Salvador Gómez Martínez

Expediente 468/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
468/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Salvador Gómez Martínez
  • Congreso del Estado de Michoacán, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Llegada Colegiado. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el tres de junio de dos mil veintiuno, dentro de la queja 41/2021, de la que se advierte en sus puntos resolutivos, lo siguiente: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido." Acúsese recibo. Sin que resulte necesario glosar al presente expediente el legajo de copias certificas devueltas por el tribunal de alzada, en razón de que son una reproducción de este. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se confirmó el auto que desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede se provee: Colegiado admite queja. Recíbase el oficio de cuenta, que remite el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que se admitió a trámite el recurso de queja promovido contra el auto dictado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda de amparo; dando origen al expediente 41/2021 de su índice; lo que se asienta para constancia y demás efectos legales conducentes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Katia Orozco Alfaro, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Autorizado en términos amplios. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el escrito inicial de demanda se autorizó a Julio César Ochoa Morales, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya proveído al respecto; en ese tenor, y vista la certificación de cuenta, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julio César Ochoa Morales, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Se tramita queja. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por Julio César Ochoa Morales en cuanto autorizado de la parte quejosa "CANEUROPA, Sociedad Anónima de Capital Variable", mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer, ríndase el informe sobre la materia de la queja que corresponda y remítase copias debidamente certificadas de las constancias que integran el presente cuaderno, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, así como el escrito original de expresión de agravios emitido por la recurrente y una copia de éste para el agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Por este medio, se notifica a la parte quejosa, el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles, a notificarse personalmente, no obstante el citatorio que se le dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Dicho proveído es del tenor literal siguiente: Acuerdo: Morelia, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Llegada Colegiado. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el catorce de diciembre del dos mil veinte, dentro de la queja 96/2020, de la que se advierte en sus puntos resolutivos, lo siguiente: "PRIMERO. Es fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el acuerdo recurrido." Asimismo, se advierte que los efectos de dicha revocación fueron los siguientes: ".provea nuevamente respecto de la demanda de amparo -prescindiendo de las consideraciones por las que en el auto recurrido desechó la demanda de amparo- y, de no advertir actualizada diversa causa de improcedencia notoria y manifiesta, admita a trámite la demanda de amparo promovida por Salvador Gómez Martínez, en cuanto cesionario de CANEUROPA, sociedad anónima de capital variable. Lo anterior, sin perjuicio que durante el transcurso del procedimiento o al momento de emitir la sentencia se pueda invocar la misma causal de improcedencia o una diversa. No es óbice para lo anterior, la circunstancia de que el Juez Primero de Distrito en el Estado haya enviado la demanda con firma autógrafa y sus anexos a la oficina de correspondencia común de partes de esta ciudad, pues en el supuesto de que aquella se haya admitido por el mismo juzgado -ya que conoció del que ahora se resuelve- o bien le hubiese correspondido a otro órgano jurisdiccional, y se haya admitido, entonces puede invocar la causa de improcedencia correspondiente por esa circunstancia. Además, de que deberá recabar en su caso, un tanto de esa demanda con firma autógrafa y/o copia certificada y agregarla al expediente de amparo de donde emerge el auto impugnado." Acúsese recibo. Ahora, tómese nota que este juzgado federal recibió procedente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, la demanda con firma autógrafa y sus anexos, promovida por Salvador Gómez Martínez, en cuanto cesionario de CANEUROPA, Sociedad Anónima de Capital Variable, misma que se remitió el once de septiembre de dos mil veinte, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito con residencia en esta ciudad, la que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, registrándola bajo el número 580/2020, y fue desechada el veinte de octubre de dos mil veinte, la cual a la fecha se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja interpuesto contra dicho auto el seis de noviembre de dos mil veinte, del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, bajo el número de queja 134/2020. DESECHAMIENTO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 1, 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107, 172 fracción XII 113 todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Salvador Gómez Martínez, en cuanto cesionario de CANEUROPA, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades. En primer término resulta necesario precisar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad que señala como responsable, lo siguiente: Del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo reclama: a) El procedimiento de reelección y/o ratificación del cargo de Magistrado de Armando Pérez Gálvez como Magistrado integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y su reelección. De la Comisión de Justicia del