Rubí Cortés Miranda

Expediente 898/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
898/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
21/01/2019

Partes del expediente

  • Rubí Cortés Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiuno de enero de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Vista la cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien le afecta el sentido de la presente resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de dos de enero de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en los autos del juicio de amparo en que se actúa; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS. Por otra parte, como resulta innecesaria la permanencia de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, consistentes en diversas documentales, se ordena devolver las constancias anteriormente señaladas a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, a fin de estar en condiciones de proveer lo correspondiente al archivo del presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 898/2018 promovido por Rubí Cortés Miranda contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se encuentran emplazados como terceros interesados José Cortés Valdespino, Sergio Cortés Miranda y Ada Cortés Miranda. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que tanto la parte quejosa como la autoridad responsable aportaron diversas documentales, las cuales obran glosadas en el sumario y en cuaderno de pruebas por separado en la secretaría de este juzgado. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 898/2018-IV, promovido por Rubí Cortés Miranda, contra actos que reclama del Juez Quinto de Primera Instancia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, y remitido a este juzgado en la misma data Rubí Cortés Miranda,, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Juez Quinto de Primera Instancia en esta ciudad, en los términos siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO: La resolución de fecha 8 ocho de octubre del año dos mil dieciocho, pronunciada dentro de los actos prejudiciales número 392/2018, que promueve José Cortés Valdespino, sobre rendición de cuentas, señala: ´Que no ha lugar a Rubí Cortés Miranda, promoviendo incidente de los presentes actos prejudiciales, toda vez que dicha figura jurídica no se encuentra prevista para este trámite, ya que se le requirió únicamente sobre la solicitud de rendición de cuentas presentada por el c. José Cortés Valdespino; por lo que debió ajustarse a las reglas establecidas por el numeral 295 y 297 del código adjetivo de la materia, (.);´ así como todo lo que se siga actuando, sus consecuencias y efectos legales consiguientes." En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número 898/2018; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: El auto emitido el ocho de octubre de dos mil dieciocho, por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro de las diligencias de actos prejudiciales 392/2018, en la que determinó no admitir incidente de oposición a los actos prejudiciales. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Quinto de Primera Instancia en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistente en copias certificadas de los actos prejudiciales 392/2018, sobre rendición de cuentas de administración, promovidos por José Cortés Valdespino. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa refiere que tuvo conocimiento del acto por medio de lista que se publicó el ocho de octubre de dos mil dieciocho, sin que esa manifestación se encuentre desvirtuada; de ahí que el término para la interposición del juicio de amparo inició el nueve de ese mes y año y concluyó el treinta de octubre del año en cita, término al que se le descuentan los días inhábiles correspondientes a sábados y domingos y el doce de octubre. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". Ahora, del análisis del acto reclamado, se concluye que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 171 y 172, fracción V, de la ley en cita. Los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo..". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . [.] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; [.] XII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.". De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende el principio de definitividad que rige el juicio de amparo se despliega en éste de diversas maneras, tales como la procedencia contra actos cuyos efectos sean definitivos, por lo que válidamente puede colegirse que tratándose de actos verificados fuera juicio, por lo general sólo será procedente el amparo indirecto promovido contra actos de imposible reparación o bien contra la última resolución dictada en el procedimiento de que se trate; y, que en ese juicio de control constitucional podrán hacerse valer todas las irregularidades que se aducen, como violaciones procesales. Es primordial establecer que nuestro más alto tribunal en el país ha establecido que los actos preparatorios a juicio o también conocidos como actos prejudiciales, son aquéllos que se instan y efectúan con antelación a un juicio, ello con la finalidad de asegurar una situación de hecho o de derecho, que será la base para demandar un derecho y establecer así una relación jurídica y procesal entre la parte que reclama tal derecho y quien habrá de cumplir. Confirma lo anterior, la jurisprudencia del rubro y tesis que sigue. Época: Novena Época Registro: 200057 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Septiembre de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 50/96 Página: 5 "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO. Los actos prejudiciales son aquellos que anteceden o preceden al juicio; esto es, los que tienden a asegurar una situación de hecho o de derecho, con anterioridad a la presentación de la demanda y al establecimiento de la relación jurídico procesal, sin que formen parte, por sí mismos, del procedimiento contencioso que, en su caso, se promoverá; ni su subsistencia o insubsistencia, eficacia o ineficacia, depende de lo que en definitiva se resuelva en el juicio, pues éste constituye un acto futuro y de realización incierta; por tanto, si para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dicten con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio y en su contra procede el amparo indirecto. Contradicción de tesis 6/95. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 13 de agosto de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinte de agosto en curso, aprobó, con el número 50/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis.". En ese sentido, cabe precisar que los actos prejudiciales consistentes en rendición de cuentas, se encuentran contemplados en los artículos del 294 a 300 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, los que señalan: "Capítulo IV De la rendición de cuentas Artículo 294. Todo el que por cualquier título administre bienes ajenos, está obligado a rendir cuenta justificada de su administración, y si no lo verifica dentro del término que la ley, el convenio o la resolución judicial le señale, será responsable de los daños y perjuicios. Artículo 295. Presentada la cuenta se correrá traslado de ella por un término que no exceda de quince días, a la parte a quien deba rendirse, y si dentro de este término no la observa, se aprobará sin más trámite, condenando a los interesados a estar y pasar por sus resultados. La resolución será apelable en el efecto devolutivo. Artículo 296. Si dentro del término señalado en el artículo anterior se hiciere (sic) observaciones a la cuenta, teniéndose ésta como demanda y las observaciones como contestación, se abrirá a prueba y se continuará el juicio en la vía ordinaria. Artículo 297. Si el obligado a rendir cuentas no las presentare dentro de los términos a que se refiere el artículo 294, podrá formularla la otra parte interesada, y una vez presentada se correrá traslado de ella por quince días al que tenga obligación de presentarla, para que la examine y haga las observaciones que estimare de justicia. Artículo 298. Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior no se hicieren observaciones a la cuenta, se aprobará ésta sin más trámite, condenándose a los interesados a estar y pasar por sus resultados. La resolución será apelable en el efecto devolutivo. Artículo 299. En el caso de que se hicieren observaciones a la cuenta dentro del término señalado, se seguirá el juicio en la vía ordinaria, teniéndose como demanda la misma cuenta y como contestación las observaciones. Artículo 300. En la apreciación de la prueba, el tribunal estimará siempre la omisión del que debe presentar la cuenta como una presunción grave para establecer la verdad de las partidas objetadas. Como en estos juicios el debate judicial queda limitado a sólo las partidas objetadas, las que no lo fueren deberán siempre aprobarse aun cuando no estén justificadas". Como se observa, los dispositivos legales trascritos señalan que todo aquel que administre un bien, está obligado a rendir cuentas de su administración; presentada la cuenta, se correrá traslado a la parte a quien deba rendirse por un término que no exceda de quince días, a la parte a quien deba rendirse, y si dentro de este término no la observa, se aprobará sin más trámite, condenando a los interesados a estar y pasar por sus resultados. Que la resolución que se dicte será apelable en el efecto devolutivo. De todo lo expuesto hasta aquí se obtiene que sólo podrá promoverse juicio de amparo contra la determinación que dé por concluidos los actos prejudiciales, precisamente por tratarse de la última resolución acaecida en dicho procedimiento. Al respecto es aplicable la tesis que se reproduce en seguida: Época: Décima Época Registro: 2007389 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: VI.2o.C.18 K (10a.) Página: 2461 "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN O CONTRA ACTOS INTERMEDIOS QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los medios preparatorios consisten en diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, que si bien no forman parte del juicio, sí lo preparan. Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de protección de derechos humanos procede en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Por otro lado, en la jurisprudencia P./J. 50/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si para los efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dictaran con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio, porque le preceden y, por tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto. Sin embargo, en la ejecutoria de referencia no se definió el tema de si el amparo indirecto procede en contra de cualquier acto emitido en los medios preparatorios a juicio o si sólo contra la última resolución que se dicte en ellos. Así, de una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V, del invocado artículo 107, se concluye que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios que, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 161/2014. María Antonieta Terrazas Ortiz de Montellano. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretaria: Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar. Esta tesis se publicó el viernes 5 de septiembre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Sentado lo anterior, resulta indispensable reseñar que de las constancias del procedimiento de origen y que la responsable exhibe con su informe justificado, las cuales por constituir documentos públicos merecen pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se obtienen los siguientes antecedentes del caso: 1. Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, José Cortés Valdespino, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión de José Cortés Miranda, promovió actos prejudiciales sobre rendición de cuentas en contra de Rubí Cortés Miranda, la cual fue turnada al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, quien previa prevención, la admitió el once de mayo de ese año, registrándola bajo el número 392/2018. 2. Seguido el trámite respectivo, se llevó a cabo el emplazamiento de Rubí Cortés Miranda,y por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, la demandada promovió incidente de oposición a los actos prejudiciales. 3. Por auto ocho de octubre de dos mil dieciocho, el juez responsable determinó que no procedía tener a la demandada por promoviendo incidente de oposición de los actos prejudiciales, porque esa figura no se encontraba prevista para esos actos. Resolución la anterior que resulta el acto reclamado. Lo expuesto hasta aquí patentiza que el juicio de amparo resulta improcedente, debido a que no es factible considerar que el auto combatido constituya la última resolución, porque ésta no da por concluidos los actos prejudiciales, promovidos en contra de la peticionaria del amparo. Es así, porque el hecho de que se determine no tenerla por promoviendo incidente de oposición de los actos prejudiciales, no significa que se haya realizado algún pronunciamiento en cuanto al objeto para el que fueron propuestos los mencionados actos prejudiciales; circunstancia que resulta indispensable para considerar que dicho procedimiento ha concluido. Además, aun cuando en la resolución que concluya los actos prejudiciales no se analizara nuevamente lo relativo al incidente de oposición a dichos actos, lo cierto es que los efectos de tal determinación sólo generarán una afectación definitiva si la determinación que resuelva el objeto de esos actos prejudiciales sea contraria a sus intereses. De modo que, será en el juicio de amparo que eventualmente se promueva en contra de la resolución que dé por concluidos los actos prejudiciales, cuando podrán hacerse valer, como violaciones procesales, tanto la decisión que se pretende combatir en el presente caso, esto es, el auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho, que determinó no admitir el incidente de oposición a los actos prejudiciales, como las demás que considere se cometieron en su perjuicio; ello en caso de que tales determinaciones trasciendan al resultado de los medios preparatorios. Se insiste, porque tratándose de actos realizados fuera de juicio o después de concluido, como son los actos prejudiciales, el juicio de amparo, debe considerarse que por lo general sólo será procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento de que se trate, o bien, contra actos intermedios de imposible reparación, entendidos como aquellos que afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la constitución federal o los tratados internacionales Cabe señalar, que no se da el caso de aplicar en forma extensiva por analogía la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, habida cuenta que la determinación que se combate no afecta directa o materialmente los derechos sustantivos de la quejosa, pues de ningún modo merma o impide que ejerza algún derecho de esa índole; es decir, que la decisión reclamada irroga efectos hacia el interior del procedimiento y no se traslada al ámbito sustantivo, por lo menos no hasta el momento. En consecuencia, es de determinar que en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en los diversos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, en relación con los diversos 113, 171, 172, fracciones IV primer párrafo, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio constitucional, con apoyo en el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia. No impide determinarlo así, el hecho de que la demanda de garantías haya sido admitida y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si aquéllas se encuentran plenamente probadas a través de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. De modo que al decretarse el sobreseimiento en esta controversia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Es orientador al criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Rubí Cortés Miranda, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que aún no obran los emplazamientos a los terceros interesados Sergio y Ada, ambos de apellidos Cortés Miranda, ordenados en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy FeJCMZ

