Salvador Hernández Solis
Expediente 58/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Hernández Solis
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Acusa recibo. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 11885/2018, sin que haya lugar a mayor trámite, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil dieciocho. Visto, el estado de cuenta, se provee: Tribunal Colegiado devuelve expediente y remite testimonio. Agréguese el oficio y anexos signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del presente juicio y copia certificada de la resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, relativa a la queja civil 17/2018, la que concluyó con los siguientes puntos: "UNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Salvador Hernández Solís, contra el auto dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado, el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo indirecto 58/2018." Acúsese recibo. Ahora, en lo concerniente al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja de mérito, glósese únicamente las constancias originales, dado que las constancias restantes constituyen una reproducción del expediente en que se actúa. Archivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable, se ordena su devolución en un cuaderno, solicitando acusar recibo de su recepción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se provee: Acusa recibo Tribunal de Alzada. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado, por el que le fueron enviadas las copias autorizadas que integran el juicio de amparo 58/2018, original y copia del escrito de expresión de agravios, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; asimismo, informa que se registró con el número 17/2018. . . .
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta que antecede, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Téngase por recibido el oficio 360, procedente del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo directo 25/2018, copias de la demanda de amparo y testimonio del toca I-345/2017; con dichas constancias, fórmense un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente. Acúsese el recibo de estilo. Fórmese expediente y regístrese bajo el progresivo 58/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 1, 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Salvador Hernández Solís, por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Ahora, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]. De acuerdo con lo transcrito, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, se atiende a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la parte quejosa, la imposición de una multa, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En relación con el tópico en estudio, la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó y precisó los alcances de la disposición contenida en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, mismos que se encuentran en el 107, fracción V, de la vigente ley señalada e indicó que son actos de imposible reparación aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal a través de las garantías individuales. En el contexto expuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo procederá contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Por su parte, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece en su artículo 107, fracción V, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de "imposible reparación", entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto actual, aún señala que el amparo procede contra actos cuya ejecución es de imposible reparación, es decir, no hace una distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales. Sin embargo, la ley de la materia vigente sí los distingue, pues señala que un acto de imposible reparación es aquel que afecta materialmente derechos sustantivos consagrados en Ley Suprema y los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte. En ese sentido, se concluye que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuando afectan derechos sustantivos exclusivamente, por lo que todos aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal deberán reclamarse en su momento y, en todo caso a través del amparo directo o del amparo adhesivo. Ahora, en el caso particular, el promovente solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra la resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, por la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca de apelación civil I-345/2017, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto dentro de la primera sección del juicio sucesorio testamentario 369/2008, que revocó la sentencia interlocutoria y determinó que procede el incidente de justas causas para justificar la inasistencia de su contraria al desahogo de la prueba confesional. Es decir, el acto que se impugna constituye un acto procesal, al tratarse de cuestiones relativas al incidente de justas causas, en específico, con el desahogo de la confesional; por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de los peticionarios una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque la decisión reclamada no incide en derechos sustantivos del quejoso sino sólo y, eventualmente en una violación procesal, es decir, en la justificación de la inasistencia de Ma. Ángela Solís Valadez (aquí tercero interesada) al desahogo de una prueba confesional. Luego, como el acto reclamado en la presente vía no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en esas condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues ello se vería reflejado hasta que se dicte la determinación que ponga fin a la primera sección del juicio sucesorio testamentario. En caso, que sea desfavorable podrá reclamarse la resolución que ahora impugna como violación procesal en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, para lo cual basta la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír notificaciones el que señala. OFICIOS E INFORMES DUPLICADOS Y ACUSES. Para el caso de que se reciba por segunda ocasión algún oficio o informe que ya obre en el expediente, así como para los acuses de recibo, se ordena desde este momento agregarlos a este cuaderno de amparo sin necesidad de acuerdo expreso; pero se instruye a la secretaria o secretario encargado del expediente para que a más tardar, al día siguiente de la recepción, en términos del artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, realice la certificación sobre la llegada de aquellos y los glose a las actuaciones. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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