Ruth Robles Núñez

Expediente 444/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
444/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Ruth Robles Núñez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que firma la autoridad responsable juez Único Civil con sede en Moroleón, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del oficio propio 13303/2021, con el que fue notificado el proveído de veinticinco de noviembre pasado -que declaró ejecutoriado el fallo constitucional pronunciado en este asunto y ordenó su archivo-, y fueron devueltos a dicho órgano jurisdiccional tres legajos de copias certificadas de constancias procesales relativas al juicio mercantil **********, de su índice.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que firma la autoridad responsable juez Único Civil con sede en Moroleón, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del oficio propio 12405/2021, con el que fue notificado del fallo constitucional pronunciado en este asunto.

  3. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 444/2021-5; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato con sede en Celaya, turnado en la propia data a este juzgado federal, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se transcriben: "IV. Actos reclamados: --- La sentencia interlocutoria de 04 de junio de 2021 dictada al resolver el INCIDENTE SOBRE LIQUIDACIÓN DE CONVENIO dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número **** notificada el 8 de junio de 2021." "III. Autoridades responsables (sic): --- El Ciudadano titular del Juzgado Civil de partido de Moroleón, Guanajuato.". Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya; por acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno (fojas 25 a 27 vuelta), esta potestad federal admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada bajo el número 444/2021-5; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; reconoció el carácter de parte tercera interesada a *****; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Destaca que la parte tercera interesada quedó emplazada a este sumario -por conducto de la autoridad responsable-el doce de agosto de dos mil veintiuno (foja 25). De igual modo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede (fojas 106 a 108). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es así, pues se reclama un acto emitido por una autoridad judicial residente en Moroleón, Guanajuato, esto es, que reside dentro del ámbito territorial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado es: La resolución interlocutoria dictada el cuatro de junio dos mil veintiuno, en el juicio ejecutivo mercantil **** por la cual se declaró procedente el incidente de liquidación de convenio por las prestaciones ahí precisadas. El anterior acto le es reclamado a la autoridad responsable: Juez Único Civil de Partido en Moroleón, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El juez civil responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 37); en consecuencia, debe tenerse por cierto el acto impugnado, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con la documental que acompañó a su informe de ley la autoridad responsable, consistente en copias certificadas de constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil **** de su índice; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Por auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho se admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil **** del índice del Juzgado Único Civil de Partido en Moroleón, Guanajuato. Este controvertido fue instado por *****, por conducto de sus apoderados, en contra de ***** de quien se demandó el pago de un millón trescientos sesenta mil novecientos treinta y siete pesos 50/100 por concepto de saldo de capital vigente y vencido que adeuda la reo a la actora -suerte principal-; así como el pago de pesos por intereses ordinarios y moratorios, además del pago pesos por gastos y costas (fojas 128 a 132 y 216 217 vuelta, tomo de pruebas III). 2. En audiencia pública de derecho de once de julio de dos mil dieciocho, las partes en contienda -**** como demandada y la institución bancaria de referencia como actora-, ratificaron, ante presencia judicial, el convenio de reconocimiento de adeudo y obligaciones pago que celebraron con el fin de concluir el controvertido natural. Destaca que el monto del adeudo reconocido por la parte reo es, al día veinte de abril de dos mil dieciocho, la suma de un millón cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y un pesos 64/100. Cantidad integrada por los siguientes conceptos: un millón ciento seis mil seiscientos sesenta y nueve pesos 23/100, por concepto de capital vigente; y el resto por capital vencido, interés ordinario vencido, por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) de interés ordinario vencido, por concepto de interés ordinario vigente, y otras prestaciones. Mediante proveído de doce de julio de dos mil dieciocho el juez civil de la causa aprobó el referido convenio por lo cual lo elevó a categoría de cosa juzgada (fojas 242 a 260 tomo III cuaderno de pruebas). 3. Por auto de veinte de noviembre de dos mil veinte se admitió a trámite el incidente de liquidación de convenio instado por la parte actora ****** en contra de la reo **** (foja 142 y vuelta tomo II de pruebas). 4. Mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veinte se tuvo a ***** por contestado la vista relacionada con el incidente indicado en el punto que precede (fojas 167 a 168 vuelta tomo II de pruebas). 5. El cuatro de junio de dos mil veintiuno se dictó resolución interlocutoria en el incidente sobre liquidación de convenio, en la que se resolvió, en lo que ahora interesa: "(.) SEGUNDO. Conforme a los lineamientos descritos en el Considerando (sic) Cuarto y Quinto del presente fallo, resultó procedente el Incidente de Liquidación de Convenio promovido por ***** en contra de ********, de ahí que se le condene al pago de las siguientes prestaciones: --- 1. La cantidad de *******), por concepto de capital exigible. --- 2. La cantidad de ****, por concepto de intereses ordinarios adeudados. --- La cantidad de $*****, por concepto de Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses ordinarios adeudados. --- La cantidad de $****, por concepto de intereses moratorios. --- La cantidad de $*****, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los intereses moratorios (.)"; (fojas 42 a 56 tomo de pruebas I). Esta es la resolución reclamada en forma destacada en el presente asunto. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de derechos fundamentales, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, puesto que no se agotó el principio de definitividad en contra del acto reclamado. Con la finalidad de sustentar la anterior afirmación, es necesario destacar el contenido de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El principio de definitividad consiste en la obligación del quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el solicitante del amparo acudir a las instancias comunes que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de la unión. En tal contexto, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, se encuentra en posibilidad jurídica para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En la especie, se reitera, la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria dictada el cuatro de junio dos mil veintiuno, en el juicio ejecutivo mercantil ****por la cual se declaró procedente el incidente de liquidación de convenio, por las prestaciones ahí precisadas. De igual forma, de las constancias que derivan del juicio natural, se deprende que la suerte principal que se reclamó asciende a la cantidad de un millón trescientos sesenta mil novecientos treinta y siete pesos 50/100 -por concepto de saldo de capital vigente y vencido (fojas 128 a 132 y 216 217 vuelta, tomo de pruebas III). De igual forma destaca que el en convenio ejecutorio elevado a cosa juzgada, la parte reo reconoció el adeudo al día veinte de abril de dos mil dieciocho -y se obligó a pagarlo-, por la suma de un millón cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y un pesos 64/100. Cantidad integrada por los siguientes conceptos: un millón ciento seis mil seiscientos sesenta y nueve pesos 23/100, por concepto de capital vigente; y el resto por capital vencido, interés ordinario vencido, por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) de interés ordinario vencido, por concepto de interés ordinario vigente, y otras prestaciones. Se destaca lo anterior, porque de conformidad con el primer párrafo del artículo 1339 del Código de Comercio, las resoluciones que recaigan en los asuntos cuya suerte principal sea mayor a $633,075.88 por concepto de suerte principal son recurribles a través del recurso de apelación (como en el caso). Bajo este panorama, la peticionaria no está relevada de agotar los recursos ordinarios pertinentes. En esa tesitura, tenemos que los artículos 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357 y 1358 del Código de Comercio, establecen la forma y términos en que se tramitarán los incidentes que guarden relación con el juicio principal. Es importante destacar que el numeral 1356 de la citada ley establece: "Artículo 1356.- Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo". Del anterior precepto legal, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un medio ordinario de defensa con el que se pueden confirmar, revocar o modificar las determinaciones incidentales que el juez del conocimiento primario, haya emitido. De ahí que, en contra de la resolución que se dicte en el incidente de liquidación de convenio ejecutorio elevado a cosa juzgada procede el recurso de apelación. En ese sentido, si la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de la resolución interlocutoria aludida, y el referido numeral 1356 del Código de Comercio, prevé un medio de defensa que tiene por objeto revocar la resolución reclamada; es incuestionable que si la parte quejosa no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación de mérito, previo acudir al juicio de amparo, este resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Aunado a que no se actualiza alguna de las excepciones que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento o alguno prohibido por el artículo 22 constitucional, tampoco se trata de un acto que restrinja la libertad en el procedimiento penal ni el amparo es pedido por un tercero extraño a juicio. Consecuentemente, al ser parte en la contienda de origen -incorporada tanto al juicio principal como al incidente de donde deriva la resolución reclamada-, se reitera, la quejosa no tiene impedimento para hacer valer los recursos ordinarios de defensa previstos en la ley de la materia, esto es, en el artículo 1356 del Código de Comercio. Finalmente, se estima que la procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues se observa que el texto legal que prevé el recurso de apelación no es confuso y tampoco permite razonablemente distintas interpretaciones, ni utiliza términos ambiguos o que exista alguna laguna legal que deba ser integrada. De ahí que al no operar las excepciones de la ley, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación en los términos indicados, pues a través de ese medio de defensa, pudo obtener la modificación o insubsistencia del acto reclamado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no interponer los procedentes, contra las resoluciones dictadas en un juicio, hace improcedente el amparo contra las mismas." En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Es importante señalar que al haberse actualizado en forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio, por cuestión de técnica jurídica se genera un impedimento legal para entrar al análisis del fondo de la cuestión planteada; asimismo, deviene innecesario el tratamiento sobre diversos motivos de improcedencia, porque el que operen o no, no cambiaría el sentido de esta resolución. Es de citarse en respaldo, por su contenido, la tesis visible en la página 1264, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por algunas de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Asimismo, la jurisprudencia 2ª/J.54/98, consultable en la página 414, del tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***** respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, precisados en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con lo expuesto en el último punto considerativo de esta sentencia.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que suscribe el juez Único Civil de Partido en Moroleón, Guanajuato, al que adjunta las constancias de emplazamiento a este sumario, practicado a la parte tercera interesada *****************, *****************, parte actora en el procedimiento mercantil de origen. Por tanto, se tiene por debidamente emplazada al presente asunto a la parte tercera interesada de referencia; por lo que se deja insubsistente el apercibimiento legal decretado, al juez oficiante, en el auto admisorio de este expediente.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano