Ruth Meri Atrisco Sotelo
Expediente 412/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 31 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 14/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ruth Meri Atrisco Sotelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
A sus autos el escrito signado por Gerardo Aguilera Torres, autorizado del quejoso, y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa razón que por su recibo se asiente, la cual quedará a su disposición en la secretaría correspondiente.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se desprende que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que hiciera manifestaciones en relación al cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, la que desahogó por escrito registrado con el 13840, inconformándose con el mismo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, o bien si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. De ese modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Del estado de los autos se advierte que mediante resolución de siete de julio del año en curso, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en el amparo en revisión 54/2016, determinó: "PRIMERO. Se modifica la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, por lo que se hace a los actos y autoridades precisadas en el considerando sexto de la presente ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ruth Meri Atrisco Sotelo, contra los actos reclamados del Ministerio Publico de la Federación encargado de la fiscalía III, de la Coordinación General "A" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en la ciudad de México y su ejecución; para los efectos precisados en la última parte del considerando séptimo de la presente ejecutoria". Dicha concesión fue para los efectos de que la autoridad responsable: Deje insubsistente el acuerdo de aseguramiento, emitido el doce de noviembre de dos mil once, en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/404/2011. Se pronuncie en cuanto al estatus jurídico del inmueble y en caso de que llegue a dictar otro acuerdo de aseguramiento, enmiende las deficiencias de motivación señaladas en esta ejecutoria, resolviendo lo que en derecho proceda. Por oficios registrados los números 13478 y 13511, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General "B" de la Procuraduría General de la República, informó que en cumplimiento al fallo protector emitió la resolución de catorce de septiembre pasado, en la que dejó insubsistente el acuerdo de aseguramiento dictado en la averiguación previa de origen y dictó otro en el que enmendó las deficiencias de motivación que fueron señaladas por el tribunal de alzada, aunque manifestó la imposibilidad de notificar la nueva determinación a la parte quejosa (fojas 547 a 571). Considerando la imposibilidad de dar a conocer a la parte interesada la nueva resolución emitida por la autoridad responsable, a efecto de evitar dilación procesal se ordenó su notificación por conducto del actuario de la adscripción, en el domicilio señalado en autos para tal efecto, la que se llevó a cabo el tres de los actuales -foja 576-. En ese contexto, se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria, dado que dejó insubsistente el acuerdo de aseguramiento, emitido el doce de noviembre de dos mil once, en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/404/2011, pronunciándose al estatus jurídico del inmueble y dictó otro acuerdo de aseguramiento enmendando las deficiencias de motivación señaladas por el tribunal de alzada. Así, la autoridad responsable expuso de manera clara las consideraciones de derechos mediante las cuales puso de manifiesto el vínculo que existe entre el delito o delitos investigados y el inmueble asegurado. La autoridad responsable hace relación de los indicios que le permitieron determinar el aseguramiento precautorio del inmueble ubicado en calle Perú número 3, colonia 22 de Marzo, del municipio de Acámbaro, Guanajuato, el que aduce pudiera ser adquirido con recursos de procedencia ilícita y representar producto de delito, dado que del cúmulo probatorio que obra en la averiguación previa de origen, se desprende que la quejosa adquirió dicho inmueble coadyuvando dentro de la estructura criminal denominada Cartel de Sinaloa y su vinculación con los entonces líderes de dicha organización. Entonces, de todo lo analizado se advierte que la autoridad responsable purgó las deficiencias de motivación señaladas por el tribunal de alzada, estableció las consideraciones de las que partió para decretar el aseguramiento del inmueble en comento. Y en ese contexto, hizo relación de cada una de las pruebas, con las que justificó la emisión del nuevo aseguramiento, a saber: Puesta a disposición de dieciocho de septiembre de dos mil once, suscrita por el Teniente de Infantería Rolando Ayala Zariñana y el Sargento 2/o de Infantería José Ignacio Venancio Lugardo. Declaración de dieciocho de septiembre de dos mil once, del indiciado José Carlos Moreno Flores y/o Héctor Adán Ruvalcaba Rivera "EL Calentura". Declaración de nueve de diciembre de dos mil once, del indiciado José Carlos Moreno Flores y/o Héctor Adán Ruvalcaba Rivera "EL Calentura". La denuncia anónima, la cual fue allegada mediante oficio CGA/15595/2011, de cinco de diciembre de dos mil once, signado por el licenciado Juan Gabriel Domínguez Espinoza, relacionada con los hechos investigados en el acta circunstanciada PGR/SIEDO/UEIDCS/1209/09. Informe de fecha de cinco de diciembre de dos mil once, por los agentes federales de investigación "C", Iván Pérez Cortez, Luis Muñoz Chaves, Raúl Osorio Rodríguez, con numero de oficio PGR/AFI/DGIP/IT/11638/2011, dentro de los hechos investigados en el acta circunstanciada PGR/SIEDO/UEIDCS/1209/09. Comparecencia ministerial del testigo de nombre clave "Libre", de treinta de agosto de dos mil doce, llevada ante el agente del Ministerio Público de la Federación. Probanzas de las que se determinó que la aquí quejosa fungía como prestanombres del mencionado grupo delictivo, puesto que entre otros bienes inmuebles ella compró y administró el ubicado en calle Perú número 3, colonia 22 de Marzo, del municipio de Acámbaro, Guanajuato. Con lo que infiere que dicho inmueble fue adquirido con recursos procedentes de dicha célula criminal, máxime que la quejosa hasta la fecha de la emisión del aseguramiento que se analiza, no comprobó la licitud del origen de los recursos con que lo adquirió, ni mucho menos la capacidad económica para sus negocios. Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, pues como se dijo, observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo, ya que como se asentó en supralíneas explicó por qué consideró que el bien se obtuvo con recursos de procedencia ilícita; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la quejosa de su derecho fundamental violado. En consecuencia, si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no fue cabalmente cumplida, pues de la ejecutoria de que se trata se advierte que si bien se concedió el amparo para los efectos precisados en líneas que anteceden, que a consideración del suscrito fueron satisfechos, también lo es que se otorgó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que resolviera el caso planteado, lo cual impide se pueda hacer pronunciamiento en relación a si fue o no correcto el sentido de lo que se resolvió, pues hacerlo implicaría rebasar los efectos de la sentencia. En consecuencia, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas. Acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original anexos a su escrito inicial de demanda, los cuales se encuentran guardados en la secretaría de este juzgado, con apercibimiento de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Agréguese el escrito que firma el licenciado XXXXXXXXX, autorizado de la parte quejosa, a través del cual en desahogo a la vista ordenada mediante proveído de treinta de septiembre próximo pasado, respecto del cumplimiento que a la ejecutoria de amparo refirió la responsable agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Coordinación General "B" de la Procuraduría General de la República, vierte las manifestaciones contenidas en su ocurso de cuenta, en el sentido de que dicho cumplimiento adolece de vicios. Luego, una vez que transcurra el término de tres días concedido en dicho auto, provéase por lo que conforme a derecho sea procedente en relación al cumplimiento o no del fallo ejecutoriado pronunciado en el sumario.
- Principal
A sus autos el escrito signado por ********************, autorizado del quejoso, y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia simple de la constancia que indica, previa razón que por su recibo se asiente, la cual quedará a su disposición en la secretaría correspondiente.
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