Ruth Mendoza Gasca

Expediente 661/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
661/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • Ruth Mendoza Gasca

Actuaciones

  1. Principal

    Firme desechamiento Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ****, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Guanajuato, residente en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto local ***** del índice de este juzgado. Dese de baja y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales enviadas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Para los efectos legales a que haya lugar, se toma nota que la autoridad exhortada notificó el proveído de nueve de septiembre pasado, a la quejosa *****, por medio de lista publicada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, al cual anexó: 1. Escrito de demanda de amparo presentada ********** -contenida en el cuadernillo de amparo- y ocho copias de la misma. 2. Copia certificada del oficio 1872/2021, firmado por la magistrada Propietaria de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. 3. Toca ********* del índice de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. 4. Copia certificada del juicio ********* de la estadística del Juzgado Único de Partido Civil y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. Competencia de este juzgado para conocer del asunto y acuse de recibo correspondiente. En otro aspecto, se advierte que el secretario de acuerdos del órgano colegiado citado remitió la demanda de amparo presentada por Ruth Mendoza Gasca, al estimar que carece de competencia legal para conocer de ese asunto. Lo anterior, puesto que la parte quejosa acude a solicitar la protección federal respecto de la resolución de quince de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca 324/2021 del índice de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que modificó la resolución incidental de catorce de mayo de dos mil veintiuno, por el juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, dentro del juicio sucesorio intestamentario número **********. Lo que evidencia que el acto reclamado, no constituye una sentencia definitiva ni una resolución que hubiese puesto fin a la controversia de origen, por lo que no se surte competencia legal a su favor, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la materia, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), bajo el consecutivo 661/2021-1. Acúsese recibo a la superioridad a través del Sistema de Seguimiento de Expedientes y recábese la constancia electrónica que evidencie su envío. Desechamiento de la demanda En atención a lo anterior, se precisa que el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de quince de julio de dos mil veintiuno, emitida en el toca número *********, por la magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, relativa al recurso de apelación interpuesto por el mandatario judicial del coheredero *********, en la que modificó la interlocutoria dictada el catorce de mayo de dos mil veintiuno por el juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, en el juicio sucesorio intestamentario número **********, para el único efecto de conceder a ***********, el término de ocho días hábiles, una vez que el tribunal de origen recibiera el testimonio de la resolución, para que diera cumplimiento a la rendición de la cuenta general de su albaceazgo, apercibiéndola que de no hacerlo dentro del plazo legal conferido, se le apremiará por los medios legales, siendo aplicables las reglas de ejecución de sentencia. Este Juzgado Federal, determina que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, los cuales textualmente establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el 107 fracción V de ley establece que el juicio de amparo procede: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, resulta pertinente precisar que los actos dictados dentro de juicio que admiten su impugnación en vía indirecta, son únicamente aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la citada Ley de Amparo en vigor. Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del País interpretó qué debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación". Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la página 39, de la Gaceta del Amparo indirecto 106/2021 del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre esa base, se evidencia que existen actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que el amparo indirecto en su contra de modo inmediato es improcedente, como en el caso acontece. Ahora, de conformidad con lo anterior se determina que la resolución de quince de julio de dos mil veintiuno, que modificó la resolución interlocutoria de catorce de mayo del año en curso, que reclama la parte quejosa, constituye una violación de índole procedimental dentro del trámite de la tercera sección del juicio sucesorio testamentario de origen, pues como se puede apreciar de la demanda de amparo, la juez responsable no ha emitido pronunciamiento alguno en el que apruebe la rendición de cuentas. En efecto, de conformidad con los artículos 5851 a 589 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones denominadas: de sucesión, de inventarios; de 1 "Art. 585. En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Deben iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho." "Art. 586. La primera sección se llamará de sucesión, y contendrá, en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las citaciones a los herederos y acreedores, y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre nombramiento o remoción de tutores; V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos." "Art. 587. La sección segunda se llamará de inventarios, y contendrá: I. El inventario provisional del interventor; II. El inventario y avalúo que forme el albacea; III. Los incidentes que se promuevan; IV. La resolución sobre el inventario y avalúo." "Art. 588. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración; II. Las cuentas, su glosa y calificación; III. (DEROGADA, P.O. 13 DE AGOSTO DE 2004)" "Art. 589. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II. El proyecto de partición de los bienes; III. Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV. Los arreglos relativos; V. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI. Lo relativo a la aplicación de los bienes." administración -contendrá todo lo relativo a la administración-; y, de partición, y cada una concluye con una resolución o sentencia, además de que las pronunciadas en las tres primeras son impugnables en amparo indirecto. Así, conforme al principio de preclusión de los procesos judiciales, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente contra resoluciones que, por afectar derechos sustantivos, guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. Por ende, las consecuencias jurídicas y materiales del acto impugnado únicamente permiten que se continúe con el trámite del procedimiento original y en su caso, se emita la correspondiente aprobación de la rendición de cuentas, la cual puede ser favorable a los intereses de la parte quejosa; caso en el cual, las posibles violaciones dejarán de surtir efectos en su contra. Sin embargo, en el supuesto de que la legalidad del citado acto reclamado trascienda en el dictado de la resolución que decida sobre la rendición de cuentas, podrá impugnarla en la instancia constitucional que corresponda. De ahí que los actos que son susceptibles de causar una ejecución de imposible reparación son únicamente aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, lo que excluye a los procesales, entonces se puede concluir que en el caso resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En tal sentido, en este momento, ningún perjuicio ocasiona el acto al albacea, en lo personal, ni a la sucesión que representa, porque la rendición de cuentas solo tiende a poner de manifiesto si su administración es o no correcta. En razón de lo anterior, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, en términos del numeral 113 de la misma Ley. Se invoca en apoyo, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1546, tomo XIX, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y el texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." De igual manera, por identidad jurídica sustancial, se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/316 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito2, de epígrafe y texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial 2 Semanario Judicial de la Federación, tomo XXX, diciembre de 2009. Novena Época, página 1311. contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Asimismo, apoya los anteriores razonamientos la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, enero de 1999, página 789, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu."

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