Salvador Figueroa Agramon

Expediente 418/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
418/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Salvador Figueroa Agramon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de sentencia emitida el dos de marzo de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el mismo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. En tal sentido, resguárdese el expediente en el archivo de este juzgado y una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, procédase a su depuración conservando las constancias conducentes, de conformidad con el último párrafo del precepto en cita. Cuadernos incidentales. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto del artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, puesto que fue negada la suspensión provisional y definitiva. Mientras que, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de diciembre de dos mil veinte. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado de cuenta, rendido por la Delegada de la Presa Este del Ayuntamiento de Tijuana, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Causal de sobreseimiento. Téngase a la autoridad responsable, manifestando que se actualiza causal de sobreseimiento que precisa en el oficio de cuenta, de lo que se toma nota y se considerará al momento de dictar la sentencia correspondiente. Delegados. Con fundamento los artículos 9 de la ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad responsable designando como delegados a las personas que cita en su informe. Notifíquese.

  3. Incidental

    Resolución. Vistos para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 418/2020-VII promovido por Salvador Figueroa Agramon, contra actos del Presidente Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación demanda. Por escrito presentado el siete de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Salvador Figueroa Agramon, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y las autoridades señaladas en su escrito inicial. Segundo. Trámite. Por razón de turno tocó conocer del juicio del que deriva el presente incidente de suspensión a este órgano de control constitucional, por acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso, previo desahogo de una prevención, se acordó la apertura del presente incidente, ordenándose formar por duplicado y cuerda separada, y en la misma fecha se proveyó respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, se solicitó a las autoridades responsables sus informes previos, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, por lo que una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 31/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de este Juzgado. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa, señala esencialmente como actos reclamados: a) La orden de demolición del bien inmueble ubicado en Privada Agaves, número 663-14A de la Colonia Paseo del Vergel, en esta ciudad, ordenado dentro de minuta del proyecto "Paseo del Vergel", con número de folio PV-CC- 003/29JUL2020. b) La omisión de investigar, contestar escritos presentados el veinticuatro de marzo de dos mil veinte y de ordenar el aseguramiento del bien inmueble ubicado en Privada Agaves, número 663-14A de la Colonia Paseo del Vergel, dentro de la carpeta de investigación con número de caso único 0204-2019-08123. Efectos de la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados, para los siguientes efectos: Para que se ordene al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales adscrita a la Fiscalía Regional de Tijuana, encargado de la carpeta de investigación con número de caso único 0204-2019-08123, resguarde el bien inmueble materia de la investigación, ubicado en Privada Agaves, número 663-14A de la Colonia Paseo del Vergel. Se ordene que no destruyan o demuelan el inmueble ubicado en Privada Agaves, número 663-14A de la Colonia Paseo del Vergel, por ser un objeto de delito dentro de la carpeta de investigación 0204-2019-08123. En esa tesitura, ya establecidos los actos reclamados y los efectos para los cuales solicita la suspensión la parte quejosa, este juzgado procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse; sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el uno de febrero de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2019200, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Tercero. Negativa de la suspensión. Por su parte, las autoridades responsables rindieron su informe previo, tal como se precisa a continuación: Autoridad responsable Sentido del Informe Foja Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, en esta ciudad. Niega 38 Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, ciudad. Niega 61 Delegada de la Presa Este del XXII Ayuntamiento, en esta ciudad. Niega 64 y 65 Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental del Ayuntamiento de Tijuana, en esta ciudad. Niega 66 Por tanto, se niega la suspensión definitiva solicitada. Apoya lo expuesto, las tesis aisladas con números de registro 231467 y 218207 sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, y Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, respectivamente, de epígrafe y contenido siguiente: "INFORME NEGATIVO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, NO DESVIRTUADO. Si de los autos del incidente