Salvador Benavides Gomez

Expediente 681/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
681/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • Salvador Benavides Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de abril de dos mil veintiuno. Informe. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, a través del cual informa que a solicitud de la defensa y del aquí quejoso ordenó la suspensión de la audiencia programada para el día veintidós de febrero del año dos mil veintiuno, y señaló las diez horas con treinta minutos del día doce de mayo del año en curso, para reanudar audiencia y resolver respecto del descuento del quantum de la prisión preventiva. Asimismo, de dicho informe se advierte que la autoridad responsable comunica que remitirá de forma física en la oficialía de partes de este juzgado federal, copia autentificada del registro de audiovisual (un disco compacto), relativo al cuaderno de ejecución 01525/2020 de su índice; por lo que se está en espera de que ello ocurra. Notifíquese; y personalmente al quejoso por conducto de su defensor.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Requerimiento de constancias. Visto el estado de autos se advierte que la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, relativas al cuaderno de ejecución 1525/2020, se advierte que se señalaron las once horas con treinta minutos del día dieciocho de febrero del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia en la cual se resolvería sobre la petición del quejoso del descuento del quantum de la pena de CLAUDIA DE HARO ARELLANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.93.fc 19/04/21 12:51:49 prisión impuesta en la causa penal 222/2016, sin que haya remitido lo resuelto en dicha fecha. En atención a ello, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, para que en el término de tres días legalmente computado, informe si se llevó a cabo la audiencia señalada para el día veintidós de febrero pasado, y remita copia certificada de lo resuelto en la misma, toda vez que resulta necesario para resolver el presente controvertido constitucional. Apercibimiento. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, de no informar el impedimento legal que tenga para ello, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Diferimiento. En virtud de lo anterior, se procede a diferir la celebración de la audiencia constitucional fijada para esta data y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

