Ruth Julieta López Cortes

Expediente 739/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
739/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Ruth Julieta López Cortes
  • RUTH JULIETA LÓPEZ CORTES y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como en el proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción IV, del propio acuerdo general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y el anexo señalados en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 739/2023. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que la inconforme adolescente menor de edad identificada con las iniciales ******************** reclama los actos siguientes: De la Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, combate: El acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar ********************, en el segmento en el que ordenó canalizarla al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado para que inicie un proceso psicológico breve con la finalidad de entablar una mejor relación de convivencia con su progenitor no custodio para que este último no le genere algún desequilibrio emocional, sino que al convivir se sienta querida, respetada y protegida en aras de prevenir un posible daño psicológico, incluso corregirlo, si es que existiera. Del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Oaxaca impugna: La ejecución de esa determinación materializada en la designación de un psicólogo para que le brinde terapia psicológica, en el otorgamiento de esa terapia, en el señalamiento de horas y fechas para que comparezca a esa terapia y en el informe final que deberá remitir al órgano jurisdiccional señalado. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial se dicta la determinación siguiente: Desechamiento. Con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la adolescente inconforme menor de edad identificada con las iniciales ********************, por conducto de quien se ostenta como su representante legal ********************, porque en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables precisados anteriormente se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que la inconforme no observó el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el recurso de revocación previsto por los ordinales 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Para evidenciar dicho aserto es necesario tener presente el contenido del precepto 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Del tramo normativo inserto se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales. El aludido principio que rige al juicio constitucional implica que previo a la presentación de la demanda de amparo el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o los medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. Debe destacarse que la razón por la que el legislador restringió el acceso al juicio de protección de los derechos fundamentales mediante la causal de improcedencia en estudio atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo como instrumento protector del orden constitucional, el cual impide ejercerlo contra cualquier acto de autoridad que aun cuando surja de un procedimiento pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevén por la ley común, por medio de los cuales la jurisdicción ordinaria podría revocarlo, anularlo o modificarlo, ya que de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección, lo que de suyo resulta inadmisible. El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente. Cabe señalar que el supuesto de inejercitabilidad invocado obliga a acatar el citado principio sin distinguir la naturaleza de la autoridad responsable de quien se reclama el acto, por lo que su observancia opera tratándose de Tribunales judiciales (del Poder Judicial de la Federación cuando actúan como autoridad de instancia con jurisdicción ordinaria y los del fuero local, ya sean civiles o familiares), administrativos (Tribunales federales y locales de justicia administrativa, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales, locales o burocráticos). En ese contexto, el quejoso previo a acudir a la Justicia Federal para someter a escrutinio constitucional un acto proveniente de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no se haya revertido los efectos del origen de la inconformidad procederá el ejercicio de la acción de amparo. Para los efectos del aludido principio rector se entiende que un recurso -horizontal o vertical- o medio ordinario de defensa debe agotarse únicamente cuando a través de ese mecanismo de impugnación el acto de autoridad pueda ser revocado -cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida-, modificado -hacer un cambio parcial de la resolución- o anulado -dejar insubsistente el acto de autoridad-; asimismo, debe precisarse que sólo se entenderá colmado este requisito de procedencia cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos hasta su resolución que lo dé por terminado. En esa línea, para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial previamente deben agotarse los medios ordinarios de defensa que la ley prevea contra los actos acaecidos dentro del procedimiento, ya que de no hacerlo se actualizaría la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional a que se refiere el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Enseguida debe destacarse que la aludida causal de improcedencia establece cuatro supuestos de excepción al principio de definitividad. La primera atañe a los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie no se actualizan esas hipótesis, dado que los actos reclamados tienen una naturaleza jurídica distinta a las actuaciones descritas, ya que se tratan de un proveído que la Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dictó en el juicio familiar ********************, en la porción en la que ordenó canalizar a la infante quejosa al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado para que inicie un proceso psicológico breve con la finalidad de entablar una mejor relación de convivencia con su progenitor no custodio para que este último no le genere algún desequilibrio emocional, sino que al convivir se sienta querida, respetada y protegida en aras de prevenir un posible daño psicológico, incluso corregirlo, si es que existiera y la ejecución de esa determinación que la última autoridad señalada materializara en la designación de un psicólogo para que le brinde terapia psicológica, en el otorgamiento de esa terapia, en el señalamiento de horas y fechas para que comparezca a esa terapia y en el informe final que deberá remitir al órgano jurisdiccional señalado. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o de reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en el proceso penal, mientras que la cuarta excepción se dirige al auto de vinculación a proceso, supuestos en los que tampoco se ubican los actos reclamados en tanto que éstos no tienen como finalidad causar una afectación a la libertad personal de la adolescente justiciable. La tercera que consiste en la posibilidad de que las personas extrañas al juicio de donde deriva el acto reclamado puedan solicitar la protección constitucional sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, la cual sólo opera cuando al quejoso le revista el carácter de persona extraña al juicio de origen -es decir, que es ajeno a la relación jurídica procesal porque no es parte, pero sufre una afectación en su universo jurídico-, o bien, que se ostente como tercero extraño por equiparación -esto es, que aun cuando es parte en sentido formal no fue emplazado legalmente-, por lo que no sería factible obligarlo a interponer los medios ordinarios de defensa en un procedimiento del que no tiene conocimiento, lo que tampoco sucede en la especie en razón de que la solicitante del amparo no se ubica en esos supuestos, dado que en el juicio familiar ******************** de donde deriva la resolución judicial impugnada la adolescente inconforme figura como parte en sentido material, ya que tiene la calidad de actora conforme a los antecedentes de esa actuación que relató bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, por lo que esa situación implica que no es una persona extraña a dicho juicio familiar; por tanto, es claro que al tener conocimiento la justiciable de ese expediente como accionante en ese contradictorio revela que no se está ante una persona extraña al procedimiento de origen, puesto que tiene conocimiento de las actuaciones que integran dicho asunto y está en aptitud de acceder a su contenido sin dificultad alguna. En ese sentido, es necesario destacar que los actos que reclama la parte quejosa no se encuentran dentro de los casos de excepción descritos por la norma jurídica examinada que la faculten para promover en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos o los medios ordinarios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece. Ahora, la solicitante del amparo reclama de la Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, el acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar ********************, en el segmento en el que ordenó canalizarla al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado para que inicie un proceso psicológico breve con la finalidad de entablar una mejor relación de convivencia con su progenitor no custodio para que este último no le genere algún desequilibrio emocional, sino que al convivir se sienta querida, respetada y protegida en aras de prevenir un posible daño psicológico, incluso corregirlo, si es que existiera y del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Oaxaca la ejecución de esa determinación materializada en la designación de un psicólogo para que le brinde terapia psicológica, en el otorgamiento de esa terapia, en el señalamiento de horas y fechas para que comparezca a esa terapia y en el informe final que deberá remitir al órgano jurisdiccional señalado, respectivamente, actuaciones en contra de las cuales procedía el recurso de revocación previsto por los ordinales 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Para evidenciar tal aserto primeramente es necesario indicar que el proveído combatido fue dictado por la autoridad judicial responsable en el juicio familiar ********************, en donde ordenó canalizar a la adolescente agraviada al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado para que inicie un proceso psicológico breve con la finalidad de entablar una mejor relación de convivencia con su progenitor no custodio para que este último no le genere algún desequilibrio emocional, sino que al convivir se sienta querida, respetada y protegida en aras de prevenir un posible daño psicológico, incluso corregirlo, si es que existiera, por lo que esa resolución judicial constituye un decreto, dado que implica una determinación de mero trámite en ese contradictorio para tener elementos que le permitan resolver sobre la convivencia entre la agraviada y su padre y la adjetivación de esa determinación se realiza conforme a lo prescrito por el arábigo 80, fracción I, del propio código adjetivo civil local; luego, el acuerdo indicado puede atacarse a través de los mecanismos ordinarios de defensa previstos por esa legislación y su substanciación debe sujetarse a las reglas que en esta última se establecen, porque así lo dispone expresamente su artículo 974. Enseguida, es necesario traer a contexto el contenido de los preceptos 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano." De los segmentos normativos transcritos se obtienen, en lo que interesa, las premisas siguientes: 1. El recurso de revocación es un medio de impugnación horizontal, porque la resolución correspondiente la dicta el propio órgano jurisdiccional que pronuncia la determinación recurrida. 2. A través de ese medio de impugnación puede obtenerse la modificación o la revocación de los autos y de los decretos que se dicten en los juicios del orden familiar que causen algún agravio a las partes. 3. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. 4. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a esa comunicación procesal. 5. El recurso de revocación se substanciará con una audiencia en la que las partes alegarán y la resolución la pronunciará el Juez dentro de tercero día, concurran o no los contendientes a esa diligencia. 6. La resolución que se dicte en el recurso de revocación no admite otro medio ordinario de defensa, sino el de responsabilidad. 