Rusbel Ruiz Juan

Expediente 242/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 31 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
242/2023
Año
2023
Actuaciones
31
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Rusbel Ruiz Juan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado que guardan los autos se advierte lo siguiente: a) hoy se dictó un acuerdo en el juicio de amparo de donde deriva este incidente de suspensión, en el que se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en ese medio extraordinario de defensa y se ordenó su archivo como asunto concluido; b) en el auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, se concedió la medida cautelar provisional respecto de los actos reclamados y en la interlocutoria pronunciada el veintiocho de marzo posterior, se concedió la medida cautelar definitiva respecto de las actuaciones impugnadas; y, c) en este cuaderno incidental no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación; en razón de lo anterior, se provee lo siguiente: En cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Por otro lado, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del año en curso y que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, por lo que acorde con los criterios de valoración a que aluden los numerales 3, fracciones IX, XIV, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 17, fracción III, inciso b), del propio acuerdo general; en consecuencia, se estima que este incidente de suspensión es conservable. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que el presente incidente de suspensión se resguardará íntegramente en este órgano jurisdiccional durante el plazo de tres años previsto por el ordinal 17, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la notificación de este auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese lapso de conservación en términos de lo señalado por el diverso 26 del Acuerdo General indicado se solicitará la transferencia de este expediente al Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el inconforme haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los arábigos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como se sobreseyó en este juicio de amparo respecto de todos los actos reclamados acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción I, del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 242/2023 promovido por********************en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES De los hechos que el titular de la acción de amparo manifestó en el escrito inicial bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos reclamados se advierte que expuso que es un trabajador de la educación en activo y es un derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; además, apuntó que padece de ******************** y que en su consideración necesita la atención médica especializada en psiquiatría; por otro lado, indicó que las autoridades responsables del citado organismo público descentralizado han sido omisas en otorgarle la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ********************, así como de dar la orden para que sea canalizado en un hospital de ese organismo ubicado en la capital de esta entidad federativa a fin de que se le otorgue esa atención médica, o bien, de canalizarlo con un especialista en la materia señalada en algún nosocomio de ese Instituto que tenga su sede más cercana a la población de ********************, ********************, Oaxaca, en donde labora, por lo que asevera que esas situaciones impiden que reciba la atención médica especializada que requiere y afectan su salud. El justiciable aduce que los actos reclamados vulneran en su perjuicio sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución General de la República. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca,********************promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que posteriormente se precisarán. Mediante el acuerdo de trece de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda de amparo, la cual registró bajo el expediente 242/2023; solicitó a los entes responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, este Tribunal de amparo dejó de tener como responsable a la autoridad que el disidente señaló como Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, dada su inexistencia, por lo que se ordenó suspender toda comunicación con esa entidad pública. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos atribuidos a diversas autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama los actos siguientes: Del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca combate: La omisión de dar la orden para que sea canalizado en un hospital de ese organismo público descentralizado ubicado en la capital de esta entidad federativa a fin de que se le otorgue la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ********************. Del encargado de la Unidad de Medicina Familiar de ********************, ********************, Oaxaca, y del encargado de la Clínica del Hospital B de Tehuantepec, Oaxaca, ambas entidades públicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, impugna: La omisión de otorgarle la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ********************, o bien, de canalizarlo con un especialista en esa rama de la medicina en algún nosocomio de ese organismo público descentralizado que tenga su sede más cercana a la población de ********************, ********************, Oaxaca, en donde labora. V. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO Son ciertos los actos reprochados al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y a los encargados de la Unidad de Medicina Familiar de ********************, ********************, Oaxaca, y de la Clínica del Hospital B de Tehuantepec, Oaxaca, las dos últimas autoridades del citado organismo público descentralizado, respectivamente, aun cuando en el informe justificado que rindieron de manera conjunta negaron la existencia de esas actuaciones; empero, esa negativa se desvirtúa con las manifestaciones que con posterioridad realizaron, porque expresamente reconocieron que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo al justiciable no se le había otorgado la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ********************; de ahí que se tenga por demostrada la certeza de las actuaciones combatidas. Además, esa certeza se patentiza con los documentos que las responsables exhibieron en atención a los diversos requerimientos formulados en este juicio constitucional, a los que se otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto por los normativos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que de esas actuaciones se desprende que a la fecha de la presentación del escrito inicial al inconforme no se le había otorgado la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ******************** y tampoco estaba canalizado con un especialista en esa rama de la medicina en algún nosocomio de ese organismo público descentralizado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con los actos impugnados al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y a los encargados de la Unidad de Medicina Familiar de ********************, ********************, Oaxaca, y de la Clínica del Hospital B de Tehuantepec, Oaxaca, las dos últimas autoridades del citado organismo público descentralizado, respectivamente, consistentes en las omisiones de dar la orden para que el disidente sea canalizado en un hospital de ese organismo público descentralizado ubicado en la capital de esta entidad federativa a fin de que se le otorgue la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ******************** y de otorgarle la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ********************, o bien, de canalizarlo con un especialista en esa rama de la medicina en algún nosocomio de ese organismo público descentralizado que tenga su sede más cercana a la población de ********************, ********************, Oaxaca, en donde labora se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de esas actuaciones, porque desde el doce de mayo del año en curso, se ha otorgado al justiciable la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ********************; también, le fue prescrito un tratamiento y se le han suministrado los medicamentos que requiere como paliativos de su padecimiento. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio. Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que el quejoso reclama del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y de los encargados de la Unidad de Medicina Familiar de ********************, ********************, Oaxaca, y de la Clínica del Hospital B de Tehuantepec, Oaxaca, las dos últimas autoridades del citado organismo público descentralizado, respectivamente, las omisiones de dar la orden para que el disidente sea canalizado en un hospital de ese organismo público descentralizado ubicado en la capital de esta entidad federativa a fin de que se le otorgue la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ******************** y de otorgarle la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ********************, o bien, de canalizarlo con un especialista en esa rama de la medicina en algún nosocomio de ese organismo público descentralizado que tenga su sede más cercana a la población de ********************, ********************, Oaxaca, en donde labora, por lo que su pretensión de fondo en este juicio constitucional es que se le dé la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ********************, o bien, que se le canalice con un especialista en esa rama de la medicina en algún hospital de esa institución de seguridad social. Ahora, de las constancias que obran en este sumario, en particular de las documentales que las responsables aportaron en atención a diversos requerimientos formulados se advierten los aspectos siguientes: Mediante el comunicado ******************** de once de julio de dos mil veintitrés, que el encargado de la Dirección de la Clínica Hospital B Tehuantepec, con sede en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, dirigió a este órgano jurisdiccional, informó que el doce de mayo de la presente anualidad, se le otorgó al justiciable la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ********************, en la modalidad de telemedicina desde las instalaciones de ese nosocomio, lo cual se corrobora con la única foja del expediente clínico del quejoso********************que fue exhibida y de la armonía de la información que aparece en tales documentos se detecta que dicha atención médica se dio desde el Hospital Regional Benito Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De los instrumentos descritos destaca que el tratamiento médico prescrito por el psiquiatra de esa institución de salud comprende diversos fármacos como risperidona, sertralina y clonacepam y se indicó al justiciable que debía acudir a diversas unidades médicas para el abastecimiento de esos medicamentos. En autos también obran las diversas comunicaciones ******************** y ********************, ambas de quince de agosto del año en curso, en las que el Director de la Clínica de Medicina Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, estableció que al disidente se le han suministrado los medicamentos que requiere como paliativos para atender su padecimiento. Además, se detecta que el inconforme ha acudido el doce y el veintiséis, ambas fechas de junio, así como el veintiséis de julio, todas esas datas de la presente anualidad, a la Unidad de Medicina Familiar de ********************, ********************, Oaxaca, para recibir atención médica sobre sus padecimientos de ******************** y de ********************, en las que se le han prescrito diversos tratamientos, lo cual se corrobora con las seis recetas médicas exhibidas y en las que el justiciable calzó su firma para constancia. Precisa señalar que respecto de las documentales descritas se dio vista al disidente, por lo que este último tuvo conocimiento de esos instrumentos. En ese contexto, se evidencia que desde el doce de mayo de dos mil veintitrés, se ha otorgado al inconforme la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ********************; que esa atención médica ha sido continúa, en las que se le han prescrito diversos tratamientos y se le han suministrado los medicamentos que requiere como paliativos de sus padecimientos, por lo que ante esa situación es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con las actuaciones que las responsables realizaron se demuestra que los efectos y las consecuencias de los actos omisivos atacados han cesado, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación a su derecho fundamental a la salud reconocido por el numeral 4 de la Constitución General de la República. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto de los actos impugnados al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y a los encargados de la Unidad de Medicina Familiar de ********************, ********************, Oaxaca, y de la Clínica del Hospital B de Tehuantepec, Oaxaca, las dos últimas autoridades del citado organismo público descentralizado, respectivamente, consistentes en las omisiones de dar la orden para que el disidente sea canalizado en un hospital de ese organismo público descentralizado ubicado en la capital de esta entidad federativa a fin de que se le otorgue la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ******************** y de otorgarle la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ********************, o bien, de canalizarlo con un especialista en esa rama de la medicina en algún nosocomio de ese organismo público descentralizado que tenga su sede más cercana a la población de ********************, ********************, Oaxaca, en donde labora; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto de los actos que el justiciable reclamó al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y a los encargados de la Unidad de Medicina Familiar de ********************, ********************, Oaxaca, y de la Clínica del Hospital B de Tehuantepec, Oaxaca, las dos últimas autoridades del citado organismo público descentralizado, respectivamente, consistentes en las omisiones de dar la orden para que el disidente sea canalizado en un hospital de ese organismo público descentralizado ubicado en la capital de esta entidad federativa a fin de que se le otorgue la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ******************** y de otorgarle la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ********************, o bien, de canalizarlo con un especialista en esa rama de la medicina en algún nosocomio de ese organismo público descentralizado que tenga su sede más cercana a la población de ********************, ********************, Oaxaca, en donde labora. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEBIDO A QUE NO ACUDIO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, NO OBSTANTE, EL AVISO QUE SE LE DEJÓ PARA TAL EFECTO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en el proveído de veintitrés de marzo del año en curso, se reservó proveer sobre la ampliación del escrito inicial que el justiciable ******************** formuló en la que señaló como nuevo ente responsable al Titular de la Unidad Jurídica de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca hasta en tanto las autoridades designadas como responsables rindieran sus informes justificados y remitieran las constancias relacionadas con los actos reclamados para advertir si la nueva entidad pública que el disidente señaló como responsable tenía participación o no en esas actuaciones, lo cual ya acaeció; por tanto, se dicta la determinación siguiente: En principio, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores, la información que se desprende de la ampliación del ocurso inicial y las actuaciones que integran este juicio constitucional se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la ampliación del escrito inicial. Con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la ampliación de la demanda de amparo presentada por ********************, porque en relación con los actos reclamados consistentes en las omisiones de dar la orden para que sea canalizado en un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ubicado en la capital de esta entidad federativa a fin de que se le otorgue la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ********************y de otorgarle esa atención médica, o bien, de canalizarlo con un especialista en esa materia en algún nosocomio de ese organismo que tenga su sede más cercana a la población de ********************, ********************, Oaxaca, en donde labora se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción II, y 111, fracción II, de la propia legislación, dado que el Titular de la Unidad Jurídica de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca no tiene alguna intervención en las actuaciones impugnadas, pues no existen elementos objetivo que permitan constatar tal situación. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: [.] II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." El precepto transcrito en segundo orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. Por otro lado, el normativo 5, fracción II, de la ley de la materia dispone que la autoridad responsable es parte procesal en el juicio de amparo y que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A su vez, el ordinal 111, fracción II, de la citada legislación señala que la demanda de amparo indirecto puede ampliarse cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en el escrito inicial; en este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos por el normativo 17 de ese ordenamiento, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional, o bien, presentar una nueva demanda. En el caso, el disidente atribuye al Titular de la Unidad Jurídica de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca las omisiones de dar la orden para que sea canalizado en un hospital de ese Instituto ubicado en la capital de esta entidad federativa a fin de que se le otorgue la atención médica especializada en psiquiatría respecto de su padecimiento de ********************y de otorgarle esa atención médica, o bien, de canalizarlo con un especialista en esa materia en algún nosocomio de ese organismo que tenga su sede más cercana a la población de ********************, ********************, Oaxaca, en donde labora; empero, del contenido del informe justificado que los entes responsables rindieron de manera conjunta y de las constancias relacionadas con los actos reclamados que aportaron no se advierte que al nuevo ente público que se señala como responsable se le haya encomendado alguna función asociada con tales actos ni fue vinculado para que otorgara la atención médica indicada o que realizara la canalización referida, porque no se detecta que la función jurídica que ejerce tenga relación alguna con la atención médica que corresponde a otras áreas del referido organismo público. En ese sentido, si el Titular de la Unidad Jurídica de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca no puede tener participación o intervención alguna en las omisiones reclamadas, porque su función no se relaciona con la atención médica especializada que el disidente requiere, entonces es inconcuso que no puede tener el carácter de autoridad responsable en este asunto, porque en modo alguno puede tener intervención alguna en los actos reclamados en alguna de las formas que el legislador federal precisó en la fracción II del dispositivo 5 de la Ley de Amparo. En ese contexto, dado que ese ente público no se ubica en las hipótesis previstas por el referido normativo para que se le pueda reconocer la calidad de responsable al no existir elementos objetivos para arribar a esa conclusión, entonces es factible sostener que tampoco se actualiza el supuesto normativo regulado por el arábigo 111, fracción II, de la ley de la materia para que el justiciable pueda ampliar la demanda de amparo indirecto en contra de esa autoridad. Las consideraciones expuestas evidencian que en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción II, y 111, fracción II, de la propia legislación respecto de las omisiones combatidas atribuidas al Titular de la Unidad Jurídica de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca; por tanto, este órgano jurisdiccional desecha de plano la ampliación de la demanda de amparo presentada por ******************** en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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