Congreso y del Consejo del Poder Judicial del Estado reclama: a) El procedimiento de reelección del cargo de Magistrado de Armando Pérez Gálvez como Magistrado integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y su dictamen favorable que se somete al Pleno del Congreso, sin haber tomado en cuenta las pruebas que ofreció en dicho procedimiento. Del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán reclama: a) La manifestación para que se nombre a Armando Pérez Gálvez como Magistrado integrante de ese Supremo Tribunal, contenido en la manifestación que realizó el treinta de abril de dos mil veinte en entrevista que le realizara la periodista Rebeca Hernández Marín, del periódico Quadratín de Michoacán, en el que señaló que Armando Pérez Gálvez, volverá como Magistrado de su sala de origen, aunque el Congreso del Estado no haya emitido su resolución para ratificarlo por un tercer periodo de cinco años. Del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán reclama: a) La violación a la ejecutoria de la controversia constitucional 238/2019 promovida por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y resulta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que el Consejo del Poder Judicial pretende extender su periodo de cinco años para el que fue reelecto en su segundo periodo, que concluyó el ocho de mayo de dos mil diecinueve; desde luego violando la propia Constitución local en su artículo 77 que señala que los periodos para los que podrán ser electos como Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, será de cinco años y solo se podrán reelegir por el mismo periodo cuando sea reelecto conforme el procedimiento previsto en la propia Constitución; y, b) El oficio del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, número PCPJ/3/2019, por el que se remitió el expediente al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo para decidir sobre la reelección y/o ratificación o no del Magistrado Armando Pérez Gálvez, en la que no se tomaron en cuenta todo el periodo que ordenó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni tampoco sus manifestaciones y pruebas, por lo que se reclama el procedimiento y su resolución que da inicio al procedimiento de reelección de dicho servidor público. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Atento a la obligación prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en cuanto al estudio oficioso de la procedencia del juicio, se estima materializada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En efecto, dicho dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" Dicho precepto dispone que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible a foja 260, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Asimismo, el término "litispendencia", se define como la existencia de algún otro juicio pendiente de resolver, y se actualiza cuando un juez conoce ya del mismo negocio. De igual forma, la palabra "mismo" exige que en los dos juicios haya identidad completa, es decir, que se trate de las mismas personas, que sean iguales las acciones deducidas, que procedan de las mismas causas, y que sea igual, también, la calidad con que intervienen las partes. Por otra parte, cabe destacar que, el juzgador de amparo se encuentra obligado a indagar sobre alguna causa de improcedencia que advierta en la demanda, en acatamiento a la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Ahora bien, de la certificación que antecede se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 580/2020, que se formó con motivo de la demanda de amparo presentado por Salvador Gómez Martínez, en cuanto cesionario de CANEUROPA, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades. Bajo esas condiciones, se concluye que el juicio de amparo 580/2020, se promovió por el mismo quejoso en contra de la misma autoridad y por idénticos actos reclamados; tal y como se observa en el cuadro comparativo que a continuación se inserta: JUICIO DE AMPARO 468/2020 JUICIO DE AMPARO 580/2020 QUEJOSO: Salvador Gómez Martínez, en cuanto cesionario de CANEUROPA, Sociedad Anónima de Capital Variable QUEJOSO: Salvador Gómez Martínez, en cuanto cesionario de CANEUROPA, Sociedad Anónima de Capital Variable AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO: Del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo reclama: a) El procedimiento de reelección y/o ratificación del cargo de Magistrado de Armando Pérez Gálvez como Magistrado integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y su reelección. De la Comisión de Justicia del Congreso y del Consejo del Poder Judicial del Estado reclama: a) El procedimiento de reelección del cargo de Magistrado de Armando Pérez Gálvez como Magistrado integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y su dictamen favorable que se somete al Pleno del Congreso, sin haber tomado en cuenta las pruebas que ofreció en dicho procedimiento. Del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán reclama: a) La manifestación para que se nombre a Armando Pérez Gálvez como Magistrado integrante de ese Supremo Tribunal, contenido en la manifestación que realizó el treinta de abril de dos mil veinte en entrevista que le realizara la periodista Rebeca Hernández Marín, del periódico Quadratín de Michoacán, en el que señaló que Armando Pérez Gálvez, volverá como Magistrado de su sala de origen, aunque el Congreso del Estado no haya emitido su resolución para ratificarlo por un tercer periodo de cinco años. Del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán reclama: a) La violación a la ejecutoria de la controversia constitucional 238/2019 promovida por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y resulta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que el Consejo del Poder Judicial pretende extender su periodo de cinco años para el que fue reelecto en su segundo periodo, que concluyó el ocho de mayo de dos mil diecinueve; desde