Salvador Zavala Paredes

Expediente 399/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
399/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2017

Partes del expediente

  • Salvador Zavala Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, por el que este Juzgado desechó la demanda promovida por los quejosos ************, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio que, vía electrónica, remite el Secretario de la Quinta Sala Penal en funciones de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, adjunto al cual remite copia de la resolución pronunciada en siete de marzo de este año, dentro del Toca penal XXXXX, relativo al recurso de apelación interpuesto por XXXXXXXX y su defensor contra el fallo de quince de diciembre inmediato anterior, emitido dentro de la causa penal XXXXX, de la estadística del Juzgado Único penal de Partido Judicial de Yuriria, Guanajuato, que se le instruye por el delito de fraude, en agravio de los hoy quejoso, así como la notificación a estos de aquella determinación, efectuada en ocho de marzo de la presente anualidad. Así también, intégrese al sumario el ocurso de once de los actuales, firmado por los impetrantes XXXXXXXXX, ambos de apellido XXXXXXXX, mediante el cual desahogan la prevención formulada en proveído de seis del mes y año en curso, pues señalan, bajo protesta de decir verdad, que en ocho de marzo del año en curso, fueron notificados con los puntos resolutivos de la resolución que reclaman, mediante cédula de notificación que adjuntan (anexo 1 y 3, firmada por la actuaria adscrita al Juzgado de origen, y agregan que a su asesor jurídico se le notificó el catorce siguiente por lista publicada por dicho juzgado, así también, hacen relación suscita de los hechos que constituyen antecedentes de los actos reclamados. Ahora, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Es así como tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Establecido lo anterior, se estima importante precisar que los quejosos señalan como acto reclamado la resolución emitida el siete de marzo del año en curso, que recayó al toca penal 11/2017, que revocó el auto de formal prisión de quince de diciembre inmediato anterior, pronunciado por la Juez Único Penal de Partido Judicial de Yuriria, Guanajuato, en el proceso penal 227/2016, para en su lugar decretar auto de libertad con las reservas de ley a favor de José Luis Guzmán Calderón, al no tener por acreditado el cuerpo del delito de fraude en agravio de los hoy quejoso, que según constancias antes reseñadas, les fue notificada a estos el siguiente ocho de marzo. Bajo ese contexto, este juzgado federal estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18, de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, sus anexos y escrito aclaratorio, aunado a las constancias provenientes de la Quinta Sala Penal en funciones de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, se obtiene que los impetrantes del amparo el ocho de marzo del año en curso, fueron notificados por parte de la Sala responsable del acto reclamado. Fecha que resulta cierta para efectos del presente juicio de amparo, al tratarse de un hecho notorio con las constancias remitidas por la propia Sala, incluso por así haberlo manifestado los impetrantes, y encontrarse corroborado con la documental adjunta a su escrito aclaratorio, que si bien señalan esa notificación se las realizó el Juez Aquo, a este correspondió hacerles de su conocimiento la llegada de los autos de apelación, con los puntos resolutivos de la determinación de la alzada, y a esta notificar a las partes de su resolución, lo que, se insiste aconteció el ocho de marzo de dos mil diecisiete. En esas condiciones, si la demanda que nos ocupa fue presentada el cinco de abril de dos mil diecisiete, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y turnada a este juzgado en la propia data, como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda, así como en la boleta de turno correspondiente, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, con el 17 de la Ley reglamentaria, tocante a que el impetrante tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que se hizo sabedor del acto que reclama, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. En tal virtud, si los susodichos quejosos, acorde con lo establecido por el invocado numeral 61, fueron notificados de la resolución que reclaman, el ocho de marzo de este año, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18, antes apuntado, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del nueve de marzo de esta anualidad, al quedar notificados el ocho anterior del acto que en la presente instancia reclama, debiendo contarse los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del nueve de marzo de este año para concluir el treinta y uno de marzo del mismo año excluyendo los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticinco y veintiséis de marzo del año en curso, por resultar inhábiles. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada el cinco de abril de dos mil diecisiete, evidente resulta que es extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral, ya que los actos reclamados no son de aquellos que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; ante lo cual, resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por los quejosos. Es aplicable, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia IV.3o. J/44, sustentada por Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 49 del Semanario Judicial de la Federación número 86-2, Febrero de 1995, octava época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." Así también, por identidad jurídica, resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), Décima Época, Registro 2009174, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 38, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA." En consecuencia, es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ************ contra actos del Magistrado de la Décima sala penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y otra; fórmese el expediente físico y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 399/2017, y anótese su registro en el libro de gobierno respectivo. A efecto de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 112 y 114, en relación con el 108 fracción V de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos, para que en el plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumplan lo siguiente: ? Precisen la fecha en que la autoridad responsable ordenadora (Magistrado de la Décima Sala penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado), les notificó su determinación que reclaman, esto es, la resolución de siete de marzo próximo pasado, emitida en la Toca Penal ***, pues a esta le corresponde llevar a cabo dicho acto de notificación, desde luego, en términos de ley, no así al Juez Aquo, a quien en todo caso le corresponde notificarles la llegada de los autos de apelación a las partes en el expediente judicial condigno; así también el medio por el que, en su caso, llevó a cabo dicho acto procesal. ? Expongan de forma sucinta los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; lo anterior, en razón a que en el capítulo correspondiente únicamente hacen referencia a los que generaron la presentación de su denuncia ante la representación social -fase indagatoria-, no así los actos procesales desarrollados ante el Juez de la causa -preinstrucción e instrucción-, génesis del acto reclamado al tribunal de segunda instancia. Lo anterior, en razón a que de la lectura de su libelo constitucional no se logra precisar, la fecha en la que les fue notificado a los quejosos el acto que reclaman, pues en su apartado V.