es su deseo ratificar la demanda de amparo que interpuso en su favor **************. Por lo anterior, téngase al directo agraviado *************, no ratificando la presente instancia constitucional; consecuentemente, con fundamento en el artículo 15, párrafo III de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada, quedando sin efectos las providencias dictadas en el auto de radicación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del conocimiento de las autoridades responsables el sentido del presente auto.
- Principal
Vistas diligencias actuariales generadas por el licenciado Gustavo Melesio Martínez, fedatario judicial de la adscripción, de la que se advierte que notificó de manera personal al quejoso directo ************, con el contenido del proveído de nueve de los actuales, quien manifestó que no es su deseo ratificar la demanda de amparo que interpuso en su favor **************. Por lo anterior, téngase al directo agraviado Samuel Durán Hernández, no ratificando la presente instancia constitucional; consecuentemente, con fundamento en el artículo 15, párrafo III de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada, quedando sin efectos las providencias dictadas en el auto de radicación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del conocimiento de las autoridades responsables el sentido del presente auto.
- Principal
Visto el telegrama de cuenta, por el que *************, en representación de *************, promueve juicio de amparo indirecto, contra actos del Juez de Control de la Región de Uriangato, Guanajuato, agente del Ministerio Público Investigador del Sistema de Oralidad Penal, residente en Yuriria, Guanajuato, y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, residente en Yuriria, Guanajuato, contra los actos que hace consistir en privación ilegal de su libertad, cateo fuera de procedimiento judicial y prohibición de salir de su domicilio particular, en el que dice se encuentra. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1060/2016-B. Ahora, ha menester dejar constancia de lo que establece la legislación aplicable, en tratándose de la promoción del juicio de amparo, a saber, lo previsto en los artículos 6 y 15, que disponen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de garantías, previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el que establece una regla general a seguir para la procedencia del juicio constitucional, consistente en que éste únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, este principio puede cumplirse a través del representante legal del agraviado, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo, se advierte que el principio de instancia de parte agraviada, puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, cuando se reúnan los siguientes supuestos de procedibilidad: Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, caso en el que podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Ahora, en el caso a estudio, se advierte de lo expuesto en la demanda de cuenta, que el promovente licenciado René Vázquez Arreola, se ostenta defensor del quejoso directo *************, señalando que este se encuentra imposibilitado para promover el amparo, al señalar encontrarse privado de su libertad en su propio domicilio, y que elementos de la Policía Ministerial le impiden salir del mismo. Luego, se estima que está en presencia de actos de incomunicación al no permitírsele acudir ante esta instancia constitucional a promover el amparo por sí mismo; por tanto, acorde con lo establecido por el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se reserva emitir acuerdo en torno a la admisión de la demanda de amparo interpuesta, hasta en tanto el quejoso directo Samuel Durán Hernández, manifieste si es su deseo o no ratificar la misma. Sin perjuicio de lo anterior, dese intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en su calidad de representante de la sociedad, acorde con lo establecido por el artículo 107, fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, y siendo que en la demanda de cuenta se informa que el quejoso de referencia está privado de su libertad personal en su propio domicilio ubicado en calle *** de Yuriria, Guanajuato, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado a efecto de que se constituya en legal y debida forma en tal sitio, en el que de ser el caso que las autoridades ministeriales se encuentren llevando a cabo la práctica de alguna diligencia derivada de orden judicial emitida por autoridad competente, deberá permitírsele el ingreso en busca del quejoso directo, y una vez encontrándolo lo requiera para que, en ese momento, o dentro del término de tres días, manifieste si es su deseo o no ratificar la demanda de amparo presentada, bajo el entendido que de no ratificarla se tendrá por no presentada, y quedarán sin efectos las medidas que en subsecuente serán adoptadas; de igual forma, dé fe del estado físico del mismo. En caso de no encontrarlo en tal sitio, y de obtener información de haber sido detenido por la autoridad, el fedatario deberá recabar la información necesaria que permita advertir a dónde fue trasladado y ante qué autoridad fue puesto a disposición, y proceda a su búsqueda para los efectos precisados, en los diversos lugares destinados para detención o reclusión en que puedan estar y que se ubiquen en dicha municipalidad. Asimismo, se comisiona al actuario para que haga entrega de los oficios que emanen del presente expediente a las autoridades señaladas como responsables residentes en Yuriria y Uriangato, ambas pertenecientes al estado de Guanajuato; sin embargo, en caso de no localizar al quejoso, dese cuenta para proveer lo conducente a su localización. Hará saber a las autoridades ante quien se presente que, dada la modificación constante en las denominaciones de las autoridades que conforman el organigrama de la Procuraduría General del Estado de Guanajuato y, al tratarse de un asunto urgente y de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, de no ser la denominación correcta, deberán recibir la comunicación y rendir el informe bajo la denominación que corresponde o bien, manifestar el impedimento que se tuviere; apercibidos que de negarse a recibir el oficio, se harán acreedoras a una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cincuenta días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan ocurrir. Ahora bien, virtud a que el acto de autoridad destacado, consistente en la incomunicación de *************, está prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, con apoyo en el numeral 126, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, a efecto de que de inmediato cesen los referidos actos a que se encuentre sujeto, así como para que no se ejecuten los prohibidos por el ordinal 22, de nuestra Carta Magna, quedando en cuanto a su persona, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, debiendo informar éstas, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, sobre el cumplimiento que se dé a este mandato judicial; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables por medio de oficio. De igual manera, se apercibe a las citadas responsables que de no cumplir con lo antes determinado, se harán acreedoras, la que incumpla, a una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cincuenta días en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como las sanciones de prisión, destitución e inhabilitación establecidas en el artículo 262 de la invocada legislación.
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