luego violando la propia Constitución local en su artículo 77 que señala que los periodos para los que podrán ser electos como Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, será de cinco años y solo se podrán reelegir por el mismo periodo cuando sea reelecto conforme el procedimiento previsto en la propia Constitución; y, b) El oficio del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, número PCPJ/3/2019, por el que se remitió el expediente al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo para decidir sobre la reelección y/o ratificación o no del Magistrado Armando Pérez Gálvez, en la que no se tomaron en cuenta todo el periodo que ordenó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni tampoco sus manifestaciones y pruebas, por lo que se reclama el procedimiento y su resolución que da inicio al procedimiento de reelección de dicho servidor público. AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO: Del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo reclama: a) El procedimiento de reelección y/o ratificación del cargo de Magistrado de Armando Pérez Gálvez como Magistrado integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y su reelección. De la Comisión de Justicia del Congreso y del Consejo del Poder Judicial del Estado reclama: a) El procedimiento de reelección del cargo de Magistrado de Armando Pérez Gálvez como Magistrado integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y su dictamen favorable que se somete al Pleno del Congreso, sin haber tomado en cuenta las pruebas que ofreció en dicho procedimiento. Del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán reclama: a) La manifestación para que se nombre a Armando Pérez Gálvez como Magistrado integrante de ese Supremo Tribunal, contenido en la manifestación que realizó el treinta de abril de dos mil veinte en entrevista que le realizara la periodista Rebeca Hernández Marín, del periódico Quadratín de Michoacán, en el que señaló que Armando Pérez Gálvez, volverá como Magistrado de su sala de origen, aunque el Congreso del Estado no haya emitido su resolución para ratificarlo por un tercer periodo de cinco años. Del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán reclama: a) La violación a la ejecutoria de la controversia constitucional 238/2019 promovida por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y resulta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que el Consejo del Poder Judicial pretende extender su periodo de cinco años para el que fue reelecto en su segundo periodo, que concluyó el ocho de mayo de dos mil diecinueve; desde luego violando la propia Constitución local en su artículo 77 que señala que los periodos para los que podrán ser electos como Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, será de cinco años y solo se podrán reelegir por el mismo periodo cuando sea reelecto conforme el procedimiento previsto en la propia Constitución; y, b) El oficio del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, número PCPJ/3/2019, por el que se remitió el expediente al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo para decidir sobre la reelección y/o ratificación o no del Magistrado Armando Pérez Gálvez, en la que no se tomaron en cuenta todo el periodo que ordenó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni tampoco sus manifestaciones y pruebas, por lo que se reclama el procedimiento y su resolución que da inicio al procedimiento de reelección de dicho servidor público. Por tanto, se verifica la causal de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia, en razón de que si bien se desechó la primera demanda de amparo promovida -580/2020-, al actualizarse la diversa causal que refiere el arábigo 61 fracción VII, de la Ley de Amparo, lo cierto es que ello no lo faculta para intentar una nueva acción constitucional, pues se analizó el acto reclamado. En efecto, de acuerdo al principio de preclusión, que rige la procedencia de la acción constitucional, consagrado, entre otros, en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ordinariamente no es posible que el quejoso reclame los mismos actos de las mismas autoridades en más de un juicio de amparo. Con base en esa premisa, el desechamiento de la demanda de amparo genera en el quejoso la carga procesal de impugnar esa resolución a través del recurso de queja en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que en el caso concreto, aconteció, pues a la fecha se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja interpuesto en su contra. Por ello, si el desechamiento de la primera demanda que promovió el quejoso se sustentó en el arábigo 61 fracción VII, de la Ley de Amparo, ello trae como consecuencia que, mientras subsista jurídicamente esa determinación, sea inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto. Es decir, la causa de improcedencia previa de la demanda promovida inicialmente, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las mismas autoridades. Al respecto es aplicable, por identidad jurídica la jurisprudencia I.11o.C. J/6 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada." De ahí que por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, debe prevalecer lo resuelto en esa resolución que desechó la primer acción constitucional promovida por el ahora quejoso, lo contrario, implicaría desconocer la decisión previa adoptada y, más aún, avalar la coexistencia de posibles resoluciones contradictorias. Asumir una posición contraria implicaría que los quejosos pudieran, válidamente, promover tantos amparos como quisieran respecto de un mismo acto reclamado, y señalando idénticas autoridades responsables, lo que iría en total detrimento de la impartición de justicia. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en los artículos 61, fracción X, en relación con 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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