Rukmini Espinosa Diaz

Expediente 384/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
384/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Rukmini Espinosa Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 384/2022, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste.Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito signado por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tuzantla, Michoacán y como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2°, expídanse a su costa las copias solicitadas en los términos que indica, autorizando a las personas que indica para tal efecto, previo recibo que se deje en autos. Finalmente, dígasele que para llevar a cabo la expedición de las copias solicitadas, deberá realizarlo en la página web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, de acuerdo al esquema de citas, lo cual está definido en el Capítulo II, Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 384/2022, promovido por Rukmini Espinoza Díaz, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Fabián Martín Espinosa Cueto; y, R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Rukmini Espinoza Díaz, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Municipal y Ayuntamiento de Tuzantla, Municipio de Zitácuaro, Michoacán, que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución. Segundo. En auto de ocho de abril de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda, por lo que solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, seguido el juicio por sus trámites legales, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Rukmini Espinoza Díaz, reclama del Presidente Municipal y del Ayuntamiento de Tuzantla, Municipio de Zitácuaro, Michoacán: El llevar a cabo sin su consentimiento "El tradicional concurso de Caballos Bailadores Pascua 2022", el día martes diecinueve de abril de dos mil veintidós, en la Plaza de Toros de Tuzantla, Michoacán, [que se ubica en el Terreno rústico de temporal, ubicado en la Calzada de Guadalupe, marcado con el número uno, actualmente con la casa habitación ubicado en la calle Doce de febrero de 1917, número uno, de la Colonia Los Mangos] no obstante que esa plaza forma parte del caudal hereditario del juicio sucesorio intestamentario 177/2021, a bienes de Fabián Martín Espinosa Cueto, en donde la quejosa tiene el carácter de heredera y albacea definitiva. El pavimentar sin su consentimiento la calle o servidumbre de paso, que se ubica dentro de esa propiedad, en la supuesta calle 12 de Febrero de 1917 pretendiendo sea un callejón. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Presidente Municipal y Ayuntamiento de Tuzantla, Municipio de Zitácuaro, Michoacán, por así manifestarlo al rendir su informe justificado. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. En apoyo a lo anterior es de citar la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. La peticionaria de amparo esgrime medularmente, que los actos reclamados vulneran sus derechos de inviolabilidad y privacidad de domicilio, sus bienes y posesiones, así como el de administración de justicia, toda vez que sin su consentimiento pretenden realizar en la Plaza de Toros, el tradicional Concurso de Caballos Bailadores de Pascua 2022, Tuzantla en la Plaza de Toros; de igual forma están pavimentando una calle, haciendo una servidumbre de paso; no obstante que dichos bienes se encuentran en el terreno rústico temporal, ubicado en la Calzada de Guadalupe, marcado con el número uno, actualmente con la casa habitación, ahora constituida dentro del mismo, ubicada actualmente en la Calle Doce de Febrero de 1917, número Uno, de la Colonia Los Mangos, del Municipio de Tuzantla y Distrito de Zitácuaro. Bienes que forman parte del caudal hereditario de Fabián Martín Espinosa Cueto, en el juicio sucesorio intestamentario 177/2021, en el cual tiene el carácter de heredera y albacea definitiva. Conceptos de violación que devienen infundados. Lo anterior, toda vez que las responsables también ostentan la propiedad de los inmuebles, en donde se llevará el evento que señalan y se realiza la pavimentación de la calle a que aluden. En efecto, Presidente Municipal y Ayuntamiento Municipal [por conducto de la Síndico Municipal] de Tuzantla, Municipio de Zitácuaro, Michoacán, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin embargo precisaron que éstos no le causan perjuicio alguno a la parte quejosa, toda vez que dichos inmuebles son de su propiedad. Para demostrar lo anterior, exhibieron copia certificada del contrato de compraventa celebrado de una parte en cuanto vendedor, Pedro Espinoza Ávila -causante del autor de la sucesión quejosa-; y como comprador el Ayuntamiento Constitucional de Tuzantla, Michoacán, respecto de una Fracción de terreno urbano ubicado en la Calzada de Guadalupe sin número, en la Población de Tuzantla, Michoacán, la cual tiene una extensión superficial de mil quinientos tres metros cuadrados. Por tanto, si las autoridades responsables se ostentan propietarios de los bienes inmuebles en donde se ejecutan los actos tildados de inconstitucionales, resulta evidente que no necesitan de la autorización o consentimiento de la parte quejosa para llevarlos a cabo, y por ende de ninguna manera se vulneran la esfera de derechos de esta última. Sin que impida estimar lo anterior, el argumento de la amparista en el sentido, que corresponde al albacea de la sucesión, la posesión material de todos los bienes que la conforman para desempeñar adecuadamente sus funciones; toda vez que ello, en su caso, debe instarlo en el juicio sucesorio correspondiente. De igual forma, debe decirse que cualquier cuestión inherente a la propiedad y posesión, incluyendo las cuestiones de subdivisión y cumplimientos de contrato, deben dilucidarse en la vía ordinaria, dado que tiene expedito su derecho a promover los juicios que estime necesarios para ello. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rukmini Espinoza Díaz, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Fabián Martín Espinosa Cueto, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron especificados en el considerando segundo del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que requirió a la parte actora a efecto de que señale diverso domicilio para llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable en cita, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos su legal notificación, informe a este juzgado, si ya feneció el termino que otorgó a la parte actora para señalar diverso domicilio y poder llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada, en el entendido de que deberá hacer efectivos los apercibimientos decretados sin mayor preámbulo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, se le impondrá multa individual por la cantidad de $9,622.00 nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 237, fracción I y 258, todos del ordenamiento legal en cita. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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