Salvador Jaimes Hernandez

Expediente 535/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
535/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Salvador Jaimes Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Certificación. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieran realizado manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para ello, se procede a analizar las constancias que obran en autos. Antecedentes 1. El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Irma Espinoza Barragán, para el efecto que las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director, Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones, todos de dicho Instituto y con residencia en Mexicali, realizaran lo siguiente: "Las autoridades responsables [1] Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, [2] Director, [3] Junta Directiva y [4] Director de Pensiones y Jubilaciones, todos adscritos a dicho Instituto y con residencia en la ciudad de Mexicali, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar lo siguiente: 1] Llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la Irma Espinoza Barragán. 2] Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión formulada por la promovente del amparo. 3] Notificarle la contestación respectiva." 2. Interposición de recurso. Inconforme con dicha determinación, el once de septiembre de dos mil diecinueve, el delegado de las mencionadas autoridades responsables, interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno le correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, quien por ejecutoria dictada en el amparo en revisión 481/2019, de treinta de enero de dos mil veinte, determinó: "PRIMERO. Se declara firme el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia que se revisa, por lo dispuesto en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida. TERCERO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la quejosa Irma Espinoza Barragán, para los efectos precisados en la sentencia que se revisa, por los motivos expuestos en el sexto considerando de esta ejecutoria." 3. Recibida dicha ejecutoria, el catorce de febrero de dos mil veinte, este juzgado requirió a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días, dieran cumplimiento al fallo protector al tenor de los efectos precisados en los párrafos que anteceden; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Valoración de cumplimiento. En observancia a lo anterior, el uno y cuatro de septiembre de dos mil veinte, se tuvieron por recibidos los oficios registrados con folio 7153 y 7361, por los cuales la delegada de las autoridades responsables, anexaron copia certificada, del acuerdo SO/118/30-07-2020, dictado en la tercera sesión ordinaria de treinta de julio de dos mil veinte, por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por el cual resolvió y concedió el beneficio de la pensión por jubilación a la aquí quejosa Irma Espinoza Barragán; además, remitió constancia de notificación de dicho acuerdo, la cual fue realizada el pasado veintiocho de agosto del presente año, por conducto de una de los autorizados de la quejosa. Documentales que al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituye prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Declaración de cumplimiento. De lo expuesto, se advierte que las autoridades responsables acataron los efectos de la concesión del fallo protector, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida, sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del Libro Uno de Gobierno del índice de este juzgado. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notificación. Comuníquese a la parte quejosa la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, transcurridos tres años de haberse dictado el presente proveído, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo y protección de la justicia federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

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