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil dieciocho. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. FORMAR CUADERNO DE PRUEBAS. Con la copia certificada de los actos prejudiciales 392/2018, que la autoridad adjuntó a su informe de cuenta, fórmese cuaderno de pruebas por separado, y una vez que sea innecesaria su retención, devuélvase a su lugar de origen dicho expediente. SE RECONOCE CARÁCTER DE TERCEROS Ahora, como de las constancias que conforman el juicio de amparo en que se actúa, como del cuaderno de pruebas se desprende que en la especie les resulta el carácter de tercero interesados a José Cortés Valdespino, Sergio Cortés Miranda y Ada Cortés Miranda, debido a que dichas personas son parte en los actos prejudiciales de origen. SE ORDENA SU EMPLAZAMIENTO. En mérito de lo anterior, con apoyo en el en términos del artículo 5o., fracción III, inciso b), de ley de Amparo, se les reconoce el carácter de tercero interesados; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, para que se constituya en legal y debida forma en los domicilios proporcionados en la demanda y proceda a emplazar al presente juicio a las referidas personas en su calidad de terceras interesadas, por sí o por conducto de quienes acrediten ser sus representantes; asimismo, les haga saber la fecha señalada para la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del veintiocho de noviembre próximo; además, deberá requerirles para que en el acto de la misma, o bien, dentro del término de tres días o en el primer escrito que presente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2o., señalen domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, en relación con este asunto, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, les correrán por lista, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese y personalmente a los terceros interesados. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl

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