Rubi Esmeralda Presa Renteria
Expediente 680/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rubi Esmeralda Presa Renteria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal negó la protección constitucional no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) del citado acuerdo, la disposición administrativa en cita, tanto el presente expediente como el original del incidente de suspensión relativo, son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Toda vez que el presente juicio se encuentra concluido, resulta innecesaria la retención del disco versátil digital correspondiente a la causa penal ***************, respecto al cual se ordena su devolución al juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. No ha lugar a ordenar la devolución de documentos originales, en virtud de que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
En Celaya, Guanajuato, diez de septiembre de dos mil veintiuno. SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 680/2020; y, Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, ******, por conducto de su defensor, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del auto de vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región, con sede en esta ciudad. En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de tres de diciembre de dos mil veinte, esta potestad admitió la demanda propuesta; formó el expediente y lo registró bajo el número 680/2020; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse una resolución emitida por una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción, la cual, tiene efectos de ejecución en esta localidad que ocupa este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: a) El auto de vinculación a proceso dictado el nueve de noviembre de dos mil veinte, dictado en contra de la quejosa, en la causa penal *****. Acto reclamado a la siguiente autoridad: 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama al juez de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con la constancia que acompañó el juez responsable a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictaron los actos reclamados y los archivos digitales con los que cuenta la causa penal; a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias y disco versátil digital exhibidos por las autoridades responsables, se desprende: En audiencia de cinco de noviembre de dos mil veinte (como se advierte del audio), dio inicio la audiencia inicial en la carpeta de investigación ******, instruida en contra de *****, por el hecho que la ley señala como delito de desaparición cometida por particulares en contra de quien en vida respondiera al nombre de *****, por lo que una vez que le hicieron saber sus derechos, se le hizo del conocimiento la investigación preliminar que esa representación social siguió en su contra en relación a los hechos consistentes en que el dos de noviembre de dos mil veinte, a las veintidós horas con veintidós minutos, los oficiales de la policía municipal de Celaya, Guanajuato, de nombres ******, al realizar un recorrido de vigilancia en la calle ******* se encontraron a una persona del sexo femenino, quien les realiza un reporte anónimo, ya que refirió que tenía temor, y les comentó que tenía una vecina de nombre *****, con domicilio en la calle ****** y que vivía con su pareja de nombre *****, les refirió que momentos antes de hacer el reporte, pasó caminando por afuera de dicho domicilio y estas dos personas, se encontraban afuera de la casa, y escuchó decirle ***** a su pareja, "ya esconde a este wey en otro lado", luego los agentes de la policía municipal se dirigieron al domicilio marcado con el número********, y que al llegar encontraron a dos personas, a quienes se acercaron e identificaron como agentes de la policía municipal, que estas dos personas que posteriormente se identificaron como ****** y el menor de edad con iniciales A.C.L se sorprendieron de la presencia de los agentes, quienes intentaron correr pero fueron asegurados, el agente ********, se aproximó a la puerta del inmueble marcado con número *****, sobre la citada calle, y desde la puerta de la entrada que se encontraba abierta, que permitía observar hacia el interior del inmueble, aproximadamente a una distancia de cuatro a seis metros de distancia, observó un bulto que identificó como una persona que no se movía, tenía a un lado un charco de sangre, y que el cuerpo tenia partes cubiertas con bolsas de plástico color negro, y un polvo blanco, al parecer cal, que el agente de la policía municipal al ver el peligro en que estaba la persona, ingresó al domicilio y se cercioró que ya no tenía signos vitales; por lo que el agente ********** aseguró a la persona de nombre ******, luego, en esa mismo momento, a las veintidós horas con treinta y seis minutos, se registró su detención le informó que iba a ser detenida y se dejó a disposición del ministerio público (a las quince horas con trece minutos y cuarenta segundos de la videograbación). Una vez narrado lo anterior por el fiscal, el juez responsable le concedió el uso de la voz a la defensa pública de la imputada, quien manifestó que difería de la pretensión realizada por la representación social, al no haber justificación de la pronta puesta a disposición de la ofendida a la agencia del ministerio público, al haberse realizado su detención a las veintidós horas con veintinueve minutos del dos de noviembre de dos mil veinte, e ingresada a barandilla a las cero horas con quince minutos del día tres siguiente, es decir un desfase excesivo de casi dos horas, por lo que solicitó al juez de la causa, la inmediata libertad de la ofendida, por lo que se le otorgó el uso de la voz a la fiscalía, quien expresó que no compartía lo manifestado por la defensa en atención a la posible existencia de un hecho delictivo delicado, por lo que se llevó tiempo para realizar las investigaciones en el lugar de la detención y que el tiempo transcurrido para el traslado de la imputada se debió a las medidas de seguridad, ya que era una zona de riesgo, e insistió en que se calificara de legal la detención y retención por el ministerio público; luego, se le concedió el uso de la voz a la defensa, quien reiteró la petición respecto de la libertad de la ofendida (hasta las quince horas con cuarenta y ocho minutos con treinta segundos). A las quince horas con cuarenta y ocho minutos con cuarenta y un segundos del cinco de noviembre de dos mil veinte, el juez responsable comenzó a resolver la situación jurídica de la imputada, exponiendo, entre otras cosas, su competencia, que hubo imputación, que se otorgó el derecho a la imputada de declarar y que con los datos de prueba anunciados se llega a determinar que no existe una demora injustificada por parte de los agentes aprehensores en cuanto a la detención de la imputada ****** además se determinó que el ingreso realizado por parte de los agentes de la policía al inmueble marcado con el número *******, fue de conformidad a lo dispuesto en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que procede a determinar de legal el control de detención de la aquí quejosa, asimismo tuvo por corroborado que el cuerpo inerte correspondía a quien en vida respondiera al nombre de ****** (dieciséis horas con cuatro minutos con cincuenta y seis segundos). A las dieciséis horas con doce minutos con cuarenta y tres segundos, del cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se tiene por realizada la imputación por parte de la fiscalía, de los hechos delictivos a la quejosa ******, a lo que el defensor de la imputada manifestó que no tenía ninguna aclaración, el juez de igual forma le informó a la indiciada, entre otras cosas, que en ese momento tenía la oportunidad de dar contestación a la imputación que se les realizó, y que tiene derecho a declarar o no hacerlo, a lo que manifestó (después de hablar con su abogada), que no deseaba declarar (dieciséis horas con quine minutos con nueve segundos). A las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos con cuarenta y cinco segundos, del cinco de noviembre de dos mil veintiuno, de la videograbación la agente del Ministerio Público comenzó a narrar los datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación (entrevista de *****, oficio número 3090/2020, de cuatro de noviembre de dos mil veinte, signado por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios, que contiene la diversas misivas: número SPHC181622, que consiste en el informe rendido por el perito en materia criminalística, de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, e informe con número SMFS2291/2020, rendido por el médico legista, en fecha tres de noviembre de dos mil veinte; entrevistas de ************ todas de tres de noviembre de dos mil veinte) con los cuales estimó que se acreditaba el hecho que la ley señala como delito de desaparición cometida por particulares previsto y sancionado por el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Posteriormente a la solicitud de vinculación a proceso formulada por el fiscal, el juez responsable les hizo del conocimiento a la imputada el derecho que tiene de que su situación jurídica se resuelva en esa audiencia o si deseaban ampliar el término constitucional, por lo que la imputada señaló que deseaba solicitar la prórroga por el término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que señaló el juez responsable que la audiencia se reanudaría el nueve de noviembre de dos mil veinte, a las once horas (diecisiete horas con veintiún minutos con dieciséis segundos, del cinco de noviembre de dos mil veinte, de la grabación). A partir de las doce horas con ocho minutos, el juez responsable comenzó a resolver la situación jurídica de la imputada, exponiendo, entre otras cosas, su competencia, que hubo imputación, que se otorgó el derecho a la imputada de declarar, y que con los datos de prueba anunciados se llegó a determinar la participación de ******, como coautora en el hecho que la ley define como delito de desaparición cometido por particulares, en términos del artículo 34, en relación con los arábigos 32 y 36, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, en términos del artículo 7, fracción II, así como 9 y 13, fracción III, del Código Penal Federal (a las doce horas con treinta y tres minutos con cincuenta y nueve segundo). QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación son infundados. En el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor de la quejosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de la imputada en la causa penal 1P0620-1352 del índice del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región, donde se dictó auto de vinculación a proceso. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos de la peticionaria de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que las determinaciones asumidas por el juez responsable se encuentran ajustadas a Derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que, si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que, si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla, en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por la quejosa, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a los quejosos, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos de la quejosa, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Precisado lo anterior, en sus conceptos de violación la peticionaria esgrime lo siguiente: Que el auto de vinculación a proceso es violatorio de los derechos humanos de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal, contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Federal, pues de manera errada se estableció que el hecho imputado encuadra en el tipo penal de desaparición forzada por particulares en su modalidad agravada, según lo previsto en el artículo 34, en relación con la fracción I del artículo 32, ambos preceptos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Afirma que la autoridad responsable no realizó un correcto análisis de subsunción del hecho imputado a la norma penal que establece la figura básica de desaparición cometida por particulares, incurriendo en un error in iudicando al concluir que se actualiza además una modalidad agravada. Que, de los datos de prueba expuestos por la fiscalía, se desprende un cuadro fáctico que el día dos de noviembre de dos mil veinte, entre las 9:30 y 10:00 horas, que la víctima ****** acudió al domicilio ubicado en calle ********, en el que habitaban la quejosa y un menor de iniciales A.C.L., a efecto de cobrar un adeudo por la venta de drogas. Se refirió que, con motivo de dicho cobro, surgió un conflicto, que derivó en violencia física y posteriormente en la muerte del pasivo. Sostuvo la fiscalía que, con base en los datos de prueba, en las siguientes horas el cadáver fue cubierto por cobijas, bolsas y un polvo blanco al parecer cal, así como que durante el transcurso del día fue negada la presencia de la víctima en el domicilio citado, no obstante que el hermano de la victima fue a buscarlo. Señala que el anterior cuadro fáctico no se subsume en la descripción legal del delito de desaparición cometida por particulares, porque los datos de prueba son incapaces de establecer que la génesis del hecho sea precisamente una privación de la libertad, por cuando que se advierte con claridad que fue la víctima quien acudió al domicilio, ubicado en calle ***** en el que surgió una disputa por el cobro de un adeudo, del que derivó un conflicto violento, mismo que concluyó con la muerte de la víctima, curso causal que no permite subsumirse al ilícito imputado. Que el relato fáctico, evidencia la inexistencia del dolo específico por la descripción legal del delito imputado, consistente en privar de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima, su suerte o su paradero. Esto es, aduce la quejosa, del análisis de los datos de prueba expuestos se desprende que no fueron esas razones o intenciones que motivaron el hecho, pues de un examen racional de los antecedentes de investigación se colige que el hecho violento derivó de una disputa por el cobro de un adeudo. Lo anterior, a su parecer, excluye el delito en estudio, en términos del artículo 15 del Código Penal Federal. Por último, refiere que la acción de no revelar la presencia de un cuerpo sin vida de la víctima en el interior de la vivienda, de ningún modo puede interpretarse como desaparición cometida por particulares, sino en todo caso como una acción de encubrimiento, que jurídicamente no le puede ser reprochada como delito autónomo. Cita como apoyo a sus argumentos, las tesis aisladas de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "OCULTACIÓN DE CADÁVER, INEXISTENCIA DEL DELITO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)", "INHUMACIÓN CLANDESTINA", "INHUMACIÓN CLANDESTINA" y "INHUMACIÓN CLANDESTINA, HOMICIDAS QUE NO INCURREN EN EL DELITO DE". Los planteamientos en análisis son infundados. Cabe señalar, que solamente será analizado el requisito de fondo, pues es de lo único que se inconforma, aunado a que este órgano de amparo no advierte que haya deficiencia que suplir. El artículo 19, párrafo primero, constitucional, establece literalmente lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)." Del texto legal transcrito se advierte que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, se deben cumplir con determinados requisitos, los cuales para el adecuado estudio de control constitucional deben dividirse en dos rubros, a saber: a) forma y b) fondo. Los requisitos de fondo son: a) que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito y, b) que el imputado puede haberlo cometido o participado en su ejecución. Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De los anteriores preceptos se desprende, que para que se dicte un auto de vinculación a proceso, será necesario: a) que se hubiere formulado la imputación; b) que se hubiere otorgado al imputado la oportunidad de declarar; c) que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; se entenderá que obran datos que establecen lo anterior, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y d) que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe señalar, que únicamente se analizará el requisito reseñado en el inciso c), en especifico, en lo que se refiere a que la ley señale el hecho imputado como delito. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016 determinó lo siguiente: -Que el nuevo sistema de justicia penal cambia las exigencias para la legal apertura del periodo de investigación, ya que no exige la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado; ahora, el auto de vinculación a proceso sólo exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho, por el cual se seguirá la investigación, evitando la presentación de pruebas formalizadas durante la primera etapa de investigación del procedimiento, buscando con ello que se mantenga la objetividad e imparcialidad dentro de la etapa de investigación. -Destacó que la diferencia entre la conformación del artículo 19 constitucional antes y después de la reforma (de dos mil ocho) estriba en que, en el anterior sistema resultaba necesario "acreditar" el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para que una persona pudiera ser sometida a un proceso penal. En contraposición, en el nuevo sistema, para vincular a una persona y someterlo a una investigación formalizada, se debe "establecer", a partir de los datos referidos por el Ministerio Público (de acuerdo con el Código Nacional serán datos de prueba) que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. -Señaló que anteriormente, para el dictado del auto de formal prisión se requería el "acreditamiento" del cuerpo del delito, ello implicaba, por un lado, identificar el ilícito o ilícitos (desde luego precisando los elementos típicos que la conforman) por los que se seguiría el proceso, así como su plena acreditación. En cambio, en el nuevo sistema, la disposición constitucional contempla un ejercicio distinto, a partir del cual se deberá "establecer", a partir de los datos, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito. -Precisó que en el sistema penal acusatorio oral, se busca un sistema de justicia de corte garantista, que fomente, entre otras cosas, el acceso a la justicia penal de los imputados, quienes durante las distintas fases del procedimiento deberán ser considerados como inocentes, hasta que se dicte sentencia firme en su contra; así, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. -Lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación, se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí, -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De la anterior ejecutoria, derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". En efecto, contrario a lo que afirma la parte quejosa en sus conceptos de violación, el acto reclamado no infringe las garantías de fundamentación, motivación, exacta aplicación, ni las formalidades esenciales del auto de vinculación a proceso previstas en los artículos 19 y 20 de la Constitución y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello es así, pues a juicio del suscrito la determinación realizada por el juez responsable se considera ajustada a Derecho, pues hasta este momento del proceso penal del que deriva la vinculación a proceso, los hechos inmersos en el cuadro fáctico, que fueron imputados por la fiscalía, permiten establecer la existencia del hecho que la ley señala como delito de desaparición cometida por particulares, según lo previsto en el artículo 34, en relación con la fracción I del artículo 32, ambos preceptos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y que ********** probablemente participó en su comisión. Los artículos 34 y 32, fracción I, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, disponen lo siguiente: "Artículo 34. Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa. Artículo 32. Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando: I. Durante o después de la desaparición, la Persona Desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de dicha desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.". De los anteriores preceptos se desprende, que cometerá el delito desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero, y que la sanción en caso de que la persona desparecida muera, podrá ser aumentada hasta en una mitad. Ahora bien, el cuadro fáctico expuesto por la fiscalía consiste en lo siguiente: -Siendo el día dos de noviembre del año dos mil veinte, aproximadamente entre las nueve y diez treinta horas de la mañana, ********, arribó al domicilio de la imputada, ubicado en calle ********, donde se encontraban la hoy quejosa y el menor de iniciales A.C.L., ya que **** acudió a cobrar un dinero, por una deuda consistente por una droga que les consiguió ****. -Que como se negaron a pagar la deuda, no lo dejaron salir a **** de dicho domicilio, que incluso ****les decía que lo dejaran salir, sin embargo, *** y el menor de iniciales A.C.L., le decían a la víctima que no iba salir, y el menor le dijo al occiso "no que muy perro de barrio, ya mamaste", posteriormente **** sujetó a ***** con una cadena, mientras que el menor de iniciales A.C.L golpeó a ***** con un martillo en la cabeza y le dio unos piquetes con un cuchillo, ocasionando que ******perdiera la vida. -Posteriormente cuando fue el hermano de ***** de nombre ****** a preguntar por él, en el domicilio antes citado, ****** y el menor negaron conocer del paradero de ***** y que no lo habían visto en todo el día. En ese orden, los datos de prueba que sustentan la imputación señalada consisten en lo siguiente: -Informe signado por los agentes de la Policía Municipal de Celaya, Guanajuato, de nombre ***********, se encontraban realizando un rondín de vigilancia, cuando una persona del sexo femenino no identificada realizó un reporte anónimo, haciéndole del conocimiento a los policías que tiene una vecina de nombre **** que habita en el número ******, quien vive en compañía de su pareja **** a quien le apodan *****, que minutos antes, cuando ella pasó por ese domicilio, escuchó que **** dijo "ya esconde a ese wey en otro lado", y **** le contestó "ya callate puta van a escuchar los vecinos". Acto seguido, los elementos se dirigen hacia ese domicilio, cuando en su exterior ven dos personas una del sexo femenino y otro masculino, quienes manifestaron "ya nos llevó la verga", e intentaron darse a la fuga, por lo que, los agentes logran capturarlos y someterlos. Posteriormente, el oficial de nombre ***** se dirige al domicilio marcado con el número ****, donde aprecia que la puerta estaba abierta, y la luz encendida, pudiéndose observar desde el exterior un bulto, que correspondía a una persona sin vida, llena de sangre, cubierta parcialmente con bolsas y con un polvo blanco al parecer cal. -Entrevista de*******, quien manifestó conocer a ******, desde aproximadamente tres meses, pues el habita en el número*****, refirió también que **** vive en compañía de una persona de nombre ******, y que el día dos de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las 10:00 am, escuchó ruidos y gritos, por lo que salió al exterior de su domicilio, de donde se puede apreciar la casa de **** por la cercanía que hay entre ambas viviendas, y escuchó la voz de una persona del sexo masculino que no conocía, quien dijo "ya estuvo cabrón dejame salir", a lo que escuchó que le contestaron "que no iba a salir, que ya había mamado, y que "de aquí que no ibas a salir". Que minutos después escucho gritos y golpes provenientes de la casa de *****. Asimismo, hizo del conocimiento que, durante ese día, se percató que llego otra persona, y escuchó que pregunto por el *****, a lo que *** salió de su domicilio y dijo que no lo habían visto. -Entrevista de *******, quien manifestó conoce a ****desde hace dos años, y que ese día acudió a su domicilio ubicado en ***** que no sabe el número, y cuando estaba por entrar a esa casa, vio la reja abierta, y cuando se iba a meter, a través de esa reja vio a ****, y que estaba ****, en compañía de *******, a quien conoce por que sabe que el último de los nombrados le vende droga a ****, que cuando estaba a punto de entrar vio que **** traía un cuchillo o navaja en sus manos y le decía al **** "no que muy perro de barrio culero", y "el**** le decía "ya estuvo dejame ir", y "el güero" le contestó que "no, que ya había mamado". Luego, escuchó que **** le decía "no que muy perro", a lo que "el güero" se da cuenta de la presencia de ***** y le dijo "que se fuera a la chingada", y fue cuando salió de ese lugar. -Oficio número 3090/2020, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios, quien remite diversas diligencias, dentro de las cuales se encuentra en diverso oficio SPHC181622/2020, consistente en un informe por el perito en criminalística, quien hizo constar que se constituyó en el domicilio mencionado donde habitaba ****, y que al momento de procesar ese lugar, lo describió como de una planta, que en la entrada hay una sala-comedor y un almacén, que en la área de la sala-comedor se observó un cadáver del sexo masculino y diversos patrones de manchas, localizando los siguientes indicios: 1. Una mancha de sangre en un muro azul. 2. Una bolsa de plástico color negro. 3. Un lazo blanco con azul ubicado en el suelo. 4. Rollo de plástico transparente para emplayado sobre una silla del comedor. 5. Un cuchillo de cocina cromado con mango de madera al cual se le observaban manchas rojas. 6. Un cadáver del sexo masculino, al cual se encontraba envuelto en plástico de color negro y transparente, así como con unas cobijas. 7. Martillo con mango metálico lleno de manchas rojas, ubicado en la habitación. -Informe FC2291/2020 suscrito por el médico legista quien determino que la causa de muerte de ******** fue a causa de un traumatismo craneoencefálico. -Entrevista de ******, quien refirió que el día dos de noviembre de dos mil veinte, estaba con su hermano *****, quien le manifestó que **** y **** le debían dinero de una droga que les vendió y que le habían dicho que no le iban pagar, además que lo amenazaron con desaparecerlo, que no estuviera chingando, a lo que le comentó que iba a ir a cobrarles. Por la tarde de ese día, salió a buscar a su hermano en el domicilio de *****, quien le comentó que no lo habían visto, que, al día siguiente, fue a reconocer el cuerpo de su hermano en el servicio médico forense. -Entrevista de ***** quien fue coincidente con lo declarado por ****, en relación a que fue reconocer el cadáver su hermano ***** al servicio médico forense. -Entrevista de ******, quien manifestó que conoce a **** y ****, que el día dos de noviembre, entre las siete y ocho de la noche, llegó al domicilio de los antes mencionados, y que se percató que estaba abierta la reja y puerta del inmueble, por lo que, observó que se encontraba un cuerpo todo ensangrentado, pensó que estaba muerto, por lo que les dijo a los habitantes de ese domicilio "no chinguen apoco está muerto", a lo que le dijeron "es un camarada, está dormido". No obstante, esa situación, la declarante insistió en cuestionarles respecto de esa persona, a lo que **** y **** le comentaron que se lo habían chingado en la mañana, que era el mentado ***** quien les estaba cobre y cobre, a quien golpearon y le dieron unos piquetes. En ese orden de ideas, se estima, acertó lo señalado por el juez, en el sentido de que los datos de prueba expuestos por la fiscalía, son útiles para establecer, hasta esta etapa del procedimiento penal, que se cometió el hecho que la ley señala como delito de desaparición cometida por particulares, según lo previsto en el artículo 34, en relación con la fracción I del artículo 32, ambos preceptos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y que ***** probablemente participó en su comisión. Lo anterior, pues la conducta atribuida a la imputada encuadra en el tipo penal antes referido, pues de los datos de prueba se desprende que la hoy quejosa ******, en compañía de otro sujeto privaron de la libertad a *******, con la finalidad de ocultar su cuerpo. Dicha afirmación, se corrobora con lo declarado por ****** y ****, quienes fueron coincidentes en afirmar que escucharon que ***** y su pareja de iniciales A.C.L., le dijeron a ******, que no iba a salir del domicilio ubicado en ****** que "ya había mamado". En ese tenor, esas entrevistas son aptas, hasta este momento, para establecer que la conducta desplegada por ****** fue de privar de la libertad a *****, pues al no dejarlo salir del multicitado domicilio, es evidente que se encontraba privado de su libertad, pues no podía libremente abandonar ese inmueble. Asimismo, los datos expuestos por la fiscalía permiten establecer que la finalidad de la privación de la libertad lo era, ocultar el cuerpo de ******. Ello, se corrobra con lo expuesto por la persona quien no se identificó y le dijo a los agentes aprehensores que sus vecinos tenían el cuerpo de una persona, y que ***** dijo "ya esconde a ese wey en otro lado". Además, se debe tomar en cuenta el informe ministerial respecto al lugar de los hechos donde se encontró un cadáver del sexo masculino, al cual se encontraba envuelto en plástico de color negro y transparente, así como con unas cobijas. Y, circunstancialmente lo declarado por *****, quien refirió que su hermano **** le comentó que **** y su pareja, le dijeron que no estuviera chingando con el pago de la deuda, que lo iban a desparecer, adema de que dicho ateste al acudir por la tarde del día del evento y preguntar por su hermano a la aquí imputada le comentó que no lo había visto. Por tanto, es evidente, que la finalidad de la privación de la libertad, y la posterior muerte de la víctima, era ocultar ese cuerpo, pues así lo expresó ******, quien dijo "ya esconde a ese wey en otro lado", tal como se asentó en el informe rendido por los policías aprehensores. Aunado a la forma en que se encontró el cadáver, es decir, estaba envuelto en cobijas y diversas bolsas de plástico, de ahí que, hasta este momento, está acreditado el hecho delictivo que nos ocupa y que probablemente la imputada participó en su comisión. De ahí que, es evidente que la resolución reclamada en esta vía constitucional, está debidamente fundada y motivada, y el análisis efectuado por el juez responsable respecto el tipo penal fue el correcto. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, en contra de la resolución reclamada. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a ******* en contra del auto de vinculación a proceso, precisado en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el último considerando.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que, para la celebración de la audiencia constitucional, se señalaron las trece horas con treinta y siete minutos del dos de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, no es posible su desahogo en dicha data, virtud que se empalma con otra audiencia de diverso asunto, razón por la que se regulariza tal situación; por tanto, se DIFIERE anticipadamente y se señalan las trece horas con treinta y siete minutos del once de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que, en auto de trece de mayo del año en curso, se tuvo a los licenciados ***, ***, ***, ***, y ***, por protestando y aceptando el cargo de asesores jurídicos de la quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En ese tenor, a efecto de que se impongan de los autos del juicio en que se actúa; se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las trece horas con treinta y siete minutos del dos de junio de dos mil veintiuno, para su celebración.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Ruben Velázquez Morales790/2022
- Ruben Villalobos Zúñiga135/2015
- Rubén Villalobos Zúñiga3/2009
- Rubén Villalobos Zúñiga859/2015
- Rubén Villanueva Almanza573/2022
- Ruben Zendejas Sánchez747/2021
- Rubiceli Ortiz Gómez302/2023
- Ruby Vargas Becerra637/2021
- Ruth Campos Tierrablanca726/2023
- Ruth Chavez Gaona252/2018
- Ruth Mendoza Gasca661/2021
- Ruth Mendoza Gasca666/2021