7. En los juicios sumarios la revocación se decidirá de plano. Con base en lo anterior, es factible sostener que los actos reclamados a los entes responsables acorde con lo dispuesto por los numerales 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca pueden ser modificados o revocados por la autoridad judicial mediante la interposición del recurso de revocación. Se sostiene lo anterior, porque el proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés, que la Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dictó en el juicio familiar ********************, en el segmento en el que ordenó canalizar a la adolescente quejosa al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado para que inicie un proceso psicológico breve con la finalidad de entablar una mejor relación de convivencia con su progenitor no custodio para que este último no le genere algún desequilibrio emocional, sino que al convivir se sienta querida, respetada y protegida en aras de prevenir un posible daño psicológico, incluso corregirlo, si es que existiera para estar en aptitud de resolver sobre la convivencia entre la justiciable y su padre se trata de un decreto, porque implica una determinación de mero trámite en ese contradictorio y la adjetivación de esa resolución judicial se realiza conforme a lo prescrito por el normativo 80, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca; por tanto, esa resolución judicial y su ejecución reprochada al referido Centro de Justicia Alternativa pueden atacarse a través de los mecanismos ordinarios de defensa previstos por dicho ordenamiento y su substanciación debe sujetarse a las reglas que en este último se indican, porque así lo dispone expresamente su artículo 974; en el caso, ese medio de impugnación es el recurso de revocación previsto por los preceptos 666 y 667 del código adjetivo civil local. En esa línea, se advierte que en contra de los actos reclamados procedía el recurso de revocación previsto por los arábigos 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, dado que a través de ese mecanismo de impugnación podían ser modificados o revocados. En efecto, la justiciable podía combatir mediante el citado mecanismo de impugnación los actos que ataca en este juicio constitucional, sin que la disidente haya agotado previo al ejercicio de la acción de amparo dicho medio ordinario de defensa, lo que evidencia que no observó el principio de definitividad rector en el juicio de amparo. De manera que al existir el recurso de revocación como un medio ordinario de defensa que la propia autoridad judicial responsable de origen debe conocer para resarcir las irregularidades que el justiciable señala que se cometieron en su contra debió interponer ese mecanismo de impugnación antes de ejercer la acción constitucional, a fin de cumplir con el principio de definitividad rector en el juicio de protección de los derechos fundamentales, por lo que al no agotarse previamente ese medio de defensa legal se patentiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es así, porque si el principio de definitividad exige el agotamiento previo del recurso o el medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad esa situación se traduce en la obligación de la parte quejosa de agotar los mecanismos de impugnación antes de promover el juicio constitucional, sin que se advierta que haya observado el referido principio rector; por tanto, en la especie el juicio de protección de los derechos fundamentales es notoriamente improcedente. No escapa que el acuerdo reclamado de veinte de junio de dos mil veintitrés, que la Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dictó en el juicio familiar ********************, en el segmento en el que ordenó canalizar a la disidente al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado para que inicie un proceso psicológico breve con la finalidad de entablar una mejor relación de convivencia con su progenitor no custodio para que este último no le genere algún desequilibrio emocional, sino que al convivir se sienta querida, respetada y protegida en aras de prevenir un posible daño psicológico, incluso corregirlo, si es que existiera y su ejecución atribuida al último ente público pudieran constituir actos de imposible reparación en la esfera jurídica de la disidente, porque eventualmente podría ocasionársele una afectación a su salud mental con la materialización de esa determinación. Sin embargo, es necesario destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar la contradicción de tesis 265/2013 sostuvo que la irreparabilidad del acto no es por sí una causa que justifique el no agotamiento del recurso ordinario previsto por la ley, a pesar de que los derechos de una persona menor se encuentren involucrados en un litigio, porque la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad son dos presupuestos distintos y autónomos que deben ser observados para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que una persona menor de edad se encuentre involucrada. En ese sentido, sostuvo que en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera per se una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio constitucional; de ahí que aun cuando los actos reclamados pudieran ser de imposible reparación tal situación no exoneraba a la disidente de observar el principio de definitiva previo al ejercicio de la acción constitucional. En respaldo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Por las consideraciones expuestas se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, dado que la disidente no observó el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, al no haber agotado de manera previa a la promoción del presente asunto el recurso de revocación previsto por los ordinales 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca en contra de las actuaciones reclamadas. En consecuencia, al patentizarse ese supuesto de improcedencia en los términos apuntados conforme a lo prescrito por el ordinal 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la adolescente inconforme menor de edad identificada con las iniciales ********************, por conducto de quien se ostenta como su representante legal ********************, en contra de los actos reclamados a los entes responsables señalados. Domicilio y autorizado de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la inconforme para recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial y como sus autorizados en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a ********************y a********************, con cédulas profesionales ********************y********************registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, respectivamente. Por otro lado, téngase como autorizado de la justiciable en términos restringidos del citado precepto y del diverso 24 de la ley de la materia a la diversa persona que señala, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque su cédula profesional no aparece registrada en el aludido sistema ni acreditó que ejerza la profesión de licenciado en derecho. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase a la inconforme por señalados el correo electrónico y el número de teléfono que proporciona, únicamente como medios de contacto entre ese sujeto procesal y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por el ordinal 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa"

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