Ruth Julieta López Cortes

Expediente 804/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
804/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Ruth Julieta López Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que se haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A: Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 804/2022, promovido por ***, en contra del acto y autoridad que más adelante se precisará. A N T E C E D E N T E S: En su demanda de amparo, refiere la quejosa bajo formal protesta de decir verdad, que el titular del Juzgado Quinto Familiar del distrito judicial del centro, hizo efectiva en su contra una multa por la cantidad equivalente a quince unidades de medida y actualización, dentro del juicio familiar 404/2014. Que la misma fue pagada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, y el nueve de abril siguiente, la aludida autoridad judicial, tuvo por pagada la multa impuesta, lo que hizo saber a la autoridad exactora. Pese a ello, el dieciséis de junio de dos mil veintidós, recibió un aviso previo embargo por parte de la citada autoridad exactora, exigiéndole el pago del crédito fiscal ya liquidado; por ello, decidió acudir a esta instancia constitucional. R E S U L T A N D O: La demanda se presentó el cuatro de julio de dos mil veintidós ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito con sede en esta población y se turnó en la misma data a este juzgado, donde quedó registrada con el número 804/2022 y fue admitida el cinco de julio de dos mil veintidós; en ese propio auto, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; además, se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos los trámites del juicio, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA: Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama el cobro de un crédito fiscal, dentro de la demarcación territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO: El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que de lo que realmente se duele la quejosa es del cobro del crédito fiscal 48204. Acto que atribuye al juez Quinto Familiar del distrito judicial del centro como autoridad ordenadora, al titular de la dirección de ingresos y recaudación, así como titular de cobro coactivo de esa dependencia, todas con sede en la ciudad de Oaxaca. Tal precisión se realiza acorde a lo establecido en la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado en representación de la Coordinadora Técnica de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, aceptó el acto reclamado. Por su parte, las autoridades responsables titular de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, y el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro Oaxaca, no rindieron su informe justificado, a pesar de haber quedado debidamente notificadas (fojas 15 y 16). En ese sentido, se presume cierto el acto que se les atribuye; sobre todo que su existencia se corrobora con las copias remitidas por el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado en representación de la Coordinadora Técnica de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de su encargo. CUARTO. Estudio de una causal de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto planteado, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público, que debe examinarse de oficio, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie sobreviene la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la citada Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de derechos fundamentales, cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Dicha causal de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye la inacción reclamada, de forma total e incondicional; de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que, la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ha dejado de existir por la acción de la autoridad, pues, el efecto del amparo tratándose de este tipo de actos omisivos, será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Como se precisó, Ruth Julieta López Cortes, reclama a las autoridades responsables el cobro del crédito fiscal 48204, derivado de un adeudo impuesto en el juicio familiar 404/2014, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Ahora bien, el siete de julio del año en curso (posteriormente a la presentación de la demanda de amparo), el Coordinador de Cobro Coactivo de la Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca, informó al Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado en representación de la Coordinadora Técnica de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que el crédito fiscal 48204, derivado de un adeudo impuesto en el juicio familiar 404/2014, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ya se había dado de baja con el estatus de asunto terminado por orden de la autoridad impositora. Por ende, se concluye que en la especie cesaron total e incondicionalmente los efectos del acto combatido, ya que lo pretendido en esencia por la agraviada al promover el juicio de amparo, era que la responsable cancelara el crédito fiscal de que se habla, lo que aconteció durante el trámite de este juicio; luego, es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De modo que, al sobrevenir la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Cabe destacar que el sobreseimiento del asunto, impide el estudio de los conceptos de violación, conforme a lo dispuesto en las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por ***, contra el acto reclamado a la Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y otras autoridades. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta, por medio del cual el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado en representación de la Coordinadora Técnica de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, rinde su informe justificado y con su contenido se instruye dar vista a las partes. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la documental pública que exhibe la autoridad de mérito, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva, en términos del numeral 124 del ordenamiento legal invocado. Por otra parte, en términos del artículo 9 de la ley de la materia téngasele designando con delegados a las personas que menciona; asimismo, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Finalmente, se toma nota de los correos electrónicos que proporciona. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, que remite el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado mediante el que pretende rendir el informe justificado en representación de la autoridad señalada como responsable Coordinadora Técnica de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, toda vez que, las constancias que adjunto al oficio con el que pretender rendir su informe justificado no son legibles; por tanto, se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de supletoriedad a la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Coordinadora Técnica de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita nuevamente su informe justificado, así como las constancias con las que acredite el acto reclamado de la parte quejosa, las cuales deberán ser legibles y completas. NOTIFÍQUESE.

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