Ruperto Ponce Cabañas
Expediente 262/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 262/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ruperto Ponce Cabañas
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 262/2021 promovido por **, en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisará. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de Ruperto Ponce Cabañas, vulneró sus derechos fundamentales previstos en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO **, promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito recibido en este juzgado el dieciocho de marzo del año en curso, en contra del acto y la autoridad que más adelante se precisarán. Por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, la cual registró con el progresivo 262/2021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que la quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, en el caso concreto el impetrante del amparo acudió a esta instancia constitucional para reclamar la falta de contestación a su escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, ante la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca. V. INEXISTENCIA DEL ACTO. La autoridad responsable Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad del estado de Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa. A efecto de verificar lo anterior, en principio debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando este se haya formulado por escrito de manera pacífica y respetuosa, la cual tiene la obligación de darle una respuesta congruente en breve término, es decir, impone la obligación a las autoridades de acordar respecto de todos los escritos que les sean presentados, además de hacer del conocimiento a la promovente el resultado de su petición. En ese tenor, cuando se reclama la violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la parte quejosa demostrar la existencia de la petición y a la autoridad responsable el acuerdo que al respecto emitió y, además, que lo notificó a al peticionario. En otras palabras, para que se considere violado el derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, es necesario que el gobernado demuestre la existencia del libelo y que la autoridad responsable lo recibió, pues de otra manera no sería dable responsabilizarla de la falta de dictar el acuerdo relativo y de su oportuna notificación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, junio de 1991, Página 351, que dice: "PETICION, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACION A ESA GARANTIA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCION DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder." En la especie no hay evidencia o indicio que indique que se haya realizado una petición en específico a la citada autoridad responsable. Lo anterior, porque en el caso que se analiza, la parte quejosa omitió exhibir pruebas con las que acrediten fehacientemente que llevaron a cabo actos tendientes a originar la conducta esperada por el ente de Gobierno que precisamente omitió. Es decir, el impetrante no exhibió un medio de prueba apto mediante el cual acreditara que efectivamente realizó una petición ante la Secretaría de Movilidad en el Estado el pasado veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, o bien, que la autoridad se haya negado a recibirle dicho petitorio; por ello, se estima que es inexistente la abstención atribuida a la responsable, de ahí que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Con la finalidad de robustecer la determinación adoptada, conviene hacer hincapié en que cuando en el juicio de amparo se reclama un acto de naturaleza omisiva como en el caso, para estar en aptitud de precisar su existencia se requiere comprobar un elemento previo que haga exigible el actuar que no se llevó a cabo. Esto es, cuando en el juicio de amparo se reclama una omisión de la autoridad que está condicionada al actuar del particular, corresponde al interesado demostrar que llevó a cabo los actos tendientes a originar la conducta esperada por el ente de gobierno y que precisamente omitió. VI. DECISIÓN En consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es el sobreseimiento. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **, por los motivos expuestos en el apartado V de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese, el escrito señalado en la cuenta al juicio de amparo en que se actúa y téngase a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado de distrito formulando sus alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, expídase, en su oportunidad, copia certificada de la resolución que se dicte en este juicio. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado señalado en la cuenta. Dese vista a las partes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley de la materia se tiene a la citada autoridad designando como delegados a las personas que refiere. Notifíquese.
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