Samuel Bernardo Aguilar Ortiz

Expediente 595/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
595/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Samuel Bernardo Aguilar Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción de testimonio. Por recibido el oficio que suscribe el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el Decimosexto Circuito, por el cual remite un legajo de copias certificadas de este expediente, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja administrativa 135/2020, interpuesto por la parte quejosa, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja, por lo que se confirma el acuerdo pronunciado por el juez Octavo de Distrito en el Estado, el seis de noviembre de dos mil veinte, en el juicio de amparo 595/2020-VI, que desechó la demanda de amparo promovida por ****." Acúsese recibo vía interconexión. Valoración de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Agréguese el oficio recibido proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Decimosexto Circuito, por el cual acusa recibo del oficio al que se adjuntó el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, asimismo; informa que dicho órgano colegiado admitió el medio de impugnación, el cual registró con el número 135/2020; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Agréguese el escrito signado, por el quejoso Samuel Bernardo Aguilar Ortiz, atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja, de conformidad con el artículo 97, fracción I inciso a), de la Ley de Amparo, contra del auto por el que se desechó la demanda. Ríndase el informe a que alude el artículo 101 de la Ley de Amparo, y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, con copia certificada de lo actuado en el presente cuaderno, así como el original del escrito de agravios.

  4. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo signada por xxxxxxxx; en contra de actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 595/2020-VI. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Es así, porque el acto reclamado se hace consistir en la siguiente determinación (la cual se inserta): Ahora, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda -manifestación que adquiere eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°-, se desprenden como antecedentes del acto reclamado las siguientes actuaciones: Que mediante oficio 500-26-00-05-02-2019-09620 de once de julio de dos mil diecinueve, el administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Guanajuato "3", determinó un crédito fiscal al aquí quejoso, por la cantidad de $1'715,381.01 (un millón setecientos quince mil trescientos ochenta y uno pesos 01/100 moneda nacional). Que inconforme con esa determinación, el quejoso promovió demanda de nulidad, a la que correspondió el expediente 3862/19-10-01-8-OT, del índice de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. Que el once de febrero de dos mil veinte, se notificó al quejoso, mediante boletín un requerimiento para señalar debidamente al tercero interesado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no ofrecida la prueba pericial contable. Que ante tal requerimiento -el quejoso refiere- que por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte, dio cumplimiento a lo solicitado, respecto del cual, inserta la parte del acuse de recibo, tal como se desprende en el punto cuatro del capítulo de antecedentes. Que a pesar de ello, por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte, se tuvo por no ofrecida la prueba pericial contable anunciada en su escrito inicial de demanda, determinación que le fue notificada por boletín jurisdiccional el once de febrero de dos mil veinte. Que en contra del auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, interpuso recurso de revisión el diecinueve de febrero siguiente, el cual se resolvió en el sentido de confirmar el acuerdo impugnado, donde se tuvo por no ofrecida la prueba pericial contable anunciada en su escrito de demanda (este es el acto reclamado). El trece de octubre de dos mil veinte, la responsable notificó a la parte quejosa por boletín jurisdiccional la anterior determinación. De lo anterior se destaca: - Que el acto controvertido fue dictado dentro del expediente 3862/19-10-01-8-OT del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de Celaya, Guanajuato; - Que la parte quejosa es parte actora dentro de dicho procedimiento; - Que el juicio de origen se encuentra en trámite; y, - Que el acto reclamado, lo constituye, en esencia, la resolución interlocutoria emitida el cuatro de septiembre de dos mil veinte, que confirmó el auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, en el cual se tuvo por no ofrecida la prueba pericial en materia de contabilidad anunciada por el aquí quejoso en el juicio de origen, determinación que le fue notificada mediante boletín jurisdiccional el trece de octubre del año en curso. Sobre esa línea de pensamiento, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. En esa medida, habrá de resaltarse que el acto reclamado en la presente instancia no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios». El criterio anterior resulta aplicable al caso concreto. Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, el acto reclamado descrito con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. Por tanto, en el particular al reclamarse actos dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en xxxxxxxx de esta ciudad. De igual forma, se le tiene proporcionando las cuentas de correo electrónico que señala, a efecto de que se establezcan vías de contacto efectivo en los supuestos que se estime conveniente. Por otra parte se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jxxxxxxxxx, puesto que de la certificación de cuenta, se desprende que tienen inscrita su cedula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que a las personas restantes únicamente en términos restringidos en razón de que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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