  3. Incidental

    Resolución. Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 681/2020-IV, promovido por Salvador Benavides Gómez, por derecho propio, contra actos del Juez de Control en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, Salvador Benavides Gómez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión provisional y en su momento la definitiva del acto reclamado. Segundo. Admisión, trámite e integración. Por cuestión de turno correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado Baja California, con sede en Ensenada, el cual se declaró incompetente para conocer y declinó competencia al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad de Tijuana, por lo que a este Juzgado le correspondió conocer de dicho juicio. Este órgano de control constitucional en auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, aceptó la competencia declinada, admitió a trámite la demanda de amparo, ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión en que se actúa, en el que se proveyó respecto de la suspensión provisional del acto reclamado, solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. Por tanto, una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponde; y C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que deriva del juicio de amparo indirecto 681/2020-IV, del cual conoce este órgano de control constitucional, ya que conserva jurisdicción para conocer de las cuestiones relativas a las incidencias que deriven de tal procedimiento, atento al principio de unidad que rige al juicio de amparo, asimismo de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013 y 31/2018 emitidos por el del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso señala esencialmente como acto reclamado que no se le ha dado seguimiento al incidente no especificado de cómputo y descuento del quantum de la prisión preventiva que promovió ante la autoridad responsable el veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Efectos de la suspensión. En el caso, solicita la presente medida cautelar para el efecto de que cese dicha omisión. En esa tesitura, ya establecido el acto reclamado y los efectos para los cuales solicita la suspensión la parte quejosa, este juzgado procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse; sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el uno de febrero de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2019200, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable en su denominación correcta, rindió su informe previo de la siguiente manera: Autoridad responsable Sentido del Informe Foja Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate. Cierto 55 Negativa de la suspensión. Resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, ya que de otorgar la medida cautelar, se estaría dando efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo. Lo anterior es así, toda vez que resulta improcedente conceder la suspensión que nos ocupa, tomando en cuenta que el acto reclamado tiene la característica de ser acto de naturaleza omisiva, contra el cual, generalmente, no procede decretar la medida suspensional, pues de otorgarse, este juzgado se estaría sustituyendo en las facultades de la autoridad responsable, además que se estarían dando efectos restitutorios que son propios de una sentencia que concede el amparo, ello en contravención a lo establecido en la fracción II del artículo 128 de la ley de la materia. Tiene aplicación la tesis aislada I.6o.T.3 K (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Por ello y toda vez que la concesión en el caso adelantaría los posibles efectos de la sentencia que en su caso se llegase a dictar en el expediente principal del cual deriva este incidente, es que procede negar la suspensión definitiva solicitada; lo anterior, de conformidad con el artículo 139, primer párrafo, contrario sensu, en relación con el 147 de la Ley de Amparo. En efecto, si bien es verdad que en términos de los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, así como en los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano de amparo al proveer sobre la suspensión de los actos reclamados debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, también lo es que dicho proceder está condicionado a que la naturaleza de los mismos permita su paralización porque, de otra manera, se desnaturalizaría la medida cautelar, cuyo objeto primordialmente consiste en mantener viva la materia del amparo hasta el dictado de la sentencia en que se analiza la constitucionalidad de los actos reclamados. De ahí que se niegue la medida cautelar solicitada. Encuentra apoyo lo anterior, en el criterio contenido en la tesis IV.2o.A.71 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de título y contenido siguiente: "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. COMO ELEMENTO INDISPENSABLE DE PONDERACIÓN PARA LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO NO ASEGURA, POR SÍ MISMO, SU OTORGAMIENTO, NI DEBE TENERSE POR ACREDITADO SÓLO CON BASE EN LO EXPUESTO POR EL QUEJOSO EN SU DEMANDA. Al establecer la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, los Jueces decidirán sobre la suspensión con base en un análisis ponderado sobre la apariencia del buen derecho y el interés social, dicha norma constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, consistente en dar eficacia a la suspensión como instrumento de preservación de derechos humanos y de la materia del amparo, pero sin que se lastime el interés social, cuya preservación igualmente se encomienda al Juez, en uso de su discrecionalidad, por lo que a éste corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin, sin que la norma constitucional referida otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del objetivo constitucional perseguido; de ahí que al resolver sobre cada situación, el juzgador deba exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para la consecución del fin constitucionalmente relevante, además de ajustar la referida ponderación a los elementos normativos y de control previstos por el legislador en la Ley de Amparo. Para ello, también deberá considerarse que la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social no conlleva a la contraposición de dos intereses en abstracto, aunque el segundo concepto entrañe una idea de intereses colectivos, sino que ha de atenderse a las circunstancias concretas del derecho que el quejoso estime alterado en su situación particularizada ante el acto y, a su vez, a la manera en que el interés general o el orden público se concretiza mediante el acto de autoridad, pues lo que los Jueces ponderan en los casos concretos, no son principios en abstracto, sino las circunstancias de hecho que justifican la aplicación de ciertos principios ante otros, sobre la base de los singulares intereses en conflicto. En este contexto, resulta lógico considerar que la mera acreditación de la apariencia del buen derecho no asegura el otorgamiento de la suspensión, pues es necesario que ese elemento se pondere ante el mandato de que el otorgamiento de la medida no resulte contrario al interés social, para determinar los supuestos y condiciones en que la suspensión procedería, de manera que aun advertida la posible inconstitucionalidad del acto, deba enseguida o, concomitantemente, valorarse el impacto que tendría en el interés social el paralizar su ejecución, como ya se reconocía antes de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, según se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, aunque la misma evolución jurisprudencial sobre la apariencia del buen derecho en el incidente de suspensión, llevó a definir, según la diversa jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.) de la misma instancia, que tal concepto no puede invocarse para negar la medida, esto significa que no puede efectuarse un asomo provisional al fondo del asunto que resulte en sostener que el acto reclamado es constitucional y, por ello, negarse la medida, no obstante, tampoco debe asumirse, con base en esa premisa, que la apariencia del buen derecho deba tenerse por acreditada sólo en función de lo expresado por el quejoso en su demanda, en orden a reforzar su pretensión de que el acto reclamado es inconstitucional, pues aun siendo superficial, el asomo provisional al fondo del asunto debe ser coherente con la normativa que determine la verdadera naturaleza del acto, sobre todo porque, en la mayoría de los casos, es ésta la que otorga significado y contexto jurídico al acto reclamado y permite identificar con mayor precisión, en función de la naturaleza de las normas en que se funda, el interés general que, específicamente, podría verse alterado por la suspensión del acto o aun por su ejecución y cuya salvaguarda, se insiste, igualmente se encomienda al Juez en uso de su discrecionalidad, además de que conduce a una conclusión más objetiva sobre la estimación de que la pretensión deducida por el quejoso, probablemente sea fundada y no temeraria, ni manifiestamente frívola o improcedente, de modo que aun derivada de un análisis superficial, esa estimación sea lo más adecuada posible al contexto fáctico y normativo en que aparece el acto reclamado, sin que esto implique invocar aquella apariencia en perjuicio del quejoso, sin soslayar que las cuestiones que a la luz de un análisis superficial y meramente válido para resolver sobre la suspensión del acto, no puedan tenerse por sentadas sin que con ello se condicione o vincule en forma definitoria la materia sustantiva de la sentencia a dictar en la audiencia constitucional, especialmente en perjuicio del quejoso, no puedan ser invocadas para resolver sobre la suspensión, dada su vocación de preservar la materia del juicio, incluso, al no prejuzgar sobre el fondo del asunto en forma vinculante a la propia sentencia que debe dictarse en la audiencia constitucional." Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a Salvador Benavides Gómez, la suspensión definitiva solicitada del acto que reclama del Juez de Control en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, en términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que en proveído de diecinueve de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio NSJP/TEC/04338/2020 de la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, a través del cual remitió documentales en alcance a su informe justificado, sin que se haya notificado de manera personal dicho auto al quejoso Salvador Benavides Gómez. Por tanto, túrnense los autos al actuario de la adscripción a efecto de que sea notificado personalmente, el quejoso Salvador Benavides Gómez, de dicho proveído. De igual forma, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha aún no transcurre el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que los defensores públicos del quejoso se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, el cual se tuvo por recibido mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Diferimiento de audiencia. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se procede a diferir la celebración de la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y se programan las doce horas con veinte minutos del doce de enero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridad. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a la autoridad responsable a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese; y personalmente al quejoso Salvador Benavides Gómez el proveído de diecinueve de noviembre pasado, así como la presente determinación.

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