Salvador Gonzalez Soto
Expediente 1098/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1098/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Salvador Gonzalez Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ESTRADOS AL QUEJOSO SALVADOR GONZÁLEZ SOTO LA SENTENCIA DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:.VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1098/2023-IV; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del buzón judicial y recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Salvador González Soto, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos señalados en la demanda de amparo de la siguiente manera: "III. Autoridades responsables: C. Jueza Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana [.]. VI. Acto reclamado: Omisión de tramitar y diligenciar incidente de modificación, cese y/o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de conformidad a los plazos y términos establecidos en los numerales 153 al 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales.". SEGUNDO. Radicación y trámite. El cinco de septiembre de dos mil veintitrés, la demanda se radicó bajo el número de expediente 1098/2023-IV y se admitió; por lo que se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación y se reconoció el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público del Orden Común adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de esta ciudad de Tijuana, quien fue debidamente emplazado a juicio. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Justificación. Lo anterior, puesto que se reclaman determinaciones cuyas consecuencias jurídicas tienen ejecución en esta ciudad, lo que actualiza la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de autoridad que enseguida se precisan: No Autoridad responsable Actos reclamados 1 Juez Cuarto de lo Penal de este Partido Judicial. Omisión de tramitar y diligenciar incidente de modificación, cese y/o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de conformidad a los plazos y términos establecidos en los numerales 153 al 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la causa penal 1042/2008, promovido por la parte quejosa el diecisiete de julio de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, la autoridad responsable rindió su informe justificado, tal como se precisa a continuación: Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 Juez Cuarto de lo Penal de este Partido Judicial. Cierto 38 Como se ve, la autoridad responsable reconoció expresamente la existencia de los actos reclamados, por ende éstos se tienen como plenamente probados. Certeza que se corrobora con las documentales enviadas por la Juez responsable, obrantes en la causa penal 1042/2008 de las que se advierte el auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por recibido el escrito presentado por la defensora particular del procesado Salvador González Soto, por el cual solicitó audiencia de revisión y/o modificación de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a la que se encuentra sujeto el ahora quejoso. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno a que se refieren de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones. Se invoca como soporte de lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de la cuestión de fondo debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, en virtud de tratarse de un aspecto de orden público y de examen preferente en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, estimo que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos de los actos reclamados. En efecto, la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Del precepto legal en cita, se permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esa óptica, en el caso concreto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la omisión atribuida a la autoridad responsable, atinente no dar trámite y diligenciar el incidente de modificación, cese y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa promovido el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, dejó de afectar la esfera jurídica del accionante del amparo. Es así, ya que del informe justificado enviado por la jueza responsable, así como de las constancias allegadas en apoyo al mismo, que merecen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, señaló las diez horas del diez de septiembre del año en curso, para someter a contradicción de las partes los alcances de la solicitud de modificación de medida cautelar y en dicha audiencia se resolvió sobre la petición de la defensa del quejoso de modificar la medida cautelar, por lo que se advierte que se agotó el incidente promovido por la parte quejosa. En tales condiciones, al haberse emitido el auto de ocho de septiembre del año en curso, así como al haberse llevado a cabo la audiencia del diez del mismo mes y año, en que se resolvió el incidente planteado por el quejoso, audiencia en la que el quejoso estuvo presente, hizo que cesaran los efectos de las omisiones que constituían el acto reclamado, pues aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que guardaban antes de cometerse la violación reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con fundamento en la fracción V, del precepto 63 de la legislación invocada, se sobresee en el presente juicio por el acto antes reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, con registro electrónico 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Salvador González Soto, por su propio derecho, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el diverso cuarto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido por auto de cuatro de octubre del año en curso, y remite el registro de audio y video de la audiencia de diez de septiembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 1042/2008 de su índice, contenida en un disco compacto debidamente certificado. Admisión de pruebas. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogada la prueba consistente en el registro de audio y video de la audiencia de diez de septiembre de dos mil veintitrés, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Sin que haya necesidad de llevar a cabo una audiencia especial de reproducción de su contenido, mismo que queda a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de ésta, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), que dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Resguardo de objetos. A fin de evitar el daño del disco compacto, resguárdese en la secretaría de este juzgado. Notifíquese
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Transcurre plazo legal. Vista la certificación secretarial y el estado de autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días para que las partes se impongan del informe justificado que fue agregado a los autos mediante proveído de cuatro de octubre del año en curso, toda vez que fue notificado el cinco del mismo mes y año. Asimismo, está transcurriendo el plazo de tres días para que la autoridad responsable Jueza Cuarto de lo Penal de este Partido Judicial por Ministerio de Ley, remita el disco requerido mediante proveído de cuatro de octubre del año en curso. Diferimiento. Por tanto, a fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional fijada para este día y en su lugar se programan las diez horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Prueba documental. Ahora bien, en relación a las pruebas documentales que ofrece, en términos del numeral 143 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver la suspensión definitiva. Ahora bien, del informe justificado se advierte que el diez de septiembre del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares, sin que haya remitido el disco compacto con el contenido de ésta. Requerimiento. Atento a ello y en obvio de mayores dilaciones, requiérase a la Jueza Cuarto de lo Penal de este Partido Judicial por Ministerio de Ley, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, remita a este juzgado el audio y video de la audiencia celebrada el diez de septiembre del año en curso, relativa a la causa penal 1042/2008 de su índice. Apercibimiento. Se les apercibe que en caso de no cumplir con lo anterior o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, esto es -$5,187.00 cinco mil ciento ochenta y siete-, cantidad que resulta de multiplicar por cincuenta la suma de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía vigente, de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes
- Salvador Contreras Mendoza244/2020
- Salvador del Rio Aroyo261/2018
- Salvador Ferrero Gutierrez701/2021
- Salvador Figueroa Agramon418/2020
- Salvador Garcia Nieves446/2019
- Salvador Gonzalez Resendiz12/2023
- Salvador Guerrero Limas Armendariz626/2019
- Salvador Hernandez Garcia484/2022
- Salvador Jaimes Hernandez535/2020
- SALVADOR KAYACHANIAN KALOYAN y Otros.1113/2019
- Salvador Lutteroth Lomeli1184/2019
- SALVADOR LUTTEROTH LOMELI y Otros.213/2020