Ruth Hernández Aguirre

Expediente 1203/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1203/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • Ruth Hernández Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. PARTE QUEJOSA SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS Agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual, solicita copias certificadas del presente juicio; al respecto, dígasele que puede obtener las mismas del expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En caso de insistir en obtener copias del expediente físico que se lleva en este órgano jurisdiccional, la parte solicitante deberá obtener copias simples del sistema en mención y acudir ante este juzgado con las mismas a fin de que se lleve la certificación correspondiente. En el entendido de que debe tramitar una cita para ingresar a las instalaciones de este juzgado de distrito, mediante código QR, y comunicarse al número de celular 44 31 05 37 43 con el secretario de guardia de este juzgado, para anticiparle ese trámite y se pueda programar y agilizar de mejor manera, en atención a los lineamientos, establecidos en el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, considerando además la situación que se apuntó con antelación, en el sentido de que este órgano jurisdiccional se encuentra laborando tanto vía remota como presencial, pero en esta última modalidad con un número de personal y horarios reducidos. Además, deberá tomar en consideración que el trámite a realizar tendrá que ser efectuado dentro del tiempo estipulado en su cita agendada, por lo que pudiera ser el caso que dada la voluminosidad de las constancias y atendiendo a la carga de trabajo que se pueda presentar este órgano jurisdiccional, de ser necesario deberá agendar una diversa cita para la recepción de las copias solicitadas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por Ruth Hernández Aguirre. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ARCHIVO. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de os expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete de enero al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Genaro Hernández Arteaga, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

  3. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN. Visto el escrito de cuenta que suscribe la quejosa Ruth Hernández Aguirre, mediante el cual cumple con la prevención formulada en autos; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. En principio, conviene precisar que el acto reclamado por la solicitante del amparo lo constituye la resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno que resolvió el recurso de revocación promovido por la ahora quejosa contra el auto de once de octubre del mismo año, dictado en el Juicio Ejecutivo Mercantil 83/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el que la aquí quejosa tiene la calidad de parte actora. Además, de los antecedes precisados por la promovente en su demanda de amparo, se obtiene que en el referido acuerdo impugnado de once de octubre de dos mil veintiuno se emitió con fecha posterior al dictado de la sentencia definitiva que resolvió el juicio en lo principal. Asimismo se obtiene que en dicho proveído en esencia se desestimó la petición del ahora quejoso consistente en que la cantidad consignada por la demandada en el juicio mercantil apuntado como pago de la condena que se le impuso en autos, se tomara como concepto de liquidación de intereses en lugar de destinarlos al capital adeudado. Atento a ello, el Juzgador estima que lo que procede es desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, toda vez que el acto reclamado no causa un efecto de imposible reparación a la solicitante del amparo, sino que sus consecuencias son meramente procesales, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V -interpretado en sentido contrario-, ambos de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior, conviene citar en primer término lo que establece el precepto legal 113, de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Por otro lado, los invocados numerales 61, fracción XXIII, en relación y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De lo anterior, se colige que el juicio de amparo indirecto es la vía idónea para impugnar actos dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, a condición de que se trate de actos emitidos en juicio que sean de ejecución irreparable; de lo contrario, es decir, si se trata de actos de ejecución reparable este medio de control constitucional se torna improcedente. Para conocer lo que debe entenderse por irreparabilidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que en la vigente Ley de la materia, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los administrativos seguidos en forma de juicio, para que los actos se califiquen de tal manera, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascienda al resultado del fallo. Asimismo, señaló que dichas transgresiones deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Añadió, que esta interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se tratara de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las anteriores consideraciones se encuentran inmersas en la ejecutoria que dio origen a la Jurisprudencia P./J.37/2014 (10a.), emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "Registro digital: 2006589 Instancia: Pleno Décima Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39 Tipo: Jurisprudencia "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora bien, cabe precisar que aun cuando dicho supuesto de procedencia expresamente es aplicable a los actos dictados dentro