Salvador Cuamo Hernández
Expediente 574/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 574/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Cuamo Hernández
- Delegado Regional de Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa estado auto. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió en el plazo legal el auto dictado el cinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 12 a 18) en que se desechó su demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Frenette Aronny Rodríguez García, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones de su titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1928/2018, de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el licenciado Vicente David Burguet Franco, secretario técnico de dicha comisión, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil dieciocho. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Agréguese el escrito de demanda que promueve Salvador Cuamo Hernández, por propio derecho, contra actos del Delegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 574/2018. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Como cuestión inicial, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral de la demanda, se precisa que los actos reclamados consisten en: ".1. La orden y/o resolución de donde emane el acto arbitrario e ilegal por parte de las autoridades ordenadoras y ejecutoras respectivamente consistente en la cancelación de mi pensión mensual otorgada a mi favor por parte del instituto mexicano del seguro social como trabajador pensionado,(como chofer de trasporte de servicio público "taxi" con número de seguro social 5370471411-1 1M19470R) la cancelación de asistencia médica, (poniendo en riesgo mi integridad física por ser una persona de la tercera edad que requiero atención medica constante), así como la ayuda asistencial como trabajador pensionado, esto sin mediar notificación alguna al suscrito por parte de las responsables que me diera la oportunidad de defenderme, violando entre otras, mi garantía de audiencia en mi perjuicio. La emisión ilegal de todos los autos, decretos, resoluciones, y todo lo demás actuado dentro de cualquier juicio o procedimiento administrativo en mi contra, juicio, o procedimiento administrativo radicado ante la autoridad responsable ordenadora al que jamás fui emplazado, y que sin respetar las formalidades esenciales del procedimiento se dictan autos en mi, violando mi derecho humano a ser oído y a defenderme oportuna y adecuadamente en todas las etapas procesales que integran el juicio o procedimiento administrativo de donde emane el acto reclamado. Ordenar actos de molestia y/o privativos de la parte quejosa, sin respetar las formalidades esenciales del procedimiento, sin mandamiento por escrito de autoridad competente, fundado y motivado que justifique la causa legal del procedimiento, y sin existir juicio en contra de la parte quejosa. Todas las demás consecuencias de hecho o de derecho que se generen o se hayan generado por los actos reclamados." En el presente caso, la demanda de amparo debe desecharse, en virtud de que el acto reclamado no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Ahora, para que un acto jurídico pueda ser considerado como de autoridad, aunque sea por equiparación, para efectos del juicio de amparo, es necesario que ese acto reúna iguales propiedades que el acto de autoridad formal. Así pues, la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, consigna las características que un acto debe reunir para que sea considerado como de autoridad, ya que precisa en su primer párrafo que es aquel que crea, modifica o extingue una situación jurídica, de forma unilateral y obligatoria. El acto de autoridad y el de los particulares convergen en que producen una mutación en la realidad, pues ambos tienen la capacidad de crear, reconocer, declarar, transmitir, modificar o extinguir situaciones concretas y particulares, porque una fuente material de las obligaciones es precisamente la voluntad de las personas (los convenios en sentido lato). No obstante lo anterior, esa mutación de la realidad no es igual porque cuando se trata de la autoridad, se crea, modifica o extingue una situación jurídica que por ser pública la fuente de esa voluntad, resulta obligatoria y oponible a todas las personas (erga omnes). En cambio, la mutación de la realidad por virtud de la manifestación de la voluntad de un particular, por tener su origen en el ejercicio del libre albedrío, no es obligatoria, y, por ende, no es oponible a terceros. Así, un acto de autoridad que ejerce la función legislativa apreciado desde un punto de vista objetivo o material o sea prescindiendo de su autor y de la forma como se realiza y sólo se considera la naturaleza intrínseca del acto en el cual se concreta y exterioriza, tiene los siguientes atributos: 1. Es general, la ley desde el punto de vista material se caracteriza por ser un acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica general; es decir, por su naturaleza es abstracta e impersonal. 2. Es permanente, o sea que los derechos que otorga o las obligaciones que impone no se extinguen por su ejercicio o cumplimiento, y puede ser modificada por otra ley. 3. Es imperativa, lo que implica la orden de someterse a sus disposiciones. 4. Es coercitiva, además del carácter general e imperativo de la ley, ésta debe tener los medios adecuados que garanticen su cumplimiento, es decir, la ley debe tener y tiene una sanción. En efecto, si la ley no se cumple voluntariamente, es necesario que el poder público intervenga e imponga su cumplimiento forzoso. Estas últimas dos características son las que nutren de obligatoriedad al acto materialmente legislativo, de tal suerte que, en los términos del párrafo segundo, fracción II, del artículo 5o. de la Ley de Amparo, para que un acto de un particular sea "equivalente" a uno de naturaleza legislativa tendría que coincidir con todos esos aspectos. El acto administrativo desde el punto de vista material, es la manifestación unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de las autoridades administrativas, en el ejercicio de sus facultades cuya finalidad es la satisfacción del interés general, que tiene por objeto, crear, transmitir, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta. Para que un particular pudiera emitir un acto equivalente a una función administrativa, tendría que satisfacer todos esos requisitos. El acto jurisdiccional desde el punto de vista material se caracteriza porque supone, en primer término y a diferencia de las otras funciones, una situación de duda o de conflicto preexistentes; también supone generalmente dos pretensiones opuestas cuyo objeto es muy variable; que pueden referirse a un hecho, actitud o acto jurídico que se estimen contradictorios con un derecho o una norma legal, o a un estado de incertidumbre sobre la interpretación, alcance o aplicación de una norma o de una situación jurídica. El acto se materializa, mediante la aplicación de la norma general al caso concreto para decidir el conflicto, incertidumbre, o la interpretación que origina la actividad del juzgador, generando con ello la cosa juzgada. Debe reiterarse que los requisitos que enumera el citado normativo son los siguientes: 1. Que se trate de un acto unilateral. 2. Que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas. 3. Que ello se realice con fundamento en una ley, y, 4. Que sea obligatoria. Es oportuno señalar que la obligatoriedad de la que habla el artículo 5o. de la Ley de Amparo, se refiere a aquella que se produce de forma inexcusable, que no es potestativa y que ante su inobservancia procede la imposición de una sanción. Pensar lo contrario equivaldría a sostener que en cualquier relación jurídica, por ejemplo contractual, cuando una de las partes decidiera no cumplir con las obligaciones que personalmente le incumben, decisión que además es unilateral y sin aparente justificación, debe considerarse como acto de autoridad, y no simplemente incumplimiento de las obligaciones derivadas de un pacto comisorio. Violación a las obligaciones contractuales, cuya tutela debe ser canalizada a través de las acciones ordinarias previstas en las legislaciones civil, penal, administrativa o laboral. Lo contrario significaría que cualquier acto de los particulares, del Estado o de sus organismos descentralizados, de cualquier contrato, de las condiciones generales de trabajo, de los contratos colectivos de trabajo, arrendamiento, compraventa, etcétera, deba ser considerado como acto de autoridad, lo que no es congruente con el espíritu de la reforma pues del análisis que se realice del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, suscrita por los Senadores Alejandro González Alcocer, José Murillo Karam y Tomás Torres Mercado, el once de octubre de dos mil once, se advierte la nítida intención de que el juicio de amparo no sustituya a los procedimientos ordinarios, pues al efecto se estableció: "Autoridad responsable y particulares. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban incoarse por vía constitucional." "A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos. El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos". Al respecto, cobra aplicación la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de la siguiente literalidad: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma". También cobra aplicación al caso por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 125/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público." Atento a lo anteriormente expuesto, el Delegado y Subdelegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado, señalados como autoridades responsables por la parte quejosa, carecen de las características distintivas que se citaron con antelación, las cuales debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del amparo. Lo anterior, se considera de esa manera en virtud que como se ha asentado, la impetrante de amparo se duele, en esencia, de la "la orden y/o resolución de donde emane el acto arbitrario e ilegal por parte de las autoridades ordenadoras y ejecutoras respectivamente consistente en la cancelación de mi pensión mensual otorgada a mi favor por parte del instituto mexicano del seguro social como trabajador pensionado,(como chofer de trasporte de servicio público "taxi" con número de seguro social 5370471411-1 1M19470R) la cancelación de asistencia médica, (poniendo en riesgo mi integridad física por ser una persona de la tercera edad que requiero atención medica constante), así como la ayuda asistencial como trabajador pensionado, esto sin mediar notificación alguna al suscrito por parte de las responsables que me diera la oportunidad de defenderme, violando entre otras, mi garantía de audiencia en mi perjuicio". Bajo esa tesitura, es dable que se trata un conflicto en el que versan y afectan derechos laborales como lo es el derecho a la seguridad social y por ende son atribuidos a las que señala como autoridades responsables en su carácter de ente asegurador. Lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 fracción XI de la Ley del Seguro Social, que definen la función del Instituto Mexicano del Seguro Social y quienes son los que poseen el carácter de asegurados, lo que en el caso en especie radica en la quejosa. Bajo esa tesitura es dable afirmar que la determinación que la quejosa impugna a través de la vía constitucional, es derivada de la actuación de los servidores públicos integrantes de la estructura del Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de ente asegurador. En ese orden de ideas, las actuaciones realizadas como ente asegurador, devienen de una relación en la que asegurado y asegurador se encuentran en un plano de igualdad, es decir, una relación de coordinación y no de supra a subordinación, para que pudiera ser considerada como acto de autoridad y por ende ser objeto de tutela a través de los medios de protección constitucional. Por lo que las actuaciones que se considere el asegurado que vulnera algún derecho, son susceptibles de impugnarse a través de las vías ordinarias, para que sea la autoridad competente quien dilucide esas cuestiones, en las que no acuden como autoridad sino en un plano de igualdad. Tiene aplicación jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1511, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, de la Novena Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 160995, del rubro y texto siguiente: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado a Gilberto Sandino Paredes Calderón, quien gozará de las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que acredita contar con cédula que lo autoriza para ejercer la profesión de licenciado en derecho. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.UGAEICL/cgmg
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por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de cinco de julio de do smil dieciocho que en síntesis dice. Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil dieciocho. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Agréguese el escrito de demanda que promueve Salvador Cuamo Hernández, por propio derecho, contra actos del Delegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 574/2018. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Como cuestión inicial, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral de la demanda, se precisa que los actos reclamados consisten en: ".1. La orden y/o resolución de donde emane el acto arbitrario e ilegal por parte de las autoridades ordenadoras y ejecutoras respectivamente consistente en la cancelación de mi pensión mensual otorgada a mi favor por parte del instituto mexicano del seguro social como trabajador pensionado,(como chofer de trasporte de servicio público "taxi" con número de seguro social 5370471411-1 1M19470R) la cancelación de asistencia médica, (poniendo en riesgo mi integridad física por ser una persona de la tercera edad que requiero atención medica constante), así como la ayuda asistencial como trabajador pensionado, esto sin mediar notificación alguna al suscrito por parte de las responsables que me diera la oportunidad de defenderme, violando entre otras, mi garantía de audiencia en mi perjuicio. La emisión ilegal de todos los autos, decretos, resoluciones, y todo lo demás actuado dentro de cualquier juicio o procedimiento administrativo en mi contra, juicio, o procedimiento administrativo radicado ante la autoridad responsable ordenadora al que jamás fui emplazado, y que sin respetar las formalidades esenciales del procedimiento se dictan autos en mi, violando mi derecho humano a ser oído y a defenderme oportuna y adecuadamente en todas las etapas procesales que integran el juicio o procedimiento administrativo de donde emane el acto reclamado. Ordenar actos de molestia y/o privativos de la parte quejosa, sin respetar las formalidades esenciales del procedimiento, sin mandamiento por escrito de autoridad competente, fundado y motivado que justifique la causa legal del procedimiento, y sin existir juicio en contra de la parte quejosa. Todas las demás consecuencias de hecho o de derecho que se generen o se hayan generado por los actos reclamados." En el presente caso, la demanda de amparo debe desecharse, en virtud de que el acto reclamado no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Ahora, para que un acto jurídico pueda ser considerado como de autoridad, aunque sea por equiparación, para efectos del juicio de amparo, es necesario que ese acto reúna iguales propiedades que el acto de autoridad formal. Así pues, la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, consigna las características que un acto debe reunir para que sea considerado como de autoridad, ya que precisa en su primer párrafo que es aquel que crea, modifica o extingue una situación jurídica, de forma unilateral y obligatoria. El acto de autoridad y el de los particulares convergen en que producen una mutación en la realidad, pues ambos tienen la capacidad de crear, reconocer, declarar, transmitir, modificar o extinguir situaciones concretas y particulares, porque una fuente material de las obligaciones es precisamente la voluntad de las personas (los convenios en sentido lato). No obstante lo anterior, esa mutación de la realidad no es igual porque cuando se trata de la autoridad, se crea, modifica o extingue una situación jurídica que por ser pública la fuente de esa voluntad, resulta obligatoria y oponible a todas las personas (erga omnes). En cambio, la mutación de la realidad por virtud de la manifestación de la voluntad de un particular, por tener su origen en el ejercicio del libre albedrío, no es obligatoria, y, por ende, no es oponible a terceros. Así, un acto de autoridad que ejerce la función legislativa apreciado desde un punto de vista objetivo o material o sea prescindiendo de su autor y de la forma como se realiza y sólo se considera la naturaleza intrínseca del acto en el cual se concreta y exterioriza, tiene los siguientes atributos: 1. Es general, la ley desde el punto de vista material se caracteriza por ser un acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica general; es decir, por su naturaleza es abstracta e impersonal. 2. Es permanente, o sea que los derechos que otorga o las obligaciones que impone no se extinguen por su ejercicio o cumplimiento, y puede ser modificada por otra ley. 3. Es imperativa, lo que implica la orden de someterse a sus disposiciones. 4. Es coercitiva, además del carácter general e imperativo de la ley, ésta debe tener los medios adecuados que garanticen su cumplimiento, es decir, la ley debe tener y tiene una sanción. En efecto, si la ley no se cumple voluntariamente, es necesario que el poder público intervenga e imponga su cumplimiento forzoso. Estas últimas dos características son las que nutren de obligatoriedad al acto materialmente legislativo, de tal suerte que, en los términos del párrafo segundo, fracción II, del artículo 5o. de la Ley de Amparo, para que un acto de un particular sea "equivalente" a uno de naturaleza legislativa tendría que coincidir con todos esos aspectos. El acto administrativo desde el punto de vista material, es la manifestación unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de las autoridades administrativas, en el ejercicio de sus facultades cuya finalidad es la satisfacción del interés general, que tiene por objeto, crear, transmitir, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta. Para que un particular pudiera emitir un acto equivalente a una función administrativa, tendría que satisfacer todos esos requisitos. El acto jurisdiccional desde el punto de vista material se caracteriza porque supone, en primer término y a diferencia de las otras funciones, una situación de duda o de conflicto preexistentes; también supone generalmente dos pretensiones opuestas cuyo objeto es muy variable; que pueden referirse a un hecho, actitud o acto jurídico que se estimen contradictorios con un derecho o una norma legal, o a un estado de incertidumbre sobre la interpretación, alcance o aplicación de una norma o de una situación jurídica. El acto se materializa, mediante la aplicación de la norma general al caso concreto para decidir el conflicto, incertidumbre, o la interpretación que origina la actividad del juzgador, generando con ello la cosa juzgada. Debe reiterarse que los requisitos que enumera el citado normativo son los siguientes: 1. Que se trate de un acto unilateral. 2. Que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas. 3. Que ello se realice con fundamento en una ley, y, 4. Que sea obligatoria. Es oportuno señalar que la obligatoriedad de la que habla el artículo 5o. de la Ley de Amparo, se refiere a aquella que se produce de forma inexcusable, que no es potestativa y que ante su inobservancia procede la imposición de una sanción. Pensar lo contrario equivaldría a sostener que en cualquier relación jurídica, por ejemplo contractual, cuando una de las partes decidiera no cumplir con las obligaciones que personalmente le incumben, decisión que además es unilateral y sin aparente justificación, debe considerarse como acto de autoridad, y no simplemente incumplimiento de las obligaciones derivadas de un pacto comisorio. Violación a las obligaciones contractuales, cuya tutela debe ser canalizada a través de las acciones ordinarias previstas en las legislaciones civil, penal, administrativa o laboral. Lo contrario significaría que cualquier acto de los particulares, del Estado o de sus organismos descentralizados, de cualquier contrato, de las condiciones generales de trabajo, de los contratos colectivos de trabajo, arrendamiento, compraventa, etcétera, deba ser considerado como acto de autoridad, lo que no es congruente con el espíritu de la reforma pues del análisis que se realice del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, suscrita por los Senadores Alejandro González Alcocer, José Murillo Karam y Tomás Torres Mercado, el once de octubre de dos mil once, se advierte la nítida intención de que el juicio de amparo no sustituya a los procedimientos ordinarios, pues al efecto se estableció: "Autoridad responsable y particulares. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban incoarse por vía constitucional." "A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos. El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos". Al respecto, cobra aplicación la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de la siguiente literalidad: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma". También cobra aplicación al caso por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 125/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público." Atento a lo anteriormente expuesto, el Delegado y Subdelegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado, señalados como autoridades responsables por la parte quejosa, carecen de las características distintivas que se citaron con antelación, las cuales debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del amparo. Lo anterior, se considera de esa manera en virtud que como se ha asentado, la impetrante de amparo se duele, en esencia, de la "la orden y/o resolución de donde emane el acto arbitrario e ilegal por parte de las autoridades ordenadoras y ejecutoras respectivamente consistente en la cancelación de mi pensión mensual otorgada a mi favor por parte del instituto mexicano del seguro social como trabajador pensionado,(como chofer de trasporte de servicio público "taxi" con número de seguro social 5370471411-1 1M19470R) la cancelación de asistencia médica, (poniendo en riesgo mi integridad física por ser una persona de la tercera edad que requiero atención medica constante), así como la ayuda asistencial como trabajador pensionado, esto sin mediar notificación alguna al suscrito por parte de las responsables que me diera la oportunidad de defenderme, violando entre otras, mi garantía de audiencia en mi perjuicio". Bajo esa tesitura, es dable que se trata un conflicto en el que versan y afectan derechos laborales como lo es el derecho a la seguridad social y por ende son atribuidos a las que señala como autoridades responsables en su carácter de ente asegurador. Lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 fracción XI de la Ley del Seguro Social, que definen la función del Instituto Mexicano del Seguro Social y quienes son los que poseen el carácter de asegurados, lo que en el caso en especie radica en la quejosa. Bajo esa tesitura es dable afirmar que la determinación que la quejosa impugna a través de la vía constitucional, es derivada de la actuación de los servidores públicos integrantes de la estructura del Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de ente asegurador. En ese orden de ideas, las actuaciones realizadas como ente asegurador, devienen de una relación en la que asegurado y asegurador se encuentran en un plano de igualdad, es decir, una relación de coordinación y no de supra a subordinación, para que pudiera ser considerada como acto de autoridad y por ende ser objeto de tutela a través de los medios de protección constitucional. Por lo que las actuaciones que se considere el asegurado que vulnera algún derecho, son susceptibles de impugnarse a través de las vías ordinarias, para que sea la autoridad competente quien dilucide esas cuestiones, en las que no acuden como autoridad sino en un plano de igualdad. Tiene aplicación jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1511, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, de la Novena Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 160995, del rubro y texto siguiente: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado a Gilberto Sandino Paredes Calderón, quien gozará de las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que acredita contar con cédula que lo autoriza para ejercer la profesión de licenciado en derecho. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.UGAEICL/cgmg
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