relativo se advierte que ninguna prueba fue aportada tendiente a desvirtuar el sentido negativo de los informes de las autoridades responsables respecto de los actos de ellas reclamados, procede confirmar la interlocutoria que así lo reconoce, desestimándose lo que el recurrente aluda en sus agravios." "INFORME PREVIO. Si el recurrente no aporta prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades señaladas como responsables al rendir su informe previo, el mismo debe tenerse como cierto y, consecuentemente, negarse la suspensión, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Sin que obste a la anterior determinación que el quejoso, adjuntó a su demanda, entre otros documentos, copia simple de la minuta del proyecto "Paseo del Vergel", con número de folio PV-CC-003/29JUL2020. Documental que como se dijo se exhibió en copia simple, por tanto, en esos términos no se le puede dar valor probatorio pleno y en consecuencia tener como cierto lo ahí contenido, y no obstante que a solicitud de la parte quejosa se requirió copia certificada de dicha documental a la Secretaría de Desarrollo Territorial urbano y Ambiental del Ayuntamiento de Tijuana, en esta ciudad, al contestar el mismo, ésta fue reiterativa en la imposibilidad de remitir la copia certificada en cuestión. Sin embargo, y aun cuando se haya allegado a la presente incidencia copia certificada de la minuta del proyecto "Paseo del Vergel", con número de folio PV-CC-003/29JUL2020, de la copia simple que fue exhibida por el quejoso no se puede asegurar que uno de los inmuebles que según afirma serán demolidos, es precisamente el que manifiesta es el de su propiedad y que por ello se vea afectado con tal acto de autoridad, toda vez que no se describe el mismo. Lo anterior, debido a que es evidente que la parte quejosa debe acreditar la existencia de los actos reclamados, sin embargo, hasta el momento no exhibió medios de convicción para ello, aunado a la negativa de las autoridades responsables; consecuentemente, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada, respecto al acto reclamado consistente en la orden de destrucción o demolición del inmueble ubicado en Privada Agaves, número 663-14A de la Colonia Paseo del Vergel, en razón de que, como se dijo, no acredita ni aun de manera presuntiva que el inmueble en cuestión sea precisamente uno de los que las autoridades responsables pretenden sea objeto de demolición. Cuarto. Por otro lado, en relación a los actos reclamados consistentes en la omisión de investigar, contestar escritos presentados el veinticuatro de marzo de dos mil veinte y de ordenar el aseguramiento del bien inmueble ubicado en Privada Agaves, número 663-14A de la Colonia Paseo del Vergel, dentro de la carpeta de investigación con número de caso único 0204-2019-08123, que reclama al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, en esta ciudad, no obstante que la responsable en cuestión al rendir su informe previo negó los actos reclamados; dicha negativa debe desvirtuarse dado que de las constancias que se tuvieron por recibidas en este órgano jurisdiccional el veintiuno de octubre de dos mil veinte, se advierten las actuaciones en la carpeta de investigación con número de caso único 0204-2019-08123. No obstante lo anterior, resulta improcedente conceder la suspensión provisional solicitada, ya que de otorgar la medida cautelar, se estaría dando efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo. Lo anterior es así, tomando en cuenta que los actos reclamados tiene la característica de ser actos de naturaleza omisa, contra lo cual, generalmente, no procede decretar la medida suspensional, pues de otorgarse, este juzgado se estaría sustituyendo en las facultades de la autoridad responsable, además que se estarían dando efectos restitutorios que son propios de una sentencia que concede el amparo, ello en contravención a lo establecido en la fracción II del artículo 128 de la ley de la materia. Tiene aplicación la tesis aislada I.6o.T.3 K (10a.),sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." En efecto, si bien es verdad que en términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, así como en los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano de amparo al proveer sobre la suspensión de los actos reclamados debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, también lo es que dicho proceder está condicionado a que la naturaleza de los mismos permita su paralización porque, de otra manera, se desnaturalizaría la medida cautelar, cuyo objeto primordialmente consiste en mantener viva la materia del amparo hasta el dictado de la sentencia en que se analiza la constitucionalidad de los actos reclamados. Encuentra apoyo lo anterior, en el criterio contenido en la tesis IV.2o.A.71 K,2 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de título y contenido siguiente: "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. COMO ELEMENTO INDISPENSABLE DE PONDERACIÓN PARA LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO NO ASEGURA, POR SÍ MISMO, SU OTORGAMIENTO, NI DEBE TENERSE POR ACREDITADO SÓLO CON BASE EN LO EXPUESTO POR EL QUEJOSO EN SU DEMANDA. Al establecer la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, los Jueces decidirán sobre la suspensión con base en un análisis ponderado sobre la apariencia del buen derecho y el