de juicio, en términos de lo previsto en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, tales disposiciones pueden aplicarse por analogía a las hipótesis normativas contempladas en la fracción IV de dicho numeral, es decir, a los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, toda vez que dicha regla tiene como finalidad garantizar que el juicio de amparo se implemente como una vía privilegiada a través del cual efectivamente se protejan los derechos sustantivos de los justiciables y sus consecuencias jurídicas no se limiten a una función meramente procesal. Como ejemplo de lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que con respecto a los actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía el supuesto de procedencia relativo a la irreparabilidad de los actos reclamados, toda vez que con independencia de que el mismo constituye una regla autónoma y además únicamente se permite la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, es válido aplicar analógicamente el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto en el caso de los actos dictados en ejecución de sentencia o después de concluido, pues establece que dicho medio de control constitucional procede contra actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, los que afecten materialmente derechos sustantivos. Conviene señalar que para que el juicio de amparo indirecto proceda contra determinaciones dictadas en la fase ejecutiva de un procedimiento judicial o después de que este concluyó, se debe establecer si existe vinculación entre el acto reclamado y el procedimiento de ejecución, o si se trata de una resolución, autónoma por tratar algún tema que por su trascendencia, jerarquía o incluso desvinculación, haga innecesario esperar a la última resolución que decida si fue cumplida definitivamente o no la sentencia ejecutoria. Criterio que se reflejó en la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 163152 Instancia: Pleno Novena Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6 Tipo: Jurisprudencia. EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Una vez precisado lo anterior, conviene recapitular que en el caso, el acto reclamado lo constituye la resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno que resolvió el recurso de revocación promovido por la ahora quejosa contra el auto de once de octubre del mismo año, dictado en un Juicio Ejecutivo Mercantil. Asimismo, es importante destacar que en dicho proveído la autoridad responsable desestimó la petición formulada por la ahora quejosa y negó aceptar la consignación de la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) en su favor, por concepto de pago de intereses y accesorios generados con el adeudo principal, tomándolo a bono en cuenta de la suerte principal. En el contexto apuntado, se advierte que las características de dicha determinación nos llevan a la conclusión de que sus efectos son meramente procesales o adjetivos, toda vez que sus consecuencias no trascienden en perjuicio de algún derecho sustantivo del quejoso, en la medida en que estas solo se traducen en que por lo pronto, la cantidad consignada por su contraparte por concepto de pago de la sentencia a la que fue condenada en el juicio natural se tome a cuenta del monto adeudado por concepto de capital y no a cuenta de intereses moratorios como lo solicitó la propia quejosa, lo cual incluso podrá controvertirse con posterioridad por la solicitante del amparo en el momento en que se dicte la determinación que resuelva en definitiva tal circunstancia, es decir, que determine si efectivamente procede tomar la cantidad erogada en autos por concepto de pago a capital o intereses. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 188587 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Civil Tesis: XXII.4o.2 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1133 Tipo: Aislada INTERESES. EL NO RESERVARSE SU COBRO AL RECEPCIONAR ABONOS AL CAPITAL, NO EXTINGUE EL DERECHO A RECLAMARLOS SI ESAS PARCIALIDADES NO CUBREN ÍNTEGRAMENTE DICHO CAPITAL. El análisis integral del artículo 364 del Código de Comercio revela el distingo en lo dispuesto en sus dos componentes párrafos, pues mientras el primero regula lo relativo a la liquidación total del capital, suerte principal o cantidad que como tal se determinó en sentencia, ya sea en una sola exhibición o en varias, el segundo se refiere a cuando aún no se ha cubierto íntegramente el mismo. Luego, aunque el acreedor hubiese aceptado diversos abonos a cuenta del capital sin reservarse el cobro de intereses, no tiene aplicabilidad el primer párrafo del numeral en comento ni queda extinguido su derecho a reclamarlos, si el numerario abonado a través de esas parcialidades no salda íntegramente el capital, pues es indispensable el pago íntegro de éste para que se pueda actualizar la hipótesis contenida en la primera parte del precepto aludido." De ahí que los componentes del concepto "ejecución irreparable" no se actualizan en el acto reclamado, dado que con su emisión sólo genera efectos meramente procesales, al determinarse en un primer momento bajo qué concepto se recibirá la cantidad entregada, más no incide en derechos sustantivos como la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera. Por tanto, en todo caso, será hasta que se resuelvan en definitiva las cuestiones relativas a la liquidación de la sentencia, una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada en el juicio mercantil de origen, cuando el quejoso tendrá oportunidad nuevamente de exponer su inconformidad respecto a la problemática que aquí plantea, momento en el cual sí podrá generarse una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia resulta adversa a los intereses de quien acude al amparo. Robustece lo anterior, la tesis P. LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 166923 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 37/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Julio de 2009, página 264 Tipo: Jurisprudencia "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de amparo". En consecuencia, si de las constancias con que se integra el asunto revelan que el acto reclamado no causa efectos de imposible reparación, sino que sus consecuencias son meramente procesales, es dable concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos interpretados en sentido contrario, respecto del acto reclamado anteriormente precisado, procede desechar la presente demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la Ley de la materia. Cabe señalar que como lo manifestó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y en su ocurso aclaratorio, se encuentra pendiente la resolución del juicio de amparo directo 541/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, el cual se promovió en contra de la sentencia definitiva que resolvió el juicio mercantil de origen. Ahora bien, aun cuando en el juicio de amparo referido se debaten cuestiones relativas a la constitucionalidad de la sentencia definitiva que resolvió el juicio mercantil de origen, ello en nada afecta la conclusión alcanzada en la presente determinación toda vez que en el hipotético supuesto de que se determinara conceder la protección constitucional solicitada se estaría en la presencia de una modificación, revocación o nulificación de dicha resolución sentencia, lo que conllevaría a que todo lo actuado con posterioridad quedara sin efectos, incluyendo el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En ese mismo sentido, si llegase haber un posible sobreseimiento o se niegue el amparo directo, la sentencia definitiva por ministerio de ley se declararía ejecutoriada, por lo que todas las actuaciones posteriores al dictado de dicha sentencia constituirían actos dentro de la ejecución de sentencia, por lo que se actualizaría de igual manera una causal de improcedencia íntimamente relacionada con las consideraciones vertidas en párrafos que anteceden. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 2018652 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 62/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 216 Tipo: Jurisprudencia "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LOS PAGOS PARCIALES QUE LA PARTE VENCIDA HAGA PARA SU CUMPLIMIENTO DEBEN APLICARSE AL IMPORTE DE LA CONDENA QUE SE ENCUENTRE FIJADO EN CANTIDAD LÍQUIDA (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO Y PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO). De la interpretación de los artículos 514 del Código de Procedimientos Civiles y 2094 del Código Civil, ambos para el Distrito Federal, aplicables para la Ciudad de México, así como 528 del Código de Procedimientos Civiles y 1980 del Código Civil, ambos del Estado de Querétaro, y en atención a que las normas regulatorias de la ejecución de las sentencias están dirigidas a conseguir que ésta tenga lugar de la forma más rápida y eficiente posible, se colige que cuando en la etapa de ejecución de una sentencia que condena al pago de capital e intereses, la parte vencida hace pagos para su cumplimiento, ante todo debe atenderse a la regla prevista en los preceptos 514 y 528 citados, por lo que dichos pagos deben aplicarse a la condena que se encuentre en cantidad líquida sin necesidad de esperar a que se cuantifique la que no lo esté, por lo que en caso de que al hacerse el pago sólo se encuentre líquido el importe de la suerte principal o capital, y los intereses no estén fijados en cantidad determinada o líquida, el pago o cumplimiento parcial que haga la parte vencida debe aplicarse a la cantidad líquida, es decir, a capital, sin perjuicio de que posteriormente se determine el importe de los intereses en cantidad líquida para proceder a su respectiva ejecución, lo cual implica que los intereses se generen hasta la fecha del pago total del capital como punto final, o que, si el pago no cubre totalmente ese importe, los intereses se generen por el total del capital hasta esa fecha y, a partir de ésta, se cuantifiquen sólo por el resto del capital pendiente de cumplimiento o ejecución. Asimismo, si al hacerse el pago están fijados en cantidad líquida tanto el capital como los intereses, el cumplimiento debe comprender ambos conceptos, pero si se exhibe una suma menor, ésta debe aplicarse primero a los intereses y si sobra a capital, en términos de los artículos 2094 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y 1980 del Código Civil del Estado de Querétaro, ambos de contenido similar. Lo anterior, en la inteligencia de que los intereses pueden considerarse fijados en cantidad líquida cuando se establezcan en numerario y cuando sean fácilmente cuantificables, como sucedería si en la sentencia se determina la tasa o el porcentaje específico y el periodo por el que deban abonarse, de modo que el cálculo de su importe sólo requiera una simple operación aritmética; en tanto que se considerará su condena en importe indeterminado o ilíquido, cuando no pueda saberse de antemano la tasa de interés aplicable, o que su determinación requiera operaciones más complejas." En consecuencia, por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ruth Hernández Aguirre, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Genaro Hernández Arteaga, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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