Sabino Baltazar Villa Diaz
Expediente 1206/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1206/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sabino Baltazar Villa Diaz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de diciembre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por Mareli Salas Martínez, en cuanto defensora particular de Sabino Baltazar Villa Díaz. CAUSADO ESTADO Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de os expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en alguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de noviembre de dos mil veintidós. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número III-789/2022, promovido por Gloria Morelos Nava, Orciel Solorio Morelos, Donaciano Solorio Morelos y Cesario Morelos Nava, por propio derecho, contra actos del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, remitido por razón de turno al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, y enviado hasta el diecinueve siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en virtud del returno planteado por el primer órgano jurisdiccional citado, Gloria Morelos Nava, Orciel Solorio Morelos, Donaciano Solorio Morelos y Cesario Morelos Nava, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad referida, así como de los actos que precisó en el propio ocurso. En ese escrito, los quejosos narraron los antecedentes del caso, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 8°, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. De esa demanda tocó conocer por razón de turno al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el que por acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós registró la demanda bajo el número de expediente 779/2022 y, en el mismo proveído, tomó en consideración que este Juzgado de Distrito tuvo conocimiento de un asunto previo que guardaba relación con el acto impugnado en dicho escrito inicial, en consecuencia, ordenó la remisión de los autos originales de ese expediente, así como las copias de traslado de la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional, para que proveyera lo conducente. Hecho lo anterior, por acuerdo de veinte de julio de dos mil veintidós este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del asunto; registró la demanda bajo el número de expediente III-789/2022; la admitió; ordenó requerir su informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la parte quejosa reclama una omisión y negativa de una autoridad administrativa (agraria) asentada en esta ciudad, y con efectos dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional a la autoridad responsable consiste en: 1. La omisión de dar contestación a la solicitud presentada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, por los quejosos, relativa a la inscripción de la sentencia dictada en el expediente 860/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 en el Estado, así como la expedición y entrega de los nuevos certificados que amparen las parcelas 239, 282, 283 y 284 del ejido El Salitre y anexos, municipio de Churumuco, Michoacán, en favor de los quejosos, en los términos indicados en la resolución citada. 2. La negativa de continuar con el trámite correspondiente a efecto de realizar a la inscripción de la sentencia referida, así como la expedición y entrega de los certificados parcelarios precisados en el numeral anterior. Precisión que se realiza en virtud de que, en el caso, la parte quejosa refiere que el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho presentó la solicitud referida y que no se ha atendido, sin embargo, también se duele que la autoridad le comunicó la negativa de continuar con el trámite conducente para obtener la inscripción de la sentencia, así como la expedición y entrega de los certificados parcelarios. Lo anterior al referir que en el mes de junio de dos mil veintidós le informaron que el "trámite" estaba extraviado, que no "lo encontraban", por lo tanto, no le podían expedir sus certificados parcelarios. Lo que se traduce en una negativa de la autoridad para continuar con la gestión correspondiente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado precisado en el numeral 1 del considerando segundo de la presente ejecutoria, consistente en la falta de respuesta al escrito presentado por los quejosos el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, relativo a la inscripción de la sentencia dictada en el expediente 860/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 en el Estado, así como la expedición y entrega de los nuevos certificados que amparen las parcelas 239, 282, 283 y 284 del ejido El Salitre y anexos, municipio de Churumuco, Michoacán, en favor de los quejosos, en los términos indicados en la resolución citada. Lo anterior porque de su informe justificado se advierte que negó expresamente el acto, al indicar que no había sido omisa en contestar la petición de los aquí quejosos, porque previamente ya los había prevenido para que subsanaran una cuestión técnica, a efecto de inscribir la sentencia dictada en el expediente citado en el párrafo precedente. Lo que se encuentra corroborado, dado que es un hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que previo a la promoción del presente juicio de derechos fundamentales, los mismos quejosos promovieron demanda de amparo en contra de la omisión de respuesta a su petición presentada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, reclamada a la misma autoridad responsable, la cual se radicó ante este Juzgado de Distrito con el número III-891/2019, en el que se advierte que el Registro Agrario Nacional al rendir su informe justificado exhibió el oficio de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en el que emitió dictamen técnico en sentido negativo y previno a los quejosos en los términos siguientes: Como se advierte, la responsable dio contestación a la solicitud formulada por los aquí quejosos, en la que señaló que a efecto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el expediente 860/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 en el Estado, verificó el contenido de los productos cartográficos entregados y demás documentación relacionada, y derivado de su análisis, emitía dictamen técnico en sentido negativo ya que con dichos documentos no era posible la carga digital de la información catastral para su actualización. Además de que del plano de la parcela 239, Z-1, P-2, advertía que el cuadro de construcción estaba mal elaborado. En consecuencia, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el catorce de julio de dos mil veintidós, ya se había emitido respuesta a la petición realizada por los aquí quejosos el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, aunque en sentido negativo, es inconcuso que el acto reclamado precisado en el numeral 1 del considerando segundo de la presente sentencia es inexistente. Lo anterior conlleva a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo únicamente por lo que ve al acto citado, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo1. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que en el diverso expediente III-891/2019 de nuestro índice, mediante sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil veintiuno se sobreseyó en el juicio de amparo por similares razones, esto es, ante la inexistencia del acto reclamado consistente en la falta de respuesta al escrito presentado por los quejosos el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, relativo a la inscripción de la sentencia dictada en el expediente 860/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 en el Estado, así como la expedición y entrega de los nuevos certificados previamente citados en favor de los quejosos. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por lo que respecta al diverso acto reclamado precisado en el numeral 2 del considerando segundo de la presente ejecutoria, la autoridad 1 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." responsable Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación negó su existencia; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, pues en autos del expediente de marras se acreditó su existencia. La certeza del acto reclamado se constata con la confesión de la responsable, concatenada con el acuse de solicitud de trámite, presentada por la parte quejosa en la demanda de amparo, además por las manifestaciones de la responsable en el sentido de que requirió a los quejosos para que proporcionaran el expediente de origen así como la sentencia, debido a que por múltiples administraciones no se han localizado físicamente tales documentos, lo que, indicó, era necesario para realizar las gestiones correspondientes en cuanto a la inscripción de la sentencia y la expedición de los certificados parcelarios. Lo que resulta suficiente para acreditar la negativa de la autoridad responsable para continuar con la gestión respectiva derivada de la solicitud formulada por los quejosos. Lo anterior de conformidad con los artículos 201 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, con lo que se obtiene que no ha concluido con el trámite administrativo relativa a la inscripción de la sentencia dictada en el expediente 860/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 en el Estado, en consecuencia, la expedición y entrega de los nuevos certificados que amparen las parcelas 239, 282, 283 y 284 del ejido El Salitre y anexos, municipio de Churumuco, Michoacán, en favor de los quejosos, en los términos indicados en la resolución citada. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes; por lo que previamente al estudio del fondo del asunto, debe examinarse si en el caso se surte alguna causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo2. Ahora, dado que las partes no invocaron diversa causa de improcedencia en cuanto al acto reclamado precisado en el numeral 2 del considerando segundo de esta sentencia, ni este juzgador advierte la actualización de alguna diversa, se procede al estudio de la constitucionalidad de dicha actuación impugnada. Antes se precisa que si bien la petición que dio origen al trámite respectivo no se encontraba signada por Orciel y Donaciano, ambos de apellidos Solorio Morelos, así como de Cesario Morelos Nava, también lo es que acreditan el interés jurídico para solicitar de la autoridad responsable la inscripción de la sentencia dictada en el expediente 860/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 en el Estado, así como la expedición y entrega de los nuevos certificados que amparen las parcelas 239, 282, 283 y 284 del ejido El Salitre y anexos, municipio de Churumuco, Michoacán, en favor de los quejosos, en los términos y superficie 2 Artículo 62. Las causales de improcedencia, se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. indicados en la resolución citada. Primero, porque la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, no realizó manifestación al respecto de que la negativa de continuar con el trámite solo se la hubiera externado a Gloria Morelos Nava, que fue a la única que se asentó como beneficiaria en el escrito de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, con lo que se presume cierta. Sin embargo, también se corrobora su interés para acudir al juicio de amparo con la copia simple de la sentencia dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, antes citada, de la que se advierte que el Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 en el Estado, ordenó instruir al Registro Agrario Nacional para que expidiera los certificados que ampararan las parcelas referidas a favor de los antes mencionados. Documental que si bien se trata de una copia simple, también lo es que es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito que dicha resolución se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo civil 754/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Primer Circuito, de la que se advierte que por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho se tuvo por cumplida. De ahí que, se reitere, con lo antes precisado es suficiente para que los quejosos Orciel y Donaciano, ambos de apellidos Solorio Morelos, así como de Cesario Morelos Nava acudan a la presente instancia constitucional a reclamar la negativa y, por ende, omisión de la responsable de continuar con el trámite de inscripción de la sentencia respectiva, así como al expedición de los certificados parcelarios. SEXTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. Por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni existir precepto legal que establezca dicha obligación, aunado a que con la citada omisión, no se afecta la exhaustividad y congruencia de la resolución. Sirve de base a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio. Los conceptos de violación vertidos en contra del acto reclamado indicado con el numeral 2 del considerando segundo de la presente ejecutoria, devienen esencialmente fundados. Se precisa que los motivos de disenso formulados por los quejosos se estudiarán de manera conjunta, lo anterior por cuestión de técnica jurídica y por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo vigente. En concordancia con lo expuesto en la jurisprudencia J/304, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, y que este órgano colegiado comparte, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO." La parte quejosa refiere, en esencia, que la responsable ha vulnerado las disposiciones del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, ya que sin causa justificada ha dejado de ejecutar en el procedimiento para realizar la inscripción de la sentencia dictada en el expediente 860/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 en el Estado, así como la consecuente la expedición y entrega de los certificados que amparen las parcelas 239, 282, 283 y 284 del ejido El Salitre y anexos, municipio de Churumuco, Michoacán, en favor de los quejosos, en los términos indicados en la resolución citada, vulnerando de esta forma lo dispuesto en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se adelantó, resultan esencialmente fundados los argumentos de la parte quejosa. En principio conviene precisar que de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado, el derecho humano que resulta vulnerado con la conducta negativa de la autoridad responsable, es el reconocido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, relativo al acceso a la justicia, ya que la solicitud formulada por la parte quejosa forma parte de un procedimiento no contencioso seguido ante la autoridad administrativa. Ahora, a fin de demostrar la ilegalidad de la conducta de la autoridad, conviene tener presente el artículo 17 Constitucional que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia, el cual es protegido y tiene interdependencia con la garantía de seguridad jurídica, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes para ello, quienes además deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En el asunto que se analiza, sirve invocar el de justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia, así como la conclusión del conflicto, incluida la etapa de ejecución de las sentencias. Ilustra lo antes dicho, en lo conducente, del criterio 42/2007 que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES."3 Expuesto lo anterior, respecto a la calificación registral para la inscripción, en el caso, de derechos parcelarios y, por consiguiente, la expedición de los certificados correspondientes, cuya negativa de realizar el trámite reclaman los peticionarios de amparo, su tramitación se encuentra prevista en los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional4, de los que se desprende que el procedimiento 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, Abril de 2007, página: 124, registro: 172759. 4 "Artículo 51. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debiéndose invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan. Artículo 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. El Registrador no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del Delegado y del Director General de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. (.) Artículo 81. El Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. El Registro expedirá, a petición de la asamblea, los títulos de propiedad de solares urbanos que resulten de la regularización de la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, realizadas en los términos de los artículos 38 y 39 de la Ley General de Asentamientos Humanos. De acuerdo a la legislación Estatal que corresponda, el Registro, previo a su entrega, enviará los títulos de propiedad para inscripción a los Catastros Municipales o Estatales y posteriormente a los Registros Públicos de la Propiedad locales, una vez satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 84 de este Reglamento. Tratándose de garantías otorgadas por sus titulares respecto de las tierras parceladas, conforme al artículo 46 de la Ley que registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo, se prevé que los registradores con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera señalan que la calificación puede ser positiva o negativa, y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. De igual forma disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. obtengan el dominio pleno, el Registro al momento de solicitar la inscripción del título de propiedad a los Registros Públicos de la Propiedad locales, deberá informar que la parcela materia de titulación, se encuentra en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas, respectivamente, con el fin de que proceda también a su correspondiente inscripción en términos de la normativa aplicable." En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho), a la fecha en que se promovió la demanda (catorce de julio de dos mil veintidós), ya habían transcurrido más de sesenta días naturales, ello significa que ha excedido el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, para la expedición del certificado parcelario derivado de la inscripción de la sentencia emitida en el dictada en el expediente 860/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 en el Estado, así como la expedición y entrega de los certificados que amparen las parcelas 239, 282, 283 y 284 del ejido El Salitre y anexos, municipio de Churumuco, Michoacán, en favor de los quejosos, en los términos indicados en la resolución citada. No obsta a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional, en las que negó los actos que se le reclaman, toda vez que consideró que la solicitud de los quejosos fue atendida, en virtud de que en fecha dieciséis de agosto de la presente anualidad les realizó prevención para que exhibieran el expediente de origen así como la sentencia dictada en tal proceso, y así poder continuar con el trámite de inscripción, y la consecuente expedición de los certificados parcelarios. Ello derivado de que la autoridad responsable extravió dichos documentos, sin embargo, lo cierto es que a la fecha ha omitido la continuación del trámite para la calificación negativa o positiva, en consecuencia, la inscripción de la sentencia y la expedición de los certificados parcelarios, ello con independencia de que los quejosos ya exhibieron en copia simple la resolución definitiva requerida en el presente asunto. Además de que informaron la negativa de la responsable no solo de recibir tales documentos en las oficinas de la Delegación Michoacán, sino de continuar con el trámite, aún y cuando por falta de cuidado de ésta y no atribuible en lo absoluto a los quejosos, se encuentra paralizada dicha gestión, lo que evidencia la violación al artículo 17 Constitucional. Por tanto, este Juzgador Federal considera que la negativa de la autoridad de culminar el trámite de la inscripción de la sentencia y la expedición de los certificados parcelarios solicitados por los aquí quejosos dentro de los términos que la ley establece, viola flagrantemente el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos. Lo anterior al haberse incumplido con la función registral que le está encomendada a la autoridad responsable, en los términos y lapsos previstos en las disposiciones aplicables. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. Conforme a lo dispuesto por los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo a la parte quejosa es para que el Encargada de la Delegación Estatal en Morelia del Registro Agrario Nacional, con sede en esta Ciudad: ? De inmediato, dado el tiempo transcurrido, cumpla con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, así como los plazos y requisitos relativos del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, esto es, deberá ser el Registro Agrario Nacional el que requiera al Tribunal Unitario Agrario la remisión de la sentencia y constancias que requiere para continuar y, a la brevedad, culminar con el procedimiento y/o trámite derivado de la solicitud de los quejosos, en la que se requirió la inscripción de la sentencia dictada en el expediente 860/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 en el Estado, así como la expedición y entrega de los certificados los certificados que amparen las parcelas 239, 282, 283 y 284 del ejido El Salitre y anexos, municipio de Churumuco, Michoacán, en favor de los quejosos, en los términos indicados en la resolución citada, en caso de que no exista imposibilidad jurídica para ello y, una vez concluido el trámite, sean entregados a los promoventes a la brevedad. ? Lo anterior en el entendido de que se considerará cumplida la sentencia de amparo con la resolución que determine la calificación negativa o, en caso de ser positiva, con la inscripción de la sentencia y la expedición de los certificados parcelarios, lo que se reitera, deberá realizar la autoridad responsable de manera inmediata. ? Ahora, dado que la parte quejosa exhibió en el presente juicio copia simple de la sentencia dictada en el expediente 860/2016 citado, y al respecto también refirió que acudió ante el Registro Agrario Nacional a efecto de entregar dichos documentos, pero éste se negó a recibirlos, en ese sentido, en cuanto se notifique la presente ejecutoria, se ordena anexar copia de la resolución que exhibió la parte quejosa al oficio que se gire a la autoridad responsable, solo como referencia, porque será ésta la que deba solicitar al Tribunal Agrario los documentos que extravió y que requiera. Todo lo anterior en el entendido que el retraso en la inscripción de la sentencia, y la consecuente expedición de los certificados parcelarios, es por falta de cuidado, aplicación y diligencia de la responsable al extraviar los documentos correspondientes, sin que sea justificación para la continuación del trámite que estos hubieran sido "traspapelados" por anteriores administraciones, dado que con su actuar se transgreden los derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto a las diversas manifestaciones formuladas por el agente del Ministerio Público adscrito, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Antes bien, el presente fallo es acorde a lo solicitado. Así, por lo expuesto y conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gloria Morelos Nava, Orciel Solorio Morelos, Donaciano Solorio Morelos y Cesario Morelos Nava, en relación con el acto reclamado precisado en el considerando segundo, numeral 1, y por las razones señaladas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gloria Morelos Nava, Orciel Solorio Morelos, Donaciano Solorio Morelos y Cesario Morelos Nava, en contra del acto reclamado precisado en el considerando segundo, numeral 2, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de este fallo y para los efectos precisados en el último. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta hoy tres de noviembre de dos mil veintidós en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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