Rufino González Amador

Expediente 990/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
990/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Rufino González Amador

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la abrogada Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE INFORMA CAMBIO TITULAR Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintidós. SE DA CUENTA CON RAZÓN ACTUARIAL Agréguese a los autos la razón actuarial levantada por el Actuario adscrito a este juzgado el seis de enero de dos mil veintidós de la que se advierte que la notificación del proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, le fue notificada al quejoso mediante lista de siete de enero del año en curso, que se publica en los estrados de este juzgado, de lo anterior este juzgado toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. CUMPLE REQUERIMIENTO. Visto el oficio de cuenta, signado por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento hecho en auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno y al efecto remite copia certificada de las constancias que le fueron requeridas. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, consistente en copia certificada del acuse de recibo del oficio DPSH/2.11.15/4692/2021. Documental a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Bajo ese contexto, es pertinente señalar que el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo narrado, resulta evidente que en el caso particular, sobrevino la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la ley en cita, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Lo hasta aquí expuesto pone de manifiesto que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, pues han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que éste se hizo consistir en: ".la violación a los derechos fundamentales de petición, derivado de la falta de respuesta a la solicitud de información presentada por mi parte con fecha 23 veintitrés de Julio del año 2021 dos mil veintiuno, ante la Subdelegación de Prestaciones de la delegación Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." De las constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado y del oficio de cuenta se aprecia que por oficio DPSH/2.11.15/4692/2021 de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, da contestación al aquí quejoso de su escrito presentado ante la autoridad señalada como responsable el veintitrés de julio del año en curso, mismo que fue depositado el once de noviembre de dos mil veintiuno en la correspondencia de dicha delegación, a fin de notificar a la parte quejosa vía servicio postal, que fue recibido el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; por lo tanto, se considera que han quedado destruidos todos los efectos de la omisión reclamada, resarciendo a la parte quejosa en el derecho fundamental que consideró vulnerado, sin que tal acto afecte ya su esfera jurídica; de ahí que resulte ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, por lo que no podría resarcirse al impetrante del amparo con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Cobra vigencia la jurisprudencia 59/99, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Así también, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 2929/57. Esteban García A. 15 de enero de 1958. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Jesús Toral Moreno. Revisión fiscal 232/55. Enrique Escalante Patrón y coags. 24 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Manuel Rodríguez Soto. Amparo en revisión 4882/54. Compañía Maderera de Campeche, S.A. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Revisión fiscal 333/55. Óscar Osorio M. y coags. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Amparo en revisión 20/97. Carlos Quevedo Procel. 9 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Tesis de jurisprudencia 9/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ciertamente, resulta obvio que, los efectos de la omisión que se impugna se destruyeron en forma total e incondicional, de modo tal que, con el oficio DPSH/2.11.15/46922021 de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, que da contestación al quejoso respecto del escrito presentado ante la autoridad señalada como responsable el veintitrés de julio del año en curso, mismo que fue depositado el once de noviembre de dos mil veintiuno en la correspondencia de dicha delegación, a fin de notificar a la parte quejosa vía servicio postal, que fue recibido el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la omisión reclamada, ya no puede seguir surtiendo efectos en agravio de la parte quejosa. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es claro que se actualiza la causal de improcedencia invocada, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, haciéndose innecesario la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; en su oportunidad, archívese el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOS EL SIGUIENTE ACUERDO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DE CONFORMIDAD A LA RAZON ACTUARIAL SIGUIENTE: En Morelia, Michoacán, el suscrito Actuario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, licenciado Alberto Santana Hernández, hago constar que en cumplimiento a lo ordenado en auto de TREINTA E NOVIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO DICTADO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO VII-990-2021, PROMOVIDO POR RUFINO GONZÁLEZ AMADOR, CONTRA ACTOS DE LA DELEGACIÓN MICHOACANA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; me constituí en legal y debida forma el seis de enero de la presente anualidad, a las trece horas con treinta minutos, en la COLONIA FÉLIX IRETA, DE ESTA CIUDAD, en búsqueda del domicilio marcado con el número 202, interior 3, sobre la rua TICATEME, a efecto de notificar dentro del presente juicio a la parte quejosa Rufino González Amador, y bien cerciorado de encontrarme en la colonia correcta por así indicármelo las diversas placas denominativas de las diferentes calles recorridas, procedí a realizar diversos recorridos sobre la mencionada colonia en búsqueda de la calle Tácateme, sin logar ubicar la misma, no pasando por alto que una de las vialidades recorrida tiene diversas placas con la leyenda Iretiticateme, por lo anterior y atendiendo a la similitud de la rua buscada procedí a la búsqueda del número 202 en la mencionada calle, y una vez realizado diversos recorridos sobre la misma no logre ubicar la vivienda marcada con el número 202, es por lo anterior que el de la voz, se entrevistó con los locatarios de diversos comercios como "Tienda de Abarrotes, panaderías, talleres mecánicos entre otros", quienes coincidieron bajo protesta de decir verdad ser trabajadores de los mencionados establecimientos, mismos que no se identifica por no creerlo necesario, atendiendo a lo anterior me identifique con mis entrevistados y les comente el motivo de mi vista, por lo anterior le solicite si me pudiera hacer el favor de indicarme donde se encontraba el NÚMERO 202, sobre la mencionada vialidad recorrida y atendiendo a la petición mis entrevistados me informa que desconocen la ubicación del mencionado número toda vez que la nomenclatura es progresiva y no les suena ese número en la colonia Félix Ireta, siendo toda la información proporcionada por mis cuestionados, atendiendo a la indagación realizada me retiro del lugar, haciendo constar por las razones antes expuestas que no me fue posible cumplir con la notificación al quejoso buscado dentro del juicio que nos ocupa. Por lo anteriormente expuesto, y atendiendo a lo ordenado en fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo, dentro de la parte que interesa lo siguiente: (. . . ) AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. (. . . ) En atención a lo anterior, se tiene por notificado a la parte quejosa Rufino González Amador, el acuerdo de TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, dictado en el JUICIO DE AMPARO VII-990/2021, mediante lista de acuerdo de siete de enero del año que trascurre, misma que se publica en los estrados del órgano de Justica Federal de mi adscripción, se da por terminada la presente acta, la que se levanta para debida constancia legal, dando cuenta de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.- Morelia Michoacán, a seis de enero de dos mil veintidós. DOY FE.- ACUERDO A NOTIFICAR DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MEL VEINTIUNO. Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. CUMPLE REQUERIMIENTO. Visto el oficio de cuenta, signado por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento hecho en auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno y al efecto remite copia certificada de las constancias que le fueron requeridas. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, consistente en copia certificada del acuse de recibo del oficio DPSH/2.11.15/4692/2021. Documental a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Bajo ese contexto, es pertinente señalar que el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo narrado, resulta evidente que en el caso particular, sobrevino la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la ley en cita, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Lo hasta aquí expuesto pone de manifiesto que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, pues han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que éste se hizo consistir en: ".la violación a los derechos fundamentales de petición, derivado de la falta de respuesta a la solicitud de información presentada por mi parte con fecha 23 veintitrés de Julio del año 2021 dos mil veintiuno, ante la Subdelegación de Prestaciones de la delegación Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." De las constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado y del oficio de cuenta se aprecia que por oficio DPSH/2.11.15/4692/2021 de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, da contestación al aquí quejoso de su escrito presentado ante la autoridad señalada como responsable el veintitrés de julio del año en curso, mismo que fue depositado el once de noviembre de dos mil veintiuno en la correspondencia de dicha delegación, a fin de notificar a la parte quejosa vía servicio postal, que fue recibido el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; por lo tanto, se considera que han quedado destruidos todos los efectos de la omisión reclamada, resarciendo a la parte quejosa en el derecho fundamental que consideró vulnerado, sin que tal acto afecte ya su esfera jurídica; de ahí que resulte ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, por lo que no podría resarcirse al impetrante del amparo con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Cobra vigencia la jurisprudencia 59/99, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Así también, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 2929/57. Esteban García A. 15 de enero de 1958. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Jesús Toral Moreno. Revisión fiscal 232/55. Enrique Escalante Patrón y coags. 24 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Manuel Rodríguez Soto. Amparo en revisión 4882/54. Compañía Maderera de Campeche, S.A. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Revisión fiscal 333/55. Óscar Osorio M. y coags. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Amparo en revisión 20/97. Carlos Quevedo Procel. 9 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Tesis de jurisprudencia 9/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ciertamente, resulta obvio que, los efectos de la omisión que se impugna se destruyeron en forma total e incondicional, de modo tal que, con el oficio DPSH/2.11.15/46922021 de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, que da contestación al quejoso respecto del escrito presentado ante la autoridad señalada como responsable el veintitrés de julio del año en curso, mismo que fue depositado el once de noviembre de dos mil veintiuno en la correspondencia de dicha delegación, a fin de notificar a la parte quejosa vía servicio postal, que fue recibido el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la omisión reclamada, ya no puede seguir surtiendo efectos en agravio de la parte quejosa. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es claro que se actualiza la causal de improcedencia invocada, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, haciéndose innecesario la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; en su oportunidad, archívese el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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