interés social, dicha norma constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, consistente en dar eficacia a la suspensión como instrumento de preservación de derechos humanos y de la materia del amparo, pero sin que se lastime el interés social, cuya preservación igualmente se encomienda al Juez, en uso de su discrecionalidad, por lo que a éste corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin, sin que la norma constitucional referida otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del objetivo constitucional perseguido; de ahí que al resolver sobre cada situación, el juzgador deba exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para la consecución del fin constitucionalmente relevante, además de ajustar la referida ponderación a los elementos normativos y de control previstos por el legislador en la Ley de Amparo. Para ello, también deberá considerarse que la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social no conlleva a la contraposición de dos intereses en abstracto, aunque el segundo concepto entrañe una idea de intereses colectivos, sino que ha de atenderse a las circunstancias concretas del derecho que el quejoso estime alterado en su situación particularizada ante el acto y, a su vez, a la manera en que el interés general o el orden público se concretiza mediante el acto de autoridad, pues lo que los Jueces ponderan en los casos concretos, no son principios en abstracto, sino las circunstancias de hecho que justifican la aplicación de ciertos principios ante otros, sobre la base de los singulares intereses en conflicto. En este contexto, resulta lógico considerar que la mera acreditación de la apariencia del buen derecho no asegura el otorgamiento de la suspensión, pues es necesario que ese elemento se pondere ante el mandato de que el otorgamiento de la medida no resulte contrario al interés social, para determinar los supuestos y condiciones en que la suspensión procedería, de manera que aun advertida la posible inconstitucionalidad del acto, deba enseguida o, concomitantemente, valorarse el impacto que tendría en el interés social el paralizar su ejecución, como ya se reconocía antes de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, según se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, aunque la misma evolución jurisprudencial sobre la apariencia del buen derecho en el incidente de suspensión, llevó a definir, según la diversa jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.) de la misma instancia, que tal concepto no puede invocarse para negar la medida, esto significa que no puede efectuarse un asomo provisional al fondo del asunto que resulte en sostener que el acto reclamado es constitucional y, por ello, negarse la medida, no obstante, tampoco debe asumirse, con base en esa premisa, que la apariencia del buen derecho deba tenerse por acreditada sólo en función de lo expresado por el quejoso en su demanda, en orden a reforzar su pretensión de que el acto reclamado es inconstitucional, pues aun siendo superficial, el asomo provisional al fondo del asunto debe ser coherente con la normativa que determine la verdadera naturaleza del acto, sobre todo porque, en la mayoría de los casos, es ésta la que otorga significado y contexto jurídico al acto reclamado y permite identificar con mayor precisión, en función de la naturaleza de las normas en que se funda, el interés general que, específicamente, podría verse alterado por la suspensión del acto o aun por su ejecución y cuya salvaguarda, se insiste, igualmente se encomienda al Juez en uso de su discrecionalidad, además de que conduce a una conclusión más objetiva sobre la estimación de que la pretensión deducida por el quejoso, probablemente sea fundada y no temeraria, ni manifiestamente frívola o improcedente, de modo que aun derivada de un análisis superficial, esa estimación sea lo más adecuada posible al contexto fáctico y normativo en que aparece el acto reclamado, sin que esto implique invocar aquella apariencia en perjuicio del quejoso, sin soslayar que las cuestiones que a la luz de un análisis superficial y meramente válido para resolver sobre la suspensión del acto, no puedan tenerse por sentadas sin que con ello se condicione o vincule en forma definitoria la materia sustantiva de la sentencia a dictar en la audiencia constitucional, especialmente en perjuicio del quejoso, no puedan ser invocadas para resolver sobre la suspensión, dada su vocación de preservar la materia del juicio, incluso, al no prejuzgar sobre el fondo del asunto en forma vinculante a la propia sentencia que debe dictarse en la audiencia constitucional." Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a Gerardo Ortega Rodríguez, la suspensión definitiva por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, ocho de diciembre de dos mil veinte. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del XXIII del Ayuntamiento de Tijuana, en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido en proveído de diecisiete de noviembre de la presente anualidad, informa que cada dependencia es responsable del resguardo de sus archivos, por lo que desconoce el lugar donde las diversas dependencias lo realicen; de lo cual se toma nota y se da vista a las partes para los efectos conducentes. Notifíquese.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano