Salvador Gutiérrez Pureco
Expediente 472/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Gutiérrez Pureco
- Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Acusa recibo de oficio. Téngase por recibido el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual, acusa recibo del oficio 23489/2022, por medio del cual se le informó que causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, y se le devolvieron seis tomos de pruebas; de lo que se toma conocimiento para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado sobreseimiento. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia de veinte de junio de dos mil veintidós, en la que se negó el presente juicio en que se actúa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se negó la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Devolución tomos de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar los tomos de pruebas que se formaron con las constancias que remitió la autoridad responsable, se ordena su devolución en seis tomos de pruebas, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Intégrese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo de la comunicación 19219/2022, de veinte de junio del año en curso, mediante la cual se le comunicó la sentencia definitiva dictada en el presente juicio en que se actúa. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 472/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, Salvador Gutiérrez Pureco presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma, el quejoso narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16 y 20 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito, el que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 472/2021. Previo los trámites de ley, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución; el amparo fue resuelto por sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno. TERCERO. Tribunal Colegiado revoca sentencia y repone procedimiento. En proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido oficio del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dentro del recurso de revisión 105/2022, por el que revocó la sentencia dictada por este juzgado y ordenó reponer el procedimiento, para que este juzgado celebrara nuevamente la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, y emitiera la resolución correspondiente, firmándose por los funcionarios que intervengan en su formulación, en la forma y términos que estableció en dicha ejecutoria. Ante ello, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos de autoridades, cuya ejecución tendrá lugar dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. De la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: ( La resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca penal número 41/2020, relativo al recurso de apelación que interpuso contra de la determinación de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, que resolvió el incidente no especificado sobre prescripción de la acción penal, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Maravatío, Michoacán, dentro del proceso penal 1/2019. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Además, su certeza se corrobora con el testimonio del toca penal I-41/2020 y seis tomos del testimonio autorizado de la causa penal 1/2019, que remitió la responsable en apoyo de su informe justificado. Medios de convicción que adquieren valor probatorio de documentales, con eficacia demostrativa plena, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes. Para mejor comprensión del asunto, se relatan los principales antecedentes que se advierten de las constancias remitidas por la responsable: Por escrito ratificado el tres de julio de dos mil trece, la aquí tercera interesada M.M.A.Y.H. presentó denuncia en contra de Salvador Gutiérrez Pureco, por los delitos de falsificación de documentos y fraude procesal. En esa fecha se dio inicio a la indagatoria 132/2013-I Maravatío, desahogándose los medios de prueba que la representación social consideró pertinentes. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la Agente Primero Mixto del Ministerio Público del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, consignó la indagatoria ante el juez penal y ejerció acción penal, entre otros, contra SALVADOR GUTIÉRREZ PURECO, por el delito de falsificación de documentos, previsto y sancionado por el artículo 203, párrafo primero, 204, 205 y 206, fracción II del Código Penal del Estado. En esa misma data, se radicó la causa penal en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Maravatío, con el número 1/2019. El veintinueve de abril siguiente, se negó la orden de aprehensión solicitada; contra dicha determinación la ofendida interpuso recurso de apelación. En cumplimiento a la determinación de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver del recurso de apelación interpuesto, el Juez de Primera Instancia, por resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, decretó orden de aprehensión contra Salvador Gutiérrez Pureco. Mediante escrito que presentó el doce de noviembre de dos mil diecinueve, ante el juez de los autos, el aquí quejoso promovió incidente no especificado sobre declaración de prescripción del ejercicio de la acción penal. En resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el Juez Mixto de Primera Instancia de Maravatío, Michoacán, declaró improcedente el incidente planteado. Esa determinación fue recurrida en apelación, y al resolver el toca penal I-2/2020, el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, confirmó la resolución del juez de primera instancia. En contra de dicha determinación Salvador Gutiérrez Pureco, promovió demanda de amparo indirecto, misma que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, registrándola bajo el número 202/2020. Seguido dicho juicio constitucional por sus cauces legales el quince de diciembre de dos mil veinte, se emitió sentencia dentro del juicio de amparo 202/2020, en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Así, en contra de dicha resolución, el quejoso Salvador Gutiérrez Pureco, interpuso recurso de revisión, mismo que tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, registrándolo con el número 126/2021. Por ejecutoria pronunciada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dicho Tribunal Colegiado determinó confirmar la sentencia recurrida. Los anteriores antecedentes, se invocan de las constancias que se anexaron a los autos, mismas que ya fueron valoradas con anterioridad y como hecho notorio al ser resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Orienta lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Posteriormente, mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte, el quejoso Salvador Gutiérrez Pureco, promovió de nueva cuenta incidente de prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción penal en su favor, mismo que fue admitido el veintitrés de octubre siguiente. En resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez Mixto de Primera Instancia de Maravatío, Michoacán, declaró improcedente el incidente planteado. Esa determinación fue recurrida en apelación, y el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, al resolver el toca penal I-41/2020, el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, confirmó la resolución del juez de primera instancia. Determinación esta última que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Las partes no alegan causas de improcedencia, ni de oficio esta juzgadora advierte la actualización de alguna, por lo que se procederá al análisis de los conceptos de violación. SEXTO. Estudio del asunto. En el asunto que se analiza, el quejoso tiene la calidad de inculpado en una causa penal, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, opera la suplencia de la queja en su favor, ante ello, esta Juzgadora de Distrito está obligada a analizar la constitucionalidad del acto reclamado, aún ante la falta de conceptos de violación. Sin embargo, en el caso, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable como complemento de su informe justificado, y que le sirvieron de base para emitir el acto reclamado, no se advierte deficiencia que suplir en beneficio del quejoso, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 79 citado. Síntesis de los conceptos de violación. El quejoso esencialmente sostiene: Que la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales al haberse emitido de forma infundada y carece de motivación. Señala que el fallo apelado, al observar el artículo 97 del Código Penal del Estado, únicamente tomó la parte que beneficia a la víctima, dejando de lado las circunstancias que favorecen al imputado, pues de las constancias se desprende que la ofendida tuvo conocimiento de los hechos el día primero de julio de dos mil trece, que presentó la denuncia y de esa fecha, a la ejecución de la orden de aprehensión han transcurrido siete años. Así, refiere que para el delito de falsificación de documentos, el Código Penal del Estado en su numeral 204, impone una pena mínima de seis meses y una máxima de cinco años, las cuales suman cinco años y seis meses, por lo que el término medio aritmético sería de dos años, nueve meses; sin embargo el artículo 93 del Código de Procedimientos Penales del Estado, señala que ningún delito prescribirá en menos de tres años, por lo que atendiendo a este dispositivo, el delito en cuestión prescribiría en tres años. En ese sentido, señala que la ofendida tuvo conocimiento de los hechos el uno de julio de dos mil trece, que presentó la denuncia, por lo que partiendo de que el diecinueve de octubre de dos mil veinte, ejecutó la orden de aprehensión, ya había operado la prescripción ya que el término había fenecido el uno de julio de dos mil dieciséis, o bien el tres de julio de dos mil dieciséis, si se toma en cuenta la ratificación de la denuncia. Además, arguye que el término para que opere la prescripción del ejercicio de la acción penal a la fecha de la ejecución de la orden de aprehensión no podía interrumpirse con alguna actuación del ministerio público o del tribunal de fecha reciente, ya que después de que haya transcurrido la mitad de término necesario para que opere, este continuará corriendo y solo se interrumpirá con la aprehensión del inculpado, conforme a lo dispuesto por el artículo 97, antepenúltimo párrafo del Código Penal del Estado, circunstancia que no observó el juez y por la que debió emitir oficiosamente declaratoria de prescripción, desde el momento de resolver sobre la solicitud de la orden de aprehensión que se pronunció el once de octubre de dos mil diecinueve. Los conceptos de violación formulados por el quejoso resultan inoperantes, lo que se desprende de su análisis conjunto; sin que tal actuación irrogue perjuicio alguno a las partes, ya que está prevista en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Ello es así, dado que no pasa inadvertido para esta juzgadora que dichos conceptos de violación resultan ser los mismos que hizo valer el quejoso en la diversa demanda de garantía promovida por el quejoso y que se registró con el número 202/2020, del índice de este juzgado, en la que se señaló como acto reclamado la resolución de catorce de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del toca penal número I-2/2020, relativo al recurso de apelación que interpuso contra el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, que resolvió el incidente no especificado sobre prescripción de la acción penal, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Maravatío, Michoacán, dentro del proceso penal 1/2019. Ahora, en ese sentido el Magistrado responsable consideró que resultaba improcedente el recurso intentado dado que no podía pronunciarse respecto a la prescripción de la acción penal que ya había sido objeto de estudio. Ello lo consideró de tal forma, dado que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del proceso penal 1/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatio, Michoacán, determinó improcedente el incidente de prescripción de la acción penal; misma que fue confirmada el catorce de febrero de dos mil veinte, al resolver el toca de apelación 1/2020. Asimismo, señaló que al haberse negado el amparo y protección al quejoso, dentro del juicio de amparo 202/2020, los argumentos plasmados en la determinación de catorce de febrero de dos mil veinte, avalaban las razones y fundamentos que sustento esa alzada al resolver el toca 1/2020 y confirmar la resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve que declaró improcedente el incidente de prescripción de la acción penal. Motivo por el que con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán aplicable a la época de los hechos, la ejecutoria de catorce de febrero de dos mil veinte, se encontraba firme, así como las razones sostenidas en la misma y por ello resultaba improcedente que esa sala se volviera pronunciar respecto a la prescripción de la acción penal que ya fue analizada. Por lo tanto, se reitera, los conceptos de violación resultan inoperantes, dado que no controvierten los razonamientos torales de la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno que constituye el acto reclamado y omite combatir las consideraciones del acto reclamado, asimismo no ataca de ninguna otra manera con sus conceptos de violación los razonamientos que la Sala responsable tomó en cuenta para concluir la improcedencia del recurso intentado. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. REGLAS PARA DETERMINARLOS.- Existen dos casos en los cuales deben declararse inoperantes los conceptos de violación hechos valer en una demanda de amparo directo, promovida en contra de una sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, dictada por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo: el primero de ellos se presenta cuando los argumentos que integran los conceptos de violación no se enderezan a atacar ninguno de los fundamentos del fallo reclamado, por lo que resulta obvia la inoperancia de los mismos; el segundo, cuando en los conceptos solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen el acto materia de amparo, pero se dejan firmes otros, siendo inútil el estudio de los conceptos propuestos en la demanda de garantías, ya que aun y cuando resultaran fundados, dada la naturaleza del acto reclamado, sería imposible conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para revocar el sentido de la resolución impugnada. Debe hacerse la aclaración de que si dentro de los conceptos propuestos existiere alguno de carácter formal, como pudiera ser la falta de estudio de algunos puntos de la litis, sí es posible conceder el amparo para efectos de subsanar la violación formal de que se trate ya que este tipo de conceptos aun y cuando no se dirigen a los argumentos sustentadores del fallo, hacen notar vicios formales de la resolución reclamada." Así como el diverso criterio jurisprudencial que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." No obstante, en sus conceptos de violación se limitó a debatir la procedencia del incidente de prescripción de la acción penal promovido el veintitrés de octubre de dos mil veinte, resuelto el veintitrés de noviembre siguiente dentro de la causa penal 1/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Maravatio, Michoacán, mas no las consideraciones vertidas en la determinación de cuatro de mayo de dos mil veintiuno emitida por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el toca penal I-41/2020, que constituye el acto reclamado. Sin que deba pasar inadvertido para esta juzgadora la circunstancia de que al resolver el juicio registrado bajo el número 202/2020, del índice de este juzgado federal, que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, el cual fue confirmado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad al resolver el recurso de revisión 126/2021, se analizó en el fondo la litis que en el caso en especificó fue la resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el incidente sobre prescripción de la acción penal dentro de la causa 1/2019 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Maravatio, Michoacán. En efecto, la pretensión del inculpado en esa incidencia fue que se considerara para el cómputo del plazo prescriptivo de la acción penal, la excepción contenida en el párrafo cuarto, del artículo 97 del Código Penal del Estado, que señala que no se suspenderá el término de la prescripción cuando haya transcurrido la mitad del necesario para ello; lo cual, se consideró no era aplicable al particular, por los motivos ahí expuestos. En el particular, se estableció que el delito que se atribuye al aquí quejoso, falsificación de documento, es perseguible de oficio; por tanto, la prescripción de la acción penal se sujeta al contenido del artículo 93, que establece que la acción penal en los delitos sancionados con pena privativa de libertad, prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción que corresponda, pero en ningún caso será menor de tres años. Así, se determinó que contrario a lo que sostenía el quejoso, no podía tomarse en cuenta para los efectos de la prescripción de la acción penal, la fecha de presentación de la denuncia correspondiente, pues al tomar conocimiento de los hechos probablemente delictivos, el Ministerio Público, en uso de las facultades legales que le confiere la norma constitucional y procedimental, se ocupó de la investigación del delito y del delincuente; y ese ejercicio de la facultad conferida al Estado para la prosecución de los delitos, interrumpió el plazo de la prescripción de la acción penal, ya que dicha figura surge ante la inactividad del Ministerio Público respecto a tal derecho. Además, se señaló que no se advertía que durante la integración de la indagatoria, haya existido inactividad por parte de la fiscalía investigadora, pues entre una diligencia y otra, desahogadas en esa etapa del proceso, no transcurrió el plazo que requiere el artículo 93 para que opere la figura de la prescripción. Así, concluyó que de las actuaciones se obtuvo que durante la investigación de los hechos en el ejercicio de la facultad persecutoria de los delitos, no transcurrió el lapso para que operara la prescripción; pues se reitera, entre una actuación y otra de las que practicó el representante social, no distó el término de tres años que establece como regla general el artículo 93 del Código Penal, para la actualización de la prescripción; tampoco, posterior a la consignación que realizó el Ministerio Público, ni después de dictado el mandato de captura. Asimismo, se precisó que no puede considerarse, como lo refiere el quejoso, que se aplique el numeral 97 del código punitivo únicamente en la parte que beneficia a la víctima; pues tal precepto, es claro en establecer los supuestos de excepción a las reglas de la prescripción de la acción penal, es decir, el párrafo cuarto de tal dispositivo limita su aplicación a las hipótesis que establece el tercer párrafo de ese precepto. Por esos motivos, es que estableció que eran infundados los conceptos de violación formulados en el juicio de amparo 202/2020. En ese sentido es importante destacar que la determinación de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, que resolvió incidente de prescripción de la acción penal versa sobre los mismos hechos y respecto de los mismas etapas dentro de la causa penal 1/2019, por ello, como lo expuso el Magistrado responsable, aunque es procedente el recurso no es viable analizar de nueva cuenta los mismos hechos y argumentos que fueron motivo del anterior incidente. Es por ello que el actuar de la responsable fue correcto al no analizar la materia del segundo incidente de prescripción promovido el veintidós de octubre de dos mil veinte, al ser la misma que el anterior que se promovió el doce de noviembre de dos mil diecinueve y que en el presente juicio tampoco se podría analizar su constitucionalidad pues a pesar de que materialmente los actos reclamados son distintos, versan sobre la misma sustancia que fue incluso analizada en revisión. Atento a lo inoperante de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, y al no advertirse deficiencia que suplir en su favor, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a SALVADOR GUTIÉRREZ PURECO, por los motivos dados en el considerando sexto. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el octavo considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por medio de lista que se publique en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.
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