Salvador Salceda Ortega

Expediente 256/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
256/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
16/05/2016

Partes del expediente

  • Salvador Salceda Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo segundo, se declara que dicha sentencia ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, hágase la anotación de estilo en el libro de gobierno. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción y el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio, se concedió la medida suspensional provisional y se negó la definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  2. Principal

    Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***********, contra los actos reclamados y autoridades señaladas en el considerado tercero, por las razones ahí expuestas.

  3. Incidental

    A) Formación del incidente. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio dictado en el principal, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 256/2016-A1, promovido por **********, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, adscrito a la Agencia número 26 de Celaya, Guanajuato y otra autoridad. B) Solicitud de informes previos. Con fundamento en los artículos 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, en el que deberán informar, en su caso, si el hecho ilícito que se atribuye al quejoso es delito patrimonial y a cuánto asciende el monto de la reparación del daño, para cuyo efecto remítaseles copia simple de la demanda. Apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. C) Audiencia incidental. Se fijan las diez horas con treinta y tres minutos del veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, para el verificativo de la audiencia de este incidente. D) Denominación de autoridades. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, de la Ley de la materia, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el cual no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo); se apercibe al peticionario de la tutela federal que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento de su denominación; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. E) Materia de la suspensión. Por tratarse de un asunto de naturaleza penal derivado de procedimientos en los que se desconoce si ya se aplica el nuevo sistema penal; el pronunciamiento sobre los efectos de la suspensión de los actos reclamados será, según sea el caso, con la anterior o la vigente Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone el segundo párrafo del artículo décimo transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. Con fundamento en lo previsto por los artículos 124 y 136 de la Ley de Amparo, procede conceder al quejoso Salvador Salceda Ortega, la suspensión provisional de los actos reclamados, ya que fue solicitada por parte agraviada, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. En la medida de que la sociedad está interesada en el respeto de los derecho humanos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, dado oportunidad al gobernado de comparecer con la responsable a hacer valer las garantías para su protección evitando de que se sustraiga de la acción de la justicia y la suspensión de un procedimiento. Además, de ejecutarse el acto reclamado se ocasionaría al promovente un daño de difícil reparación al no poder restituírsele su libertad personal, en su caso por el tiempo que se le privara de ella. Lo anterior, para el efecto que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y no sea privado de su libertad personal, con motivo de la orden de detención o presentación, que reclama; ello, hasta en tanto las responsables reciban notificación de la suspensión definitiva, siempre y cuando reúna las siguientes condiciones para que surta efectos la medida cautelar: 1) Que el delito que se le imputa al quejoso no sea de los calificados como graves por la legislación penal aplicable o de aquellos por los que no se permite el beneficio de libertad provisional bajo caución, o bien, no implique prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional; 2) Como medida de aseguramiento, otorgue, garantía por la cantidad de un mil pesos ($1,000), en cualquiera de las formas establecidas en la ley, preferentemente en billete de depósito expedido a su nombre por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, dentro del plazo de cinco días conforme a lo dispuesto en el artículo 136 párrafo cuarto de la anterior Ley de Amparo; y, 3) Se presente dentro de tres días siguientes ante la autoridad que haya emitido el acto reclamado a rendir su declaración ministerial o preparatoria ó para los efectos legales a que haya lugar, y cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento del que derive; en el caso de que la orden reclamada haya sido emitida por una autoridad distinta a las responsables, el plazo se computara a partir de la notificación del informe en que conste dicha circunstancia. Apercíbase que de no acreditar que cumplió con dichas prevenciones en el término de cinco días, dejará de surtir efectos la medida otorgada de conformidad, con lo dispuesto por el numeral 139 de la anterior ley y 166 de la actual. Ahora bien, en caso que el delito imputado al peticionario de la tutela federal sea de los calificados como graves por la legislación penal o de aquellos por los que no se permite el beneficio de libertad provisional bajo caución, o bien, que sea de los que tienen prisión preventiva oficiosa en términos del numeral 19 constitucional, la suspensión solo surtirá efectos que una vez aprehendido o detenido quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar de reclusión por lo que ve a su libertad personal, y a disposición de la autoridad que haya librado la orden por lo que hace a la continuación del procedimiento. Asimismo, se reitera que una vez que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de detención o presentación), con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, el ahora incidentista deberá comparecer ante la autoridad responsable, dentro del término de tres días, siguientes al que le surta efecto legales la notificación del informe previo que dicha autoridad rinda, y acreditarlo con las constancias relativas ante este juzgado federal dentro de un término igual, con el apercibimiento que de no hacerlo así dejara de surtir efecto la suspensión concedida y se hará efectiva la garantía que exhiba a favor del erario federal, quedando expedita las facultades de las autoridades señaladas como responsable ejecutoras, para llevar acabo la ejecución de los actos reclamados. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.149/2007, aprobada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha once de octubre de dos mil siete, registro número 170432, del siguiente epígrafe: "SUSPENSIÓN PROVISINAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ." Así también, sustenta lo anterior la jurisprudencia número 1ª./J.16/97, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 226 del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, registro 198729, del semanario judicial de la federación y su gaceta, que al rubro dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATANDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." El monto de la garantía señalada para que surta efectos la medida cautelar indicada, se fija de manera discrecional por no contar con más datos que los proporcionados por la parte quejosa, que se desconoce su situación económica ya que no manifestó a cuánto ascienden sus ingresos; y atendiendo al número de autoridades señaladas como responsables, lo que se traduce en un mayor riesgo de que pueda sustraerse de la acción de la justicia dada la cantidad de procedimientos que presumiblemente se les instruyen; sin perjuicio que el monto de la garantía pueda ser modificada con posterioridad en atención a los informes que rindan las autoridades responsables y de acuerdo a las pruebas que obren en el sumario, de conformidad a lo que dispone el artículo 168 de la vigente Ley de Amparo y 124 bis de la anterior. En la inteligencia que la presente medida cautelar, no surtirá efectos si se trata de ejecutar una orden que haya sido o sea materia de otro juicio de amparo o se sorprenda a los impetrantes en flagrante delito o infringiendo la normatividad de Policía y Buen Gobierno. En el entendido que si la quejosa opta por exhibir póliza de fianza, ésta deberá contener en forma expresa la renuncia de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso que se haga efectivo el cobro de la cantidad sancionada, y deberá someterse en forma expresa a lo que sobre el particular dispone la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido lo narrado por el quejoso en su apartado de actos reclamados relacionado con ".CON EL TEMOR FUNDADO DE QUE AL DETENÉRSEME SE ME APLIQUEN GOLPES, TORMENTOS Y HASTA PRIVARME DE LA VIDA CON TAL DE HACERME CONFESAR DELITOS QUE NO HE COMETIDO, ASÍ COMO CUALQUIER ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL."; sin embargo, no ha lugar a proveer respecto de la suspensión de plano del acto reclamado, dado que resultan ser hechos futuros e inciertos, amén de que en la totalidad del cuerpo del libelo inicial, se refiere exclusivamente a una orden de detención o presentación, y el peticionario se encuentra en libertad. F) Expedición de copias. Con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a costa de la parte quejosa, copia certificada en un tato del presente proveído previa razón que de su entrega se deje en autos.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por **********A, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, adscrito a la Agencia número 26 de Celaya, Guanajuato y otra autoridad; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 Constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 256/2016. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda planteada, en la que el acto reclamado lo constituye, acorde con el artículo 77 fracción I del cuerpo normativo invocado, la orden de detención o presentación librada contra el impetrante y su ejecución. Sin que pase desapercibido lo narrado por el quejoso en su apartado de actos reclamados relacionado con ".CON EL TEMOR FUNDADO DE QUE AL DETENÉRSEME SE ME APLIQUEN GOLPES, TORMENTOS Y HASTA PRIVARME DE LA VIDA CON TAL DE HACERME CONFESAR DELITOS QUE NO HE COMETIDO, ASÍ COMO CUALQUIER ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL."; sin embargo, no ha lugar a proveer respecto de la suspensión de plano del acto reclamado, dado que resultan ser hechos futuros e inciertos, amén de que en la totalidad del cuerpo del libelo inicial, se refiere exclusivamente a una orden de detención o presentación, y el peticionario se encuentra en libertad. B) Intervención de la fiscal adscrita. Con apoyo al artículo 107, fracción XV de la Carta Magna, dese la intervención que legalmente corresponda al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. C) Solicitud de informes justificados. Pídase a las responsables su informe con justificación, con el que deberán remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomaron en cuenta para emitir el acto reclamado, lo que deberán hacer dentro del término de quince días. Apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Destacando que, si el citado informe lo constituye un disco Disco Versátil Digital, (D.V.D), deberá remitirlo debidamente validado y por TRIPLICADO, a efecto de dejarlo a la vista de las partes. D) Formación del incidente de suspensión. Fórmese por separado el incidente de suspensión respectivo. E) Audiencia constitucional. Se fijan las once horas con treinta y tres minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis, para llevar a cabo la audiencia constitucional. F) Causales de sobreseimiento. Con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en treinta días, acorde a lo establecido en el numeral 251 de la ley en cita. G) Denominación de autoridades. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, de la Ley de la materia, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el cual no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo); se apercibe al peticionario de la tutela federal que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento de su denominación; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. H) Transparencia. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. I) Domicilio y autorizados. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como para recibir notificaciones en calle *** de esta localidad; asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, por tratarse de un asunto de naturaleza penal.

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