Ruy Bojorges Kuri
Expediente 1065/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ruy Bojorges Kuri
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en el presente asunto, sin que se haya recibido recurso alguno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1065/2023, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el secretario da cuenta con el pedimento registrado con el número 16333. Atento su contenido se acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, con el cual se ordena dar cuenta en la etapa procesal correspondiente. Asimismo, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la resolución, dígasele que una vez que sea pronunciada, le será expedida. Enseguida, el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da nueva cuenta con los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público Federal adscrita y hace constar que las demás partes no lo hicieron. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 se tienen por formulados los alegato referidos y se declara precluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDO: Primero. Mediante escrito recibido el dieciséis de agosto del presente año en este órgano jurisdiccional, Ruy Bojorges Kuri, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en los términos siguientes: - La omisión de emitir el laudo y notificarlo a las partes dentro del expediente ordinario laboral 742/2021. Segundo. Por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y se fijó fecha para la audiencia constitucional. Asimismo, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: Primero. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues se reclama un acto omisivo proveniente de una autoridad laboral con sede en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: - La omisión de emitir el laudo y notificarlo a las partes dentro del expediente ordinario laboral 742/2021. Tercero. Al momento de rendir su informe justificado la autoridad responsable, manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Lo anterior, se robustece con las documentales que allegó a esta instancia constitucional, las cuales adquieren valor probatorio pleno respecto de los hechos enumerados en su contenido, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, en razón de su naturaleza de públicas. Cuarto. Ahora, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. El artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Al respecto, se advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en su interpretación inversa, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo transcrito se tiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio, únicamente cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, el juicio de amparo indirecto no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en un procedimiento, sino sólo contra aquéllas cuyos efectos causen un gravamen irreparable al peticionario del amparo, definido éste por la propia ley, como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte, los cuales deben entenderse de la siguiente manera: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: . IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; ." Con la interpretación dada por la Suprema Corte a la norma recién transcrita, se produjeron criterios como los que a continuación se citan, por analogía: Tesis P. LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 180415, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Jurisprudencia P./J. 4/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 190368, cuyo dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Es decir, ante el limitado contenido de la fracción IV del artículo 114, de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que debían entenderse por "actos de imposible reparación" aquéllos que afectaran materialmente derechos sustantivos, y además, de manera excepcional, aquellos actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior, afectación que debía determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; circunstancias que se estimaron actualizadas por ejemplo, respecto al reclamo de la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral de origen. Bajo esta nueva perspectiva, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve contra el acto reclamado, consistente en la omisión de la junta responsable de dar continuidad al trámite desde el auto de cinco de junio de dos mil veintitrés en que declaró cerrada la instrucción del juicio laboral 742/2021, omitiendo proceder al dictado del laudo correspondiente. Se considera de ese modo, atendiendo a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 325/2015, en la que estableció las siguientes consideraciones: Que en los juicios de amparo indirecto en los que se reclame omisiones dentro de un procedimiento laboral, en el que dicho particular es parte, que consista en la falta de respuesta a una petición expresa sobre el procedimiento o la falta de prosecución del trámite, el amparo es improcedente, debido a que el acto reclamado es de aquéllos dentro de un procedimiento que no tienen una ejecución que sea de imposible reparación: la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En dicha ejecutoria sostuvo que, de acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: a) La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y b) La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Ello resulta así, en virtud de que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la diversa jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), determinó que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, con excepción de que el juez de amparo advierta que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, por lo que para determinar si existe una dilación que haya tenido como consecuencia la paralización total del procedimiento, con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica, para efecto de la promoción del juicio de amparo, el juicio procederá cuanto haya transcurrido un plazo de cuarenta y cinco días naturales, contado a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse la autoridad o realizarse el acto procesal respectivo, tomando como base el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, el cual prevé el plazo en que debe emitirse el laudo respectivo una vez cerrada la instrucción. Por lo anterior, determinó que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que el cinco de junio de dos mil veintitrés, la junta responsable declaró cerrada la instrucción dentro del expediente laboral 742/2021, siendo su última actuación; en tanto que la demanda de amparo fue presentada el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, por lo que es evidente que a la data de presentación de la demanda no había transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días naturales, el cual se debe contar una vez agotados los diez días hábiles a que se refiere el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, en concatenación del diverso 714, de la misma legislación, es decir, a partir del veinte de junio del año en curso, cómputo del que se descuenta el plazo comprendido del seis al diecinueve de junio de dos mil veintitrés -Díez días hábiles contemplados en el artículo referido-. Por tanto, el plazo de cuarenta y cinco días naturales empezó a transcurrir a partir del veinte de junio de la presente anualidad y del cual además se descuenta el periodo vacacional de la autoridad responsable, que fue del dieciséis al treinta y uno de julio del año en curso, por lo que feneció el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, fecha que es posterior a la presentación de la demanda, esto es, el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Luego, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Las anteriores consideraciones quedaron asentadas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia constitucional común, registro 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2019400, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Robustece a todo lo señalado, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, diciembre del año dos mil veintidós, con número de registro digital 2025625 de rubro: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO". En las anotadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último en su interpretación inversa. Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción IV, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado analizado en la presente consideración. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 77, 79, 123, 124 y 227, de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. RESUELVE: PRIMERO. Por las razones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ruy Bojorges Kuri, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para los efectos ahí precisados. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite la apodera jurídica del Subdirector de lo Contencioso adscrito a la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por el cual informa la imposibilidad con la que cuenta a fin de cumplir con el requerimiento de dieciséis de agosto del año en curso. Ahora bien, del estado que guardan los autos, se advierte en auto de dieciséis de agosto del año en curso, se tuvo a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, y al Subdirector de lo Contencioso adscrito a la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad, interponiendo recurso de queja contra el auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, por el cual se les impuso multa como personas físicas, por las consideraciones que lo sustentan. Por tato, se reserva requerir nuevamente la información oportuna al Subdirector de lo Contencioso adscrito a la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, hasta en tanto este juzgado sea notificado de lo que se resuelva en el medio de impugnación referido en párrafos precedentes. Por otra parte, y toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público y el Juez de Distrito debe vigilar su acatamiento, con fundamento en el artículo 192 y 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente, a las autoridades responsables Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, y al Subdirector de lo Contencioso adscrito a la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, se sirva cumplir con el fallo protector. Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista, mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que por acuerdo de once de los actuales se desecharon los recursos de queja y revisión por notoriamente improcedentes, tomando en cuenta que el recurrente no especificó cuáles son los recursos que hizo valer. Asimismo, se aprecia que dicha superioridad ordenó girar despacho a efecto de notificar al quejoso dicha determinación en el lugar en el que actualmente se encuentra recluido. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.ORF
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