- FECHA EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO RECLAMADO, destaca lo siguiente:  Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el acto reclamado no fueron notificados los puntos resolutivos el día ocho de marzo de dos mil diecisiete; los argumentos y motivación jurídica fue notificado al Asesor Jurídico licenciado en derecho **********, con fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, en los estrados del Juzgado Único Penal de Yuriria, Guanajuato." Lo que genera incertidumbre por cuanto a verificar la fecha en la que se les notificó dicha resolución, y así estar en condiciones de evaluar la oportunidad en la presentación de su demanda de amparo. Lo que se considera debe ser superado por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 108 y 114, fracción I de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijaran los palazos correspondientes al juicio de amparo, así como la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a la que se le atribuye el acto o actos reclamados estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado; por ende, sustentarlo con las constancias conducentes, lo que conlleva a que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. En apoyo a lo anterior, se cita, por identidad de razón, la tesis visible en la página 54, del tomo III, segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para este juzgado federal que, de la lectura de los conceptos de violación, se desprendan algunos datos relativos al proceso penal del cual se hace derivar el acto reclamado, esto es, el auto de formal prisión, al parecer dictado en quince de diciembre próximo pasado dentro de la causa penal ***, de la estadística del Juez Penal de Partido Judicial de Yuriria, Guanajuato, objeto de revisión por parte del Magistrado responsable, para así dar por satisfecho el requisito exigido por el invocado numeral 108, fracción V, relativo a los hechos que, bajo protesta de decir verdad, constituyen antecedente de los actos reclamados; lo anterior, en razón a que por disposición expresa contenida en dicho numeral exponerse tales hechos, debiendo rendirse bajo protesta de decir verdad, lo que no se advierte expuesto en el capítulo de conceptos de violación, aunado a que dicha información no se satisface solamente con la causa de pedir, sino que debe ser proporcionada por los propios quejosos y no deducirla por este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada directamente por los propios quejosos, no así por el profesionista que señalan en su escrito de demanda, toda vez que la aclaración de la demanda entraña el ejercicio de una acción de amparo, para lo cual solo están facultados los agraviados, no así por su autorizado. En apoyo se invoca por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, de junio de dos mil once, página sesenta y ocho, de rubro: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Ahora, con el original de su escrito de desahogo, deberá presentar copias suficientes del mismo, con el fin de que este juzgado esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio: una para cada autoridad responsable, uno para cada uno de los fiscales adscritos a dichas autoridades, una para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y uno para él tercero interesado. Es aplicable la jurisprudencia P./J.36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setenta y nueve, Tomo XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Se apercibe a la parte quejosa que, transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención antes indicada en los términos expuestos, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Con independencia de lo anterior, a efecto de mejor proveer, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, para que en el término veinticuatro horas, siguientes a la notificación que del presente se le haga, informe a este juzgado federal la fecha en que notificó a **********en cuanto a la parte ofendida dentro del proceso penal que deriva el acto reclamado; en su caso, a su asesor jurídico, la resolución de siete de marzo de dos mil diecisiete emitiera en el toca penal 11/2017 de su índice, debiendo remitir copia certificada de lo anterior, autorizando para su envío vía fax al número 01(461)156 77 41 o al correo electrónico ***, que corresponde al secretario encargado del tramite. Se apercibe a la autoridad que para el caso de omisión o de no manifestar el impedimento legal que tuviera para no dar cumplimiento al requerimiento que antecede, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cincuenta días, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 27/2004, registro 181833, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, página 354, que dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO ADMINISTRATIVO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, PERO NO POSTERGAR SU DECISIÓN. Domicilio del quejoso y autorizados Siendo que la parte quejosa señala los estrados de esta potestad jurisdiccional para recibir notificaciones de índole personal, lo que propiamente no constituye un domicilio para tal efecto, con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágansele las notificaciones de tal naturaleza por medio de lista que se fija en lugar visible de este juzgado, teniéndole como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado **********, de quien se proporciona como dato correspondiente a su condición de licenciado en derecho su cédula profesional número *** Autorización y habilitación al personal del Juzgado Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal que resulten en el presente asunto. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de constancias que deban mantenerse en secrecía. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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